Cabos sueltos del caso Gómez

El expediente del asesinato del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado es una caja de sorpresas. La justicia está hoy esperanzada en que el extraditado narcotraficante Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, dé nuevas pistas para sacarlo del anaquel de la impunidad en que se encuentra. Pero escarbando en los folios actuales, más allá de las absoluciones, hay hilos sueltos que también pueden conducir a una satisfactoria investigación sin las presiones del pasado y los poderes del presente.

Por ejemplo, llaman la atención dos mensajes anónimos que fueron anexados a la investigación, pero que no pasaron a mayores. En el primero, un supuesto integrante de los carteles de la droga reportó que el plan para asesinar a Gómez Hurtado se había configurado en una reunión presidida por el narcotraficante Orlando Henao y que la ejecución había quedado a cargo del grupo paramilitar de Adán Rojas. En otras palabras, una versión no muy distinta a la que ahora se conoce de alias Rasguño.

Si se confrontan las dos versiones con la que dejó escrita Carlos Castaño en su confesión al periodista Mauricio Aranguren, vuelve a salir a flote que Orlando Henao Montoya fue el individuo que estuvo detrás del magnicidio y de otras acciones violentas en la misma época como el intento de secuestro del abogado Antonio Cancino o el plagio del arquitecto Juan Carlos Gaviria, hermano del ex presidente César Gaviria. Sin embargo, surge la pregunta: ¿por qué lo hizo? ¿Quiénes fueron los instigadores?

Está probado por la Fiscalía y también se lee en el expediente que en los días previos al asesinato de Gómez se estaba tejiendo un complot golpista contra el presidente Samper. De hecho, como resultado de uno de los coletazos del 8.000, en la residencia del político Romel Hurtado fue encontrada una copia del documento denominado “Acto de poder constituyente”, que definía las razones y métodos para producir el golpe. Copia de ese texto, conocida por los narcos, con amenaza de extradición, habría sido la causa de sus actos violentos.

Viene entonces el segundo interrogante: ¿quién elaboró el documento? La Fiscalía, en tiempos de Gómez Méndez, aseguró haber demostrado que lo hizo el coronel del Ejército Gustavo Castro Peña, hombre de inteligencia y “activo participante en las tertulias que se efectuaron para conspirar”. Exacto o no, lo que no encaja en la versión de Rasguño es que sostenga que el coronel (r) de la Policía, Danilo González, socio de Orlando Henao Montoya, participó en el complot, pero no diga nada de algunos militares.

Es cierto que el coronel Bernardo Ruiz Silva fue absuelto en dos instancias, así como sucedió lo mismo con varios miembros de inteligencia que también fueron procesados por el crimen. Pero muchos cabos de esta conexión quedaron sueltos y es aquí donde cobra relevancia el segundo anónimo que aparece en el expediente. Llegó al noticiero de televisión QAP y en pocas palabras animó a las autoridades a que siguieran en la pista de los militares, agregando un nombre significativo.

El oficial Jorge Eliécer Plazas Acevedo, para la época también vinculado a la Brigada XX de Inteligencia Militar. Este personaje inadvertido en el caso Gómez tiene un negro derrotero. Fue oficial de inteligencia en Bucaramanga, acompañó al procesado general Rito Alejo del Río en Urabá, pasó por la Brigada XIII en Bogotá, hasta que a finales de los años 90 cayó por el secuestro y asesinato de un joven de origen israelí. Condenado por esta causa, en 2003 se fugó de la Escuela de Artillería.

El expediente Gómez es abundante en peculiaridades. Por ejemplo, hay una carta del DAS a la Fiscalía protestando porque lo sacaron de las pesquisas; hay una declaración del narcotraficante Juan Carlos Ramírez Abadía, donde dice que no conoce a Diego Montoya, Miguel Solano, Iván Urdinola, Henry Loaiza y Wílber Varela, de quien se supo años después fueron sus socios; hay órdenes para interceptar los teléfonos del noticiero 24 Horas y RCN radio, y hasta interceptaciones telefónicas a altos generales.

Pero definitivamente uno de los documentos más interesantes y reveladores es la larga declaración que dio el historiador y asesor de las Fuerzas Militares, Hugo Mantilla Correa, promotor de las reuniones para buscar la salida del presidente Samper. Aunque Mantilla es enfático en señalar a Samper como el hombre a investigar, en sus respuestas van a apareciendo una serie de personajes que, con el curso de los años, terminaron protagonizando en polémicas situaciones.

Hugo Mantilla, quien salió del país amenazado a mediados de 1998, dice que por intermedio de su amigo el médico psiquiatra uruguayo Juan Carlos Martínez Santoro, conversó con Hernando Amado Caro, un agente de inteligencia que le confirmó que estaba en peligro de muerte. Entonces, después de la charla, en el café La Triada, decidió reunirse con dos amigos para consultar el caso. Ramsés Pinilla, entonces director regional de Instrucción Criminal en Cúcuta, y Alejandro Ordóñez Maldonado, entonces magistrado en Bucaramanga.

Ramsés Pinilla se mostró sorprendido y le dijo que esa no era la forma como trabajaba la Fiscalía. Ordóñez Maldonado añadió que sabía de Amado, quien pertenecía a la inteligencia militar o a los servicios secretos de la Fiscalía, pero que hablando con él se había negado a corresponderle cuando le preguntó por Mantilla. Meses después, el testigo reservado Emilio I, descalificado en la etapa del juicio, explicó quién era Amado: trabajaba en inteligencia y recorrió el Magdalena Medio con mucho contacto con Carlos Castaño Gil.

El expediente no revela cuál fue el destino final de Amado. El testigo Emilio I dice que lo amenazaron en la Brigada de Bucaramanga dos oficiales y el médico uruguayo Martínez Santoro. Lo único claro es que el personaje va y viene en el expediente y los acusados terminaron calificándolo como un testigo falso de la Fiscalía. No obstante, hoy, el ex magistrado Ordóñez Maldonado es el Procurador General de la Nación, principal promotor de la reapertura de las investigaciones, y podría explicar quién era Amado y otros personajes anexos en la larga declaración de Mantilla.

De hecho, se advierte que en aquella época Ordóñez estuvo muy al tanto del caso Gómez. Prueba de ello es que Hugo Mantilla vuelve a citarlo para recordar que a finales de 1997 le dijo con alarma haber escuchado que el general Ricardo Cifuentes estaba comprometido en el crimen y que la información se la había dado un penalista muy conocido de Bucaramanga. Días después expresó Mantilla, el propio Enrique Gómez Hurtado le dijo que esa era una patraña para entorpecer la verdadera investigación.

En su momento la Fiscalía concentró su investigación en la responsabilidad del coronel de Inteligencia Bernardo Ruiz Silva y otros integrantes de la misma arma, al punto que los llevó a juicio, aunque después fueron absueltos en dos instancias. Pero también logró interesantes avances para definir los perfiles de otros peculiares personajes que no fueron sindicados ni formaron parte del expediente, pero que obraron como permanentes partidarios de sacar a Samper de la Presidencia de la República.

Por ejemplo, existe un informe del CTI de la Fiscalía para registrar cuáles son las actividades de una organización conocida como Asociación o Comité de Víctimas de la Guerrilla. Primero, la organización se asocia con Herney de Jesús Guzmán Baena, pero después se concentra en dos nombres: Ángel Escobar Cardona y Fernando Vargas Quemba. Quien más detalles da sobre ellos es el citado Hugo Mantilla, sobre todo del primero, y de su hermano Rubén Darío Escobar, porque eran asesores del Ejército y los conoció desde niños en Bucaramanga.

“Ángel Escobar es un buen secretario, un hombre muy fervoroso en su cristianismo, que incluso alcanzó a vestir ropas talares como seminarista de monseñor Lefevre”, resaltó Mantilla. Y añadió después: “Esa asociación ataca en forma beligerante al comunismo y a las personas liberales de extrema izquierda, lo mismo que personas de filiación conservadora de inclinaciones socialistas”. Según Mantilla, Escobar se retiró después porque le resultaba muy difícil laborar con Vargas, “una persona impositiva”.

De todos modos, llama la atención el comentario con que Mantilla recoge a la mayoría de los personajes antes citados: “Tanto Vargas (Fernando) como Escobar (Ángel) y, según me dijo ayer en Bucaramanga el doctor Martínez Santoro, también el ya famoso señor de apellido Amado, fueron muy activos militantes de la ortodoxia de monseñor Lefevre. En otras palabras, líderes de derecha, muy cercanos a las Fuerzas Militares, conocidos entre sí, que hoy podrían ayudar a esclarecer quiénes asesinaron a Gómez o desviaron el expediente.

Rastreando en archivos, El Espectador sólo encontró alguna documentación sobre Vargas Quemba. Sigue siendo el vocero del Comité de Víctimas de la guerrilla, fue candidato fallido al Congreso, en tiempos de Andrés Pastrana lo denunció por el despeje militar en el Caguán y, en los ya lejanos días de finales de los años 80, una semana antes del asesinato de Luis Carlos Galán, fue la persona que presentó en Bogotá al Movimiento de Restauración Nacional (Morena), que en esa época lideró el hoy desmovilizado jefe paramilitar Iván Roberto Duque o Ernesto Báez.

Aún queda mucha tela por cortar en el caso Gómez Hurtado y si verdaderamente la justicia quiere sacar el expediente de la impunidad, además de Rasguño, también es bueno desagregar el expediente que construyó la Fiscalía entre 1995 y 2000. Allí, por ejemplo, hay otra hipótesis aterradora que puede explicar lo sucedido en esta época. Es el citado Hugo Mantilla quien lo ratifica: el crimen del general Fernando Landazábal Reyes, perpetrado el 12 de mayo de 1998, está relacionado con el caso Gómez.

“El general Fernando Landazával, mi amigo admirado, patriota integérrimo, me manifestó que había recibido informes de algunos militares sobre la muerte de Gómez Hurtado y que no vacilaría en llevar a la Fiscalía su testimonio. Al general Landazábal no lo asesinó la izquierda ni la subversión, tampoco lo asesinó el Partido Liberal ni el Conservador, a él lo asesinó la misma máquina de muerte que arrebató la vida de Álvaro Gómez Hurtado y vida del penalista Eduardo Umaña Mendoza”, aseveró Hugo Mantilla Correa.

Y leyendo el expediente, se entiende por qué la Fiscalía también quiere revivir la investigación del asesinato del ex consejero de paz Jesús Antonio Bejarano. El catedrático sabía mucho del asunto Gómez, estuvo muy atento a los debates para buscar que el presidente Samper dejara la Presidencia por una vía legítima y siempre manifestó su preocupación por la forma como quisieron relacionarlo en un presunto gabinete ministerial de reemplazo. ¿Qué tanto sabía Bejarano? Lo asesinaron en la Universidad Nacional en octubre de 1999.

En resumidas cuentas, el caso Gómez Hurtado es más trascendental de lo que se piensa. Más allá del magnicidio, de por sí gravísimo, deja entrever una época tenebrosa. ¿Cómo se mezclaron narcos, civiles, políticos, policías y militares en la siniestra alianza? El reto de la justicia es grande y va más allá de las confesiones a medias de Rasguño. Desde la Procuraduría, donde se están impulsando estas investigaciones, también pueden aportarse muchas declaraciones hasta esclarecer qué pasó en Colombia en la trasescena mediática del Proceso 8.000.

El expediente del asesinato del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado es una caja de sorpresas. La justicia está hoy esperanzada en que el extraditado narcotraficante Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, dé nuevas pistas para sacarlo del anaquel de la impunidad en que se encuentra. Pero escarbando en los folios actuales, más allá de las absoluciones, hay hilos sueltos que también pueden conducir a una satisfactoria investigación sin las presiones del pasado y los poderes del presente.

Por ejemplo, llaman la atención dos mensajes anónimos que fueron anexados a la investigación, pero que no pasaron a mayores. En el primero, un supuesto integrante de los carteles de la droga reportó que el plan para asesinar a Gómez Hurtado se había configurado en una reunión presidida por el narcotraficante Orlando Henao y que la ejecución había quedado a cargo del grupo paramilitar de Adán Rojas. En otras palabras, una versión no muy distinta a la que ahora se conoce de alias Rasguño.

Si se confrontan las dos versiones con la que dejó escrita Carlos Castaño en su confesión al periodista Mauricio Aranguren, vuelve a salir a flote que Orlando Henao Montoya fue el individuo que estuvo detrás del magnicidio y de otras acciones violentas en la misma época como el intento de secuestro del abogado Antonio Cancino o el plagio del arquitecto Juan Carlos Gaviria, hermano del ex presidente César Gaviria. Sin embargo, surge la pregunta: ¿por qué lo hizo? ¿Quiénes fueron los instigadores?

Está probado por la Fiscalía y también se lee en el expediente que en los días previos al asesinato de Gómez se estaba tejiendo un complot golpista contra el presidente Samper. De hecho, como resultado de uno de los coletazos del 8.000, en la residencia del político Romel Hurtado fue encontrada una copia del documento denominado “Acto de poder constituyente”, que definía las razones y métodos para producir el golpe. Copia de ese texto, conocida por los narcos, con amenaza de extradición, habría sido la causa de sus actos violentos.

Viene entonces el segundo interrogante: ¿quién elaboró el documento? La Fiscalía, en tiempos de Gómez Méndez, aseguró haber demostrado que lo hizo el coronel del Ejército Gustavo Castro Peña, hombre de inteligencia y “activo participante en las tertulias que se efectuaron para conspirar”. Exacto o no, lo que no encaja en la versión de Rasguño es que sostenga que el coronel (r) de la Policía, Danilo González, socio de Orlando Henao Montoya, participó en el complot, pero no diga nada de algunos militares.

Es cierto que el coronel Bernardo Ruiz Silva fue absuelto en dos instancias, así como sucedió lo mismo con varios miembros de inteligencia que también fueron procesados por el crimen. Pero muchos cabos de esta conexión quedaron sueltos y es aquí donde cobra relevancia el segundo anónimo que aparece en el expediente. Llegó al noticiero de televisión QAP y en pocas palabras animó a las autoridades a que siguieran en la pista de los militares, agregando un nombre significativo.

El oficial Jorge Eliécer Plazas Acevedo, para la época también vinculado a la Brigada XX de Inteligencia Militar. Este personaje inadvertido en el caso Gómez tiene un negro derrotero. Fue oficial de inteligencia en Bucaramanga, acompañó al procesado general Rito Alejo del Río en Urabá, pasó por la Brigada XIII en Bogotá, hasta que a finales de los años 90 cayó por el secuestro y asesinato de un joven de origen israelí. Condenado por esta causa, en 2003 se fugó de la Escuela de Artillería.

El expediente Gómez es abundante en peculiaridades. Por ejemplo, hay una carta del DAS a la Fiscalía protestando porque lo sacaron de las pesquisas; hay una declaración del narcotraficante Juan Carlos Ramírez Abadía, donde dice que no conoce a Diego Montoya, Miguel Solano, Iván Urdinola, Henry Loaiza y Wílber Varela, de quien se supo años después fueron sus socios; hay órdenes para interceptar los teléfonos del noticiero 24 Horas y RCN radio, y hasta interceptaciones telefónicas a altos generales.

Pero definitivamente uno de los documentos más interesantes y reveladores es la larga declaración que dio el historiador y asesor de las Fuerzas Militares, Hugo Mantilla Correa, promotor de las reuniones para buscar la salida del presidente Samper. Aunque Mantilla es enfático en señalar a Samper como el hombre a investigar, en sus respuestas van a apareciendo una serie de personajes que, con el curso de los años, terminaron protagonizando en polémicas situaciones.

Hugo Mantilla, quien salió del país amenazado a mediados de 1998, dice que por intermedio de su amigo el médico psiquiatra uruguayo Juan Carlos Martínez Santoro, conversó con Hernando Amado Caro, un agente de inteligencia que le confirmó que estaba en peligro de muerte. Entonces, después de la charla, en el café La Triada, decidió reunirse con dos amigos para consultar el caso. Ramsés Pinilla, entonces director regional de Instrucción Criminal en Cúcuta, y Alejandro Ordóñez Maldonado, entonces magistrado en Bucaramanga.

Ramsés Pinilla se mostró sorprendido y le dijo que esa no era la forma como trabajaba la Fiscalía. Ordóñez Maldonado añadió que sabía de Amado, quien pertenecía a la inteligencia militar o a los servicios secretos de la Fiscalía, pero que hablando con él se había negado a corresponderle cuando le preguntó por Mantilla. Meses después, el testigo reservado Emilio I, descalificado en la etapa del juicio, explicó quién era Amado: trabajaba en inteligencia y recorrió el Magdalena Medio con mucho contacto con Carlos Castaño Gil.

El expediente no revela cuál fue el destino final de Amado. El testigo Emilio I dice que lo amenazaron en la Brigada de Bucaramanga dos oficiales y el médico uruguayo Martínez Santoro. Lo único claro es que el personaje va y viene en el expediente y los acusados terminaron calificándolo como un testigo falso de la Fiscalía. No obstante, hoy, el ex magistrado Ordóñez Maldonado es el Procurador General de la Nación, principal promotor de la reapertura de las investigaciones, y podría explicar quién era Amado y otros personajes anexos en la larga declaración de Mantilla.

De hecho, se advierte que en aquella época Ordóñez estuvo muy al tanto del caso Gómez. Prueba de ello es que Hugo Mantilla vuelve a citarlo para recordar que a finales de 1997 le dijo con alarma haber escuchado que el general Ricardo Cifuentes estaba comprometido en el crimen y que la información se la había dado un penalista muy conocido de Bucaramanga. Días después expresó Mantilla, el propio Enrique Gómez Hurtado le dijo que esa era una patraña para entorpecer la verdadera investigación.

En su momento la Fiscalía concentró su investigación en la responsabilidad del coronel de Inteligencia Bernardo Ruiz Silva y otros integrantes de la misma arma, al punto que los llevó a juicio, aunque después fueron absueltos en dos instancias. Pero también logró interesantes avances para definir los perfiles de otros peculiares personajes que no fueron sindicados ni formaron parte del expediente, pero que obraron como permanentes partidarios de sacar a Samper de la Presidencia de la República.

Por ejemplo, existe un informe del CTI de la Fiscalía para registrar cuáles son las actividades de una organización conocida como Asociación o Comité de Víctimas de la Guerrilla. Primero, la organización se asocia con Herney de Jesús Guzmán Baena, pero después se concentra en dos nombres: Ángel Escobar Cardona y Fernando Vargas Quemba. Quien más detalles da sobre ellos es el citado Hugo Mantilla, sobre todo del primero, y de su hermano Rubén Darío Escobar, porque eran asesores del Ejército y los conoció desde niños en Bucaramanga.

“Ángel Escobar es un buen secretario, un hombre muy fervoroso en su cristianismo, que incluso alcanzó a vestir ropas talares como seminarista de monseñor Lefevre”, resaltó Mantilla. Y añadió después: “Esa asociación ataca en forma beligerante al comunismo y a las personas liberales de extrema izquierda, lo mismo que personas de filiación conservadora de inclinaciones socialistas”. Según Mantilla, Escobar se retiró después porque le resultaba muy difícil laborar con Vargas, “una persona impositiva”.

De todos modos, llama la atención el comentario con que Mantilla recoge a la mayoría de los personajes antes citados: “Tanto Vargas (Fernando) como Escobar (Ángel) y, según me dijo ayer en Bucaramanga el doctor Martínez Santoro, también el ya famoso señor de apellido Amado, fueron muy activos militantes de la ortodoxia de monseñor Lefevre. En otras palabras, líderes de derecha, muy cercanos a las Fuerzas Militares, conocidos entre sí, que hoy podrían ayudar a esclarecer quiénes asesinaron a Gómez o desviaron el expediente.

Rastreando en archivos, El Espectador sólo encontró alguna documentación sobre Vargas Quemba. Sigue siendo el vocero del Comité de Víctimas de la guerrilla, fue candidato fallido al Congreso, en tiempos de Andrés Pastrana lo denunció por el despeje militar en el Caguán y, en los ya lejanos días de finales de los años 80, una semana antes del asesinato de Luis Carlos Galán, fue la persona que presentó en Bogotá al Movimiento de Restauración Nacional (Morena), que en esa época lideró el hoy desmovilizado jefe paramilitar Iván Roberto Duque o Ernesto Báez.

Aún queda mucha tela por cortar en el caso Gómez Hurtado y si verdaderamente la justicia quiere sacar el expediente de la impunidad, además de Rasguño, también es bueno desagregar el expediente que construyó la Fiscalía entre 1995 y 2000. Allí, por ejemplo, hay otra hipótesis aterradora que puede explicar lo sucedido en esta época. Es el citado Hugo Mantilla quien lo ratifica: el crimen del general Fernando Landazábal Reyes, perpetrado el 12 de mayo de 1998, está relacionado con el caso Gómez.

“El general Fernando Landazával, mi amigo admirado, patriota integérrimo, me manifestó que había recibido informes de algunos militares sobre la muerte de Gómez Hurtado y que no vacilaría en llevar a la Fiscalía su testimonio. Al general Landazábal no lo asesinó la izquierda ni la subversión, tampoco lo asesinó el Partido Liberal ni el Conservador, a él lo asesinó la misma máquina de muerte que arrebató la vida de Álvaro Gómez Hurtado y vida del penalista Eduardo Umaña Mendoza”, aseveró Hugo Mantilla Correa.

Y leyendo el expediente, se entiende por qué la Fiscalía también quiere revivir la investigación del asesinato del ex consejero de paz Jesús Antonio Bejarano. El catedrático sabía mucho del asunto Gómez, estuvo muy atento a los debates para buscar que el presidente Samper dejara la Presidencia por una vía legítima y siempre manifestó su preocupación por la forma como quisieron relacionarlo en un presunto gabinete ministerial de reemplazo. ¿Qué tanto sabía Bejarano? Lo asesinaron en la Universidad Nacional en octubre de 1999.

En resumidas cuentas, el caso Gómez Hurtado es más trascendental de lo que se piensa. Más allá del magnicidio, de por sí gravísimo, deja entrever una época tenebrosa. ¿Cómo se mezclaron narcos, civiles, políticos, policías y militares en la siniestra alianza? El reto de la justicia es grande y va más allá de las confesiones a medias de Rasguño. Desde la Procuraduría, donde se están impulsando estas investigaciones, también pueden aportarse muchas declaraciones hasta esclarecer qué pasó en Colombia en la trasescena mediática del Proceso 8.000.