Caso clave de lesión ocular por el ESMAD podría pasar a Justicia Militar

Hace 14 días, en el Juzgado 186 de Instrucción Penal Militar, declaró Sandra Milena Pérez Casallas, madre de Sara Cárdenas, una de las 103 víctimas que sufrieron lesiones oculares, del 28 de abril al 20 de julio de 2021, por balas de goma disparadas por agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), durante las protestas sociales, según lo reseñó Amnistía Internacional.

Hace 14 días, en el Juzgado 186 de Instrucción Penal Militar, declaró Sandra Milena Pérez Casallas, madre de Sara Cárdenas, una de las 103 víctimas que sufrieron lesiones oculares, del 28 de abril al 20 de julio de 2021, por balas de goma disparadas por agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), durante las protestas sociales, según lo reseñó Amnistía Internacional.

Sandra Milena Pérez no entendió muy bien por qué, una vez más, estaba dando su versión de lo que ocurrió esa noche que les cambió la vida para siempre. Pero intentó volver sobre esos hechos sin derrumbarse:

“Salí de mi casa entre las diez y las once de la noche de camino al centro comercial Plaza Imperial. Iba con mi hija Sara Cárdenas, que tenía 18 años, salimos a comer helado, habíamos visto a personas protestando en la avenida Suba con la Ciudad de Cali. Como vimos que el centro comercial estaba cerrado, nos quedamos viendo las protestas pacíficamente. Ahí mismo se encontraba el ESMAD en el portal de Suba, cuando empezamos a escuchar ruidos, explosiones, aturdidoras.

Nos asustamos, corrimos por un sendero. Los policías no siguieron derecho, sino que se quedaron parados al frente mío. Uno de ellos me gritaba, me insultaba y agredía, me amedrentaba con su arma. Mi hija estaba detrás de mí. Entré en pánico e histeria, ante lo cual mi hija se acercó y les dijo a los policías que no nos hicieran daño. Uno de ellos se acercó a mí, a dos o tres metros, empuñó su arma y me disparó. Sentí un ardor en el ojo derecho, automáticamente quedó rasgado en el parpado superior derecho. Mi ojo quedó inflamado, lleno de sangre, hinchado. En total, tuve 11 impactos en el cuerpo. De pronto, mi hija también cayó con un impacto en su ojo izquierdo, dejando su cara ensangrentada, empezamos a pedir auxilio hasta que un transeúnte nos ayudó”, dijo.

Ese 20 de mayo pasado, Sandra pensó que se trataba de una diligencia más del expediente que reposa en la justicia ordinaria. Por estos hechos, la Fiscalía le imputó cargos al intendente Luis Fernando Guavita Moreno, comandante de la escuadra que lesionó a Sara, el 25 de agosto de 2023, por los delitos de lesiones personales con incapacidad para trabajar, tentativa de homicidio y abuso de autoridad.

Su caso es reconocido en la prensa porque es de los pocos que ha avanzado a ese punto y porque, además de perder el ojo, Sara Cárdenas tuvo que exiliarse junto a cuatro miembros de su familia por recibir amenazas de muerte e intimidaciones luego de denunciar en la justicia. Con las víctimas en un país lejano, dando declaraciones a través de audiencias virtuales, y a través de la accidentada representación de un abogado de oficio, el proceso en la justicia ordinaria sigue a la espera de la audiencia preparatoria de acusación que, tras su aplazamiento, está fechada para el 22 de agosto de 2024.

Lo que no entendió Sandra Milena Pérez, ni se lo hicieron saber con claridad, ese día de mayo que declaró ante un juez castrense, es que, desde el 8 de marzo, el Juzgado 186 de Instrucción Penal Militar y Policial pidió el proceso al juez que lo tiene en la justicia ordinaria.

Desde entonces, este juzgado penal militar viene adelantando la “indagación preliminar n.° 1460″ por los mismos hechos en que Sandra y su hija Sara resultaron violentadas.

El Espectador pudo establecer que esta indagación se encuentra en etapa de instrucción. Es decir, ya se han realizado pruebas testimoniales, periciales y documentales para establecer si el caso es de su competencia o de la justicia ordinaria. A la fecha, el juez 52 Penal del Circuito no ha respondido a la petición de la solicitud de competencia hecha por el juzgado castrense.

“Tememos que terminen desestimando la responsabilidad del intendente de policía en la agresión que sufrió mi sobrina Sara si pasa a la justicia militar y lo terminen absolviendo como un hecho que ocurrió en un acto del servicio y ya. Esto ya ha pasado en otros casos similares, el más conocido fue el de Dylan Cruz, que tuvo que ganar varias tutelas para volver a la ordinaria cuando lo pasaron a la jurisdicción militar. Pero nosotros no tenemos los abogados ni los recursos con los que ellos contaron. A duras penas estamos cogiendo fuerzas para recuperar la vida”. La cita es de Íngrid Viyola Pérez, hermana de Sandra y tía de Sara, que habló con El Espectador desde el exilio.

Íngrid aceptó por primera vez referenciar su nombre en este proceso, que ha desencadenado en ella y su hijo afectaciones profundas a su salud mental y física. “Soy periodista y fui perseguida y amenazada de muerte como periodista. También soy hermana y tía de las víctimas principales. La razón por la que inicié esta investigación, en noviembre de 2021, fue porque mi familia no tenía recursos económicos para pagar un abogado en Colombia que defendiera el caso”, comenta Íngrid y explica que su trabajo empezó ordenando la información que contenía el computador que su hermana le dejó dos días antes de abandonar el país, también por amenazas de muerte, al parecer, provenientes de agentes de policía.

Sus hallazgos fueron recogidos por Rutas del Conflicto, en un reportaje que reveló el entramado de amenazas que empezaron a recibir tras la denuncia. Hasta que las llamadas telefónicas y las intimidaciones con la frase: “Calladita se ve más bonita, ¿o es que se quiere morir?”, le llegaron a ella, como llegó durante tres semanas un hombre vestido de civil a las afueras de su apartamento a la hora en que ella salía a llevar a su hijo al colegio, como quedó reseñado en la denuncia que hizo en la Fiscalía.

“Infortunadamente, toqué fondo y fui internada en una clínica de Bogotá por fuertes ataques de pánico. Duré encerrada en mi apartamento por meses, no podíamos salir a la calle sin miedo a que nos asesinaran o llegara otra amenaza peor (…) por eso decido abandonar también el país con mi pequeño hijo, dejándolo todo”, cuenta Íngrid y detalla un capítulo inédito de esta historia:

“Pocos días después del artículo de Rutas del Conflicto, llega un videoaficionado de baja calidad, donde se escuchan los gritos de auxilio de mi hermana y de mi sobrina, el día de los hechos y se alcanza a ver al agente del ESMAD disparándoles. Pero yo estaba, sinceramente, tan mal, pero tan mal, que ya no me importó más nada y solo puse a disposición de la Fiscalía el video. Dos meses después, ese mismo video fue utilizado por el intendente Cristian Camilo Aguirre Laverde, funcionario de la Inspección Delegada Especial de la Policía, en una audiencia que citaron a mi sobrina para reconocer el lugar de los hechos. Por eso hemos llegado a la conclusión de que el video fue grabado por un uniformado ese día y entregado como prueba en este caso desde el interior de esta entidad”

Por todo lo que han pasado en familia en los últimos tres años es que Íngrid está convencida de que, aparte de recuperar su vida y su salud, exigen justicia y esa, según ella, definitivamente no va a llegar en la justicia militar. El abogado Sebastián Lanz, codirector de Temblores, organización no gubernamental que desde el comienzo les ha hecho seguimiento social y jurídico a los casos de posible abuso y violencia policial en las protestas sociales de 2019, 2020 y 2021, está de acuerdo con eso: “Es inadmisible que en un Estado de derecho los traumas oculares terminen siendo juzgados por la Justicia Penal Militar. Desde Temblores ONG, exigimos que la violencia estatal que vivió Sara Cárdenas por cuenta del uso irracional y desproporcionado de la fuerza del ESMAD sea investigada y juzgada en la justicia ordinaria”.

Este diario buscó al intendente Luis Fernando Guavita Moreno, comandante de la escuadra del ESMAD que lesionó a Sara Cárdenas, para conocer su versión de los hechos del 5 de mayo, por los que no aceptó cargos en la justicia ordinaria, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta. También hablamos con Luisa Fernanda Garzón, abogada de Guavita en la audiencia de imputación de cargos, quien aclaró que desde el año pasado no lo representa, por lo que se abstuvo de dar mayores detalles.

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