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La estrategia del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, contra los diseñadores, constructores e interventores del proyecto Hidroituango desató una crisis política. Varios “cacaos” del mundo empresarial renunciaron a las juntas directivas de organizaciones públicas de la ciudad, hecho que para la Alcaldía fue una forma de presión para retirar las pretensiones por $9,9 billones contra los consorcios detrás de la hidroeléctrica, que en abril de 2018 estuvo a punto de fracasar por el colapso del túnel de desviación del río Cauca. La decisión ha creado un contexto de desconfianza y señalamientos de autoritarismo, con el trasfondo de un billonario pleito en el que hay intereses del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) y la Alcaldía.
La pelea se agudizó esta semana por la renuncia casi en pleno de la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM). Ocho de nueve miembros dieron su paso al costado al advertir que no fueron consultados sobre la demanda por Hidroituango, ni el cambio del objeto social de la empresa. En pocas palabras, que se vieron como una “junta de papel”. En comunicado emitido el pasado 11 de agosto manifestaron que Quintero no tiene “buenas prácticas de gobierno corporativo”. Y puntualizaron: “Al no estar de acuerdo con el actual manejo que se les viene dando a temas fundamentales para el presente y futuro de EPM y el reiterado desconocimiento a la junta directiva, nos vemos obligados a presentar nuestra renuncia”.
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Los exmiembros de la junta directiva de EPM advirtieron que, si bien existía la necesidad de desarrollar acciones legales para proteger el patrimonio de la empresa y evitar el vencimiento de términos en las reclamaciones por Hidroituango, quedó claro que la forma que se adoptó no es el camino adecuado. Desde la otra orilla se considera que no se trató de un tema de manejo sino de fondo, pues en el pasado la junta directiva protegió a los contratistas de Hidroituango de ser demandados. Una fuente consultada señaló que había indicios de favorecimiento a las empresas antioqueñas Conconcreto, Coninsa-Ramón H. e Integral, que ante una condena por $9,9 billones literalmente iban a quebrar.
Una persona del mundo empresarial y además político antioqueño explicó que la junta de EPM siempre veló por mantener estabilidad empresarial, por lo que buscaba llegar a un acuerdo con los contratistas. En consecuencia, que al alcalde Daniel Quintero le faltó manejo político. Oswaldo León Gómez Castaño, uno de los miembros de la junta directiva que renunció, manifestó que el pasado 28 de julio hubo sesión ordinaria y se discutió la adición de un billón de pesos al presupuesto de Hidroituango por las nuevas contingencias, pero nunca se hizo mención de la referida demanda. “Aparte de la discusión del presupuesto, nunca se discutió lo de la demanda”, recalcó Gómez.
Y agregó: “El gerente y el alcalde dicen que no habían tenido tiempo para compartir a la junta el tema de las demandas y que no le tenían confianza. Entonces, hay una junta a la que le tienen confianza para aprobar una adición de un billón de pesos, con lo que eso significa en los cronogramas y en una inversión total $16,2 billones, pero a la que no le dicen que hay una agenda para poner una demanda a los consorcios de diseñadores, constructores e interventoría. Una cosa va por un lado y otra por el otro. Fue una situación mal manejada y hubo una clara intención del alcalde Daniel Quintero de presentarse como el salvador de Hidroituango y de la EPM”.
En contravía, desde la Alcaldía se afirma que la decisión de no llevar el tema de la demanda a la junta se dio por tres razones. La primera es que se terminó de estructurar el pasado domingo 9 de agosto, por lo que no hubo oportunidad de presentarlo a la junta directiva en julio. La segunda es que los tiempos para presentar la solicitud de conciliación se iban a agotar, pues solo tenían dos años a partir de ocurridos los hechos. Y la tercera porque, desde que sucedió la emergencia, los contratistas no han querido asumir la responsabilidad de lo sucedido y, al parecer, tenían protección en la junta, al punto de que en el pasado siempre se abstuvieron de presentar una demanda.
Un documento de la Gobernación de Antioquia sobre lo sucedido en Hidroituango evidenció un antecedente clave para que la Alcaldía no llevara a la junta el tema de la demanda. Se trata de la Hidroeléctrica Bonyic en Panamá. La Contraloría de Medellín encontró que, en febrero de 2018, el valor inicial de esa obra fue de US$90 millones y terminó con sobrecostos por US$314 millones. El organismo de control “criticó severamente a EPM por el compadrazgo que tiene con los contratistas (...) Incluso, cuando la junta solicitó demandar a los diseñadores y constructores, el informe elaborado por EPM en 2014 cita que el pleito podría ser inconveniente porque Conconcreto (el mismo constructor de Hidroituango) es aliado de EPM”.
Lo mismo sucedió cuando se discutió demandar al diseñador Integral. “El concepto de la jurídica de EPM en 2014 fue: ‘El pleito podría ser inconveniente. Integral es un aliado de EPM’. Para concluir, con el contratista de los dos túneles existió tolerancia que raya con lo penal”, se lee en el documento de la Gobernación de Antioquia. Una fuente consultada indicó que la cercanía de los contratistas fue el argumento del alcalde para no compartir su decisión con la junta. Sin embargo, esa fue una de las razones que dieron los exmiembros de la junta en su comunicado para su renuncia: no conocer ni participar de los análisis de las acciones legales ni los planes de mitigación, y sentir que no hubo sinceridad al poner las cartas sobre la mesa.
Solo tres miembros de la pasada junta estaban para la época en que se discutió el tema Bonyic: Manuel Santiago Mejía, Andrés Bernal Correa y Gabriel Ricardo Maya. Sobre los dos primeros han recaído la mayor parte de las críticas sobre supuesta defensa de los contratistas, dada su cercanía con el GEA. Mientras Mejía es accionista de importantes empresas del grupo y su fuerte son las relaciones empresariales en favor de EPM, Bernal fue vicepresidente de SURA y asesoró todo el tema de reaseguros para el proyecto Hidroituango. Al parecer, su posición, al igual que la de Luis Ferenando Álvarez, fue no demandar para evitar una crisis y que las aseguradoras se convirtieran en obstáculo, y que el mejor camino era conciliar.
“Su objetivo era que se llevara una matriz de riesgos a la junta para que dijeran que la demanda era inconveniente. Su tesis era que esto pondría a EPM en una posición de desventaja frente a las aseguradoras y ante la demanda que interpuso la Gobernación de Antioquia por Hidroituango, en la que alega que la responsabilidad de la caída del túnel fue del constructor y no por causas naturales o de diseño. Ellos quieren que EPM responda por la plata perdida y el lucro cesante, pero justamente presentar la demanda a los contratistas le permite a EPM tener la posibilidad de que quienes asuman esos costos sean los consorcios por sus errores y no comprometer más recursos públicos”, explicaron fuentes consultadas.
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Otro de los argumentos es que la decisión es una forma de proteger a los funcionarios públicos, pues en caso de probarse que hubo responsabilidad de los contratistas resultarían investigados por las autoridades. “La junta se salva y solo queda enredado el gerente por no tomar acciones. Hay que salvar el pellejo de los funcionarios. Nadie los va a juzgar por haber actuado. Esperar si la Gobernación pierde su demanda o una decisión de las autoridades es riesgoso”, dijo otra persona que conoce de cerca el proceso. Sin embargo, las críticas a esta decisión de la Alcaldía de Medellín también alertan que no se han medido las consecuencias económicas y la afectación de la imagen de EPM.
Las calificadoras y Asofondos también se pronunciaron. Mientras Moody’s Investors Service dijo que era perjudicial y afectaba la confianza inversionista, Fitch Ratings bajó la calificación del grado de inversión de EPM, que sigue siendo negativa. Para Daniel Quintero, esto hace parte del juego de presiones: “Cada vez que hay un nuevo presidente en Colombia se cambia la junta directiva de Ecopetrol y no hay problema ni crisis. Hay una exageración que hace parte de la estrategia de que todo se acabó y el alcalde está solo. Aquí no hay problemas de gobernabilidad con el sector empresarial. A pesar de los ataques, que han sido de todo tipo, les he recordado que soy el alcalde de todos. Debo dar garantías para todos y ventajas para nadie. Todos en la misma mesa”.
El alcalde Quintero señaló que hoy nadie niega la necesidad de la demanda y que para él los enfrentamientos con el sector empresarial no son nuevos, porque como viceministro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones le tocó demandar a Claro y Movistar por $4,6 billones. “Se enojaron, pero terminaron pagando”, y agregó que las juntas directivas van y vienen y que la crisis se acaba con una nueva y buena elección. “Si hay que demandar, se demanda. Si la demanda afecta a una persona cercana a alguien de la junta, se debe declarar impedido y retirarse”, dijo a este diario el alcalde Quintero, quien al cierre de esta edición continuaba eligiendo a los nuevos miembros de la junta directiva de EPM (ver balcón).
Argumentos de la demanda
Tras dos meses de intenso trabajo, la Vicepresidencia Jurídica de EPM, en cabeza de Alexánder Sánchez, presentó, el pasado 10 de agosto ante la Procuraduría, la solicitud de conciliación con los tres consorcios y aseguradoras del proyecto Hidroituango. La decisión fue radicar allí el documento y después explicar ante la junta directiva los argumentos para señalar que las empresas encargadas del diseño, construcción e interventoría eran responsables por el incumplimiento de los cronogramas de obra, que han provocado 1.198 días de retraso, que contemplaba que desde diciembre de 2018 estuviera generando energía, y costos por $993.000 millones, tras la emergencia por las fallas en el túnel de desviación del río Cauca.
Las pretensiones que presentó EPM son por $9,9 billones y su principal argumento es que hubo errores en el diseño y construcción del túnel de desviación del río Cauca, pues no se tuvieron en cuenta las recomendaciones de un panel de expertos que hacía el seguimiento de la obra. La prueba principal es un estudio que realizó la firma Skava, experta en túneles hidráulicos, por orden de la Agencia Nacional de Licencia Ambientales (ANLA). La conclusión fue que no hubo causas naturales que provocaron el derrumbe del túnel por fallas geológicas ni elementos como rocas o troncos, sino que se trató de errores en el diseño y la construcción al no revestir de forma adecuada la construcción.
Skava precisó que “la erosión comenzó en las zonas de debilidad; esto es, en una zona de cizalla, lo que dejó superficies débiles más expuestas y condujo a una progresión en la erosión; la potencia erosiva del agua a nivel del piso, que se agravó con la presencia de cizallas, aunada a un golpe de ariete (...) Así las cosas, no hubo caída de material en la entrada del túnel, deslizamiento de una ladera o elementos flotantes tales como troncos, ramas y otros de origen vegetal”. Para EPM, esto contradice la tesis de los consorcios, que dicen que los hechos se dieron por acumulación de guadua, cañabrava, palos y basura: “La exploración con el vehículo subacuático concluyó que no se detectaron materiales que obstruyan la entrada del túnel”.
Los expertos encontraron que, pese a las alertas emitidas desde 2015 por un comité de expertos, el 26 % del túnel no se revistió ni se instaló losa de piso, y que así operaron por más de un año, lo que llevó a que el 28 de abril de 2018 se presentara la emergencia que provocó la evacuación de más de 17.000 personas que quedaron en riesgo ante la posibilidad de que fallara la presa de Hidroituango. Para EPM, por estas razones los diseñadores, constructores e interventores del proyecto deben responder solidariamente en todos los procesos administrativos (Contraloría, ANLA, demanda de la Gobernación y CREG en su contra) y pagar por las indemnizaciones que hizo EPM a quienes fueron evacuados por la emergencia.
El “Consorcio Generación Ituango (diseñadores), el Consorcio CCCI Ituango (constructores) y el Consorcio Sedic Ingetec (interventores) son solidaria y extracontractualmente responsables por los daños ocasionados a terceros por la creciente del río Cauca producida aguas abajo del Proyecto Hidroeléctrico Ituango el 12 de mayo de 2018 y la posterior orden de evacuación permanente preventiva en el Corregimiento de Puerto Valdivia (municipio de Valdivia), y los municipios de Cáceres y Tarazá, al haber omitido sus deberes como profesionales de la construcción en el diseño, ejecución de obras y supervisión de la galería auxiliar de desviación y por haber desplegado en ella una actividad peligrosa”, señaló EPM.
En Medellín las opiniones están divididas. Mientras unos abogan por preservar las buenas relaciones con el sector empresarial, el buen nombre de los constructores antioqueños y no romper veinte años de coadministración, otros aplauden la demanda que enfrentará por primera vez a la Alcaldía y empresas del GEA. La posibilidad de lograr una conciliación está lejana, pues la cifra de $9,9 billones deja contra las cuerdas a Sura, Conconcreto, la brasileña Camargo Correa e Integral, entre otras. La demanda se formalizará en noviembre, cuando se cumplan los tres meses de plazo para conciliar. Para ese entonces ya habrá una nueva junta directiva que, según la Alcaldía, busca ser diversa y que no favorezca a ningún sector. Pero la duda es: ¿se solucionará la crisis institucional actual?
*Nota del Editor: En la edición impresa de este artículo se dijo que Conconcreto hacía parte del GEA. El Espectador aclara que la sociedad no hace parte de su conglomerado empresarial sino que pertenece a la familia Aristizábal.