Detalles inéditos del pleito que originó la última llamada que sostuvo Hernán Franco

La última llamada que sostuvo el auditor Hernán Roberto Franco Charry, tras ser atacado por un sicario en un edificio en inmediaciones al Parque de la 93, en Bogotá, el 21 de febrero, fue con uno de los socios de la empresa El Arrozal y Cía., con quien tenía programada una reunión a las 7:30 a.m. de ese día. Así se lo confirmó a El Espectador una persona que conoce las movidas empresariales de dicha cadena de supermercados y que, por ser parte fundamental de la investigación, pidió la reserva de su identidad.

La última llamada que sostuvo el auditor Hernán Roberto Franco Charry, tras ser atacado por un sicario en un edificio en inmediaciones al Parque de la 93, en Bogotá, el 21 de febrero, fue con uno de los socios de la empresa El Arrozal y Cía., con quien tenía programada una reunión a las 7:30 a.m. de ese día. Así se lo confirmó a El Espectador una persona que conoce las movidas empresariales de dicha cadena de supermercados y que, por ser parte fundamental de la investigación, pidió la reserva de su identidad.

Franco Charry era dueño de CNS Colombia, firma de consultoría que ofrecía servicios de asesoría financiera, jurídica y administrativa a varias empresas del país. Aunque su único contrato con El Arrozal y Cía (Supermercados El Líder) fue entre 2017 y 2019, fue una de las que llegó a asesorar a través de su consultora.

El Arrozal y Cía. es una empresa familiar que fundó hace más de 40 años Roberto Romero Liévano, fallecido el 8 de agosto de 2020, cuyos herederos son 11 hijos, 10 nietos y una de sus exesposas. Desde 2022, Pedro Miguel Bastidas, un reconocido empesario pastuso, entró como accionista a la empresa y es el único ajeno a la familia Romero.

Bastidas fue mencionado por la Fiscalía en la investigación que adelanta contra el exgobernador Camilo Romero —hoy embajador en Argentina— como uno de los empresarios con los que, supuestamente, el exgobernador Romero habría pactado aportes a su campaña a cambio de contratos con el negocio de licores en este departamento. Por ese caso no hay personas condenadas.

Las pistas de las autoridades indican que, el día del homicidio, Franco tenía dos citas con dos socios de esa misma empresa: una a las 7:30 a.m. y otra a las 8:00 a.m. La primera tenía como punto de encuentro uno de los restaurantes aledaños al Parque de la 93, pero minutos antes de su homicidio, vía telefónica, el mismo Franco habría decidido que el encuentro fuera en su oficina, en el edificio donde ocurrió el crimen.

El Espectador pudo confirmar que la segunda cita era con Pedro Miguel Bastidas, quien había viajado desde Pasto a Bogotá para reunirse con Franco a verificar la participación de la consultora en otro de sus proyectos.

Bastidas fue una de las tres personas de la empresa El Arrozal que llegaron a la Clínica El Country a las 8:20 a.m., tras el hecho sicarial; las otras dos fueron los hermanos Giovanny y Jonathan Romero Giraldo.

Otra fuente cercana al proceso judicial, que también pidió reserva de su identidad para no entorpecer la indagación, afirmó que en esa cita, que no logró cumplirse, el consultor entregaría documentos que llevaba trabajando desde junio del año pasado sobre posibles irregularidades fiscales y administrativos en El Arrozal y Cía., empresa de Supermercados El Líder.

Según esa persona, la auditoría revelaría evidencias de desfalcos por más de $300 millones mensuales y señalaría, supuestamente, a Jonathan Romero Giraldo, uno de los hijos del fundador y socio gestor de la compañía, como uno de los posibles responsables.

Sin embargo, otra fuente cercana a Roberto Romero Liévano (fundador de la empresa), dijo que esa información era falsa porque Hernán Roberto Franco no tenía ninguna vinculación con El Arrozal desde 2017, sino que mantenía relación con alguno de los socios de manera individual.

Consultado por El Espectador, Jonathan Romero Giraldo aseguró también que no existía ningún informe que lo señalara. “Él no podía presentar informes sobre la empresa porque no tenía contratos con nosotros; eso solo lo puede presentar el representante legal, no un externo”.

Según él, entre los socios accionistas sí rondó el rumor de descuadres financieros por $300 millones. “Eso fue en marzo, abril y mayo de 2023, pero consistía en una estrategia que había liderado el gerente, en el que tenía que desmarginar las ganancias de algunos productos para poder crecer en ventas”.

Romero Giraldo le suministró a este diario dos capturas de pantalla de su celular de las que serían las últimas conversaciones, vía WhatsApp y Signal, con Hernán Roberto Franco. Uno de los últimos mensajes, fechado el 6 de febrero, dice: “Buenos días. El pasado 6 de febrero se contestó la demanda en representación de El Arrozal en el proceso arbitral”.

El contrato que no fue

Hernán Franco llegó a esa cadena de supermercados en 2017 a cumplir un contrato que pretendía reestructurar el sistema administrativo de dichos almacenes. Sin embargo, fue expulsado de la compañía por parte del fundador Roberto Romero.

Dos años más tarde, interpuso una demanda contra la empresa por la terminación unilateral del contrato antes de la cláusula de finalización. Ese proceso administrativo, en poder de este diario, da cuenta de que la consultoría advertía, en ese momento, “falta de estructura administrativa, problemas fiscales y riesgos de índole penal”.

Según los documentos del juzgado, aunque el compromiso entre la empresa y la consultora había sido que estos últimos intervendrían en la gerencia para tomar decisiones directas sobre la administración, el fundador de El Arrozal “señaló que deseaba ejercer él mismo la gerencia de su compañía hasta el día de su fallecimiento”.

La demanda que interpuso Franco por el no cumplimiento del contrato ascendió a los $5.512 millones y el 29 de marzo de 2019, se firmó un acuerdo de pago a doce meses por ese valor por parte de El Arrozal hacia CNS Colombia, la consultora de Franco. Sin embargo, el pleito continuó porque la compañía no cumplió con los pagos acordados.

De acuerdo con el expediente, el compromiso a nombre de la empresa fue firmado por Jonathan Romero, quien para ese momento apenas figuraba en calidad de accionista, pero no de representante legal ni gerente. “Firmó un contrato de transacción (...) sin siquiera tener la capacidad para lo mismo”, se lee en uno de los documentos firmados por abogados de El Arrozal.

Sobre este asunto, Jonathan Romero aseguró: “Yo firmé como gerente de la compañía. Yo no estaba en papeles, pero todo el mundo sabía que yo era el que manejaba la empresa”. Explicó que la empresa, que en ese momento estaba en cabeza de su padre, había decidido no pagarle la consultoría a Hernán Roberto Franco. “Entonces terminé yo pagándole de mi bolsillo, $2.500 millones”, puntualizó.

Esa diferencia entre Roberto Romero (fundador) y Hernán Franco (consultor) generó rupturas en la relación con Jonathan Romero, su hijo, por el documento que firmó a nombre de la empresa sin tener facultades. Este diario conoció que el fundador de El Arrozal interpuso una orden de protección contra su hijo ante una Comisaría de Familia. Entre los compromisos, estaba “acudir a asesoría profesional con psicología o psiquiatría para el manejo adecuado de los conflictos familiares”.

El heredero

El nombre de Jonathan Romero Giraldo —desde el fallecimiento de su padre, Roberto Romero Liévano— ha figurado en cargos relevantes para la empresa como el de socio gestor, cargo en el que fue nombrado en agosto de 2020, que está compuesto por cinco personas que tienen el 50 % de representatividad para tomar decisiones en la compañía.

Con el fallecimiento del fundador, los nombrados en la última acta del 2022 fueron: Pedro Bastidas (empresario de Pasto) y cuatro de los hijos: Jonathan, Giovanny, Hugo Ernesto y Miryam Janeth Romero. Este diario supo que, en 2023, Hugo Ernesto renunció a ser socio gestor.

Pero las diferencias entre la familia se pronunciaron en una reunión de 2022, cuando accionistas radicaron una queja ante la Superintendencia de Sociedades argumentando que Jonathan Romero pretendía suceder a su padre, fallecido, sin atender a los protocolos y normas de la compañía y pidieron una sucesión para todos los demás accionistas.

Romero se refirió a este tema y dijo que, cuando falleció su padre, la empresa no tenía socios gestores suplentes; es decir, personas que formalmente estuvieran facultadas para reemplazarlo en caso de su ausencia. “Ese problema generó que la empresa estaba llamada a liquidarse. Para evitar la disolución, se citó una junta de herederos para elegir un socio gestor; esa es en la que me eligen”.

El lío por su nombramiento fue tal, que cuatro accionistas de la empresa: Roberto Romero Escobar, Ruby Amparo Romero Parra, Luz Stella Romero Arjona y Fidelina Escobar Mejía (esta última exesposa del fundador), interpusieron un recurso contra Jonathan Romero el 16 de diciembre de 2020, porque, según ellos, se autodesignó socio gestor para convocar a una junta extraordinaria y “tomar el control definitivo” de la compañía.

“Aprovechándose del conocimiento del manejo de la sociedad y arropado en esa maniobra engañosa, procedió a designar socios gestores suplentes, para de esta forma suplantar a los demás intervinientes y lograr el propósito de reformar los estatutos a su voluntad de manera dolosa y de mala fe”, dice en una parte del documento.

El proceso fue formalizado ante la Cámara de Comercio de Bogotá, con la pretensión de que el acta de esa junta directiva fuera anulada. En el documento de la Cámara de Comercio, los denunciantes incluso advirtieron que “se constituyeron conductas punibles que serán puestas en conocimiento de las autoridades competentes”.

Fidelina Escobar Mejía, otra socia, radicó una demanda contra la escritura pública en la que la junta de herederos nombró a Jhonatan Romero como representante de los derechos políticos de su padre. Según ella, “con eso se autoproclamó socio gestor sin haber abierto la sucesión del difunto”.

La demanda que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, pero le fue negada en segunda instancia, entre otras cosas, porque la empresa no ha entrado, hasta ahora, en ningún proceso de sucesión, puesto que todos los herederos ya son socios de la misma. En respuesta a ese proceso, Jonathan Romero confirmó que esos procesos administrativos no prosperaron y que por eso continúa al frente de la compañía.

Documentos en poder de este diario, evidencian que Fidelina Escobar es la segunda socia con mayor participación en la compañía, con un 14,64 % de acciones, pero su abogada, Diana María Gutiérrez, aseguró que no darán declaraciones por este caso.

Peleas familiares

Los líos por la herencia millonaria de esta familia no han pasado inadvertidos. Varias de las diferencias entre los socios hereditarios fueron mediadas por la Policía y trascendieron a redes sociales. Una de las más conocidas fue en diciembre de 2022, cuando se difundieron tres videos grabados en un lote de Bosa, también de propiedad de la familia, en la que Susana Romero denuncia supuestas agresiones por parte de su hermano Jonathan.

Por este caso, ambos hermanos radicaron denuncias penales entre sí. Según Jonathan, interpuso dos denuncias por amenazas de muerte por parte de sus hermanas que las autoridades archivaron. También le confirmó a este diario que Susana Romero tiene una denuncia contra él por tentativa de feminicidio por los hechos registrados en los videos públicos.

De hecho, confirmó que, a raíz del homicidio de Hernán Roberto Franco, le notificaron de un nuevo proceso en su contra interpuesto por su hermana, esta vez, por tentativa de homicidio. “Ya no es tentativa de feminicidio, sino intento de homicidio”, dijo. Este diario se contactó con Susana Romero Giraldo para conocer su versión de estos hechos, pero al cierre de esta edición no había respondido.

Lo cierto es que las diferencias entre varios de los hermanos herederos de la empresa trascendieron en la renuncia de Winston Darío Hernández Parrado, el gerente, quien había sido contratado por Roberto Romero Liévano meses antes de su fallecimiento, según un documento, para que le ayudara “a cuidar la empresa”.

En un documento que hizo allegar Hernández a la Cámara de Comercio de Bogotá afirma: “La renuncia obedece a decisiones de carácter familiar y personal, derivadas principalmente del ambiente generado por algunos accionistas al no reconocimiento como gerente de la compañía, las constantes cartas groseras que he recibido, a pesar de mis esfuerzos por mantener la empresa activa, luego de las grandes crisis que afronta desde que llegué”.

En el mismo documento, afirma que la Superintendencia de Sociedades alertó la posible intervención de la compañía “generadas por el conflicto familiar de años anteriores a mi llegada”. Este diario consultó al exgerente Hernández para conocer las alertas que se emitieron, pero tampoco contestó.

Desde el homicidio de Hernán Roberto Franco no han vinculado formalmente a ninguna persona de la empresa al proceso judicial. Una persona cercana al fundador de la empresa, advirtió que “una cosa era la relación personal que tenía Franco con algunos socios y otra con El Arrozal, con quien no tenía ninguna vinculación laboral desde 2019″.

Sin embargo, Jonathan Romero Giraldo confirmó que, en los últimos días, fue contactado por las autoridades y que está dispuesto a rendir versión. “Estoy esperando que la Fiscalía me llame, pero nadie llama”.

Desde el 21 de febrero, cuando ocurrió el caso de sicariato, no se ha efectuado ninguna junta directiva ni junta de accionistas formal. Al menos una de esas reuniones se tendría que llevar a cabo en las próximas dos semanas, pues los accionistas tienen hasta el 31 de marzo para realizar la reunión por cierre de año fiscal y presentar los estados financieros de los supermercados.

El Espectador también supo que, con carácter de urgencia, la empresa ordenó el traslado de sus oficinas a Bosa. Sobre esto, Jonathan Romero dijo que la razón del traslado es por seguridad, pero también por el posible alquiler a una empresa privada de los pisos donde funciona la compañía.

Por lo pronto, las autoridades no han capturado al hombre que accionó el arma en el parqueadero del edificio que terminó la vida de Franco Charry. Aunque sí capturaron a Jean Karlo Bermúdez Camargo, señalado de manejar la moto en la que se transportó el sicario, quien fue enviado a prisión el pasado 26 de febrero.

Una fuente de la Fiscalía, que lidera las pesquisas, le confirmó a este diario que los supuestos hallazgos fiscales de El Arrozal y Cía. sí son una de las hipótesis más fuertes de las autoridades en este crimen, a raíz del informe de auditoría que se entregaría a uno de los socios el mismo día de este suceso. Otra línea de investigación estaría relacionada con pleitos judiciales con la familia de su expareja. Lo cierto es que el más sonado caso sicarial en la historia reciente de la capital del país tiene aún muchos capítulos por esclarecer.

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