“CIDH está lista para visitar Colombia y el momento lo decide el Estado”: presidenta de CIDH

Casi 50 personas muertas, 23 casos reportados como violencia sexual y más de 100 personas desaparecidas es el saldo oficial que por ahora deja el paro nacional, que transcurre en Colombia desde el pasado 28 de abril. En medio de las protestas por el descontento social, cientos de ciudadanos y organizaciones han denunciado el uso excesivo de la fuerza pública y violaciones de derechos, y han pedido con urgencia la presencia física de organismos internacionales de derechos humanos como lo es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (“Sería inédito que Colombia niegue visita a CIDH”: Silvia Serrano sobre Paro Nacional)

Por eso, hace casi un mes, una treintena de organizaciones civiles colombianas le pidieron a la CIDH visitar Colombia para documentar y verificar la situación de derechos humanos en el marco de las protestas. La comisión aceptó ese llamado, al que se sumaron otras 600 organizaciones a nivel mundial, y el pasado 7 de mayo le comunicó al Gobierno de Colombia su disposición para venir al país de forma inmediata, pero para ello solicitó la aprobación del Estado, que en términos técnicos se llama “la anuencia”. Ese permiso es requisito indispensable para que la comisión haga una visita en terreno. (¿El gobierno aprobará que la CIDH visite Colombia en medio del Paro Nacional?)

La carta de la CIDH la recibió la ministra de relaciones exteriores de Colombia en ese momento, Claudia Blum, quien renunció a su cargo una semana después. En su reemplazo, llegó entonces la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, quien viajó con prontitud a Estados Unidos en su nuevo rol de canciller y desde allí, el pasado 24 de mayo, aseguró tras reunirse con la CIDH que ésta tendría que esperar a que los órganos de control internos investiguen los casos de posibles violaciones de derechos humanos, por lo que su anuncio se entendió como un “no por ahora”. Las críticas le llovieron al gobierno y su postura fue comparada incluso con países como Venezuela y Cuba, que le han cerrado las puertas de un tajo a la CIDH. (“Hay que esperar”: Gobierno le dice no (por ahora) a la visita de la CIDH por violencia en las protestas)

Al término de la mencionada reunión con la canciller, la CIDH contó por su parte que fue invitada por el gobierno a realizar la visita de trabajo a Colombia luego de una audiencia pública en la que se hablará sobre la situación de derechos humanos en Colombia, que ya estaba agendada previamente, por iniciativa de la CIDH, para el 29 de junio durante el 180 Período de Sesiones de la CIDH. Es decir, la comisión no podría visitar el país antes de un mes. Ayer, la canciller y vicepresidenta, Martha Lucía Ramírez, moderó el discurso y afirmó que el gobierno está listo para la visita de la CIDH, pero la sigue condicionando a que se realice después de la audiencia. “Si ellos quieren anticipar la audiencia del 29 de junio y la hacen mañana, no tenemos ningún problema que el día siguiente vengan a Colombia”, dijo Ramírez.

En diálogo con este diario, la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, asegura que dicha audiencia no se puede adelantar, pero que ésta no sustituye la visita de trabajo, pues son dos mecanismos complementarios. En ese sentido, Urrejola ratifica que la CIDH está lista para visitar el país, pero que el momento lo decide el Estado porque tiene la prerrogativa de la anuencia. La presidenta cuenta, además, que la comisión ha recibido más de tres mil pedidos que abogan por una visita a Colombia, que también ha recibido solicitudes de medidas cautelares y deja claro que las graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas dan cuenta de una crisis en Colombia. (Hablemos de la violencia sexual denunciada en el paro nacional)

¿Qué nos puede contar de lo que se habló en la reunión entre la CIDH y la canciller y vicepresidenta, Martha Lucía Ramírez, en Washington?

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mantuvo una reunión con la vicepresidenta y canciller de Colombia el 24 de mayo pasado, donde abordamos entre otros temas, la situación de los derechos humanos, el uso excesivo de la fuerza en las protestas por parte de agentes del Estado y los actos de violencia registrados durante las mismas. La canciller nos planteó la perspectiva y preocupaciones del gobierno en ese contexto. Por su parte, la CIDH le manifestó también sus principales y graves preocupaciones sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos durante las protestas, y por lo que le remarcamos la importancia de realizar la visita de trabajo en la brevedad posible. (El doloroso capítulo de violencia sexual en el paro nacional)

Después de esa reunión del lunes, el Gobierno de Colombia anunció que negó “por ahora” la visita de la CIDH. ¿Qué opina de esta negativa?

En la reunión que mantuvimos, la canciller anunció que, desde el gobierno, enviarían previamente toda la información específica que la CIDH le solicitó (bajo otros mecanismos con los que contamos); y nos invitó a realizar la visita de trabajo una vez enviada dicha información y después de la audiencia pública de oficio sobre la situación de derechos humanos en Colombia, que se llevará a cabo el próximo 29 de junio durante el 180 Período de Sesiones de la CIDH.

Debo decir que, para realizar una visita de trabajo, la CIDH requiere de la anuencia del Estado por lo que está en su prerrogativa otorgarnos o no. Al respecto, seguiremos insistiendo en la importancia de realizar la visita lo antes posible. Entendemos que la puerta está abierta, para después de la audiencia, pero la Comisión está lista para realizar la visita en cualquier momento.

¿Colombia le había negado antes una visita a la CIDH o es una situación inédita?

Justamente en la reunión con la canciller y en nuestros últimos comunicados, la Comisión Interamericana resalta la histórica apertura del Estado de Colombia en cooperar y dialogar en el marco de sus obligaciones de derechos humanos con el Sistema Interamericano y en particular con la CIDH. Hemos estado en otras oportunidades, como en el 2018, en una visita de trabajo en Colombia y esperamos que en esta ocasión podamos estar nuevamente. (Testimonio del periodista que grabó detención de joven de 17 años en Popayán)

La canciller explicó que hay que esperar que los organismos de control internos -Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Defensoría- terminen de investigar cada uno de los casos. ¿La CIDH considera que es necesario que se surtan las investigaciones internas para visitar el país?

Las visitas de trabajo son un mecanismo de la CIDH para verificar y recabar en terreno la información sobre situaciones de derechos humanos, así como para conversar con los más amplios sectores de la sociedad, y a partir de allí hacer recomendaciones a efectos de contribuir con una hoja de ruta que priorice la protección a los derechos humanos, en particular en este caso a los derechos en el contexto de las protestas. En la experiencia de las visitas de trabajo, la presencia rápida de la CIDH en terreno contribuye de manera estratégica con el diálogo amplio y las recomendaciones que hacemos constituyen una importante hoja de ruta para el seguimiento y el avance en la superación de las crisis.

Organizaciones de la sociedad civil han alertado sobre la falta de independencia de los organismos de control de Colombia y desconfían de sus investigaciones. ¿La CIDH conoce estos conceptos de la sociedad civil y qué opina de ellos?

El trabajo de la CIDH se enmarca en los estándares interamericanos de derechos humanos y en tal sentido los Estados tienen compromisos y obligaciones respecto a los derechos humanos que incluye la independencia judicial. En su informe sobre Protesta y Derechos Humanos (descargar aquí), la Comisión recuerda la necesidad de implementar mecanismos de control y rendición de cuentas sobre la actuación de los agentes del Estado en contextos de protesta que deriva de la obligación general de garantizar los derechos, del derecho al debido proceso legal, y del derecho de acceso a la justicia por violaciones a derechos fundamentales. Al respecto, estos mecanismos constituyen también un modo democrático de gobierno de la seguridad, que debe generar la expectativa real de rendición de cuentas y atribución de responsabilidades de diverso tipo.

¿Por qué la CIDH quiere venir a Colombia y cuáles son sus preocupaciones?

Como decía anteriormente, la CIDH seguirá insistiendo en la importancia de una visita de trabajo a la brevedad posible porque mediante la misma se puede recabar información directa y dialogar con todos los sectores para luego generar recomendaciones que orienten la hoja de ruta para la superación de la crisis. (“Entre seis policías, volvieron trizas la dignidad de mi hija”: mamá de denunciante en Popayán)

La CIDH tiene varias preocupaciones en este contexto que hemos señalado en nuestros diferentes comunicados y pronunciamientos que consideramos muy graves. Entre ellas, los resultados del uso desproporcionado de la fuerza, en particular en términos del elevado número de pérdidas de vidas humanas, personas heridas, incluyendo lesiones oculares y denuncias de desaparición forzadas en el contexto de las protestas; así como su preocupación sobre denuncias de violencia sexual y de género en el marco de las protestas. También consideramos muy importante y urgente que el Estado cuente con un registro confiable y transparente sobre denuncias de violaciones a derechos humanos, garantizando la participación de la sociedad civil en su elaboración. Asimismo, nos preocupa de sobremanera las afectaciones ocasionadas por actos violentos y vandálicos.

La Comisión había dicho que apenas se contara con la “anuencia solicitada”, su delegación viajaría de forma inmediata a Colombia. Una vez en el país, ¿Qué hace normalmente la comisión en una visita? ¿Con quién se reúne? ¿Cómo es el procedimiento?

En una visita de trabajo la CIDH va para atender una situación concreta de crisis de derechos humanos, como en este caso el que surge por las protestas a partir de demandas que hacen -quienes ejercen ese derecho-, al gobierno. En general, van dos o tres comisionadas y comisionados, con un equipo de la Secretaría Ejecutiva. La visita dura pocos días y se instala en los lugares donde las situaciones tienen mayor complejidad y requiere que nos reunamos y escuchemos a todos los sectores que quieran conversar con la CIDH. Por ejemplo, representantes de los Estados, víctimas de violaciones a sus derechos y/o sus familiares, la sociedad civil, empresarios, en suma, a todas las personas y grupos que nos contactan. Posteriormente, hacemos recomendaciones que, como les decía, establecen un camino a seguir en el marco de la protección de derechos humanos. Esas recomendaciones son hechas a partir de los estándares interamericanos de derechos humanos.

¿En qué otros contextos de protesta social se han dado visitas de la CIDH en la región y para qué han servido?

Hemos estado en Nicaragua, Chile, Ecuador, Bolivia, y en Perú en diciembre del 2020. En general, todos los casos de visitas son diferentes, pero podemos decir que en el histórico nuestra presencia ha contribuido de manera estratégica a calmar los ánimos, facilitar el diálogo, establecer áreas de cooperación técnica, y hacer un seguimiento de los avances a partir de las recomendaciones que realizamos en el marco de los estándares interamericanos de derechos humanos. Todo ello contribuye, además, a fortalecer la institucionalidad de derechos humanos en los países que hemos visitado.

¿Insistirá la CIDH en visitar Colombia por las denuncias en el marco del paro nacional?

Al tiempo que reconocemos la oportunidad de diálogo con el Estado colombiano, vamos a seguir enfatizando la importancia de una visita de trabajo a la brevedad posible, pero también debemos decir que respetamos la potestad del Estado en decirnos que no. De todas formas, seguimos monitoreando de cerca la situación en el contexto de las protestas y vamos a seguir usando todos los mecanismos con los que cuenta la CIDH para cumplir con nuestro mandato de defensa y promoción de los derechos humanos.

¿Qué otros mecanismos, adicionales a la visita, podría activar la CIDH para monitorear la violación de los derechos humanos en medio del paro nacional?

La CIDH está monitoreando diariamente la situación en Colombia, ha emitido varios pronunciamientos y comunicados sobre los diferentes hechos que se sucedieron en este contexto. Estamos con mucha preocupación por las graves denuncias, también hemos pedido información al Estado, a través del mecanismo establecido en el reglamento que es el Art. 41, y la canciller se comprometió en enviarnos toda la información solicitada.

La audiencia pública de oficio sobre la situación de derechos humanos en Colombia ,que llevaremos a cabo el próximo 29 de junio durante el 180 Período de Sesiones, es otro mecanismo, así como las reuniones con algunas autoridades, el Defensor del Pueblo, la Oficina de la Alta Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, organizaciones de la sociedad civil, entre otros. La CIDH seguirá atenta a través de todos sus mecanismos, abierta al diálogo y preparando la agenda para la visita de trabajo, que debería y creemos, se dará en la brevedad posible.

¿Cuántos informes o solicitudes ha recibido la CIDH relacionadas con violaciones de DDHH en el paro nacional en Colombia?

La CIDH sigue recibiendo información de instituciones del Estado, de la sociedad civil, de la prensa, de la academia. Solo los pedidos de visita fueron más de tres mil.

¿Se han solicitado ya medidas cautelares en algún caso puntual vinculado al paro nacional?

La CIDH ha recibido solicitudes de medidas cautelares relacionadas con el contexto de la protesta social en Colombia, y las está valorando de acuerdo con los requisitos reglamentarios. Asimismo, ha recibido información en el marco de medidas vigentes, para las cuales viene realizando las correspondientes solicitudes de información para monitorear los asuntos.

Algunas organizaciones han criticado que Colombia se está pareciendo a Venezuela en su actitud frente a la CIDH en el marco del paro nacional, porque se niega a la supervisión internacional. ¿Qué opina?

Como he dicho anteriormente, la CIDH valora la histórica apertura de Colombia para con el sistema interamericano de derechos humanos en el marco de las obligaciones internacionales de derechos humanos que asumió mediante la ratificación de varios instrumentos como la Convención Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, uno de los documentos vinculantes para los Estados y en cuyo marco la CIDH realiza su trabajo. Asimismo, estamos a disposición y seguiremos dialogando con todos los sectores de la sociedad colombiana, al tiempo que hemos sentido la apertura, al decirnos la canciller que podremos visitar el país luego de la Audiencia de Oficio sobre la situación de derechos humanos en Colombia, que será el próximo 29 de junio.

La vicepresidencia explicó este martes que invitó a la CIDH a realizar una visita de trabajo a Colombia una vez se hayan entregado los informes solicitados por la propia CIDH a las autoridades judiciales y a los organismos de control de Colombia, y se haya surtido la audiencia ya convocada para el próximo 29 de junio. ¿Es difícil para la CIDH esperar por lo menos un mes para venir a Colombia? ¿Por qué?

Todos los reportes recibidos incluyendo los oficiales respecto a las muertes, las denuncias de violencia sexual, tanto como los desmanes, reflejan la gravedad de la crisis desatada y la pertinencia de nuestra presencia. En ese sentido, la CIDH está lista para visitar Colombia y el momento lo decide el Estado porque tiene la prerrogativa de la anuencia.

Para la CIDH es importante estar lo antes posible porque la visita de trabajo nos permite relevar información en terreno, reunirnos presencialmente para dialogar y escuchar a todos los sectores que nos requieran para, posteriormente, elaborar recomendaciones en el marco de los estándares interamericanos de derechos humanos que puedan orientar los pasos a seguir en la superación de la crisis, con apego a los estándares interamericano de derechos humanos.

¿Considera que Colombia está viviendo una crisis de derechos humanos en el marco del paro nacional?

Las graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas en Colombia dan cuenta de una crisis; las pérdidas de vida como las de Lucas Villa, Sebastián Quintero y Jhon Erik Larrahondo. Las denuncias de las 132 personas que permanecen desaparecidas y respecto de las cuales la Fiscalía General de la Nación mantiene activado el mecanismo de búsqueda urgente resultan alarmantes, aún más cuando algunas de las 276 que habrían sido reportadas como desaparecidas aparecieron sin vida, como el líder Cristian Torres. También, los casos alarmantes de violencia sexual, presuntamente por agentes de la fuerza pública en contra de mujeres manifestantes como el de una adolescente que posteriormente se habría suicidado, y el de una agente de la fuerza pública dentro de una estación de policía vandalizada.

Asimismo, no contribuyen con la superación de la crisis y expresamos nuestra preocupación respecto de que determinadas circunstancias y presuntos grupos de manifestantes hayan provocado graves desmanes durante algunas manifestaciones, arrojando objetos contundentes contra efectivos de las fuerzas del orden, destruyendo equipamiento público, y provocando afectaciones a la propiedad privada, entre otros actos injustificables de vandalismo.

Al respecto, es importante destacar que, las protestas se han desencadenado por una serie de factores que tienen que ver con demandas de la ciudadanía al Estado, esto es parte de todo proceso democrático. En este contexto se está ejerciendo un derecho, que es el derecho a la protesta el cual el Estado está obligado a respetar. A su vez, la misma debe ser pacífica pero cuando existen hechos de violencia por parte de terceros, ello no hace que la manifestación se vuelva violenta en sí misma; y el Estado debe garantizar este derecho, separando, investigando y juzgando a quienes sean responsables de actos de violencia. Cuando surgen estas crisis por demandas legítimas de la ciudadanía, el Estado está obligado a buscar una salida pacífica, escuchando a todos los sectores y haciendo el mayor de los esfuerzos para lograr consenso y acuerdos en el marco del respecto a los derechos humanos.

¿La CIDH adelantará la Audiencia de Oficio agendada para el 29 de junio para que luego el gobierno apruebe al otro día su visita, como propone la canciller?

La Audiencia de Oficio fue convocada el pasado 21 de mayo, anterior a la reunión con la canciller de Colombia, en el marco del mecanismo de monitoreo con el que cuenta la CIDH; y que además se realiza en el marco del 180 período de sesiones, cuya fecha fue fijada con antelación, por lo que el calendario no se puede modificar. Es importante aclarar que esta Audiencia de Oficio no sustituye a la visita de trabajo; son dos mecanismos complementarios con los que cuenta la CIDH para el cumplimiento de su mandato en términos del monitoreo de la situación de los derechos humanos en los países de la región a la luz de los estándares interamericanos. Por lo que la visita se puede realizar antes o después de la audiencia; y, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, seguiremos insistiendo en la visita y esperamos se concrete en la brevedad posible.

*La Comisionada Antonia Urrejola Noguera fue elegida el 21 de junio de 2017 por la Asamblea General de la OEA, para un período de cuatro años que inició el 1 de enero de 2018 y finaliza el 31 de diciembre de 2021. Es abogada de la Universidad de Chile con post-título en Derechos Humanos y Justicia Transicional. Fue asesora en derechos humanos de la Presidencia de Chile, especialmente en la elaboración y tramitación de proyectos de ley relacionados a institucionalidad de derechos humanos, infancia y diversidad sexual. Con el retorno a la democracia en Chile, trabajo en la recién creada Comisión Especial de Pueblos Indígenas, y posteriormente en el Ministerio de Bienes Nacionales y el Ministerio de Planificación y Cooperación especializándose en derechos de los pueblos indígenas.

Fue asesora del Ministerio del Interior, relacionándose con el Programa de Derechos Humanos y los temas de Memoria, Verdad y Justicia; participando en la elaboración y tramitación de diversos proyectos de ley sobre instituciones nacionales de derechos humanos, prisión política y tortura, entre otros. Ha sido también consultora de organismos internacionales tales como el PNUD, la OIT, FLACSO, CEJA y BID en temas relacionados al Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, y Sistema Interamericano de Derechos Humanos, entre otros. Fue asesora principal del ex Secretario General de la OEA entre 2006 y 2011. Ha sido profesora invitada en materias del SIDH en diversas instituciones y universidades. Es ciudadana de Chile.