Coca-Cola y sus líos gaseosos
Con embargos de sus cuentas, de predios donde funciona la embotelladora y millonario cobro coactivo, la compañía afronta litigios. Dice que actúa en legalidad y por eso acata las decisiones de la justicia. Busca revisión del caso.
Norbey Quevedo Hernández
En octubre de 2004, los representantes jurídicos de Coca-Cola en Colombia solicitaron a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, (EAAB) la revisión de los contadores de las plantas en donde se produce la gaseosa. En la misma petición la compañía también pidió la reducción de los valores de la facturación por el uso de la red de alcantarillado público, al considerar que le estaban cobrando por este último servicio más de lo que le correspondía pagar. En otras palabras, la multinacional reclamaba por una especie de sobrefacturación.
Desde entonces se inició un largo proceso en diferentes instancias judiciales y hoy, doce años después, la enconada puja contractual sigue más viva que nunca, producto de recientes determinaciones de cobro. La empresa capitalina embargó las cuentas bancarias de la multinacional, así como los terrenos donde funciona la embotelladora, y le ordenó pagar dos facturas que suman $44.519 millones. Coca-Cola Femsa riposta en el pleito e insiste en que actúa legalmente, ratifica que respeta las decisiones judiciales y argumenta que tiene la disposición de revisar el tema de manera favorable para las partes en conflicto.
El eje de la discusión parece sencillo, pero en materia técnica, las dificultades a la hora de hacer una medición del consumo de forma más precisa, las interpretaciones en la regulación por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la necesidad de reducir costos y el ímpetu de los abogados han hecho más complejo el litigio. Sin embargo, basta con revisar una factura del Acueducto para precisar el asunto.
La regulación tarifaria establece que cada cliente debe pagar, por cada metro cúbico de agua utilizado, un metro cúbico de alcantarillado, una definición conocida como fórmula uno a uno. No obstante, desde hace más de una década la embotelladora mantiene su argumento frente a la forma como le deben facturar el servicio de alcantarillado.
Según la compañía, que ha cambiado su razón social tres veces en los últimos años, de Panamco a Indega y ahora tiene la denominación de Coca-Cola Femsa, el agua que la empresa utiliza proveniente del Acueducto de Bogotá es utilizada en la elaboración de su principal producto, de otras gaseosas, jugos, té y de aguas embotelladas. Por eso, el líquido que nuevamente es arrojado al alcantarillado como desecho es inferior al proveído por el acueducto. En concreto, argumenta que si bien paga el consumo por agua utilizada, por el alcantarillado debe ser inferior, porque no se cumple la norma expedida por la Comisión de Regulación de Agua, que reitera que por cada metro de agua cúbico usado se debe pagar uno de alcantarillado.
Esta es la génesis de uno de los litigios que mantiene la atención y la reserva de las partes. Al punto que ahora la confrontación jurídica quedó en manos de dos pesos pesados del derecho: el exfiscal, exprocurador general y destacado penalista Alfonso Gómez Méndez en representación de los intereses públicos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, contra el exministro de Defensa y luego de Justicia Juan Carlos Esguerra, líder de un reconocido pool de abogados, quien desde hace varios meses representa los intereses privados de la multinacional Coca-Cola Femsa.
Y es que desde noviembre de 2004, en la administración del gerente Édgar Ruiz, cuando Luis Eduardo Garzón era el alcalde mayor de Bogotá, la Empresa de Acueducto no accedió a la solicitud de la compañía estadounidense de revisar la facturación. Para esa fecha la entidad negó la petición al considerar que no era de su competencia hacer las variaciones a los factores que determinaban la facturación.
Desde entonces se inició un largo recorrido por los despachos judiciales, así como en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que ordenó al Acueducto medir el consumo de alcantarillado y reliquidar la facturación a la compañía. Una decisión que posteriormente negó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y que finalmente, el 4 de agosto de 2006, el Consejo de Estado obligó a la empresa distrital a medir y refacturar el alcantarillado.
Coca-Cola llegó a Colombia en 1941, cuando tres antioqueños tuvieron la visión de empezar a vender el producto en Medellín. Tras su éxito, cuatro años después apareció la familia Stanton y desde entonces la compañía es de propiedad de extranjeros. Reconocida por su publicidad, con una nueva planta en Tocancipá (Cundinamarca) a la que le invirtieron US$250 millones y que genera mayor producción del afamado grupo de bebidas, el año pasado vendió alrededor de 320 millones de canastas. Una industria que requiere agua en cantidades exponenciales.
De esta forma, y conforme a las decisiones de la justicia, el Acueducto ajustó y emitió la facturación. Ya era octubre de 2010 y volvieron las reclamaciones de la compañía, de nuevo inconforme con los valores cobrados por el servicio de alcantarillado. Entonces acudió de nuevo al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y luego al Consejo de Estado, que en sendos fallos ratificaron que la Empresa de Acueducto no estaba obligada de nuevo a realizar la reliquidación de la facturación. Tampoco procedió una tutela por presunta violación al debido proceso.
Desde entonces las reclamaciones contra la facturación que realiza Coca-Cola son frecuentes, porque sostiene su argumento de que le facturan más por un servicio de alcantarillado en el que vierte menos agua, que se queda en el producto. Por eso las cifras de las reclamaciones son significativas: 69 desde 2010 a la fecha y 58 decisiones de la Superservicios. Según cifras del Acueducto, sobre este caso hay en curso 41 procesos judiciales.
Pese a esta situación, el Acueducto siguió facturando el servicio e inició el recaudo de los dineros mediante cobro coactivo. Allí empezaron los embargos a cuentas bancarias, CDT y algunos bienes de Coca-Cola Femsa. Unas medidas que fueron demandadas de nuevo con acción de tutela y luego en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que no procedieron. El pasado 13 de mayo, la Dirección de Jurisdicción Coactiva del Acueducto, ante un nuevo recurso, determinó seguir adelante con los embargos y el cobro de $44.519 millones.
Hace tres meses llegó a la gerencia de la Empresa de Acueducto el abogado Germán González. A los pocos días de su posesión en el cargo, dos abogados de la multinacional se le acercaron de manera informal para contarle del caso. El funcionario tiene en sus manos nuevas decisiones sobre uno de los pleitos más trascendentes de la capital. Lo está revisando a fondo, dice que quiere el mejor arreglo para la empresa respetando los derechos de la contraparte. La multinacional, a través de su directora legal, Silvia Barrero Varela, sugiere revisar el caso buscando una solución favorable a las partes, de lo contrario esperará decisiones definitivas de la justicia.
Los argumentos de Coca Cola
En octubre de 2004, los representantes jurídicos de Coca-Cola en Colombia solicitaron a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, (EAAB) la revisión de los contadores de las plantas en donde se produce la gaseosa. En la misma petición la compañía también pidió la reducción de los valores de la facturación por el uso de la red de alcantarillado público, al considerar que le estaban cobrando por este último servicio más de lo que le correspondía pagar. En otras palabras, la multinacional reclamaba por una especie de sobrefacturación.
Desde entonces se inició un largo proceso en diferentes instancias judiciales y hoy, doce años después, la enconada puja contractual sigue más viva que nunca, producto de recientes determinaciones de cobro. La empresa capitalina embargó las cuentas bancarias de la multinacional, así como los terrenos donde funciona la embotelladora, y le ordenó pagar dos facturas que suman $44.519 millones. Coca-Cola Femsa riposta en el pleito e insiste en que actúa legalmente, ratifica que respeta las decisiones judiciales y argumenta que tiene la disposición de revisar el tema de manera favorable para las partes en conflicto.
El eje de la discusión parece sencillo, pero en materia técnica, las dificultades a la hora de hacer una medición del consumo de forma más precisa, las interpretaciones en la regulación por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la necesidad de reducir costos y el ímpetu de los abogados han hecho más complejo el litigio. Sin embargo, basta con revisar una factura del Acueducto para precisar el asunto.
La regulación tarifaria establece que cada cliente debe pagar, por cada metro cúbico de agua utilizado, un metro cúbico de alcantarillado, una definición conocida como fórmula uno a uno. No obstante, desde hace más de una década la embotelladora mantiene su argumento frente a la forma como le deben facturar el servicio de alcantarillado.
Según la compañía, que ha cambiado su razón social tres veces en los últimos años, de Panamco a Indega y ahora tiene la denominación de Coca-Cola Femsa, el agua que la empresa utiliza proveniente del Acueducto de Bogotá es utilizada en la elaboración de su principal producto, de otras gaseosas, jugos, té y de aguas embotelladas. Por eso, el líquido que nuevamente es arrojado al alcantarillado como desecho es inferior al proveído por el acueducto. En concreto, argumenta que si bien paga el consumo por agua utilizada, por el alcantarillado debe ser inferior, porque no se cumple la norma expedida por la Comisión de Regulación de Agua, que reitera que por cada metro de agua cúbico usado se debe pagar uno de alcantarillado.
Esta es la génesis de uno de los litigios que mantiene la atención y la reserva de las partes. Al punto que ahora la confrontación jurídica quedó en manos de dos pesos pesados del derecho: el exfiscal, exprocurador general y destacado penalista Alfonso Gómez Méndez en representación de los intereses públicos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, contra el exministro de Defensa y luego de Justicia Juan Carlos Esguerra, líder de un reconocido pool de abogados, quien desde hace varios meses representa los intereses privados de la multinacional Coca-Cola Femsa.
Y es que desde noviembre de 2004, en la administración del gerente Édgar Ruiz, cuando Luis Eduardo Garzón era el alcalde mayor de Bogotá, la Empresa de Acueducto no accedió a la solicitud de la compañía estadounidense de revisar la facturación. Para esa fecha la entidad negó la petición al considerar que no era de su competencia hacer las variaciones a los factores que determinaban la facturación.
Desde entonces se inició un largo recorrido por los despachos judiciales, así como en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que ordenó al Acueducto medir el consumo de alcantarillado y reliquidar la facturación a la compañía. Una decisión que posteriormente negó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y que finalmente, el 4 de agosto de 2006, el Consejo de Estado obligó a la empresa distrital a medir y refacturar el alcantarillado.
Coca-Cola llegó a Colombia en 1941, cuando tres antioqueños tuvieron la visión de empezar a vender el producto en Medellín. Tras su éxito, cuatro años después apareció la familia Stanton y desde entonces la compañía es de propiedad de extranjeros. Reconocida por su publicidad, con una nueva planta en Tocancipá (Cundinamarca) a la que le invirtieron US$250 millones y que genera mayor producción del afamado grupo de bebidas, el año pasado vendió alrededor de 320 millones de canastas. Una industria que requiere agua en cantidades exponenciales.
De esta forma, y conforme a las decisiones de la justicia, el Acueducto ajustó y emitió la facturación. Ya era octubre de 2010 y volvieron las reclamaciones de la compañía, de nuevo inconforme con los valores cobrados por el servicio de alcantarillado. Entonces acudió de nuevo al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y luego al Consejo de Estado, que en sendos fallos ratificaron que la Empresa de Acueducto no estaba obligada de nuevo a realizar la reliquidación de la facturación. Tampoco procedió una tutela por presunta violación al debido proceso.
Desde entonces las reclamaciones contra la facturación que realiza Coca-Cola son frecuentes, porque sostiene su argumento de que le facturan más por un servicio de alcantarillado en el que vierte menos agua, que se queda en el producto. Por eso las cifras de las reclamaciones son significativas: 69 desde 2010 a la fecha y 58 decisiones de la Superservicios. Según cifras del Acueducto, sobre este caso hay en curso 41 procesos judiciales.
Pese a esta situación, el Acueducto siguió facturando el servicio e inició el recaudo de los dineros mediante cobro coactivo. Allí empezaron los embargos a cuentas bancarias, CDT y algunos bienes de Coca-Cola Femsa. Unas medidas que fueron demandadas de nuevo con acción de tutela y luego en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que no procedieron. El pasado 13 de mayo, la Dirección de Jurisdicción Coactiva del Acueducto, ante un nuevo recurso, determinó seguir adelante con los embargos y el cobro de $44.519 millones.
Hace tres meses llegó a la gerencia de la Empresa de Acueducto el abogado Germán González. A los pocos días de su posesión en el cargo, dos abogados de la multinacional se le acercaron de manera informal para contarle del caso. El funcionario tiene en sus manos nuevas decisiones sobre uno de los pleitos más trascendentes de la capital. Lo está revisando a fondo, dice que quiere el mejor arreglo para la empresa respetando los derechos de la contraparte. La multinacional, a través de su directora legal, Silvia Barrero Varela, sugiere revisar el caso buscando una solución favorable a las partes, de lo contrario esperará decisiones definitivas de la justicia.
Los argumentos de Coca Cola