Comisionada, en contravía
Denuncias sobre funcionaria que estaría trabajando para favorecer a un proponente. Esta semana se decide la reanudación del proceso sin tener en cuenta al Consejo de Estado.
Norbey Quevedo H.
El pasado cinco de marzo fue elegida como comisionada de Televisión Zulma Casas García. Contra todos los pronósticos, la joven abogada de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) derrotó a los incrédulos que poco le apostaban a que una meritoria mujer de 31 años que fue secretaria, vendedora, impulsadora de eventos y auxiliar de producción llegara a la encumbrada posición. Sin embargo, con apenas seis meses en el cargo, hoy es el eje de una fuerte polémica en el interior de la entidad por graves señalamientos de trabajar en favor de uno de los aspirantes al tercer canal. Un asunto que de nuevo complica la adjudicación del negocio más importante en la televisión de la última década en Colombia.
Desde el mismo día de su posesión, la comisionada Casas García sufrió una evidente transformación. Sin dilación tomó el toro por los cuernos y la dulce secretaria que un día llegó a la Cntv luego de liderar una campaña de besos para impedir el cierre del Hospital Materno Infantil se convirtió en una aguda abogada que empezó a hacer serios reparos al proceso de adjudicación del tercer canal.
De la mano de su equipo, conformado por un ex sacerdote experto en derecho público, una especialista en finanzas, un periodista y su mentor el ex comisionado Fernando Álvarez, Zulma Casas afinó sus observaciones al polémico proyecto de pliego de condiciones de la concesión. Con miradas de reojo, poca aceptación y un tenso ambiente en las sesiones de junta directiva, sus primeros dardos causaron ampolla entre los demás comisionados.
Justamente el 18 de mayo de 2009 entregó a la junta directiva un detallado documento de 25 páginas en donde palabras más palabras menos cuestionó con dureza el pliego de condiciones de la concesión. Sobre dos asuntos fijó sus observaciones: la inversión extranjera y el principio de reciprocidad para cumplir por los proponentes los grupos Prisa, Planeta y Cisneros.
Pero quizá lo que generó mayor roncha entre los demás comisionados frente al proceso fue la denuncia de Casas, que señaló que la Comisión cambió en el camino de posición frente a los términos de la inversión extranjera y señaló que: “Lo que creo que está pareciendo es que la Cntv o peor, alguien de la junta, tenía una carta debajo de la manga y que faltando un mes para la publicación de los prepliegos de condiciones la sacó”, y de pasó solicitó ajustes en el pliego.
El asunto cayó como pedrada en ojo tuerto ante los comisionados, algunos proponentes y el sector, y a partir de allí quedó en el ambiente lo que ya muchos comentaban en la calle: que la solicitud de ajustes en el pliego conducía a favorecer al Grupo Cisneros (Inversiones Rendiles).
No obstante, en eso no paró el tema. Dos semanas después, mediante carta del 4 de junio, la comisionada nuevamente hizo fuertes reclamos a la junta, esta vez solicitando derecho de expresión y denunciando actitudes intimidatorias. Acusó al comisionado Ricardo Galán de dilatar las sesiones de junta directiva y al director de la Comisión, Juan Andrés Carreño, de terminar intempestivamente algunas juntas sin evacuar los asuntos agendados en el orden del día.
También sacó a relucir tres perlas que, según ella, se plantearon en una junta: que el Gobierno estaba muy molesto con la comisionada por los términos del memorando de 25 páginas; además, señaló que escuchó en la junta la expresión “no podíamos permitir que Cisneros entrara por vía de las Emas” (empresas multinacionales andinas) y denunció que el asesor de la Cntv en el proceso, Carlos Gustavo Arrieta: “Terminó reconociendo que lo que sucede es que en este caso también se deben tener en cuenta consideraciones de tipo político”. Además, Casas señaló la parálisis en cinco asuntos de relevancia para la entidad.
Con los ánimos caldeados y mientras el proceso de adjudicación seguía sufriendo serios tropiezos, no se hizo esperar la respuesta de los miembros de la junta. Por eso, cinco días después, el 9 de junio de 2009, el comisionado Ricardo Galán tomó la vocería y puso los puntos sobre las íes. En concreto, solicitó denunciar la situación ante las autoridades competentes y acto seguido documentó lo que otros comisionados pensaban, pero que no lograban probar con papeles: la supuesta relación entre la abogada Casas y el grupo Cisneros.
“Anexo a la presente comunicación algunas de las ‘coincidencias’ entre los argumentos esgrimidos por la comisionada Casas y las observaciones presentadas por Inversiones Rendiles, en sus comunicaciones del 15 de mayo de 2009, que hacen parecer al memorando en comento una burda copia de lo observado por el tercer canal”, señaló Galán en la comunicación a la junta y le pidió a la comisionada Casas explicaciones sobre el cambio de posición y la “coincidencia de argumentos” con las observaciones hechas por Inversiones Rendiles.
Sin embargo, el asunto fue más allá y Galán preguntó por qué “el señor Gustavo Cisneros (uno de los interesados en la licitación del tercer canal) obtuvo una copia de su memorando antes de ser radicado oficialmente en la junta de la Cntv. En suma, Galán argumentó que Casas no debatió con la junta sus observaciones a los prepliegos para la adjudicación de un tercer canal de televisión, sino que prefirió compartirlas con uno de los tres interesados. Y acto seguido hizo una comparación del documento mostrado por Casas con uno presentado por Inversiones Rendiles, en donde parecen evidentes las coincidencias.
El rifirrafe no paró y el 21 de junio nuevamente Casas respondió. Allí reprobó las afirmaciones de Galán, defendió su elección como comisionada, desestimó sus supuestos nexos con Cisneros y criticó el hecho de que se le hubiesen pagado $750 millones por honorarios como asesor jurídico externo de la Cntv en el proceso al ex procurador Carlos Gustavo Arrieta.
Pese a los reparos en el interior de la junta, la comisionada Zulma Casas siguió su batalla. Esta vez con un nuevo aliado, Pedro Álvarez Corredor, hermano del ex comisionado Fernando Álvarez. Nuevamente llegaron más observaciones por escrito ante el proceso. El asunto también llegó a oídos del Gobierno y también la ministra de Comunicaciones, María del Rosario Guerra, evidenció su incomodidad con algunas posiciones de la comisionada.
De hecho, en debates en la Comisión Sexta del Senado, en reuniones en el Ministerio, en el debate sobre el canal Teleislas de San Andrés, en reuniones sectoriales o en foros sobre la ley de televisión la distancia entre la ministra y la comisionada es evidente.
Y para completar el cuadro, luego de que el pasado 28 de agosto la Procuraduría hiciera reparos al proceso y que la propia ministra elevara una consulta ante el Consejo de Estado, de nuevo la comisionada Casas se hizo sentir. En comunicación a la junta del pasado 1° de septiembre fue enfática en señalar que no está de acuerdo con suspender el proceso de adjudicación del tercer canal. Allí reiteró que es partidaria de la subasta.
El proceso de adjudicación del tercer canal sigue muy caliente. Los comisionados que deben tomar la decisión se tratan con desconfianza. Las diferencias parecen irreconciliables. En las dos últimas semanas los comisionados se reunieron con los representantes de los grupos Planeta y Prisa. El martes la reunión es con el denominado grupo Cisneros.
La intención es tomar una decisión conjunta sobre si reanudan el proceso pese a que el Consejo de Estado no se ha pronunciado frente a la consulta que elevó la ministra Guerra. Todos confían en que la adjudicación se hará en julio de 2010, siempre con la mirada fija de Zulma Casas, una comisionada que un día entró por la puerta de atrás de la Cntv y que hoy es una protagonista muy polémica.
La consulta clave que el Ministerio no tramitó
El pasado 20 de marzo de 2009 la ministra de Comunicaciones, María del Rosario Guerra, respondió un requerimiento al director de la CNTV, Juan Andrés Carreño. El funcionario había solicitado una Consulta al Consejo de Estado para establecer las consecuencias jurídicas que se podrían derivar si resultara adjudicataria del tercer canal alguna de las sociedades habilitadas que cuentan con participación accionaria de actuales concesionarias de espacios de televisión y del canal local con ánimo de lucro de Bogotá.
Al respecto la ministra indicó que la normatividad en la materia es clara, por lo tanto no elevó la consulta.
Vea el facsímil de las dos páginas en donde el comisionado Galán pretende demostrar las similitudes entre el documento de Casas y de Cisneros haciendo clic AQUÍ.
El pasado cinco de marzo fue elegida como comisionada de Televisión Zulma Casas García. Contra todos los pronósticos, la joven abogada de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) derrotó a los incrédulos que poco le apostaban a que una meritoria mujer de 31 años que fue secretaria, vendedora, impulsadora de eventos y auxiliar de producción llegara a la encumbrada posición. Sin embargo, con apenas seis meses en el cargo, hoy es el eje de una fuerte polémica en el interior de la entidad por graves señalamientos de trabajar en favor de uno de los aspirantes al tercer canal. Un asunto que de nuevo complica la adjudicación del negocio más importante en la televisión de la última década en Colombia.
Desde el mismo día de su posesión, la comisionada Casas García sufrió una evidente transformación. Sin dilación tomó el toro por los cuernos y la dulce secretaria que un día llegó a la Cntv luego de liderar una campaña de besos para impedir el cierre del Hospital Materno Infantil se convirtió en una aguda abogada que empezó a hacer serios reparos al proceso de adjudicación del tercer canal.
De la mano de su equipo, conformado por un ex sacerdote experto en derecho público, una especialista en finanzas, un periodista y su mentor el ex comisionado Fernando Álvarez, Zulma Casas afinó sus observaciones al polémico proyecto de pliego de condiciones de la concesión. Con miradas de reojo, poca aceptación y un tenso ambiente en las sesiones de junta directiva, sus primeros dardos causaron ampolla entre los demás comisionados.
Justamente el 18 de mayo de 2009 entregó a la junta directiva un detallado documento de 25 páginas en donde palabras más palabras menos cuestionó con dureza el pliego de condiciones de la concesión. Sobre dos asuntos fijó sus observaciones: la inversión extranjera y el principio de reciprocidad para cumplir por los proponentes los grupos Prisa, Planeta y Cisneros.
Pero quizá lo que generó mayor roncha entre los demás comisionados frente al proceso fue la denuncia de Casas, que señaló que la Comisión cambió en el camino de posición frente a los términos de la inversión extranjera y señaló que: “Lo que creo que está pareciendo es que la Cntv o peor, alguien de la junta, tenía una carta debajo de la manga y que faltando un mes para la publicación de los prepliegos de condiciones la sacó”, y de pasó solicitó ajustes en el pliego.
El asunto cayó como pedrada en ojo tuerto ante los comisionados, algunos proponentes y el sector, y a partir de allí quedó en el ambiente lo que ya muchos comentaban en la calle: que la solicitud de ajustes en el pliego conducía a favorecer al Grupo Cisneros (Inversiones Rendiles).
No obstante, en eso no paró el tema. Dos semanas después, mediante carta del 4 de junio, la comisionada nuevamente hizo fuertes reclamos a la junta, esta vez solicitando derecho de expresión y denunciando actitudes intimidatorias. Acusó al comisionado Ricardo Galán de dilatar las sesiones de junta directiva y al director de la Comisión, Juan Andrés Carreño, de terminar intempestivamente algunas juntas sin evacuar los asuntos agendados en el orden del día.
También sacó a relucir tres perlas que, según ella, se plantearon en una junta: que el Gobierno estaba muy molesto con la comisionada por los términos del memorando de 25 páginas; además, señaló que escuchó en la junta la expresión “no podíamos permitir que Cisneros entrara por vía de las Emas” (empresas multinacionales andinas) y denunció que el asesor de la Cntv en el proceso, Carlos Gustavo Arrieta: “Terminó reconociendo que lo que sucede es que en este caso también se deben tener en cuenta consideraciones de tipo político”. Además, Casas señaló la parálisis en cinco asuntos de relevancia para la entidad.
Con los ánimos caldeados y mientras el proceso de adjudicación seguía sufriendo serios tropiezos, no se hizo esperar la respuesta de los miembros de la junta. Por eso, cinco días después, el 9 de junio de 2009, el comisionado Ricardo Galán tomó la vocería y puso los puntos sobre las íes. En concreto, solicitó denunciar la situación ante las autoridades competentes y acto seguido documentó lo que otros comisionados pensaban, pero que no lograban probar con papeles: la supuesta relación entre la abogada Casas y el grupo Cisneros.
“Anexo a la presente comunicación algunas de las ‘coincidencias’ entre los argumentos esgrimidos por la comisionada Casas y las observaciones presentadas por Inversiones Rendiles, en sus comunicaciones del 15 de mayo de 2009, que hacen parecer al memorando en comento una burda copia de lo observado por el tercer canal”, señaló Galán en la comunicación a la junta y le pidió a la comisionada Casas explicaciones sobre el cambio de posición y la “coincidencia de argumentos” con las observaciones hechas por Inversiones Rendiles.
Sin embargo, el asunto fue más allá y Galán preguntó por qué “el señor Gustavo Cisneros (uno de los interesados en la licitación del tercer canal) obtuvo una copia de su memorando antes de ser radicado oficialmente en la junta de la Cntv. En suma, Galán argumentó que Casas no debatió con la junta sus observaciones a los prepliegos para la adjudicación de un tercer canal de televisión, sino que prefirió compartirlas con uno de los tres interesados. Y acto seguido hizo una comparación del documento mostrado por Casas con uno presentado por Inversiones Rendiles, en donde parecen evidentes las coincidencias.
El rifirrafe no paró y el 21 de junio nuevamente Casas respondió. Allí reprobó las afirmaciones de Galán, defendió su elección como comisionada, desestimó sus supuestos nexos con Cisneros y criticó el hecho de que se le hubiesen pagado $750 millones por honorarios como asesor jurídico externo de la Cntv en el proceso al ex procurador Carlos Gustavo Arrieta.
Pese a los reparos en el interior de la junta, la comisionada Zulma Casas siguió su batalla. Esta vez con un nuevo aliado, Pedro Álvarez Corredor, hermano del ex comisionado Fernando Álvarez. Nuevamente llegaron más observaciones por escrito ante el proceso. El asunto también llegó a oídos del Gobierno y también la ministra de Comunicaciones, María del Rosario Guerra, evidenció su incomodidad con algunas posiciones de la comisionada.
De hecho, en debates en la Comisión Sexta del Senado, en reuniones en el Ministerio, en el debate sobre el canal Teleislas de San Andrés, en reuniones sectoriales o en foros sobre la ley de televisión la distancia entre la ministra y la comisionada es evidente.
Y para completar el cuadro, luego de que el pasado 28 de agosto la Procuraduría hiciera reparos al proceso y que la propia ministra elevara una consulta ante el Consejo de Estado, de nuevo la comisionada Casas se hizo sentir. En comunicación a la junta del pasado 1° de septiembre fue enfática en señalar que no está de acuerdo con suspender el proceso de adjudicación del tercer canal. Allí reiteró que es partidaria de la subasta.
El proceso de adjudicación del tercer canal sigue muy caliente. Los comisionados que deben tomar la decisión se tratan con desconfianza. Las diferencias parecen irreconciliables. En las dos últimas semanas los comisionados se reunieron con los representantes de los grupos Planeta y Prisa. El martes la reunión es con el denominado grupo Cisneros.
La intención es tomar una decisión conjunta sobre si reanudan el proceso pese a que el Consejo de Estado no se ha pronunciado frente a la consulta que elevó la ministra Guerra. Todos confían en que la adjudicación se hará en julio de 2010, siempre con la mirada fija de Zulma Casas, una comisionada que un día entró por la puerta de atrás de la Cntv y que hoy es una protagonista muy polémica.
La consulta clave que el Ministerio no tramitó
El pasado 20 de marzo de 2009 la ministra de Comunicaciones, María del Rosario Guerra, respondió un requerimiento al director de la CNTV, Juan Andrés Carreño. El funcionario había solicitado una Consulta al Consejo de Estado para establecer las consecuencias jurídicas que se podrían derivar si resultara adjudicataria del tercer canal alguna de las sociedades habilitadas que cuentan con participación accionaria de actuales concesionarias de espacios de televisión y del canal local con ánimo de lucro de Bogotá.
Al respecto la ministra indicó que la normatividad en la materia es clara, por lo tanto no elevó la consulta.
Vea el facsímil de las dos páginas en donde el comisionado Galán pretende demostrar las similitudes entre el documento de Casas y de Cisneros haciendo clic AQUÍ.