Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
“Dos años en los que no se les ha podido abrazar, ni besar, ni ver siquiera a los ojos. Dos años en los que no se les ha podido expresar el cariño de madre. Esta situación es muy dura y muy triste”. Las palabras pertenecen al audio de una mujer angustiada, privada de la libertad en el establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad para mujeres de Bogotá, conocido también como El Buen Pastor. No quiso dar su nombre, por temor a represalias, pero dice sentirse desesperada y deprimida. No es la única. Este diario tuvo acceso a varios audios de las cerca de dos mil mujeres detenidas allí, que enviaron a través de teléfonos que esconden de la guardia, para denunciar en El Espectador que las restricciones que trajo la pandemia están afectando seriamente su salud mental y familiar.
En esto coincide Claudia Cardona, psicóloga y directora de la organización por los derechos humanos Mujeres Libres, que desde 2018 hace un seguimiento permanente a la situación de las mujeres privadas de la libertad en este centro carcelario. Cardona explica que las medidas que se tomaron hace casi dos años, para evitar un contagio masivo del virus covid-19 en la cárcel de mujeres, fueron importantes porque se mantuvo muy controlada la pandemia, pero que hoy esas restricciones ya están vulnerando otros derechos y generando impactos negativos profundos.
“Cuando estuvimos hace menos de un mes en la cárcel, apenas se empezaba a implementar un plan piloto de ingreso de visitas, después de dos años. Por la pandemia, las visitas pasaron de ser semanales —sábado para hombres y domingo para mujeres— a ser mensuales y solo por una hora. Los familiares o amigos hacen filas de casi dos horas para entrar y cuando se logra pasar los controles solo alcanzan a estar menos de treinta minutos con las internas. Esto tiene a las mujeres devastadas”, dice Cardona y refiere que capítulo aparte es que aún no puedan entrar a la cárcel los menores de edad: “Lo peor es que no han podido ver a sus hijos e hijas. Cuando pensaron en los menores, esos que ya pueden ir a la escuela presencialmente, al centro comercial, al parque, no pensaron en quienes tienen a sus mamás privadas de la libertad, a quienes no han podido ver después de dos años”.
Para otra mujer detenida, que pidió reservar su identidad, el asunto no es menor: “Estar sin la familia todo este tiempo aquí es completamente desesperante. Los hijitos de uno es lo que uno más anhela ver, son lo que más quiere uno. Y eso es muy frustrante, se siente demasiada angustia y presión. Para uno de mamá los hijos son su vida, y no verlos es sentir que la vida se estancó, que no pueden estar presentes. Las llamadas telefónicas no son lo mismo que poder verlos, abrazarlos y brindarles cariño”.
El asunto, como refiere Cardona, es delicado porque tampoco tienen atención médica ni psicológica que dé abasto para atender los quebrantos emocionales y físicos que les trajo la pandemia: “Si en la normalidad existe una psicóloga para todas las mujeres en este establecimiento, en la pandemia no ha habido atención continua por estas restricciones. Incluso, antes se autorizaban diez salidas médicas por patio, hoy esto se cerró y solo pueden salir por una urgencia vital. Las mujeres están muy angustiadas y afectadas emocionalmente”, comenta.
Consultada por este diario, Claudia Bibiana Mariño, directora de la cárcel de alta y mediana seguridad para mujeres de Bogotá, aseguró, por el contrario, que el personal de psicología ha atendido de forma “permanente y periódica” a las mujeres, aunque reconoció la limitación de la prestación en otros servicios médicos como el ginecológico. Mariño no quiso referirse a la disposición de seguir restringiendo, después de dos años, las visitas de menores de edad y personas de la tercera edad en la cárcel porque dijo “no ser competente”, al ser una medida tomada por la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), en coordinación con el Ministerio de Salud. Sin embargo, precisó que actualmente en la cárcel de mujeres “el 98 % de las privadas de la libertad ya tienen dos dosis de vacunas contra el covid-19 y algunas más ya tienen la tercera dosis”. La última vacunación se realizó en diciembre de 2021 y solo dos mujeres de casi dos mil han fallecido por el virus desde que comenzó la pandemia.
“Nosotros fuimos establecimiento ‘covid activo-positivo’ hasta octubre. Y cuando la Secretaría de Salud levantó el brote, autorizaron el ingreso de visitas familiares y visitas íntimas. A las cuales se ha dado cumplimiento desde octubre de 2021, mediante una programación y al mes se les garantiza la visita íntima y familiar a las mujeres privadas de la libertad”, explicó Mariño. Visitas mensuales después de 19 meses que para muchas no tienen sentido, porque en ese tiempo perdieron a sus parejas por el aislamiento o por la prohibición de entrada de menores de edad: “Me estoy perdiendo toda esa etapa de bebé, cuando empiezan a hablar. Abandonarlos en este tiempo ha sido muy duro, porque son mi fortaleza y mi debilidad y por eso cuando me dijeron que ya no podía ver a mis bebés por la pandemia sentí mucho dolor, culpa, tristeza”, refiere en un audio otra reclusa, condenada por delitos de narcotráfico, como muchas de las mujeres que permanecen en El Buen Pastor.
Para ellas, el beneficio de detención domiciliaria transitoria que otorgó el Gobierno con el Decreto 546, del 14 de abril de 2020, para evitar la propagación del virus, no tuvo ningún efecto. De hecho, a la fecha, por esta directriz han salido de la cárcel El Buen Pastor de forma provisional solo 45 mujeres. Entre otras razones, porque cerca de la mitad de las mujeres privadas de la libertad están por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes o drogas de uso ilícito, de acuerdo con las cifras del Inpec, y estos hacen parte de la lista de 90 delitos considerados graves a los que no se les aplica esta medida. Esa también es la razón para que mujeres embarazadas, adultas mayores, con discapacidades o enfermedades graves, sigan recluidas.
El panorama se agudiza cuando a las restricciones en las visitas y las falencias en la prestación de servicios de salud y entrega de medicamentos se suman otras denuncias en tiempos de pandemia, como la prohibición a ingresar encomiendas de comida y artículos de higiene íntima por parte de las familias o amigos. Un tema importante para las mujeres privadas de la libertad ante la precaria comida que reciben en la cárcel y lo insuficiente que es el kit de aseo que les entregan por ley, con solo veinte toallas higiénicas para tres meses, para dar un ejemplo.
Así como la queja sobre la falta de acceso a agua, la entrega de comida en descomposición, la insuficiencia en los baños disponibles o los malos tratos por parte de la guardia. Denuncias (como la falta de agua y entrega de comida en mal estado) que llegaron a este diario hace tres días, pero que no son nuevas, como lo consignó la Corporación Humanas en julio de 2020 en el informe “Situación de las mujeres que sufren la prisión en el establecimiento de alta y mediana seguridad para mujeres en Bogotá”, que puso en conocimiento de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría.
En el documento, por ejemplo, se pone de presente que diez días después de que el Inpec expidió la directiva 004 del 11 de marzo del 2020, para la “prevención e implementación de medidas de control ante casos probables y confirmados de covid-19″, hubo un motín contra las restricciones. Pero días después, la guardia “estuvo ejerciendo violencia psicológica en contra de las mujeres, insultándolas y amenazándolas con traslados a otros establecimientos de reclusión”. Incluso, en una oportunidad la guardia habría gaseado con artefactos lacrimógenos a todas las mujeres de un patio, porque realizaban un cacerolazo y, al día siguiente, varias de ellas fueron trasladadas de cárcel como forma de castigo.
Una situación desconocida por la directora Mariño: “En lo que yo llevo en la dirección [abril de 2020] no hemos recibido ninguna de estas denuncias”, sostuvo y aseguró que en la cárcel de mujeres no se vulneran derechos. Para la psicóloga Cardona, en cambio, los derechos de las mujeres privadas de la libertad han sido vulnerados desde hace muchos años, como refieren varios informes de derechos humanos. Pero desde marzo del 2020, cuando inició la pandemia, se empezaron a vulnerar otros, con medidas para evitar contagios masivos. “Al acatar estas medidas no se percataron de que vulneraron otros derechos. Y mientras las cárceles masculinas tienen visitas y opciones desde hace un año, las mujeres, que además culturalmente tienen roles de familia y cuidado, solo llevan un mes de visitas mensuales, pero sin poder ver a sus hijos pequeños”, concluye.
Por lo pronto, mujeres como Carlina*, que siguen privadas de su libertad, no pierden la esperanza de que (aunque la amenaza de la pandemia no ha terminado) las restricciones en la cárcel se flexibilicen, como en el resto del país: “Las visitas de los hijos son lo más confortante y un aliciente para seguir viviendo y pagando la condena en este lugar. Necesitamos sentir un abrazo, un beso, una mirada de esos seres que más ama uno en la vida. Así como tenemos que darles la seguridad de que seguimos estando ahí para ellos”.
*Nombre cambiado a petición de la fuente.
