Congresistas que ganan millones y no le pagan al Estado

Un senador o un representante a la Cámara en Colombia gana casi $25 millones, dinero con el que se les pagaría un salario mínimo a 40 colombianos. Por su sueldo y su responsabilidad de aprobar leyes en nombre de los ciudadanos, deberían ser ejemplo y los primeros en acatar las normas. Sin embargo, luego de hacer una revisión en bases de datos públicas, El Espectador encontró que algunos de los 182 congresistas que aspiran a ser reelegidos el próximo 9 de marzo se alejan del perfil ideal.

Se trata de 43 candidatos que son actualmente senadores o representantes a la Cámara, pero que a pesar de su millonario salario han dejado de pagar sus impuestos, tienen deudas con alcaldías y gobernaciones o han cometido infracciones de tránsito. Y aunque tener deudas no es motivo de inhabilidad, lo cuestionable es que llevan meses sin pagar sus deudas con el Estado y haya casos que esperan la prescripción.

Al analizar las cifras por partido político se tiene que el de la U es el que más congresistas endeudados tiene en sus filas, con 13, seguido del Liberal, con 10, y el Conservador, con 9. El listado lo complementan Opción Ciudadana (5), Cambio Radical (4), el Partido Verde (1) y el Polo Democrático (1). (Ver el listado completo de los congresistas que le deben al Estado)

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), se declaró sorprendida de que uno de cada cuatro senadores que aspiran a seguir en el Congreso tenga deudas con el Estado. “Deberían estar al día. Un acto mínimo frente a la gente a la que le van a pedir el voto es no llegar arrastrando esas deudas, pues si los eligen seguramente ya no van a pagar. La política se hace a raíz de mensajes claros y el llegar con cuentas pendientes con el Estado significa que entre más poder tienen les pueden hacer el quite a sus obligaciones y que son privilegiados, mientras aquellos que no tienen poder sí deben pagar”.

Por su parte, Alejandro Salas, director regional para las Américas de Transparencia Internacional, afirmó que un candidato así es alguien poco confiable. “Podría parecer un simple individuo oportunista o vivo, que quiere ahorrarse unos pesos o evitar un castigo. Eso probablemente pasa por la mente o lo hacen muchos ciudadanos. Sin embargo, hablamos de funcionarios que han sido elegidos por otros ciudadanos para representarlos, por lo cual tienen una responsabilidad mayor, pues deben ser líderes que inspiren a través del ejemplo. Este tipo de actitudes generan desconfianza, ya que uno se pregunta: si hacen ese tipo de trampas a pequeña escala, ¿qué cosas no harán con los fondos públicos?”.

El Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME), de la Contaduría General de la Nación, expide cada seis meses una relación de personas y empresas que tienen deudas con cualquier entidad pública cuya cuantía supere los $3 millones y cumplan más de seis meses en mora. Aunque, por cuenta de una sentencia de la Corte Constitucional, deberle a alguna entidad pública no es motivo de inhabilidad para ocupar cargos públicos o contratar con el Estado, el reporte es una forma de tener un indicador sobre los morosos.

Al revisar la lista de congresistas que aspiran a la reelección, según el Boletín de la Contaduría, 20 tienen deudas con el Estado, bien sea por un crédito, impuestos locales o impuestos nacionales. Aunque el boletín no señala el motivo ni la cuantía de la deuda, registra el nombre de la entidad que reportó al congresista.

Los partidos que más deudores morosos tienen en sus listas son el Liberal y el de la U, con cinco congresistas cada uno, seguidos por los conservadores, con cuatro deudores. Las entidades que más congresistas han reportado son las alcaldías de Cali, Bogotá y Pasto y la Gobernación de Antioquia, seguidas por la DIAN y bancos.

Al revisar caso por caso, hay seis congresistas que tienen más de una cuenta pendiente con el Estado. El listado lo encabeza la representante a la Cámara por el departamento de Bolívar Sandra Elena Villadiego (Partido de La U), quien tiene reportes de la Alcaldía de Cartagena, el más antiguo de ellos de 2008. Se le suman la representante por Atlántico Victoria Eugenia Vargas Vives (Partido Liberal), reportada por las alcaldías de Bogotá y Barranquilla, y el representante por Cesar José Gnecco Zuleta (Partido de la U), reportado por la Alcaldía de Santa Marta.

El listado lo completan los senadores Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical), reportado por la Alcaldía de Cali; Juan Mario Laserna Jaramillo (Partido Conservador), reportado por la DIAN y la Alcaldía de Ibagué, y Carlos Eduardo Enríquez (Partido Conservador), reportado por las alcaldías de Bogotá y Pasto.

En cuanto a los congresistas que han violado normas de tránsito, el Sistema Integrado de Multas e Infracciones de Tránsito (Simit) reporta que 32 de ellos tienen deudas que suman casi $40 millones por infracciones, algunas de ellas de hace más de tres años y en cobro coactivo. El partido que alberga más infractores es el de la U, con 10 congresistas, seguido por el Conservador, con 8; el Liberal, con 7; Opción Ciudadana, con 4, y Cambio Radical, con 3.

Sin embargo, hay casos más complejos, como los de congresistas que fueron multados cuando iban a bordo de vehículos oficiales y aún no cancelan sus comparendos. Es el caso del representante a la Cámara por el Atlántico Laureano Augusto Acuña (Partido Conservador), quien aspirará al Senado. Tiene siete infracciones, varias en cobro coactivo, que suman casi $4 millones. Una fue en 2012 por conducir ebrio el vehículo oficial de placa OBI 589, más otros comparendos por pasarse un semáforo en rojo y exceso de velocidad. Tiene su licencia suspendida desde julio de 2012 y, pese a esto, cinco de las siete infracciones fueron cometidas posteriormente a la cancelación de su pase.

Al igual que Acuña, hay otros tres congresistas que fueron multados cuando iban en vehículos del Estado. Uno de ellos es el senador Carlos Eduardo Enríquez Maya, que debe casi $1 millón en dos infracciones (2012 y 2013) por exceso de velocidad y Pico y Placa. Lo sigue el senador Jorge Eduardo Pedraza Gutiérrez, que debe $700.000 por exceso de velocidad y parquear en zonas prohibidas, ambas en carros oficiales. Y finalmente, el representante a la Cámara Elías Raad Hernández, a quien multaron por exceso de velocidad.

A ellos se suman otros 27 congresistas multados en vehículos particulares, como los senadores Germán Villegas Villegas y Carlos Arturo Quintero Marín, cada uno de los cuales debe cinco infracciones por casi $2 millones, la mayoría por exceso de velocidad.

Y, sin lugar a dudas, hay algunos congresistas infractores que le juegan a la prescripción de sus deudas. Es decir, que esperan a que se venzan para “hacerle conejo” al Estado, que es quien paga sus salarios. Uno de esos ejemplos es Hugo Orlando Velásquez, representante a la Cámara por el Meta, que debe cuatro sanciones que suman casi $3 millones por exceso de velocidad. La más antigua es de 2005. Caso similar es el del representante Roosvelt Rodríguez Rengifo, que ahora aspirará al Senado.

Frente a estos datos, El Espectador envió un correo electrónico a los congresistas. El primero en responder fue el representante Jack Housni, de San Andrés, quien indicó de forma breve: “No tenía idea y ya me pongo a solucionarlo”. Horas después reportó el pago de su deuda. Orlando Clavijo indicó que tampoco tenía conocimiento.

Por su parte, Sergio López Gómez, jefe de prensa del representante Pedro Muvdi, señaló que su reporte es por la infracción de otro conductor, pero en un vehículo a su nombre. “De todas maneras, la infracción acaba de ser cancelada, lo que nos hace suponer que en la próxima relación de deudores del Estado Pedro Muvdi no deberá aparecer”. Los demás congresistas no respondieron.

En total, de 270 senadores y representantes que están terminando su período, 160 aspiran a ser reelegidos el próximo 9 de marzo. Sin embargo, y pese a que deberían dar ejemplo y ser los primeros en cumplir las leyes, al menos 43 de ellos se pasan algunas normas por alto y, no contentos, buscan “hacerle conejo” al Estado. Ante esto, ¿cómo entender que un funcionario que gana $25 millones no honra las deudas que tiene con quien paga su salario?

jamarin@elespectador.com

@alexmarin55

Un senador o un representante a la Cámara en Colombia gana casi $25 millones, dinero con el que se les pagaría un salario mínimo a 40 colombianos. Por su sueldo y su responsabilidad de aprobar leyes en nombre de los ciudadanos, deberían ser ejemplo y los primeros en acatar las normas. Sin embargo, luego de hacer una revisión en bases de datos públicas, El Espectador encontró que algunos de los 182 congresistas que aspiran a ser reelegidos el próximo 9 de marzo se alejan del perfil ideal.

Se trata de 43 candidatos que son actualmente senadores o representantes a la Cámara, pero que a pesar de su millonario salario han dejado de pagar sus impuestos, tienen deudas con alcaldías y gobernaciones o han cometido infracciones de tránsito. Y aunque tener deudas no es motivo de inhabilidad, lo cuestionable es que llevan meses sin pagar sus deudas con el Estado y haya casos que esperan la prescripción.

Al analizar las cifras por partido político se tiene que el de la U es el que más congresistas endeudados tiene en sus filas, con 13, seguido del Liberal, con 10, y el Conservador, con 9. El listado lo complementan Opción Ciudadana (5), Cambio Radical (4), el Partido Verde (1) y el Polo Democrático (1). (Ver el listado completo de los congresistas que le deben al Estado)

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), se declaró sorprendida de que uno de cada cuatro senadores que aspiran a seguir en el Congreso tenga deudas con el Estado. “Deberían estar al día. Un acto mínimo frente a la gente a la que le van a pedir el voto es no llegar arrastrando esas deudas, pues si los eligen seguramente ya no van a pagar. La política se hace a raíz de mensajes claros y el llegar con cuentas pendientes con el Estado significa que entre más poder tienen les pueden hacer el quite a sus obligaciones y que son privilegiados, mientras aquellos que no tienen poder sí deben pagar”.

Por su parte, Alejandro Salas, director regional para las Américas de Transparencia Internacional, afirmó que un candidato así es alguien poco confiable. “Podría parecer un simple individuo oportunista o vivo, que quiere ahorrarse unos pesos o evitar un castigo. Eso probablemente pasa por la mente o lo hacen muchos ciudadanos. Sin embargo, hablamos de funcionarios que han sido elegidos por otros ciudadanos para representarlos, por lo cual tienen una responsabilidad mayor, pues deben ser líderes que inspiren a través del ejemplo. Este tipo de actitudes generan desconfianza, ya que uno se pregunta: si hacen ese tipo de trampas a pequeña escala, ¿qué cosas no harán con los fondos públicos?”.

El Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME), de la Contaduría General de la Nación, expide cada seis meses una relación de personas y empresas que tienen deudas con cualquier entidad pública cuya cuantía supere los $3 millones y cumplan más de seis meses en mora. Aunque, por cuenta de una sentencia de la Corte Constitucional, deberle a alguna entidad pública no es motivo de inhabilidad para ocupar cargos públicos o contratar con el Estado, el reporte es una forma de tener un indicador sobre los morosos.

Al revisar la lista de congresistas que aspiran a la reelección, según el Boletín de la Contaduría, 20 tienen deudas con el Estado, bien sea por un crédito, impuestos locales o impuestos nacionales. Aunque el boletín no señala el motivo ni la cuantía de la deuda, registra el nombre de la entidad que reportó al congresista.

Los partidos que más deudores morosos tienen en sus listas son el Liberal y el de la U, con cinco congresistas cada uno, seguidos por los conservadores, con cuatro deudores. Las entidades que más congresistas han reportado son las alcaldías de Cali, Bogotá y Pasto y la Gobernación de Antioquia, seguidas por la DIAN y bancos.

Al revisar caso por caso, hay seis congresistas que tienen más de una cuenta pendiente con el Estado. El listado lo encabeza la representante a la Cámara por el departamento de Bolívar Sandra Elena Villadiego (Partido de La U), quien tiene reportes de la Alcaldía de Cartagena, el más antiguo de ellos de 2008. Se le suman la representante por Atlántico Victoria Eugenia Vargas Vives (Partido Liberal), reportada por las alcaldías de Bogotá y Barranquilla, y el representante por Cesar José Gnecco Zuleta (Partido de la U), reportado por la Alcaldía de Santa Marta.

El listado lo completan los senadores Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical), reportado por la Alcaldía de Cali; Juan Mario Laserna Jaramillo (Partido Conservador), reportado por la DIAN y la Alcaldía de Ibagué, y Carlos Eduardo Enríquez (Partido Conservador), reportado por las alcaldías de Bogotá y Pasto.

En cuanto a los congresistas que han violado normas de tránsito, el Sistema Integrado de Multas e Infracciones de Tránsito (Simit) reporta que 32 de ellos tienen deudas que suman casi $40 millones por infracciones, algunas de ellas de hace más de tres años y en cobro coactivo. El partido que alberga más infractores es el de la U, con 10 congresistas, seguido por el Conservador, con 8; el Liberal, con 7; Opción Ciudadana, con 4, y Cambio Radical, con 3.

Sin embargo, hay casos más complejos, como los de congresistas que fueron multados cuando iban a bordo de vehículos oficiales y aún no cancelan sus comparendos. Es el caso del representante a la Cámara por el Atlántico Laureano Augusto Acuña (Partido Conservador), quien aspirará al Senado. Tiene siete infracciones, varias en cobro coactivo, que suman casi $4 millones. Una fue en 2012 por conducir ebrio el vehículo oficial de placa OBI 589, más otros comparendos por pasarse un semáforo en rojo y exceso de velocidad. Tiene su licencia suspendida desde julio de 2012 y, pese a esto, cinco de las siete infracciones fueron cometidas posteriormente a la cancelación de su pase.

Al igual que Acuña, hay otros tres congresistas que fueron multados cuando iban en vehículos del Estado. Uno de ellos es el senador Carlos Eduardo Enríquez Maya, que debe casi $1 millón en dos infracciones (2012 y 2013) por exceso de velocidad y Pico y Placa. Lo sigue el senador Jorge Eduardo Pedraza Gutiérrez, que debe $700.000 por exceso de velocidad y parquear en zonas prohibidas, ambas en carros oficiales. Y finalmente, el representante a la Cámara Elías Raad Hernández, a quien multaron por exceso de velocidad.

A ellos se suman otros 27 congresistas multados en vehículos particulares, como los senadores Germán Villegas Villegas y Carlos Arturo Quintero Marín, cada uno de los cuales debe cinco infracciones por casi $2 millones, la mayoría por exceso de velocidad.

Y, sin lugar a dudas, hay algunos congresistas infractores que le juegan a la prescripción de sus deudas. Es decir, que esperan a que se venzan para “hacerle conejo” al Estado, que es quien paga sus salarios. Uno de esos ejemplos es Hugo Orlando Velásquez, representante a la Cámara por el Meta, que debe cuatro sanciones que suman casi $3 millones por exceso de velocidad. La más antigua es de 2005. Caso similar es el del representante Roosvelt Rodríguez Rengifo, que ahora aspirará al Senado.

Frente a estos datos, El Espectador envió un correo electrónico a los congresistas. El primero en responder fue el representante Jack Housni, de San Andrés, quien indicó de forma breve: “No tenía idea y ya me pongo a solucionarlo”. Horas después reportó el pago de su deuda. Orlando Clavijo indicó que tampoco tenía conocimiento.

Por su parte, Sergio López Gómez, jefe de prensa del representante Pedro Muvdi, señaló que su reporte es por la infracción de otro conductor, pero en un vehículo a su nombre. “De todas maneras, la infracción acaba de ser cancelada, lo que nos hace suponer que en la próxima relación de deudores del Estado Pedro Muvdi no deberá aparecer”. Los demás congresistas no respondieron.

En total, de 270 senadores y representantes que están terminando su período, 160 aspiran a ser reelegidos el próximo 9 de marzo. Sin embargo, y pese a que deberían dar ejemplo y ser los primeros en cumplir las leyes, al menos 43 de ellos se pasan algunas normas por alto y, no contentos, buscan “hacerle conejo” al Estado. Ante esto, ¿cómo entender que un funcionario que gana $25 millones no honra las deudas que tiene con quien paga su salario?

jamarin@elespectador.com

@alexmarin55