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El Inpec, de escándalo en escándalo
Desde hace 23 años, el inspector Nelson Barrera ha estado en los centros penitenciarios de Bogotá. En la actualidad, trabaja en la cárcel La Modelo y es el presidente del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios (SEUP). Barrera asegura que “La corrupción sí es tan fuerte como parece. Los delincuentes sí tienen mucho control sobre las cárceles. No podemos tapar el sol con un solo dedo”. Además, el funcionario advierte que se ha tomado una mala decisión en la política carcelaria y en el Inpec: concentrar demasiado poder delincuencial en algunas cárceles. Sobre esto, dice que, específicamente en la cárcel La Picota, hay “personajes demasiado poderosos y con mucho poder adquisitivo, lo que lleva a que los guardianes sean vulnerables y que algunos les empiecen a recibir dinero a cambio de favores”. (Le puede interesar: “Matamba”, Pablo Escobar, Aida Merlano y otras grandes fugas en Colombia)
La crisis penitenciaria ha configurado una inestabilidad en la dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Según cifras de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), el cargo del director de esta entidad ha tenido una altísima rotación (cambia cada año y medio) por lo que la organización advirtió sobre “la debilidad de una política penitenciaria de largo plazo en el país, en el desarrollo de su labor de realizar seguimientos permanentes a políticas públicas en materia de justicia”. El último director del Inpec en salir fue Mariano Botero, quien presentó su carta de renuncia una vez se conocieron las controversiales imágenes de los paseos de Carlos Mattos.
Según el inspector Barrera, los casos recientes que implican al Inpec son solo la muestra de una crisis histórica a la que nadie le ha querido poner el pecho. El funcionario asegura que “Lo primero que tenemos que decir públicamente es que le pedimos perdón a la sociedad por el actuar de unas manzanas podridas. Ahora, buscamos prevenir para que esto no vuelva a suceder. Lo segundo es que acá hemos pensado en que todo se puede arreglar con las prisiones encerrando a las personas. Lo que estamos haciendo es bodegas donde acumulamos personas, pero no estamos pensando en el ser, en la resocialización”. (Puede leer: ¿Hasta cuándo la vergüenza en el Inpec?
Una reforma estructural
A su vez, Norberto Hernández Jiménez, profesor de la Universidad Javeriana y conjuez de la Corte Suprema de Justicia, asegura que “el problema es más de fondo, no hay que enfocarse únicamente en el Inpec. Hay que ir más atrás y pensar en temas de política criminal. Como está en la actualidad el sistema y la cantidad de personas que recibe es imposible pensar en una buena administración y esto genera actos de corrupción. Es decir, si solamente se reforma el Inpec no se logra hacer nada”. Bajo esta premisa, el profesor Hernández plantea que la crisis carcelaria tiene que ver más con lo estipulado por la Corte Constitucional sobre la violación sistemática, masiva y generalizada de los derechos fundamentales y no únicamente sobre la responsabilidad del Inpec.
Sobre la situación actual de los establecimientos penitenciarios, la Corte Constitucional, en la sentencia T-762, evidenció fallas de carácter estructural en las que establece que “la política criminal colombiana ha abandonado la búsqueda del fin resocializador de la pena, lo que a su vez genera mayor criminalidad, pues ese abandono contribuye a convertir los establecimientos de reclusión en verdaderas universidades del delito”. De igual forma, la Corte atribuye a la crisis los altos niveles de hacinamiento, los problemas sanitarios, las condiciones bajas de resocialización, la corrupción al interior de los centros de reclusión y la tendencia de la política criminal colombiana al llamado “populismo punitivo”. (Le puede interesar: Brigadier general Tito Yesid Castellanos se posesiona como director del Inpec)
Populismo punitivo
Sobre este último punto, la Corte advirtió que el auge del populismo punitivo en el país tiene efectos nocivos para la política criminal. La entidad encontró que, desde el año 2000 hasta el 2011, se realizaron modificaciones a la legislación penal, creando 47 nuevos tipos penales y aumentando las penas de 80 delitos existentes. En este sentido, las cárceles han llegado a convertirse paulatinamente en el eje de la política criminal, como asegura la Corte: “La extendida percepción de inseguridad ha sido también responsable de que se la politice y ha abierto la puerta al aprovechamiento político del miedo al crimen y al uso del populismo punitivo”. (Puede leer: El Congreso cae, de nuevo, en el populismo punitivo)
Según el profesor Hernández, una reforma estructural del Inpec tiene que pasar también por una pregunta sobre la política criminal del Estado. El Congreso de la República y la persona que asuma la presidencia del país deben enfrentar con responsabilidad la crisis carcelaria que lleva años de escándalo tras escándalo. Además, Hernández asegura que “no creo que la solución sea liquidar el Inpec porque debe haber un órgano que permita la administración del sistema, pero un sistema que se pueda administrar y que la población carcelaria sea óptima. Como está en este momento es imposible. Además, la solución tampoco es privatizar las cárceles porque, lamentablemente, lo que muestra la experiencia internacional es que las compañías privadas terminan haciendo lobby para que haya más delitos y, por lo tanto, entren más personas a la cárcel. Nuestros gobernantes tienen una gran responsabilidad en lo que viene”.