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Por la carrera Quinta de Ibagué, en el centro de la ciudad y en dirección a la Alcaldía, reposaba en fila la flota de buses naranja que suele prestar el servicio de transporte público para más de 225.000 personas a diario. Desde el martes 25 de julio, más de 900 buses se encontraban detenidos, llenos de pancartas con mensajes contra el alcalde Andrés Fabián Hurtado y su gestión: “los transportadores buscan el diálogo, mientras el alcalde los agrede e incita a la violencia”. El paro se extendió por dos semanas hasta la madrugada de este domingo, cuando se anunció un acuerdo con la Alcaldía para levantarlo.
El florero de Llorente de la crisis en Ibagué, la segunda ciudad del país con mayor desempleo (16,1 % entre abril y junio), según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), fue la adjudicación de un convenio billonario para implementar la herramienta tecnológica de gestión y control de la flota, recaudo centralizado, información al usuario y monitoreo del nuevo Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP). Este sistema busca actualizar y mejorar la prestación del servicio de transporte público, con el arreglo de la malla vial, la construcción de terminales, la tecnología para el pago con tarjetas y la centralización del negocio del recaudo, entre otros asuntos.
Lo que empezó como una buena noticia por la modernización del transporte de los ibaguereños, resultó una de las mayores crisis que ha enfrentado el alcalde Hurtado. Por las principales calles del centro de Ibagué se veían policías listos para despejar los bloqueos y seguir la orden del secretario de Gobierno del municipio, Milton Restrepo Ruiz, de garantizar el servicio de transporte. “Señor conductor, si usted tiene una buseta y quiere trabajar, lo vamos a proteger. No le dé miedo, no se deje amedrentar”, aseguró el funcionario público.
Las declaraciones se dieron luego de que circulara por redes sociales un video en el que un conductor de bus estuvo a punto de atropellar a integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) durante los enfrentamientos. El transportador dijo que solo quería salir de la zona, pero le lanzaron gases lacrimógenos y bombas aturdidoras.
Uno de los puntos neurálgicos de la implementación del SETP en la capital de Tolima es la creación del sistema para la administración del billonario recaudo de los pasajes por los próximos 16 años. Según la ley que regula el asunto, las empresas transportadoras, que vienen manejando el servicio público en el municipio, pueden participar en la adjudicación del contrato y tienen preferencia siempre y cuando se unan para presentar una única oferta y cumplan las condiciones.
Por esta razón, desde octubre de 2022, los gerentes de Expreso Ibagué, Cotrautol y Movilizando a Ibagué, empresas que tienen inscritos a la totalidad de conductores, presentaron una propuesta a la Alcaldía y al SETP para manejar el recaudo. En su momento, el alcalde Hurtado aseguró que la modernización del sistema era una realidad y que estaban “trabajando de la mano con los transportadores para implementar el proyecto”.
Por eso los empresarios y conductores encargados del servicio público se sorprendieron al recibir una carta de la gerencia del SETP, con fecha del 28 de junio, en la que rechazaron su oferta porque supuestamente no reunía “los requisitos técnicos, legales y financieros” exigidos por el Ministerio de Transporte. Ese mismo día, a pocas horas de la entrada en vigor de Ley de Garantías, que prohíbe a las entidades estatales emplear la contratación directa cuatro meses antes de elecciones, la Alcaldía de Ibagué, por medio del SETP, le entregó la implementación del sistema tecnológico de recaudo y control de la flota por 16 años a la empresa Infotic S.A. de Manizales.
Desde ese día empezaron las denuncias de los empresarios y conductores de la ciudad por posibles irregularidades en la adjudicación del convenio. Camilo Ossa, expersonero de Ibagué y profesor de derecho de la Universidad Externado, asegura que “hay un hedor que, insisto e insistiré, merece atención inmediata de los órganos de control en defensa de los recursos de todos los ibaguereños”. Los cuestionamientos se enfocaban en dos argumentos: primero, que la adjudicación se dio por la modalidad de contratación directa, mediante un convenio interadministrativo y no por licitación pública. (Puede leer: Decreto de emergencia en La Guajira permitirá inaplicar Ley de Garantías)
Y, segundo, que aunque el alcalde Hurtado y el gerente de Infotic, Adolfo Tejada, insistieran en que esta empresa no manejará los recursos del recaudo, porque esto se hará a través de una fiducia, el convenio firmado señala que Infotic es el encargado de escoger la entidad que reciba y maneje los dineros del recaudo del sistema de transporte.
En entrevista con El Espectador, el alcalde Hurtado aseguró que el convenio “se hizo ajustado al marco de la ley y la normatividad. Infotic cumplió cada uno de los requisitos y hemos solicitado a la Procuraduría y a la Fiscalía que adelanten todas las revisiones”. Según cifras de la Cámara de Comercio de Ibagué y Fenalco Tolima, solo durante los primeros siete días del paro los bloqueos generaron una pérdida para el sector empresarial de $49.000 millones.
La empresa de la discordia
El alcalde Hurtado ha insistido, en todos los escenarios en los que se ha referido al tema, que la empresa Infotic es una entidad mixta con mayoría de participación pública. Por esa razón, según el funcionario, puede firmar convenios interadministrativos, establecidos únicamente para entidades del Estado. Sin embargo, aunque en redes sociales se presenta como una entidad estatal y el 51 % de su capital proviene del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales (InfiManizales), el control y la mayoría decisoria en esa empresa son privados.
Según el certificado de existencia y representación legal, Infotic tiene registrada una situación de control desde 2016 por parte de seis empresas privadas. Es decir, está subordinada a esas empresas, registradas en Cali, Barranquilla y Bogotá. Además, de los cinco cargos que hay en la junta directiva, las empresas privadas controlantes tienen tres, así que conforman la mayoría, como se lo confirmó a este diario el gerente de InfiManizales, Alejandro Arango. El alcalde Hurtado dijo que no sabía que Infotic estuviera controlada por privados y no explicó por qué no se verificó esa situación de subordinación antes de contratarla.
La Alcaldía le dio a Infotic una oportunidad que no tuvieron los transportadores: la de enmendar su propuesta dos veces. En el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) están registradas dos de las tres versiones de la oferta que presentó esa empresa para quedarse con el sistema de recaudo del sistema de transporte, una presentada en noviembre del año pasado y la que finalmente se aprobó, con fecha de enero de este año. Entre los documentos hay diferencias muy importantes.
Por ejemplo, en cuanto al sistema de recaudo, la propuesta de enero dice que será ofrecido por VYR S.A.S., una empresa que no participa en esta contratación y no tiene ninguna responsabilidad frente al convenio. El alcalde Hurtado reconoció que no sabe qué es VYR, aunque cree que es el aliado estratégico de Infotic para la ejecución del contrato.
Este diario habló con Adolfo Tejada, representante legal de Infotic, quien confirmó que VYR es el aliado estratégico que se escogió por ser el dueño o fabricante de la tecnología necesaria para la implementación del sistema de recaudo, aunque se negó a explicar a qué tecnología se refiere, argumentando secreto comercial. (Le puede interesar: Se disparó la “contratitis” “ad portas” de la Ley de Garantías)
Tejada explicó que para desarrollar el objeto del convenio tendrá que contratar a su aliada, pero fue tajante en que eso de ninguna manera es una cesión de sus responsabilidades. VYR, el aliado estratégico, es una microempresa, con un capital autorizado de $20 millones, con siete años de creación, según su certificado de existencia y representación legal. Su dirección comercial es un apartamento en los cerros de Suba, en Bogotá, y su objeto social es asesorar en temas de tecnología, venta de equipamiento tecnológico y, en general, “cualquier actividad lícita”.
Llama la atención que entre las controlantes de Infotic hay varias de estas empresas “toderas”, como JVP Peralta Consultores, que lleva las iniciales de su único accionista, José Vicente Peralta, se dedica a “cualquier actividad económica lícita en Colombia y en el extranjero” y su dirección comercial es un apartamento en el Chicó. Esta pequeña empresa es la más grande de las seis que controlan Infotic. Las cinco restantes son microempresas. El gremio transportador había dicho que no levantaría el paro mientras el alcalde insista en mantener el convenio, por los cuestionamientos alrededor de Infotic. Sin embargo, a las 3 de la mañana de este domingo, se anunció un acuerdo entre los huelguistas y la Alcaldía que permitirá restablecer el servicio desde el próximo martes.
Dos semanas de paro
Tras varias mesas de negociación fallidas, Hurtado viajó a Bogotá para reunirse con el Ministerio de Transporte y la Superintendencia, donde pidió la cancelación de la licencia de operación a las empresas que impulsaron el paro. Además, prometió que llamará a sesiones extraordinarias en el Concejo de Ibagué con el propósito de pedir autorización para crear un operador público de transporte, siguiendo el ejemplo de Bogotá con “La Rolita”. El viernes pasado, en tono de garrote y zanahoria, anunció nuevas medidas, como comparendos y sanciones, para los conductores que continuaran en la protesta. Así como firmó un acta de suspensión del convenio por cuatro meses, “mientras se crea la empresa pública de transporte”. Tras horas de conversación, en la madrugada del domingo, las partes llegaron a un acuerdo que todavía se desconoce y levantaron el paro que duró 12 días.
Antes de que eso sucediera, Alejandro Quiroga, presidente de la Asamblea Nacional del Transporte, le reconoció al alcalde que por un momento logró unir a todo el gremio por una misma causa: la de revocar el convenio. Paula Ramos, gerente de la empresa Cotrautol, aseguró que en esa contratación hubo competencia desleal porque no les permitieron mejorar su propuesta, mientras que la empresa Infotic sí lo pudo hacer.
Lo cierto es que la Alcaldía ya tenía definido que la encargada del sistema de recaudo y control sería Infotic semanas antes de notificar a los transportadores. En una reunión de la junta directiva del Sistema Estratégico de Transporte de Ibagué del 15 de junio pasado, la Alcaldía explicó que esa adjudicación se haría a través de un convenio interadministrativo porque de esta forma “no se incurre en costos fiscales por estampillas, menores tiempos contractuales y menor requerimiento de personal”, se lee en el acta. Los transportadores no pueden firmar ese tipo de convenios, así que la decisión los dejó fuera de competencia.
El acta que aprueba la contratación directa está firmada por tres representantes del Gobierno Nacional: uno del Departamento Nacional de Planeación, otro del Ministerio de Hacienda y otro del Ministerio de Transporte. El delegado de este último en esa junta directiva del 15 de junio fue Emiro Castro. El Espectador conoció una foto que muestra al delegado Castro con el alcalde Hurtado y el gerente del SETP, César Yáñez, celebrando en las pasadas fiestas de San Juan.
A pesar de múltiples intentos de obtener respuesta de parte del Ministerio de Transporte, esta entidad dijo que esa contratación es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué y no es de su competencia, así que no se pronunciará sobre el asunto. (Puede leer: Caso Pornhub: estas son las pruebas que llevaron a la condena de Herbert Fletcher)
Esa respuesta del Mintransporte contradice lo dispuesto en el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) 4107 de 2020, firmado por todos los ministros del entonces presidente Duque. En ese documento se declara la importancia estratégica del sistema de transporte de Ibagué y se le asigna a la nación la obligación de hacer vigilancia y seguimiento al cronograma y a la ejecución del proyecto. Por esa razón, el Gobierno Nacional tiene tres de los cinco asientos en la junta directiva del SETP.
Los pecados del alcalde
Las denuncias por presuntas irregularidades en la contratación del recaudo del sistema de transporte público de Ibagué no son las únicas controversias que ha tenido el alcalde Hurtado. En 2014, cuando era gerente del aeropuerto Perales de la capital del Tolima, la Fiscalía lo involucró en un proceso penal por presuntamente autorizar el ingreso de más de 50 vehículos para hacer piques ilegales en la pista de aterrizaje. Fue imputado por los delitos de destrucción de elementos materiales probatorios y peculado por uso, por la indebida utilización de bienes públicos. La estrategia de los abogados del alcalde logró que prescribiera el segundo delito, que era el único que podría haber terminado con su detención.
En 2021, Hurtado se vio envuelto en otro proceso por la indebida utilización de un bien público. La Fiscalía lo volvió a imputar por el delito de peculado por uso, al señalar que utilizó el estadio Manuel Murillo Toro para celebrar el cumpleaños de su hijo. La investigación del ente acusador pudo establecer que la fiesta contó con la narración de periodistas deportivos y se empleó el camerino sur, donde usualmente se ubican los jugadores del Deportes Tolima, para poner adornos y repartir comida a los invitados. Además, la Fiscalía señala que en la parte norte del estadio se parquearon 30 carros, produciendo desgaste en la gramilla. Hurtado se abstuvo de comentar sobre estos hechos para no alterar las investigaciones. “Estamos ejerciendo el derecho a la defensa y mal haría yo en intervenir cuando continúan los procesos. Que la justicia siga su curso”, le dijo a El Espectador.
En 2022, la Procuraduría suspendió provisionalmente al alcalde de Ibagué por participación en política, luego de que el mandatario insinuara que votaría por Federico Gutiérrez para la consulta de la coalición Equipo por Colombia. Posteriormente, el ente de control levantó la suspensión cuando el candidato no logró pasar a segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Por lo pronto, con la última negociación, Hurtado parece haber conjurado una crisis sin precedentes en Ibagué, a cuatro meses de entregar su cargo.
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