Colombia pondrá carne en platos de China, ¿cómo evitar que salga de áreas protegidas?

En septiembre de 2023, Colombia recibió una noticia que llevaba esperando por casi una década: China, el primer importador de carne bovina congelada en el mundo, aprobó el protocolo sanitario para que la carne colombiana pudiera llegar a su mercado (de más de 1.400 millones de habitantes) que concentra el 40 % de ese comercio global. El anuncio abrió unas puertas importantes al país, pero también generó varias preocupaciones.

En septiembre de 2023, Colombia recibió una noticia que llevaba esperando por casi una década: China, el primer importador de carne bovina congelada en el mundo, aprobó el protocolo sanitario para que la carne colombiana pudiera llegar a su mercado (de más de 1.400 millones de habitantes) que concentra el 40 % de ese comercio global. El anuncio abrió unas puertas importantes al país, pero también generó varias preocupaciones.

Desde hace años se ha diagnosticado que una de las principales causas de deforestación en Colombia, especialmente en la Amazonia, es la ganadería extensiva. Entre 2001 y 2021, el bosque amazónico perdió más de 1′800.000 hectáreas y, según Parques Nacionales Naturales, el principal factor de presiones y deforestación para las áreas protegidas en esa zona es la ganadería. Por solo mencionar un ejemplo, el Parque Tinigua, un corredor esencial para la biodiversidad entre los Andes y la Amazonia, ha perdido el 30 % de sus bosques. Allí la entidad estima que se vacunaron más de 10.400 cabezas de ganado en 2023, de las 41.000 que identificadas en todos los Parques Nacionales Naturales del país. La cifra, sin embargo, es conservadora, pues otras más se estarían vacunando fuera de las áreas protegidas, pero transitando por ellas. (Le puede interesar: Colombia está perdiendo el Parque Nacional Natural Tinigua)

La Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), que lleva años estudiando la deforestación en la Amazonia, publicó una investigación en la que concluye que cerca de las áreas protegidas de Chiribiquete, Nukak, La Macarena y Tinigua, están las zonas donde más ha crecido el inventario bovino en el país. Solo entre 2016 y 2023, ingresaron más de 1′200.000 cabezas de ganado adicionales a ocho municipios de la Amazonia que están alrededor de áreas protegidas. El ganado se ubicó en más de 550.000 hectáreas que fueron deforestadas. Según el ICA, allí también se concentra gran parte de la vacunación de estos animales (como se puede observar en el el siguiente gráfico).

Además, la inversión pública asociada a la ganadería aumentó un 331% entre 2015 y 2022 en esas mismas zonas del país, por lo que el Estado también podría tener algo de responsabilidad. Como asegura Rodrigo Botero, director de esta organización, “actualmente no existe ninguna restricción para comercializar productos del sistema ganadero, independientemente de que provengan de zonas deforestadas o con restricciones legales. El mayor reto para detener la deforestación es suspender su estímulo”.

Pero, ¿qué tiene que ver la noticia de China con la Amazonia colombiana? Érika Benítez, también de la FCDS, resume bien la relación. “Queremos alertar sobre el posible impacto que puede tener la entrada en vigencia del acuerdo comercial con China. Ese país nos va a demandar toda la carne disponible y, como muestran las cifras, la Amazonia es muy propicia a la extensión del hato ganadero. Si no ponemos reglas claras de dónde vendrá esa carne para exportar, la Amazonia va a verse más impactada”, aseguró en una audiencia pública algunas semanas atrás.

La investigación de la FCDS también dejó ver que la mayoría de carne que se está engordando en el Guaviare y en Parques Nacionales como Chiribiquete y Nukak la estamos consumiendo en Bogotá. El 59 % de ese ganado llegó a la planta de beneficio de Bogotá. Pero, actualmente, el consumidor no tiene posibilidad de conocer de dónde proviene.

Desde 2022, en el Congreso la República, empezó a tramitarse una iniciativa del representante Juan Carlos Losada que busca contrarrestar la problemática. Se trata de un proyecto de ley que, entre otras cosas, se apoya en diferentes instrumentos de información con los que ya cuenta el país para garantizar que la cadena de producción de ganado en Colombia sea libre de deforestación. En otras palabras, busca conocer y mejorar la trazabilidad de ese comercio desde su origen y movimiento hasta el consumidor final.

Aunque la iniciativa pasó rápidamente en la Cámara de Representantes (se hicieron los dos debates entre junio y noviembre de 2023), en el Senado no ha tenido la misma suerte. Entre noviembre y mayo no ha tenido lugar ni el primer debate. Con una preocupación extra, el tiempo para que termine esta legislatura se acaba. Queda un poco más de tres semanas para que se discuta tanto en la Comisión Quinta del Senado (en donde la votación se aplazó desde el martes pasado para mañana) y en la Plenaria, en caso de que pase.

Carne en Colombia: una cadena de producción desconocida y una trazabilidad necesaria

“Colombia ha sido y es un país de cultura ganadera”, asegura Botero, director de la FCDS. “Lo que queremos es transformar esa ganadería, en una sostenible adaptada al siglo XXI, que sea capaz de responder ante los mercados internacionales, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Plan Nacional de Desarrollo. Y el reto más es interrumpir los flujos de capital que permiten la instalación del ganado en tierras públicas deforestadas, la mayoría de ellas en la región amazónica colombiana”, agrega.

Julia Miranda, que por más de 17 años fue la directora de Parques Nacionales Naturales en Colombia y actualmente es representante a la Cámara por el Partido Nuevo Liberalismo, recuerda que uno de los grandes retos cuando encabezó la entidad era contar con información para que la ley se pudiera aplicar. “No contábamos con los datos que tenemos ahora de los sitios de vacunación. Tampoco de los predios de donde viene el ganado. Pero hemos madurado en esas herramientas tecnológicas que nos permitirían saber de dónde viene la carne que consumimos”, afirma.

“Hoy sabemos, por ejemplo, que la deforestación ha crecido en los últimos tres meses un 41 %, y que una de las razones es que el número de cabezas de ganado ha aumentado en 1′120.000 individuos en el arco de la deforestación amazónica. También, que las zonas donde se hace mayor vacunación de ganado coincide en el mapa con áreas protegidas”, insiste Miranda, quien fue coordinadora ponente de la iniciativa en la Cámara de Representantes.

Uno de los ejes centrales del proyecto de ley es que los sistemas de información que ya existen en Colombia puedan servir como instrumentos para la lucha contra la deforestación. En palabras sencillas, que la información del individuo animal, una especie de censo ganadero con el que hoy cuenta el ICA para garantizar la vacunación de esos animales, se cruce con la de los predios por donde pasa el animal (sistema de catastro) y con el sistema de monitoreo satelital de la deforestación (que actualmente monitorea el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM).

Sincronizar esos sistemas, asegura el representante Losada, autor del proyecto, permitiría establecer dónde nacieron, de quién son hijas, por dónde pasaron y si estuvieron en algún predio deforestado o no las vacas que terminan en los platos de los colombianos o que son exportadas.

Desde la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) coinciden con esa idea. “La trazabilidad es muy importante, porque los mercados internacionales son cada vez más exigentes y requieren generar mayor confianza en los consumidores. Estados Unidos, Europa y Japón tienen altas exigencias, y necesitamos cumplir con esos requisitos de trazabilidad, aseguró a El Espectador Óscar Cubillos, director de Estudios Económicos de Fedegán. Además, en noviembre de 2023, la Unión Europea aprobó una ley que busca evitar que se comercialicen productos provenientes de áreas deforestadas. La normativa, que entrará en vigencia a finales de 2024, exige, entre otras cosas, la geolocalización de todas las parcelas en las que se llevó a cabo la producción de lo que están importando.

El proyecto de ley también busca crear unas zonas de alta vigilancia, similares a las que ya existen para prevenir la fiebre aftosa (uno de los requisitos que tuvo que cumplir Colombia para poder exportar carne a China). Con apoyo del Ministerio de Ambiente, que tiene información sobre los núcleos activos de deforestación, se crearían zonas de alta vigilancia de deforestación monitoreadas por el ICA para limitar el crecimiento del hato ganadero. Según los datos analizados por el Censo pecuario realizado por el ICA, hay varios municipios que superan las 50 mil cabezas de ganado y que coinciden con los Núcleos Activos de Deforestación definidos por el IDEAM.

Otro aspecto muy importante, asegura Iván Darío Valencia, Coordinador de Políticas del Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI) en Colombia, es que el proyecto de ley “crea la debida diligencia para los frigorífricos, transformadores y exportadores de ganado, con el fin de que estos soliciten y contrasten la información de proveniencia del ganado, e impedir que lleguen a su cadena desde zonas deforestadas”. Esto, insiste, les da una responsabilidad como agentes clave por donde pasa mucho del ganado que se produce en el país.

Natalia Escobar, investigadora principal en la línea de justicia ambiental de Dejusticia, una organización que lleva varios años investigando los problemas de trazabilidad de la carne en Colombia, coincide en este punto. “En nuestra investigación evidenciamos que los grandes vacíos están en las fases de comercialización del ganado, y esa información no la tiene el Estado. Los supermercados de Bogotá nos dijeron que no nos podían decir quiénes eran sus proveedores de carne, porque era un secreto comercial. Así que, para nosotros, más allá de tener una trazabilidad, que es un buen avance en la discusión, tenemos que revisar las barreras del acceso a esa información, incluida la de privados, para garantizar que esa trazabilidad sea completa. Para que realmente podamos saber de dónde viene conseguimos en los supermercados”, explica.

Asimismo, las entidades financieras deberán cerciorarse de que los créditos ganaderos no estén financiado ganado en áreas recientemente deforestadas o incumpliendo ley 2111 de delitos ambientales. “Todo esto con directrices que deberán expedirse por el Ministerio de Agricultura, el ICA y la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario”, explica Valencia, de GGGI.

Una discusión aplazada

Aunque la propuesta se está haciendo desde 2022 en el Congreso, no ha logrado posicionarse en la Comisión Quinta del Senado. El senador Marcos Daniel Pineda, del Partido Conservador, le ha hecho una fuerte oposición al proyecto. En sus palabras, “este tipo de proyectos busca acabar con la ganadería”, por eso, ha insistido en no darle trámite a la iniciativa. De su lado también están los senadores Didier Lobo, de Cambio Radical, y Yenny Rozo y Andrés Guerra, del Centro Democrático, quienes manifestaron inquietudes sobre el aval fiscal, las zonas de alta vigilanciapara la deforestación que propone el proyecto o que los ganaderos encuentren barreras para acceder a créditos.

José Felix Lauforie, presidente de Fedegán, asegura que “aunque está de acuerdo con la filosofía del proyecto, porque la selva amazónica no se puede tumbar”, mantiene sus reparos ante la posibilidad de que entidades del Estado tengan una serie de tareas que después “no van a poder cumplir”. Y aunque el autor del proyecto, Losada, también cree que una iniciativa así puede llegar a ser difícil de implementar, se pregunta: “Si no arrancamos ahora, ¿cuándo?”.

“Si esta iniciativa se implementa, el país va a cambiar profundamente, porque, probablemente, no hay un sector más importante de nuestra economía que esté directamente involucrado con el tema de la deforestación. Sería, nada más y nada menos, que la primera transformación política, legal y cultural del país en función de tener un mercado y un consumo selectivo inteligente, asociado a los temas más relevantes, hoy por hoy, de la problemática ambiental del país”, asegura Botero, de la FDCS.

El último capítulo de la discusión tuvo lugar el martes pasado en la Comisión Quinta del Senado. Tras las intervenciones de varios congresistas en contra del proyecto de ley que pedían una mesa técnica para presentar nuevas propuestas y ajustes, el debate fue aplazado para mañana, 28 de mayo. Pese a que la mesa técnica se dio, señala Losada, “no hubo nadie que presentara una sola propuesta. Quienes estamos a favor hemos hecho un trabajo enorme por conciliar, ajustar y llevar nuevas propuestas, pero quienes se oponen no”. “Si de aquí al martes salen nuevas proposiciones, estamos abiertos a discutir todos los artículos, hacer modificaciones y ver qué medidas podemos planear para que el avance del texto continúe”, insiste. La proposición está agendada en el primer punto del orden del día.

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