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El bar que no acepta negros

La historia de una activista contra el racismo desde hace dos décadas, que recientemente fue víctima de discriminación en un exclusivo bar del norte de Bogotá. Analiza acciones ante la justicia y evidencia que el fenómeno crece.

NORBEY QUEVEDO HERNÁNDEZ
12 de junio de 2016 - 02:00 a. m.
Danit Torres Fuentes es una trabajadora social de Cartagena que sigue luchando para evitar el racismo.  / Gustavo Torrijos - El Espectador.
Danit Torres Fuentes es una trabajadora social de Cartagena que sigue luchando para evitar el racismo. / Gustavo Torrijos - El Espectador.
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En abril de 2008 tres parejas de jóvenes afrodescendientes hicieron un recorrido por varios bares de la Zona Rosa, al norte de Bogotá, con el propósito de buscar un sitio reconocido en donde escuchar música, bailar salsa y tomarse unos tragos. La sorpresa fue mayor porque en tres establecimientos no fueron admitidos por su color de piel. Los jóvenes acudieron a la justicia y, seis meses después, la Corte Suprema les concedió un recurso de amparo para garantizar sus derechos a la igualdad, la honra y la dignidad humana. En su pronunciamiento, la Corte obligó a los bares a presentar disculpas públicas a los seis afectados y conminó al Gobierno a promover una ley antidiscriminación racial.

A la determinación de la Corte Suprema le habían antecedido dos sentencias de la Corte Constitucional que buscaban impedir la discriminación racial en bares de Cartagena. A ello se sumó que en agosto de 2011 el Congreso expidió la ley que penaliza el racismo y la discriminación racial en el país. Con sanciones penales entre uno a tres años de cárcel, que se extienden hasta cuatro años y medio si el delito es cometido por un funcionario público o en contra de un menor de edad, se pensaba que sería una solución de choque contra el racismo.

Han pasado ocho años del bochornoso incidente con las parejas de jóvenes negros en Bogotá. El bar Gavanna, donde era frecuente la discriminación, cerró hace cerca de dos años. Pese a las leyes, fallos y pronunciamientos oficiales, los actos de racismo en bares y restaurantes de Bogotá y diferentes ciudades del país continúan. El más reciente de ellos fue el pasado viernes 3 de junio, cuando en el bar Cachao, ubicado en la Zona T de Bogotá, no le permitieron el ingreso a Danit Torres Fuentes, una trabajadora social de 43 años, quien paradójicamente, desde hace dos décadas, trabaja en procesos de formación a maestros y ciudadanía para una educación libre de racismo y discriminación.

Eran las 7:30 p.m. cuando Danit y dos amigas acordaron ver el partido inaugural entre Colombia y Estados Unidos por la Copa América Centenario de Fútbol. Danit se dirigió al bar Cachao, ubicado en la calle 82 con carrera 13, de propiedad del empresario Andrés Ardila. El establecimiento fue bautizado en homenaje a Israel López, Cachao, músico y compositor cubano que falleció en marzo de 2008. Según lo documentó la página especializada en bares Hardsalsabogotá: “Los socios del Club Gavanna, a raíz de las acusaciones de racismo, decidieron abrir un establecimiento donde el fuerte fuera la música de negros y al que, por supuesto, pudieran ingresar personas sin importar su raza”.

Danit, una robusta mujer afro de Cartagena, llegó al establecimiento primero que sus amigas. Hizo fila y solicitó a la acomodadora una mesa para tres. De inmediato le respondieron que todo estaba reservado y que no había disponibilidad. Entre tanto, ya había entrado sin problema otro cliente que no tenía reserva. Así pasaron varios clientes y Danit se alejó de la entrada del bar por unos momentos. Luego llegó Ana Mercedes Cepeda, su amiga mestiza, a quien le abrieron las puertas del bar sin problema y le asignaron mesa, tras advertirle el precio del cóver.

Sin saber que se trataba de su amiga, Danit apareció de nuevo y muy molesta con la situación le pidió a la acomodadora llamar a su jefe para poner la queja. Éste llegó de inmediato y le preguntó por qué le indicaron que no había cupo y a los pocos minutos a su amiga Ana Mercedes le dieron mesa sin dificultad. El administrador argumentó que no sabía por qué lo habían hecho, le pidió calma y le ofreció una mesa en el establecimiento.

Danit no ingresó a Cachao al considerar que el acto fue claramente segregracionista. Muy molesta, grabó la conversación, tomó algunas fotografías, decidió contar su historia a través de redes sociales y durante los días siguientes se dedicó a hacer seguimiento a su caso. “Este es un incidente deshumanizante, los negros y las negras de Colombia seguimos luchando por recuperar nuestra humanidad, casi 200 años después de ser libres en el papel, seguimos siendo esclavizados por el racismo, la discriminación y la pobreza”, resalta.

Pobreza que ha vivido y superado Danit Torres. Hija de una empleada del servicio y un comerciante de la plaza de mercado de Cartagena, es la tercera de cuatro hermanas, pero la primera de la familia que con mucho esfuerzo llegó a la Universidad de Cartagena y se graduó como trabajadora social con notas sobresalientes. Y fue Adelina Covo, la abogada cartagenera quien en 1994 descubrió su talento y le dio la oportunidad de trabajar en Bogotá. Primero en el Viceministerio de la Juventud. Después en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), pasó luego a coordinar organizaciones sociales dentro del Plan Colombia, y entre 2004 y 2010 trabajó en la Secretaría de Educación de Bogotá. Con dos maestrías, una en psicología social y otra por culminar en estudios políticos, hoy Torres labora en la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), en temas antirracismo.

A diario siente la discriminación. Los vigilantes de los edificios le requisan el bolso, la confunden con frecuencia con empleada del servicio doméstico o no le permiten el acceso en bares como Cachao, a lo que responde que vigilantes, policías, domésticas y diversos empleados son víctimas de un sistema educativo que les enseñó a discriminar, “con ellos y con la sociedad el camino educativo es largo, por eso hay que seguir fortaleciéndolo y acompañándolo, la opción es no retroceder, y en esto seguiré trabajando”.

Dos días después del incidente en el bar, el domingo en la tarde, mediante redes sociales, apareció Ray Charrupi, director de la ONG Chao Racismo y de la Fundación para el Desarrollo de la Raza Negra (Fedepran), beneficiario de un contrato por $1.600 millones en el ICBF regional Valle del Cauca para educar 1.273 familias vulnerables en Buenaventura, y se comunicó con Torres. Le informó que el dueño de Cachao reconoció el acto de discriminación, que la empleada que lo hizo fue despedida y manifestó: “En este caso sí creo que fue un acto individual, ya que conozco al dueño del establecimiento, he estado allí decenas de veces y he visto cientos de negros”, le indicó Charrupi.

Luego le informó que el dueño del bar se comunicaría con ella, que se excusaría, que haría un pronunciamiento público y que con los bares Bendito y Roxane, que son también de su propiedad, más otros del sector, realizarían una campaña para generar que la Zona T sea libre de racismo, a la que la invitaron a participar.

Diez días después del incidente racista las cosas siguen igual. El propietario del bar no ha aparecido ni en privado ni públicamente, la anunciada campaña fue sólo promesa de momento, Chapurri no volvió a reiterar sobre el tema. Entre tanto Danit Torres sigue firme y solitaria trabajando para prevenir el racismo y la discriminación, de la que es la más reciente víctima. Sigue pensando en una acción judicial contra Cachao. “El racismo sigue presente en nuestra sociedad, nadie se reconoce como racista, las formas de discriminación se refinan, pero frente a estos hechos hay más indignación, a la gente estas cosas no se les olvidan, se van a acordar siempre”.

Algunos casos relevantes de racismo

En un restaurante

El 20 de enero pasado, Angélica Valencia, de 35 años, denunció racismo al no ser atendida en un restaurante en Bogotá. Empleados del sitio aseguraron que no había servicio, pero ella confirmó que sí había gente y que al pasar, tiempo después, el lugar funcionaba. “En 71 años nunca me había sentido tan humillada”, dijo la mamá de la víctima.

Los vehículos de alta gama

Tres ejecutivos afrocolombianos aseguraron, en un caso que se conoció en febrero de 2014, que agentes de la Policía los bajaron del carro en el que se movilizaban, un BMW, con la excusa de que “los negros no pueden andar en carros de alta gama”, denunció uno de los afectados, el representante de la Cámara de Comercio Afrocolombiana, Marcel Echeverry.

En una cadena de almacenes

El pasado 14 de enero, Verónica Ramírez denunció que su hijo de 6 años de edad, de Armenia, fue discriminado en Carulla de La Alhambra, al norte de Bogotá. Según la denunciante: “Estábamos oliendo productos y se nos acercó un funcionario para prohibirlo, le dijimos que lo reportaríamos y respondió: afro tenía que ser, negro asqueroso”.

Modelo discriminada

En marzo de 2013, en el restaurante Andrés DC, se le negó el ingreso a Diana Caicedo, una modelo afrodescendiente de Cartagena. En la entrada, el acomodador dijo que no podía entrar porque estaba lleno, luego enviaron a otra persona y detectaron que el sitio estaba vacío: “Pensamos que se trataba de una dama de compañía”, dijo un empleado.

Datos de la población afro en Colombia

Según cifras del DANE y de diferentes ONG que trabajan para prevenir el racismo en Colombia, se estima que el país tiene una población de 10 millones de afrodescendientes, de los cuales 1,5 millones están ubicados en Bogotá.

Algunas organizaciones que tienen una labor destacada en la materia son Cimarrón y Chao Racismo. En el gobierno Santos las figuras afros más destacadas son el recién nombrado ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo. También se destaca la viceministra de Cultura, Zulia Mena.

Expertos en el tema consideran que viene una nueva generación de jóvenes afros, con estudios en el exterior y que empiezan a ocupar cargos de relevancia en los sectores público y privado, y son a ellos a quienes les corresponde seguir defendiendo el legado antirracista. En cuanto a la justicia, por la Ley Antidiscriminación, se considera que hacen falta pedagogía a fiscales y jueces para que puedan aplicar mejor la norma.

Por NORBEY QUEVEDO HERNÁNDEZ

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