El capítulo colombiano del escándalo sobre delitos sexuales contra Pornhub

“Este es un caso de violación, no de pornografía. Es un caso sobre la violación y la explotación sexual de niños. Es un caso sobre la violación y la explotación de hombres y mujeres. Y es un caso sobre estos acusados eligiendo consciente e intencionadamente capitalizar y beneficiarse de la horrenda explotación y abuso de decenas de miles de otros seres humanos”. Así inicia la demanda interpuesta por 34 mujeres en un tribunal en California contra Pornhub, la página web pornográfica más grande del mundo. Un pleito que busca llevar a juicio a los magnates de esta compañía canadiense, que tiene capítulo colombiano entre las víctimas.

“Este es un caso de violación, no de pornografía. Es un caso sobre la violación y la explotación sexual de niños. Es un caso sobre la violación y la explotación de hombres y mujeres. Y es un caso sobre estos acusados eligiendo consciente e intencionadamente capitalizar y beneficiarse de la horrenda explotación y abuso de decenas de miles de otros seres humanos”. Así inicia la demanda interpuesta por 34 mujeres en un tribunal en California contra Pornhub, la página web pornográfica más grande del mundo. Un pleito que busca llevar a juicio a los magnates de esta compañía canadiense, que tiene capítulo colombiano entre las víctimas.

La demanda está sustentada en 179 páginas y fue presentada por el bufete de abogados Brown Rudnick LLP. Fueron catorce las chicas que denunciaron haber sido víctimas de trata con fines de explotación sexual cuando eran niñas o menores de edad, aunque en el documento del bufete de abogados solo una accedió a revelar su identidad, Serena K. Fleites. Quizá porque su nombre y su rostro ya le han dado la vuelta al mundo varias veces desde diciembre de 2020, cuando se dio a conocer su historia a través del reconocido periodista Nicholas Kristof, en una columna dominical del diario estadounidense The New York Times.

Serena K. Fleites contó que tenía catorce años cuando se enamoró, en octavo grado de bachillerato, de un joven de quince que un día le pidió que le enviara un video de ella desnuda. Ese video devastó su vida porque terminó pronto cargado en la plataforma Pornhub, sin que ella pudiera hacer nada para evitarlo. En tan solo dos años, la situación la llevó a perder su hogar, intentar quitarse la vida dos veces, vender su intimidad como una forma de castigo y subsistencia, y tener terribles episodios de depresión y adicción a las drogas.

La demanda presentada ante un tribunal federal en California incluye este desgarrador caso y, entre otros testimonios, el de dos colombianas, cuya identidad se reservó. Estas últimas denunciaron la forma como encontraron videos sexuales de ellas en Pornhub, tiempo después de sobrevivir a una red de explotación sexual de menores de edad que operaba en Medellín, de la cual fueron víctimas. “Están ganando dinero con el peor momento de mi vida, con mi cuerpo”, refirió una de ellas. Sus testimonios quedaron reseñados en la demanda como Jane Doe N.° 8 y Jane Doe N.° 9 y, según se lee, se remontan a 2017 y 2018.

Jane Doe N.° 9 manifestó que fue contactada cuando tenía 17 años, en septiembre de 2017, a través de su perfil de Facebook. Le propusieron que aceptara tener relaciones sexuales con el extranjero Víctor Hugo Galarza a cambio de dinero. Aunque le advirtieron que las escenas serían grabadas, también le aseguraron que después serían eliminadas y que nadie más las vería. Ella aceptó por extrema necesidad económica y esa experiencia derivó en que, durante los siguientes cinco meses, terminó explotada sexualmente en reconocidos hoteles de Medellín. Hasta que la red criminal de explotación sexual de menores pudo ser desmantelada.

La noticia de la redada en la capital antioqueña fue ampliamente publicitada por las autoridades políticas y judiciales en diferentes medios de comunicación. Además, hubo captura de proxenetas y explotadores que, según se dijo, organizaban orgías en fincas de municipios aledaños a Medellín para que extranjeros accedieran sexual y brutalmente a niñas y adolescentes. La Fiscalía informó que les seguía la pista, alertada por una denuncia anónima que había sido instaurada a finales de 2017. En las redes sociales, se tuvo la pista de un joven de veinte años que reclutaba menores de edad de barrios populares y pocos ingresos en Medellín.

Cuando ganaba la confianza de sus víctimas, las convencía de tener relaciones sexuales con extranjeros a cambio de dinero. En febrero de 2018, dos menores de catorce años acudieron a una estación de Policía de la capital antioqueña a denunciar a un tal Faber Pérez. Entonces se logró determinar que Pérez administraba en Facebook un perfil llamado “Ninfómana Subversiva”. Una página para ofrecer servicios sexuales con menores a través de un catálogo con fotografías de más de cien niñas y niños entre catorce y diecisiete años, que residían en Popular, Manrique, Aranjuez, en Medellín, o en Cabañas, en el municipio de Bello.

Al interceptar teléfonos, entre ellos los de algunas de las víctimas, fueron identificados y arrestados Víctor Galarza y Herbert Fletcher. Hoy enfrentan cargos en los Estados Unidos por delitos contra menores de edad, explotación sexual de niños y posesión y tráfico de pornografía infantil. Víctor Galarza cayó en octubre de 2019 en Nueva York. La agencia de controles migratorios ICE esclareció que viajaba con frecuencia a Estados Unidos, Emiratos Árabes y Colombia a captar menores personalmente, o lo hacía a través de proxenetas como Faber Pérez. Después vendía el contenido grabado a plataformas como Pornhub.

Para la joven del relato que fue inducida a la prostitución a sus 17 años, su tragedia no terminó con esa captura. Tres años después, en noviembre de 2020, se enteró de que uno de los videos supuestamente eliminados por Galarza circulaba en Pornhub y había sido cargado con un título engañoso y misógino: “Scort venezolana acepta follar sin condón en trio, en su primer casting en Medellin, Columbia” (sic). También lo subieron a las páginas porno XVideos, XNXX y MannyVids. La organización estadounidense Operation Underground Railroad, que trabaja contra de la trata de personas, no ha logrado que el video desaparezca de la web.

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La pesadilla que vivió la otra joven colombiana víctima de Víctor Galarza no es menor. También está pormenorizada en la demanda ante un tribunal en California con el registro del caso “Jane Doe N.° 8″. Allí se describe que, en 2018, a sus quince años de edad, la chica fue contactada a través de Facebook por una proxeneta para acceder a tener relaciones sexuales con Víctor Galarza, mientras Herbert Fletcher grababa el acto sexual, violento y explícito. Según el relato de la víctima, después del episodio, Galarza le exigió a la joven que vieran juntos la grabación y, mediante engaños, la convenció de que había borrado las imágenes.

La farsa se descubrió dos años después, cuando se enteró de que el video sexual era monetizado en Pornhub. Fue subido a la plataforma en abril de 2020 con otro título machista y cruel: “Prostituta colegiala colombiana acepta follar sin condón x 10 dólares. La cuarentena la obligó a vender su cuerpo en Medellín”, con cientos de miles de reproducciones, y un mes después de que el mundo entrara en confinamiento por la pandemia. Un confinamiento que, además, incrementó el consumo de pornografía y elevó la violencia intrafamiliar, así como agudizó la crisis económica y precarizó la vida de las mujeres en Colombia, según estadísticas del DANE.

Actualmente, con apenas 18 años cumplidos, esta joven colombiana de una familia de escasos recursos económicos, tuvo que buscar ayuda profesional para enfrentar la depresión y la ansiedad que esta dolorosa situación trajo a su vida. De hecho, en diciembre de 2020, cuando estalló el escándalo, Nicholas Kristof, periodista del New York Times, reveló que esta mujer le compartió que, por todo lo que tuvo que pasar, ha pensado en suicidarse. Antes de conocerse su historia, Pornhub ya enfrentaba acusaciones por sacar beneficio de videos de violaciones y de otros abusos y agresiones sexuales.

Como en marzo de 2020, cuando se conocieron al menos 58 videos de abusos sexuales y fotografías de una adolescente de quince años desaparecida en Florida (Estados Unidos), que estaban en Pornhub y otros sitios web de porno. En diciembre de ese mismo año, cuando el NYT destapó nuevas denuncias contra Pornhub, ya rondaba una petición ciudadana en línea con más de dos millones de firmas para cerrar el sitio. Las entidades bancarias Mastercard y Visa bloquearon los pagos con tarjetas de crédito de este dominio y forzaron a que Pornhub se viera obligado a eliminar más de dos tercios de todos sus contenidos.

En 24 horas, el número de videos alojados en su portal, cargados por usuarios sin verificar, pasó de trece millones a tres. Sin embargo, la empresa desarrolló una masiva y costosa campaña mundial para contrarrestar la mala propaganda, que incluyó el lanzamiento de una campaña de videos de “educación sexual con anatomía real” que se publicitó en Colombia.

En marzo de 2021, 34 organizaciones defensoras de los derechos humanos de mujeres y niñas pidieron a la Comisión Permanente de Acceso a la Información, Privacidad y Ética del parlamento canadiense, que estudiaba el caso Pornhub, que recomendara al gobierno que regulara la publicación del contenido sexual, para que se verificaran las circunstancias en que fueron realizados estos videos antes de estar al aire. Así como pidieron que estos sitios identifiquen plenamente a sus propietarios, intermediarios, a quienes cargan el contenido y a los usuarios que lo compran. Al final, luego de un debate de tres meses, el informe de recomendaciones de la comisión entregado en junio de este año no fue tan lejos y apenas le sugirió al gobierno canadiense que “explore los medios para responsabilizar a las plataformas en línea cuando no impidan o eliminen oportunamente material de abuso sexual infantil o de actividades no consentidas”.

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Esta semana se conmemoró el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Rocío Urón Durán, coordinadora del proyecto de lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes de la UNODC, reconoció que se ha incrementado el uso de las tecnologías para captar víctimas de explotación sexual en Colombia. En la misma línea, María Serat, investigadora en temas de prostitución y trata, concluyó: “Mientras la libertad de expresión de los pornógrafos y proxenetas sea un bien jurídico más importante que la igualdad y la dignidad de las mujeres —así ellas lo acepten como medio de liberación de su pobreza— la pornografía y la prostitución seguirán siendo negocios multimillonarios sin mayores controles”.