El cartel de los embargos que dejó a Buenaventura al borde de la quiebra

Foto: Eder Rodríguez

“¿Vienen para el debate? Alístense para la pelea”. Así recibió el vigilante del Concejo de Buenaventura, el pasado 30 de marzo, a quienes asistieron al debate de control político al que estaba citado el director jurídico de la Alcaldía, Mauricio Aguirre. Tras cruzar la entrada todos buscaron dónde sentarse para tener la mejor vista. Al lado derecho estaban los funcionarios que fueron a apoyar a su director. Al izquierdo, algunos periodistas y líderes sociales que esperaban su turno para intervenir. El debate empezó sobre las 10 de la mañana.

Los concejales citantes iniciaron con sus cuestionamientos al director Aguirre y, uno a uno, encendieron su micrófono para que sus preguntas se escucharan sobre el ruido del motor del aire acondicionado. Su principal preocupación era el estado de cuentas de la Alcaldía. Los millones de toneladas de bienes, insumos y alimentos que entran y salen cada año por esta ciudad portuaria, y que dejan grandes ganancias, no han sido suficientes para pagar los salarios de maestros, bomberos y otros funcionarios que, en reiteradas ocasiones, han protestado para que les respondan por los meses que les deben. Cada vez que hay un bloqueo en la vía a Buenaventura la economía nacional se resiente. Esta ciudad, por donde se moviliza el 39 % de la carga internacional de Colombia, no tiene cómo llegar a fin de año pagando su nómina.

Una de las respuestas usuales que recibieron quienes protestaron por la demora en los pagos es que “las cuentas de la Alcaldía están embargadas”. El director jurídico, Mauricio Aguirre, informó que, según estimaciones de su oficina, las deudas por demandas judiciales superan los $73.000 millones. La cifra no cuadra, pues a Wilson Rodallega, uno de los concejales citantes, la Dirección Financiera de la Alcaldía le entregó una estimación que supera el billón de pesos. Tampoco encaja con la solicitud que el alcalde Víctor Vidal envió al Ministerio de Hacienda para que la ciudad sea admitida en la llamada “Ley de quiebras”. El documento, al que tuvo acceso El Espectador, deja claro que el pasivo por sentencias judiciales es de más de $92.000 millones. Para una ciudad con presupuesto anual de menos de $700.000 millones, es como si le quitaran una pierna.

Uno de los momentos más tensos de las casi seis horas de debate fue cuando uno de los asistentes tomó la palabra y pidió que se tuviera en cuenta la denuncia hecha por Manuel Vallecilla, exdirector financiero de la Alcaldía. El interviniente hizo referencia a una entrevista en un medio local, en la que el exdirector Vallecilla aseguró que le pidió a la oficina jurídica, que dirige Aguirre, la información sobre a quiénes se les pagaron las deudas por las que se embargaron las cuentas. No recibió respuesta. “Nunca pude hacer el asiento presupuestal y las cuentas no cerraban”, dijo el exdirector financiero.

Según Vallecilla, la dirección financiera necesitaba esa información para dejar constancia de los pagos y evitar que una cuenta se cobrara más de una vez. “Es posible que se haya pagado una deuda varias veces, porque trabajábamos a ciegas”, agregó. Esa declaración fue gasolina para quienes sospechaban de la existencia de un cartel de embargos con la posible participación de funcionarios judiciales y de la misma administración distrital. La respuesta de Aguirre fue que, desde hace varias alcaldías, el Distrito ha tenido una pobrísima gestión documental: “Aparecen resoluciones que reconocen pagos que ni siquiera sabíamos que existían. No tenemos un listado de esas obligaciones y nos damos cuenta cuando nos demandan”. Pero para algunos de los concejales y líderes sociales que estuvieron presentes en el debate, la estrategia de defensa jurídica de la oficina de Aguirre ha sido convenientemente torpe e insuficiente.

El juzgado suprimido

¿De dónde vienen los procesos judiciales que terminaron embargando las cuentas de Buenaventura? Esta unidad investigativa revisó los expedientes de cientos de demandas y encontró varios hallazgos. El primero es que casi todas las decisiones de embargar las cuentas del Distrito provienen del juez segundo administrativo, Víctor Manuel Marín Hernández. Lo segundo que resalta es que el juez acumuló muchas demandas para resolverlas en una sola actuación. El expediente de uno de esos procesos principales, sobre los que decretó los embargos, llegó a incluir más de 200 demandas.

Esas actuaciones sospechosas alertaron a una magistrada del Tribunal Administrativo del Valle, que resolvió la apelación presentada por el abogado de una de esas demandas acumuladas. El apoderado pretendía que el tribunal revisara y aumentara la liquidación aprobada por el juez Marín Hernández, de lo que la Alcaldía tendría que pagarle a su representado, pero la magistrada hizo todo lo contrario.

Según explicó la funcionaria judicial en un auto de marzo de 2022, el juez fue muy ligero para interpretar la norma y accedió al pago de intereses por mora a los que no había lugar. “Esa ligereza en las decisiones que suponen la entrega de recursos públicos produjo que, en este caso, se pagara una suma mayor a la que correspondía y, por consiguiente, se impondrá al juez el deber de gestionar y obtener el valor pagado en exceso ($ 46′288.917), que debe ser devuelto al distrito de Buenaventura”, se lee en el documento. La magistrada ordenó rendir un informe en dos meses sobre las gestiones para recuperar el dinero. Este diario solicitó una copia del documento, pero la funcionaria explicó que el juez desconoció la orden y por eso envió el caso a la Comisión de Disciplina Judicial del Valle.

Esa comisión abrió una investigación contra el juez Marín Hernández en diciembre de 2022, que sigue en curso. El Espectador confirmó con fuentes de la Fiscalía que Marín Hernández también tiene cuatro investigaciones penales. Entre ellas hay una por peculado por apropiación, delito que sanciona al servidor público que se apropie, en provecho suyo o de un tercero, de bienes del Estado, y tres por prevaricato por acción, es decir, cuando un funcionario público actúa de forma arbitraria profiriendo resoluciones o dando conceptos que van contra la ley.

El Juzgado Segundo Administrativo de Buenaventura fue suprimido en diciembre de 2022 y todos sus procesos se repartieron entre los otros dos despachos administrativos de esa ciudad por decisión del Consejo Superior de la Judicatura. La oficina de recursos humanos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Valle confirmó que Marín estuvo vinculado a esa seccional hasta el pasado 10 de enero. Según la Judicatura, ya no es parte de la Rama Judicial.

Los embargos milmillonarios

Raúl* trabajó en la Alcaldía de Buenaventura prestando sus servicios de seguridad privada, pero no le renovaron el contrato. Demandó argumentando que su despido fue irregular y que cumplió horario y tenía subordinación. El Juzgado Segundo Administrativo le dio la razón y le ordenó a la Alcaldía reubicarlo en su puesto y pagarle lo correspondiente a la seguridad social que no le reconocieron. Además, la sentencia obligó al pago de los salarios y mesadas pensionales de todos los meses entre su despido y el día del fallo.

A pesar de la orden judicial emitida en 2019, la Alcaldía no le pagó. Por eso tuvo que buscar a otro representante legal experto en ejecuciones y demandar de nuevo. Cuenta que le recomendaron a Jenny Nayibe del Castillo Obando, una abogada que tenía reputación de sacar rápidamente las demandas ejecutivas, en las que se busca que se cumpla una obligación ya reconocida judicialmente. En el caso de Raúl, esa obligación, también llamada título ejecutivo, era la sentencia del juez que estableció que sus derechos fueron vulnerados y ordenó los pagos. Raúl se reunió con varios conocidos que estaban en su misma situación y le entregaron un poder a la abogada Del Castillo tras pactar una tarifa del 30 % de la liquidación que tendría que aprobar el juez.

Esta abogada presentó las demandas ejecutivas ante el Juzgado Segundo Administrativo de Buenaventura. Poco después le solicitó al juez que las acumulara a otra actuación en la que el demandante principal era Mauricio Justo Urrutia, quien también estuvo vinculado a la Alcaldía y fue despedido en condiciones similares a las de Raúl. La apoderada pidió que sus actuaciones se incluyeran en ese proceso principal, porque sabía su adelanto procesal.

El juez utilizó una figura conocida como “acumulación de demandas ejecutivas”, que está contenida en la ley y que permite, por razones de economía procesal, que se resuelvan varias actuaciones judiciales en una sola, cuando el demandado es el mismo y se persiguen los mismos bienes. Así, la demanda de Mauricio Justo se convirtió en una sombrilla que cobijó a muchas otras que Marín Hernández le fue agregando. Según la magistrada del Tribunal Administrativo del Valle, cuando el juez ordenaba medidas cautelares -como el embargo- sobre el proceso principal, todas las demandas acumuladas quedaban cobijadas.

El 19 de enero de 2021, el juez Marín Hernández ordenó a los gerentes de las entidades financieras, en las que la ciudad tiene cuentas bancarias, que congelaran $7.000 millones y los depositaran en la cuenta del juzgado. Con ese dinero, el juez pagó todos los títulos ejecutivos. Luego, el 4 de marzo de ese año, devolvió $4.233 millones a la administración distrital, tras considerar que el valor total de las obligaciones cobradas en ese embargo, las posibles apelaciones y la suma de las demandas que estaban pendientes por acumular, no superarían los $3.200 millones.

Solo un día después de esa devolución de dineros, el 5 de marzo, el abogado Héctor Huber Riascos le pidió al juez Marín que acogiera su demanda y que volviera a congelar las cuentas del Distrito para pagar esa obligación. En los días siguientes llegaron más solicitudes de acumulación a la demanda de Justo Urrutia, incluso de procesos que cursaban en otros juzgados.

En el expediente del proceso por el que se decretó el embargo por $7.000 millones, El Espectador encontró un correo electrónico enviado el 23 de marzo de 2021 por el abogado Sergio Ospina Lozano. En él se lee: “En virtud a la conversación telefónica efectuada con el señor Juez Segundo Administrativo de Buenaventura, me permito comedidamente adjuntar el proceso ejecutivo y sus respectivos anexos, radicado en el Juzgado Primero Administrativo, con el fin de lograr la acumulación (...). Lo anterior en aras a satisfacer las pretensiones de mis poderdantes en un término más expedito, dada la eficiencia del presente Despacho”.

Tres abogados expertos, que fueron consultados, coincidieron en señalar que este tipo de conversaciones privadas entre la autoridad judicial y el apoderado de una de las partes es irregular. Según explicaron, en una actuación judicial las comunicaciones deben hacerse de forma escrita para que los participantes puedan tener acceso. El abogado Ospina Lozano aseguró que la llamada del juez Marín Hernández lo tomó por sorpresa porque no lo conocía, y agregó que el funcionario le recomendó solicitar la acumulación de su demanda al proceso que cursaba en su despacho.

Una vez más el juez accedió a las nuevas peticiones de los abogados, entre esas la discutida por teléfono con Ospina Lozano. Luego, el 19 de julio de 2021, decretó un segundo embargo en ese mismo proceso conocido como Justo Urrutia y Otros, a quienes ya les había pagado y no se enteraron de lo que hizo el funcionario judicial con sus demandas. No supieron, por ejemplo, que ordenó a los gerentes de las entidades financieras congelar $15.000 millones de las cuentas del Distrito, el doble del embargo anterior, en nombre suyo. Ese monto embargado se dobló porque el juez aprobó otras solicitudes de acumulación, como la de la entidad sin ánimo de lucro Fundaser del Pacífico.

¿Sin ánimo de lucro?

Fundaser del Pacífico ha tenido múltiples contratos con la administración distrital por conceptos muy diversos. Desde el apoyo en la organización del Festival Litoral del Pacífico y el concurso de belleza para elegir a la Señorita Litoral –por más de 4.700 millones–, hasta el desarrollo de una consulta interna de partidos electorales. Actualmente, tiene un contrato con el Establecimiento Público Ambiental, entidad adscrita a la Alcaldía, que se le entregó directamente para implementar estrategias de participación ciudadana, por un valor de más de $ 240 millones. Esta entidad sin ánimo de lucro está representada legalmente por Carmen Elisa Segura Santana, quien militó en el Partido de la U y se presentó a elecciones en 2015 para la Junta Administradora Local, pero no le alcanzaron los votos.

En los expedientes de los embargos conocidos por esta unidad investigativa aparecen dos demandas ejecutivas presentadas por Fundaser. La primera fue radicada en 2020, y se basa en la Resolución 494 de 2015, emitida por la Alcaldía, en la que se reconoce un pago por $250 millones “por la prestación de servicios en la realización de la consulta interna de partidos electorales realizada el 19 de abril de 2015″. Lo extraño es que esa resolución tiene fecha del 17 de abril de ese año, dos días antes del evento por el que ordena el pago.

Carmen Elisa Segura, a través de su abogado, pidió que esa demanda se acumulara al proceso principal de Mauricio Justo y Otros. El juez admitió esa solicitud, aceptó la pretensión económica del abogado de Fundaser e incluso le adicionó varios millones cuando reliquidó la deuda tras calcular los intereses por mora. En marzo de 2021 aprobó una nueva liquidación por cerca de $520 millones, más del doble de lo reconocido en la Resolución 494 y los pagó él mismo vía embargo exprés.

Casi un año después, en febrero de 2022, el mismo juez, Víctor Marín Hernández, ordenó acumular otra demanda ejecutiva que había presentado Fundaser, pero esta vez basada en la Resolución 488 del 17 de abril de 2015. Esta segunda cuenta de cobro fue por $396′157.000, también por la consulta interna de partidos electorales realizada el 19 de abril de 2015. Dos resoluciones casi idénticas, emitidas dos días antes del evento por el que reconocen los pagos, ambas firmadas por el entonces alcalde Bartolo Valencia, quien estuvo preso y fue destituido e inhabilitado por detrimento patrimonial en recursos de la educación.

En esta segunda ocasión el director jurídico de la Alcaldía de Buenaventura, Mauricio Aguirre, apeló la acumulación de esa nueva deuda, argumentando que ya estaba expirada, aunque no dijo nada sobre que fuera un cobro repetido y un magistrado lo increpó por no contestar la demanda al juzgado y le negó una tutela sobre ese asunto por considerarla improcedente. El juez negó la apelación y acumuló esa segunda demanda de Fundaser a otra actuación, donde el ejecutante principal era Édinson Solís Álvarez, pero que también tenía muchas demandas adicionadas. En abril de 2022, Marín Hernández ordenó un nuevo embargo, pero esta vez por $16 mil millones, para pagar todos los títulos ejecutivos en el proceso de Solís Álvarez.

A finales de ese año, el juez Marín Hernández emitió un pronunciamiento en el que certifica el fin del embargo luego de pagar todas las obligaciones, incluida la reconocida en la extraña Resolución 488 por la consulta de partidos, segundo cobro que presentó Fundaser por lo mismo. Un mes después de ese auto que informa del desembargo, el juzgado fue suprimido. A pesar de múltiples intentos de hablar con el exjuez Marín, no fue posible establecer comunicación con él.

La apoderada

Entre los abogados que actúan en procesos ejecutivos que solicitaron acumular sus demandas al juez Marín Hernández y que, al sumarse, pueden alcanzar varios miles de millones de pesos, se repite un nombre: Jenny Nayibe del Castillo Obando. Sus actuaciones como abogada, sin embargo, no están exentas de cuestionamientos. Esta unidad investigativa conversó con tres de sus representados, que afirmaron que Del Castillo cambió una página del acuerdo de representación legal y les aumentó unilateralmente el cobro de sus honorarios, que fueron pactados al 30%, pero quería después cobrarles el 40%. Ante su protesta, dijeron, se retractó. La abogada, en diálogo con este diario, aseguró que este tipo de prácticas son ajenas a su ejercicio profesional porque las considera “graves faltas éticas”.

Además, dos de los demandantes aseguraron que ella les dijo que tenía un familiar que podía ayudarle a tramitar más rápidamente sus demandas ejecutivas. Según ellos, la abogada Del Castillo Obando es prima del director jurídico de la Alcaldía, Mauricio Aguirre Obando. La abogada Del Castillo negó esa relación familiar y dijo que lo conoció en marzo de 2020, en funciones propias de su cargo. El director Aguirre guardó silencio sobre esa y otras preguntas.

Raúl, por su parte, aseguró que no conoció el documento del fallo de su demanda ejecutiva porque la abogada Del Castillo nunca se lo envió. También dijo que en ocasiones intentó obtener información de su proceso acercándose directamente al Juzgado Segundo Administrativo, en donde le contestaron que debía solicitarla a través de su apoderada. Pocas horas después de su visita al despacho, la abogada lo llamó para pedirle que se abstuviera de actuar por su propia cuenta, sino siempre a través de ella. Por eso, está seguro de que había comunicación constante entre el juzgado y Del Castillo.

Recursos inembargables

A pesar de que los bomberos de Buenaventura llevaban varios meses en crisis económica por la falta de pago de sus salarios, el 2 de enero de este año corrieron a apagar un incendio en el barrio Pampalinda. Tras controlar el fuego, se tomaron la sede de la Alcaldía dos días después exigiendo los casi $400 millones que se les adeudaban. “Las cuentas están embargadas” fue la respuesta.

La administración distrital llegó a un acuerdo con los manifestantes y sacó la plata de otros compromisos que tenía. En otras palabras, abrió un hueco para tapar otro. Algo similar tuvo que hacer en abril de 2022 con los maestros por cuenta de un embargo por 16.000 millones ordenado por el juez Marín Hernández. En esa ocasión, los docentes movilizados buscaron apoyo del Ministerio de Educación, que inmediatamente expresó su preocupación, pues los recursos para pagar esos salarios son girados directamente por el Gobierno Nacional, tienen destinación específica y son, generalmente, inembargables, con pocas excepciones.

El Espectador conoció una comunicación enviada el 28 de junio de 2022 desde la Subdirección de Monitoreo y Control del Ministerio de Educación al alcalde Víctor Vidal, en la que se le solicitó remitir una copia del expediente que origina ese embargo, copias de los extractos de las cuentas donde se manejan dineros de girados por esa cartera y un informe sobre las acciones para garantizar el reintegro de los recursos de naturaleza inembargable. Sin embargo, como le confirmó la subdirección de Mineducación a este diario, la administración distrital nunca entregó los documentos.

La queja llegó al Ministerio de Hacienda. Para esa entidad, los recursos incorporados en los presupuestos de los departamentos, distritos y municipios son inembargables, y la administración distrital debía solicitar, de manera inmediata, el desembargo de los recursos. Según tres abogados expertos en embargos, que fueron consultados, hay una excepción cuando se requiere el pago de sentencias judiciales, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos. Por eso, dijeron, el juez podía decretar esa medida cautelar.

Cuando la Alcaldía ha trasladado recursos que ya tenía comprometidos para pagar las obligaciones que no pudo cancelar por causa de los embargos, ha dejado de honrar esos compromisos y quedado expuesta a nuevas demandas que, eventualmente, podrían convertirse en más embargos. Ese círculo vicioso lleva años repitiéndose y ha generado múltiples movilizaciones y protestas que tienen efectos sobre la economía de Buenaventura y del país. Mientras no se resuelva la crítica situación financiera por la que atraviesa la ciudad y no se atiendan adecuadamente las múltiples demandas sociales, lo más probable es que tengamos más noticias de paros y bloqueos, con las consecuencias que eso tiene para Colombia.

*Nombre protegido a petición de la fuente.

Nota aclaratoria:

Mediante memorial radicado el 5 de marzo de 2021 ante el Juzgado Segundo (2°) Administrativo del Distrito de Buenaventura, el señor Héctor Riascos, en su calidad de apoderado judicial, solicitó la acumulación de la demanda No. 2018-140-00 -que cursa en el Juzgado Primero (1°) Administrativo del Distrito de Buenaventura- al proceso No. 2012-129-00, cuyo demandante es el señor Justo Urrutia y otros.

Por su parte, la solicitud de embargo de remanentes que el señor Héctor Riascos realizó dentro del proceso No. 2018-140-00 lo radicó ante el Juzgado Primero (1°) Administrativo del Distrito de Buenaventura y no ante el Juzgado Segundo (2°) Administrativo del Distrito de Buenaventura.

Igualmente, mediante memorial radicado el 23 de marzo de 2021 ante el Juzgado Segundo (2°) Administrativo del Distrito de Buenaventura, el señor Sergio Ospina, en su calidad de apoderado judicial, solicitó la acumulación de la demanda No. 2020-103-00 -que cursa en el Juzgado Primero (1°) Administrativo del Distrito de Buenaventura- al proceso No. 2012-129-00, cuyo demandante es el señor Justo Urrutia y otros. En efecto, el Juzgado Segundo (2°) Administrativo del Distrito de Buenaventura accedió a dicha solicitud mediante auto interlocutorio No. 207 proferido el 25 de marzo de 2021.

No obstante, el Juzgado Primero (1°) Administrativo del Distrito de Buenaventura no accedió a la acumulación de las demandas interpuestas por los abogados Héctor Riascos y Sergio Ospina, a pesar de haber sido decretadas por el Juzgado Segundo (2°) Administrativo del Distrito de Buenaventura, al considerar que no concurrían los requisitos para la acumulación de demandas ejecutivas.