El cartel de las demandas contra el Estado

El jueves de la semana pasada, Orlix Álvarez, magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre, inició investigación formal contra Ligia del Carmen Ramírez Castaño, jueza séptima administrativa de Sincelejo. De la misma forma, ordenó la suspensión provisional de la funcionaria por noventa días sin derecho a remuneración. La determinación es clave, porque la jueza Ramírez Castaño se hizo visible por expedir sentencia condenatoria contra la Nación por el supuesto desplazamiento forzado de 1.142 víctimas del conflicto armado en los Montes de María, ubicados en Sucre y Córdoba, a la vez que ordenó la increíble indemnización de $2,1 billones.

Por fortuna, el pasado 5 de junio el Tribunal Administrativo de Sucre revocó el billonario fallo contra el Ministerio de Defensa, Acción Social, el departamento de Sucre, el municipio y la Personería de Sincelejo, que había sido expedido el 29 de enero de 2015. En consideración del Contencioso, no se acreditaron suficientemente los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado. De paso, el Tribunal denegó las pretensiones del abogado David de Jesús Fajardo Cardozo, quien aspiraba a honorarios de $210.000 millones.

Aunque el proceso pasará al Consejo de Estado como instancia definitiva, la decisión empieza a resquebrajar las actividades de un grupo de abogados y jueces en las regiones que en los últimos años venían demandando y fallando contra el Estado con pretensiones económicas, que para citar un solo caso, ascendieron a $44 billones.

En palabras de Luis Guillermo Vélez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el asunto no es que demanden, lo cual es usual, sino que por el monto esos recursos deben ser incorporados por norma fiscal como potenciales pasivos o acreencias futuras del Estado, un asunto que afecta las notas que las calificadoras de riesgo otorgan al país.

Por su parte, Pedro Sanabria, magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, considera que la única forma de frenar esta epidemia de demandas con pretensiones desaforadas contra el Estado es “con fallos ejemplarizantes que ordenan la destitución de jueces y la exclusión de abogados del ejercicio profesional”. De hecho, según registros de la Judicatura, en los primeros cinco meses de este año han sido destituidos 19 jueces de los departamentos de Córdoba, Antioquia, Bolívar y Chocó en los casos de procesos por embargos de remanentes de Telecom, del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y del Régimen Subsidiado de Salud. Por su parte, el año pasado, fueron sancionados casi 1.200 abogados en todo el país por diversas fallas en su ejercicio.

En cuanto a los abogados, varios nombres siguen llamando la atención. El primero de ellos es el de Ana Karina Pacheco Caro. Desde el pasado 25 de marzo es objeto de investigación por parte del Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre por sus millonarias demandas contra el Estado. De hecho, para hoy está prevista audiencia de pruebas y calificación provisional de su conducta.

En esencia, el proceso contra la abogada Pacheco se inició el pasado 15 de mayo a petición de la Agencia Jurídica del Estado, por acciones de grupo que causan ira en la entidad. Por ejemplo, en representación de un grupo de 120.000 personas, la abogada Pacheco busca que el Ministerio de Minas, Ecopetrol y la Agencia Nacional de Hidrocarburos indemnicen con casi $17 billones a estas personas porque hubo un derrame de 69 barriles de petróleo el 20 de julio de 2014 en el Golfo de Morrosquillo. Según la demandante, el crudo se extendió por aguas aledañas y perjudicó además de habitantes de la zona a pescadores, hoteleros y dueños de apartamentos turísticos. Según registros oficiales, esta es la segunda demanda más cuantiosa contra el Estado.

La abogada Pacheco también presentó otra demanda en el mismo tribunal de Sucre, el pasado 3 de febrero de 2015. Pide $26 billones para 350.000 representados por supuestos daños generados en los trámites de tránsito, ya que la oficina en la materia de Sampués asumió trámites pese a que al parecer no estaba constituida legalmente. En este caso los demandados son el Ministerio de Transporte y otras siete entidades. Es la tercera demanda más grande contra el Estado.

Un tercer proceso que maneja la abogada Ana Karina Pacheco es contra el Ministerio de Minas y Energía y las gobernaciones de Antioquia y Sucre. Esta vez representa a 17 ciudadanos que afirman sentir los efectos nocivos ambientales y en la salud por la actividad minera desplegada en el río Cauca, con una pretensión de indemnización que llega a los $53.214 millones. En algunas de las demandas, la jurista Pacheco es apoyada por otros siete juristas.

“Las demandas tienen su fundamento, se presentaron con base en documentos y todas las víctimas tienen derecho a demandar”, ha dicho públicamente la abogada Pacheco.

El otro nombre que causa escozor es el del abogado David de Jesús Fajardo, quien fue denunciado disciplinariamente también. Pese a que el fallo de $2,1 billones por el caso de los desplazados del conflicto armado en los Montes de María resultó finalmente adverso, insistió en sus pretensiones. Para la Agencia de Defensa del Estado, el abogado ha hecho un ejercicio abusivo del derecho de acción al presentar cuantiosas demandas infundadas, sin argumentación jurídica y mínimo soporte probatorio.

La batalla legal contra abogados y jueces en el asunto de demandas y fallos millonarios continúa. Es otra de las grandes venas rotas de la corrupción estatal, con tentáculos tan poderosos que merece toda la artillería jurídica del mismo Estado y el repudio de la sociedad.

El fallo que llama a los jueces a la reflexión

Ligia del Carmen Ramírez Castaño se desempeñaba como jueza séptima administrativa del Circuito de Sincelejo. En la Rama Judicial siempre contó con el aprecio y la admiración de muchos de sus colegas. De hecho, por sus capacidades profesionales estuvo recientemente en las listas de elegibles que se presentarían para la elección de 12 cargos de magistrado de las salas de descongestión laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, el polémico fallo que expidió en un caso de acción de grupo impetrada por los ciudadanos Edalso Chávez, Sandra Payares y otros, en la que pidieron una millonaria indemnización por el desplazamiento debido al conflicto armado, generó debate. En concepto de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, al emitir sentencia condenatoria el pasado 29 de enero de 2015, “desconoce abiertamente el deber constitucional y legal de motivación de las providencias judiciales, así como los mínimos que debe contener todo fallo judicial”.

El jueves de la semana pasada, Orlix Álvarez, magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre, inició investigación formal contra Ligia del Carmen Ramírez Castaño, jueza séptima administrativa de Sincelejo. De la misma forma, ordenó la suspensión provisional de la funcionaria por noventa días sin derecho a remuneración. La determinación es clave, porque la jueza Ramírez Castaño se hizo visible por expedir sentencia condenatoria contra la Nación por el supuesto desplazamiento forzado de 1.142 víctimas del conflicto armado en los Montes de María, ubicados en Sucre y Córdoba, a la vez que ordenó la increíble indemnización de $2,1 billones.

Por fortuna, el pasado 5 de junio el Tribunal Administrativo de Sucre revocó el billonario fallo contra el Ministerio de Defensa, Acción Social, el departamento de Sucre, el municipio y la Personería de Sincelejo, que había sido expedido el 29 de enero de 2015. En consideración del Contencioso, no se acreditaron suficientemente los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado. De paso, el Tribunal denegó las pretensiones del abogado David de Jesús Fajardo Cardozo, quien aspiraba a honorarios de $210.000 millones.

Aunque el proceso pasará al Consejo de Estado como instancia definitiva, la decisión empieza a resquebrajar las actividades de un grupo de abogados y jueces en las regiones que en los últimos años venían demandando y fallando contra el Estado con pretensiones económicas, que para citar un solo caso, ascendieron a $44 billones.

En palabras de Luis Guillermo Vélez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el asunto no es que demanden, lo cual es usual, sino que por el monto esos recursos deben ser incorporados por norma fiscal como potenciales pasivos o acreencias futuras del Estado, un asunto que afecta las notas que las calificadoras de riesgo otorgan al país.

Por su parte, Pedro Sanabria, magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, considera que la única forma de frenar esta epidemia de demandas con pretensiones desaforadas contra el Estado es “con fallos ejemplarizantes que ordenan la destitución de jueces y la exclusión de abogados del ejercicio profesional”. De hecho, según registros de la Judicatura, en los primeros cinco meses de este año han sido destituidos 19 jueces de los departamentos de Córdoba, Antioquia, Bolívar y Chocó en los casos de procesos por embargos de remanentes de Telecom, del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y del Régimen Subsidiado de Salud. Por su parte, el año pasado, fueron sancionados casi 1.200 abogados en todo el país por diversas fallas en su ejercicio.

En cuanto a los abogados, varios nombres siguen llamando la atención. El primero de ellos es el de Ana Karina Pacheco Caro. Desde el pasado 25 de marzo es objeto de investigación por parte del Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre por sus millonarias demandas contra el Estado. De hecho, para hoy está prevista audiencia de pruebas y calificación provisional de su conducta.

En esencia, el proceso contra la abogada Pacheco se inició el pasado 15 de mayo a petición de la Agencia Jurídica del Estado, por acciones de grupo que causan ira en la entidad. Por ejemplo, en representación de un grupo de 120.000 personas, la abogada Pacheco busca que el Ministerio de Minas, Ecopetrol y la Agencia Nacional de Hidrocarburos indemnicen con casi $17 billones a estas personas porque hubo un derrame de 69 barriles de petróleo el 20 de julio de 2014 en el Golfo de Morrosquillo. Según la demandante, el crudo se extendió por aguas aledañas y perjudicó además de habitantes de la zona a pescadores, hoteleros y dueños de apartamentos turísticos. Según registros oficiales, esta es la segunda demanda más cuantiosa contra el Estado.

La abogada Pacheco también presentó otra demanda en el mismo tribunal de Sucre, el pasado 3 de febrero de 2015. Pide $26 billones para 350.000 representados por supuestos daños generados en los trámites de tránsito, ya que la oficina en la materia de Sampués asumió trámites pese a que al parecer no estaba constituida legalmente. En este caso los demandados son el Ministerio de Transporte y otras siete entidades. Es la tercera demanda más grande contra el Estado.

Un tercer proceso que maneja la abogada Ana Karina Pacheco es contra el Ministerio de Minas y Energía y las gobernaciones de Antioquia y Sucre. Esta vez representa a 17 ciudadanos que afirman sentir los efectos nocivos ambientales y en la salud por la actividad minera desplegada en el río Cauca, con una pretensión de indemnización que llega a los $53.214 millones. En algunas de las demandas, la jurista Pacheco es apoyada por otros siete juristas.

“Las demandas tienen su fundamento, se presentaron con base en documentos y todas las víctimas tienen derecho a demandar”, ha dicho públicamente la abogada Pacheco.

El otro nombre que causa escozor es el del abogado David de Jesús Fajardo, quien fue denunciado disciplinariamente también. Pese a que el fallo de $2,1 billones por el caso de los desplazados del conflicto armado en los Montes de María resultó finalmente adverso, insistió en sus pretensiones. Para la Agencia de Defensa del Estado, el abogado ha hecho un ejercicio abusivo del derecho de acción al presentar cuantiosas demandas infundadas, sin argumentación jurídica y mínimo soporte probatorio.

La batalla legal contra abogados y jueces en el asunto de demandas y fallos millonarios continúa. Es otra de las grandes venas rotas de la corrupción estatal, con tentáculos tan poderosos que merece toda la artillería jurídica del mismo Estado y el repudio de la sociedad.

El fallo que llama a los jueces a la reflexión

Ligia del Carmen Ramírez Castaño se desempeñaba como jueza séptima administrativa del Circuito de Sincelejo. En la Rama Judicial siempre contó con el aprecio y la admiración de muchos de sus colegas. De hecho, por sus capacidades profesionales estuvo recientemente en las listas de elegibles que se presentarían para la elección de 12 cargos de magistrado de las salas de descongestión laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, el polémico fallo que expidió en un caso de acción de grupo impetrada por los ciudadanos Edalso Chávez, Sandra Payares y otros, en la que pidieron una millonaria indemnización por el desplazamiento debido al conflicto armado, generó debate. En concepto de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, al emitir sentencia condenatoria el pasado 29 de enero de 2015, “desconoce abiertamente el deber constitucional y legal de motivación de las providencias judiciales, así como los mínimos que debe contener todo fallo judicial”.