El caso ‘Fidupretelt’

Desde el viernes pasado, cuando El Espectador destapó el escándalo en la Corte Constitucional por cuenta de denuncias de millonarios sobornos para fallar una tutela, el nombre de la firma Fidupetrol quedó en entredicho. Según el abogado Víctor Pacheco, quien destapó este oscuro episodio, el magistrado Jorge Pretelt le pidió $500 millones para garantizar el éxito de una tutela de Fidupetrol que buscaba tumbar un fallo de la Corte Suprema de Justicia que había condenado a esa fiduciaria a pagar $22.500 millones. Mucho dinero en juego por un pleito que hoy tiene a la Corte y a su presidente bajo la lupa de la opinión pública.

Pero ¿cuál es la historia de Fidupetrol? El Espectador indagó y se encontró con varias perlas. Por ejemplo, en junio de 2014 el Gobierno ordenó la liquidación de la firma. ¿La razón? Un enorme desfalco de regalías petroleras del departamento de Casanare, que se inició hace más de siete años. Un caso íntimamente relacionado con la condena a 18 años de prisión que le impuso en 2013 la Corte Suprema al exgobernador de esa región Whitman Herney Porras Pérez, hoy recluido en la cárcel La Picota. Además, la Contraloría encontró fiscalmente responsable a Fidupetrol por permitir que las regalías se invirtieran en una fiducia, algo prohibido por ley.

Esa deuda con el fisco por $22.500 millones —que debía devolverle Fidupetrol a Casanare— hizo que el capital de la fiduciaria se redujera por debajo del mínimo legal, lo que llevó a la Superintendencia Financiera a decretar la liquidación de la entidad. De allí, se diría, la importancia de tumbar ese fallo de la Corte Suprema. Un dato que cobra relevancia en la coyuntura de hoy, entre acusados y acusadores, en donde el prestigio de la Corte Constitucional resultó sacrificado. Es en ese contexto que Fidupetrol presentó una tutela que llegó en 2013 al despacho del magistrado Mauricio González.

Según el testigo Pacheco —quien resultó oficiando como abogado de Fidupetrol—, el magistrado Pretelt, en una reunión privada en su casa, le dijo que podía intervenir para que esa tutela le fuera favorable a Fidupetrol, que sólo él le “hablaba al oído” a González y que necesitaba $500 millones para su colega de la Corte. Pretelt ha desmentido esa versión categóricamente, al tiempo que citó a una Sala Plena extraordinaria, que se llevó a cabo este lunes, para tratar el tema. El Gobierno intervino y a través del ministro Néstor Humberto Martínez solicitó que la Comisión de Acusación llegue cuanto antes al fondo de este asunto.

La génesis del enredo

Todo empezó en 2007, cuando el gobernador Whitman Porras ordenó al tesorero del departamento colocar $25.000 millones en una fiducia en Fidupetrol a favor de unos empresarios que supuestamente tenían un proyecto de licuefacción de carbón. Por ley, las regalías solamente se pueden invertir en Tes (títulos de deuda) o en certificados de depósito a término definido. Además, está prohibido destinarlas a financiar negocios de particulares.

Whitman Herney Porras Pérez fue gobernador de Casanare de septiembre de 2006 a diciembre de 2007. Fue nombrado por decreto para terminar el período de Miguel Ángel Pérez Suárez, condenado por sus vínculos con los paramilitares. En junio de 2007 Porras le dio al tesorero del departamento la orden verbal de invertir $25.000 millones en la Unión Temporal Carbones Likuen. El tesorero le dijo que no era prudente hacer esa inversión porque a Porras sólo le quedaban seis meses de administración. El gobernador se puso “de mal genio” y un mes después insistió ante el tesorero para “que cogiera $25.000 millones y los invirtiera en el patrimonio autónomo Likuen con Fidupetrol”.

El tesorero respondió que no era autónomo para realizar la inversión, por lo que el gobernador le dio la orden por escrito el 17 de julio de 2007. La suma que se le entregó a Carbones Likuen estaba invertida en títulos Tes, que no tienen riesgo pues los garantiza la Nación. El negocio, según el fallo de la Corte Suprema de Justicia, se hizo “bajo unas condiciones que, de entrada, permitían avizorar la alta probabilidad de que (los dineros) no retornaran a la administración”.

La Corte Suprema de Justicia consideró que Fidupetrol debía pagar $22.500 millones, la suma que perdió el Casanare en el negocio de Likuen, columna vertebral de la sentencia contra Porras. La ley prohíbe que las fiducias se utilicen para actos que el fideicomitente (quien entrega el dinero) no puede realizar directamente, y el Casanare no podía financiar proyectos de particulares. Fidupetrol sabía que Carbones Likuen no tenía capital para desarrollar el proyecto de licuefacción de carbón y amparó “una operación ilegal y altamente riesgosa”, concluyó la Corte Suprema.

El representante legal de Carbones Likuen era Jimmy Freddy Osorio Guevara. Lo grave es que cuando Likuen recibió el dinero del Casanare, Osorio Guevara ya había sido condenado por la justicia por el delito de abuso de confianza. Según la excontralora Sandra Morelli, Osorio fue quien “ideó, estructuró, planificó y dirigió toda la operación” prohibida con las regalías de Casanare. Osorio, además, ya había sido condenado en dos ocasiones anteriores por el delito de lesiones personales intencionales cometidas en 2004. Las víctimas fueron Juanita Piedad Gómez Buelvas y Liliam Cecilia Vallejo Villalba.

Como si fuera poco, en noviembre de 2014 Osorio fue cobijado con medida de aseguramiento por estafa agravada. Según la Fiscalía, engañó a 50 personas por la suma de $1.000 millones vendiendo cupos falsos de volquetas y tractocamiones. “¿Por qué en el fallo de la Corte Suprema contra el exgobernador Porras no involucran a Jimmy Osorio y a los representantes de Carbones Likuen, que finalmente fueron los que cogieron toda la plata?”, se preguntó una fuente que conoce todos los detalles del caso de Fidupetrol.

La Unión Temporal Carbones Likuen debía reintegrar la inversión de $25.000 millones que le dio la Gobernación de Casanare en 2009. Pero la plata se la robaron y solamente se recuperó el 10%. El negociado con Carbones Likuen no fue el único en que el exgobernador Porras dilapidó los dineros de las regalías petroleras. Con otra fiduciaria comprometió $38.000 millones. Tan pronto se posesionó en 2006 se reunió en Yopal con Juan Carlos Huérfano Ardila, dueño de un restaurante en el parque de la 93 en Bogotá.

Dicha reunión, en la que se habló de inversiones, duró entre tres y cinco minutos, según declaró Huérfano ante la Corte Suprema. El entonces gobernador le ordenó al tesorero invertir en los patrimonios autónomos que ofrecía Huérfano. El tesorero volvió a protestar, pero al final el gobernador firmó un oficio donde ordenó las inversiones. Huérfano Ardila llevó varios contratos para que la Gobernación de Casanare girara el dinero a la fiduciaria Fiduagraria con el fin de financiar los patrimonios autónomos de Green Mountain Consulting, Cosacol, Viaducto Bogotá-Muña, Consorcio Bogotá-Fusa, Doble Calzada Bogotá-Girardot y Chacón Bernal.

En este caso, Huérfano dijo que no conocía a los empresarios que buscaban recursos para esos patrimonios autónomos y que se dirigió al Casanare porque allí había excedentes de tesorería producto de regalías petroleras. En efecto, Huérfano gestionó la inversión de las regalías “por petición de un compañero de estudios universitarios, el señor Camilo Benedetti Villaneda”. La sentencia de la Corte Suprema señala que Camilo Benedetti Villaneda es hermano del senador Armando Benedetti Villaneda.

Huérfano declaró en el proceso penal: “La persona que me presentó las diferentes alternativas de inversión fue Camilo Benedetti; me comentó cuáles eran las condiciones técnicas del negocio; posteriormente hice un estudio de cómo funcionaba el esquema para buscar potenciales inversionistas. A Camilo lo conozco desde la universidad, está en el medio financiero; en una reunión social me comentó el tema, me pareció interesante. Yo le dije ‘déjeme ver documentación para revisar el tema y yo lo que puedo es hacer una labor de buscar potenciales inversionistas en el sector público y privado’. La labor mía fue replicar lo que hacía Camilo”.

Camilo Benedetti es representante de las inversiones del magnate neoyorquino Donald Trump en Colombia, según publicó la revista Semana en 2010. De acuerdo con la sentencia contra el exgobernador de Casanare, esos dineros públicos de “forma ilegal e irracional se pusieron a disposición de unos cuantos empresarios privados para que financiaran sus actividades mercantiles”. Los términos del negocio fueron “francamente desventajosos” para el departamento del Casanare, señaló la Corte Suprema con ponencia del magistrado José Leonidas Bustos. En palabras castizas, la plata de las regalías terminó siendo usada para apalancar proyectos entre privados, con enredos como con Fidupetrol.

En criterio de la justicia, el exgobernador Porras puso “a su servicio personal la función pública” y por tal razón fue condenado por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. La Corte Suprema detectó un sinnúmero de anomalías en las fiducias celebradas con Fiduagraria. El Casanare entregó el dinero sin garantía, pues “el único respaldo de las operaciones era la propia voluntad de pago” de Green Mountain, Cosacol y los otros patrimonios. Además, por estos negocios se pagaron “jugosas comisiones”.

Líos de dinero

Así por ejemplo, el Consorcio Bogotá-Fusa solamente tenía patrimonio propio de $397 millones, pero recibió $4.000 millones de regalías del departamento de Casanare. Además, le dieron regalías por $30.000 millones más de la Dirección de Estupefacientes y del departamento del Meta. El consorcio “se apalancó financieramente con recursos públicos” para desarrollar obras que debían adelantarse por concesión. Por la consecución de esos dineros se pactó una comisión de $70 millones.

Son varios, pues, los casos que evidencian el derroche de regalías petroleras del Casanare. El caso de la fiducia Chacón Bernal es otro ejemplo. Leovigildo Chacón Reyes declaró que creó una sociedad como laboratorio clínico en 1995, año en que su hija se graduó como bacterióloga, y que luego le cambió el objeto social para dedicarse al transporte y la extracción de carbón. Como no podía conseguir un crédito bancario porque estaba reportado ante las centrales de riesgo, el intermediario Juan Fernando Aguilar le ofreció conseguirle recursos públicos por medio de una fiducia.

Según la Corte Suprema, Aguilar “aparentemente era socio del señor Camilo Benedetti Villaneda”. Chacón recibió entonces $3.000 millones de regalías petroleras del municipio de Castilla en el Meta. Por no cancelar una factura, le embargaron su cuenta bancaria, por lo que no pudo pagar los intereses que debía al municipio de Castilla. Aguilar ofreció entonces conseguir regalías de Casanare para poder cumplir esa deuda. Y así se hizo: un hueco de regalías se tapó abriendo otro hueco. Un caso documentado por las autoridades judiciales que fue resuelto hace dos años.

En síntesis, de los $63.000 millones que el exgobernador Porras ordenó colocar en Fidupetrol y Fiduagraria solamente se recuperó el 30%. La Corte Suprema condenó a Whitman Herney Porras Pérez a pagar el saldo, $42.342 millones, a título de indemnización por el dinero perdido. La justicia determinó que las regalías petroleras están destinadas a atender “las necesidades básicas de la colectividad”. En contraste, Yopal, la capital de Casanare, no tiene agua potable y sus habitantes periódicamente realizan paros cívicos de protesta. La ciudad sin agua y las regalías en proyectos privados. El exgobernador Whitman Porras se dedicó a financiar proyectos de licuefacción de carbón que no eran sino fachadas para que delincuentes como Jimmy Freddy Osorio se robaran los dineros públicos.

Cuando se cometió el peculado, el principal accionista de Fidupetrol era Cavipetrol, la Caja de Vivienda de Ecopetrol. En 2011 el empresario Hélber Otero compró las acciones de Cavipetrol y de otros accionistas. A la fecha de la liquidación tenía el 50% de la compañía. Otero tuvo diferencias con el cuestionado empresario Juan Carlos Ortiz —quien aceptó tres delitos la semana pasada en el expediente por el descalabro de la comisionista Interbolsa y su filial Premium—, quien era socio en Proyectar Valores, firma que también fue liquidada en 2011. Una compañía de Otero, Tecfin, recibió préstamos de las sociedades del Fondo Premium de Interbolsa. Otero es actualmente accionista de la Bolsa Mercantil de Colombia.

En esencia, esta es la radiografía de un expediente judicial que no ha sido ventilado por los medios dentro del escándalo que hoy tiene contra las cuerdas al magistrado y presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt Chaljub. No puede entenderse la denuncia del abogado de Fidupetrol Víctor Pacheco sin contemplar el saqueo a las regalías en Casanare y que, al fin de cuentas, según probó la justicia, los huecos de varias empresas privadas los terminó llenando el Estado a través de los recursos del Casanare. Mientras aquello ocurría Yopal no tenía agua, y aún hoy no la tiene. Quizá entonces no resulte exagerado titular este episodio así: el caso ‘Fidupretelt’.

Desde el viernes pasado, cuando El Espectador destapó el escándalo en la Corte Constitucional por cuenta de denuncias de millonarios sobornos para fallar una tutela, el nombre de la firma Fidupetrol quedó en entredicho. Según el abogado Víctor Pacheco, quien destapó este oscuro episodio, el magistrado Jorge Pretelt le pidió $500 millones para garantizar el éxito de una tutela de Fidupetrol que buscaba tumbar un fallo de la Corte Suprema de Justicia que había condenado a esa fiduciaria a pagar $22.500 millones. Mucho dinero en juego por un pleito que hoy tiene a la Corte y a su presidente bajo la lupa de la opinión pública.

Pero ¿cuál es la historia de Fidupetrol? El Espectador indagó y se encontró con varias perlas. Por ejemplo, en junio de 2014 el Gobierno ordenó la liquidación de la firma. ¿La razón? Un enorme desfalco de regalías petroleras del departamento de Casanare, que se inició hace más de siete años. Un caso íntimamente relacionado con la condena a 18 años de prisión que le impuso en 2013 la Corte Suprema al exgobernador de esa región Whitman Herney Porras Pérez, hoy recluido en la cárcel La Picota. Además, la Contraloría encontró fiscalmente responsable a Fidupetrol por permitir que las regalías se invirtieran en una fiducia, algo prohibido por ley.

Esa deuda con el fisco por $22.500 millones —que debía devolverle Fidupetrol a Casanare— hizo que el capital de la fiduciaria se redujera por debajo del mínimo legal, lo que llevó a la Superintendencia Financiera a decretar la liquidación de la entidad. De allí, se diría, la importancia de tumbar ese fallo de la Corte Suprema. Un dato que cobra relevancia en la coyuntura de hoy, entre acusados y acusadores, en donde el prestigio de la Corte Constitucional resultó sacrificado. Es en ese contexto que Fidupetrol presentó una tutela que llegó en 2013 al despacho del magistrado Mauricio González.

Según el testigo Pacheco —quien resultó oficiando como abogado de Fidupetrol—, el magistrado Pretelt, en una reunión privada en su casa, le dijo que podía intervenir para que esa tutela le fuera favorable a Fidupetrol, que sólo él le “hablaba al oído” a González y que necesitaba $500 millones para su colega de la Corte. Pretelt ha desmentido esa versión categóricamente, al tiempo que citó a una Sala Plena extraordinaria, que se llevó a cabo este lunes, para tratar el tema. El Gobierno intervino y a través del ministro Néstor Humberto Martínez solicitó que la Comisión de Acusación llegue cuanto antes al fondo de este asunto.

La génesis del enredo

Todo empezó en 2007, cuando el gobernador Whitman Porras ordenó al tesorero del departamento colocar $25.000 millones en una fiducia en Fidupetrol a favor de unos empresarios que supuestamente tenían un proyecto de licuefacción de carbón. Por ley, las regalías solamente se pueden invertir en Tes (títulos de deuda) o en certificados de depósito a término definido. Además, está prohibido destinarlas a financiar negocios de particulares.

Whitman Herney Porras Pérez fue gobernador de Casanare de septiembre de 2006 a diciembre de 2007. Fue nombrado por decreto para terminar el período de Miguel Ángel Pérez Suárez, condenado por sus vínculos con los paramilitares. En junio de 2007 Porras le dio al tesorero del departamento la orden verbal de invertir $25.000 millones en la Unión Temporal Carbones Likuen. El tesorero le dijo que no era prudente hacer esa inversión porque a Porras sólo le quedaban seis meses de administración. El gobernador se puso “de mal genio” y un mes después insistió ante el tesorero para “que cogiera $25.000 millones y los invirtiera en el patrimonio autónomo Likuen con Fidupetrol”.

El tesorero respondió que no era autónomo para realizar la inversión, por lo que el gobernador le dio la orden por escrito el 17 de julio de 2007. La suma que se le entregó a Carbones Likuen estaba invertida en títulos Tes, que no tienen riesgo pues los garantiza la Nación. El negocio, según el fallo de la Corte Suprema de Justicia, se hizo “bajo unas condiciones que, de entrada, permitían avizorar la alta probabilidad de que (los dineros) no retornaran a la administración”.

La Corte Suprema de Justicia consideró que Fidupetrol debía pagar $22.500 millones, la suma que perdió el Casanare en el negocio de Likuen, columna vertebral de la sentencia contra Porras. La ley prohíbe que las fiducias se utilicen para actos que el fideicomitente (quien entrega el dinero) no puede realizar directamente, y el Casanare no podía financiar proyectos de particulares. Fidupetrol sabía que Carbones Likuen no tenía capital para desarrollar el proyecto de licuefacción de carbón y amparó “una operación ilegal y altamente riesgosa”, concluyó la Corte Suprema.

El representante legal de Carbones Likuen era Jimmy Freddy Osorio Guevara. Lo grave es que cuando Likuen recibió el dinero del Casanare, Osorio Guevara ya había sido condenado por la justicia por el delito de abuso de confianza. Según la excontralora Sandra Morelli, Osorio fue quien “ideó, estructuró, planificó y dirigió toda la operación” prohibida con las regalías de Casanare. Osorio, además, ya había sido condenado en dos ocasiones anteriores por el delito de lesiones personales intencionales cometidas en 2004. Las víctimas fueron Juanita Piedad Gómez Buelvas y Liliam Cecilia Vallejo Villalba.

Como si fuera poco, en noviembre de 2014 Osorio fue cobijado con medida de aseguramiento por estafa agravada. Según la Fiscalía, engañó a 50 personas por la suma de $1.000 millones vendiendo cupos falsos de volquetas y tractocamiones. “¿Por qué en el fallo de la Corte Suprema contra el exgobernador Porras no involucran a Jimmy Osorio y a los representantes de Carbones Likuen, que finalmente fueron los que cogieron toda la plata?”, se preguntó una fuente que conoce todos los detalles del caso de Fidupetrol.

La Unión Temporal Carbones Likuen debía reintegrar la inversión de $25.000 millones que le dio la Gobernación de Casanare en 2009. Pero la plata se la robaron y solamente se recuperó el 10%. El negociado con Carbones Likuen no fue el único en que el exgobernador Porras dilapidó los dineros de las regalías petroleras. Con otra fiduciaria comprometió $38.000 millones. Tan pronto se posesionó en 2006 se reunió en Yopal con Juan Carlos Huérfano Ardila, dueño de un restaurante en el parque de la 93 en Bogotá.

Dicha reunión, en la que se habló de inversiones, duró entre tres y cinco minutos, según declaró Huérfano ante la Corte Suprema. El entonces gobernador le ordenó al tesorero invertir en los patrimonios autónomos que ofrecía Huérfano. El tesorero volvió a protestar, pero al final el gobernador firmó un oficio donde ordenó las inversiones. Huérfano Ardila llevó varios contratos para que la Gobernación de Casanare girara el dinero a la fiduciaria Fiduagraria con el fin de financiar los patrimonios autónomos de Green Mountain Consulting, Cosacol, Viaducto Bogotá-Muña, Consorcio Bogotá-Fusa, Doble Calzada Bogotá-Girardot y Chacón Bernal.

En este caso, Huérfano dijo que no conocía a los empresarios que buscaban recursos para esos patrimonios autónomos y que se dirigió al Casanare porque allí había excedentes de tesorería producto de regalías petroleras. En efecto, Huérfano gestionó la inversión de las regalías “por petición de un compañero de estudios universitarios, el señor Camilo Benedetti Villaneda”. La sentencia de la Corte Suprema señala que Camilo Benedetti Villaneda es hermano del senador Armando Benedetti Villaneda.

Huérfano declaró en el proceso penal: “La persona que me presentó las diferentes alternativas de inversión fue Camilo Benedetti; me comentó cuáles eran las condiciones técnicas del negocio; posteriormente hice un estudio de cómo funcionaba el esquema para buscar potenciales inversionistas. A Camilo lo conozco desde la universidad, está en el medio financiero; en una reunión social me comentó el tema, me pareció interesante. Yo le dije ‘déjeme ver documentación para revisar el tema y yo lo que puedo es hacer una labor de buscar potenciales inversionistas en el sector público y privado’. La labor mía fue replicar lo que hacía Camilo”.

Camilo Benedetti es representante de las inversiones del magnate neoyorquino Donald Trump en Colombia, según publicó la revista Semana en 2010. De acuerdo con la sentencia contra el exgobernador de Casanare, esos dineros públicos de “forma ilegal e irracional se pusieron a disposición de unos cuantos empresarios privados para que financiaran sus actividades mercantiles”. Los términos del negocio fueron “francamente desventajosos” para el departamento del Casanare, señaló la Corte Suprema con ponencia del magistrado José Leonidas Bustos. En palabras castizas, la plata de las regalías terminó siendo usada para apalancar proyectos entre privados, con enredos como con Fidupetrol.

En criterio de la justicia, el exgobernador Porras puso “a su servicio personal la función pública” y por tal razón fue condenado por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. La Corte Suprema detectó un sinnúmero de anomalías en las fiducias celebradas con Fiduagraria. El Casanare entregó el dinero sin garantía, pues “el único respaldo de las operaciones era la propia voluntad de pago” de Green Mountain, Cosacol y los otros patrimonios. Además, por estos negocios se pagaron “jugosas comisiones”.

Líos de dinero

Así por ejemplo, el Consorcio Bogotá-Fusa solamente tenía patrimonio propio de $397 millones, pero recibió $4.000 millones de regalías del departamento de Casanare. Además, le dieron regalías por $30.000 millones más de la Dirección de Estupefacientes y del departamento del Meta. El consorcio “se apalancó financieramente con recursos públicos” para desarrollar obras que debían adelantarse por concesión. Por la consecución de esos dineros se pactó una comisión de $70 millones.

Son varios, pues, los casos que evidencian el derroche de regalías petroleras del Casanare. El caso de la fiducia Chacón Bernal es otro ejemplo. Leovigildo Chacón Reyes declaró que creó una sociedad como laboratorio clínico en 1995, año en que su hija se graduó como bacterióloga, y que luego le cambió el objeto social para dedicarse al transporte y la extracción de carbón. Como no podía conseguir un crédito bancario porque estaba reportado ante las centrales de riesgo, el intermediario Juan Fernando Aguilar le ofreció conseguirle recursos públicos por medio de una fiducia.

Según la Corte Suprema, Aguilar “aparentemente era socio del señor Camilo Benedetti Villaneda”. Chacón recibió entonces $3.000 millones de regalías petroleras del municipio de Castilla en el Meta. Por no cancelar una factura, le embargaron su cuenta bancaria, por lo que no pudo pagar los intereses que debía al municipio de Castilla. Aguilar ofreció entonces conseguir regalías de Casanare para poder cumplir esa deuda. Y así se hizo: un hueco de regalías se tapó abriendo otro hueco. Un caso documentado por las autoridades judiciales que fue resuelto hace dos años.

En síntesis, de los $63.000 millones que el exgobernador Porras ordenó colocar en Fidupetrol y Fiduagraria solamente se recuperó el 30%. La Corte Suprema condenó a Whitman Herney Porras Pérez a pagar el saldo, $42.342 millones, a título de indemnización por el dinero perdido. La justicia determinó que las regalías petroleras están destinadas a atender “las necesidades básicas de la colectividad”. En contraste, Yopal, la capital de Casanare, no tiene agua potable y sus habitantes periódicamente realizan paros cívicos de protesta. La ciudad sin agua y las regalías en proyectos privados. El exgobernador Whitman Porras se dedicó a financiar proyectos de licuefacción de carbón que no eran sino fachadas para que delincuentes como Jimmy Freddy Osorio se robaran los dineros públicos.

Cuando se cometió el peculado, el principal accionista de Fidupetrol era Cavipetrol, la Caja de Vivienda de Ecopetrol. En 2011 el empresario Hélber Otero compró las acciones de Cavipetrol y de otros accionistas. A la fecha de la liquidación tenía el 50% de la compañía. Otero tuvo diferencias con el cuestionado empresario Juan Carlos Ortiz —quien aceptó tres delitos la semana pasada en el expediente por el descalabro de la comisionista Interbolsa y su filial Premium—, quien era socio en Proyectar Valores, firma que también fue liquidada en 2011. Una compañía de Otero, Tecfin, recibió préstamos de las sociedades del Fondo Premium de Interbolsa. Otero es actualmente accionista de la Bolsa Mercantil de Colombia.

En esencia, esta es la radiografía de un expediente judicial que no ha sido ventilado por los medios dentro del escándalo que hoy tiene contra las cuerdas al magistrado y presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt Chaljub. No puede entenderse la denuncia del abogado de Fidupetrol Víctor Pacheco sin contemplar el saqueo a las regalías en Casanare y que, al fin de cuentas, según probó la justicia, los huecos de varias empresas privadas los terminó llenando el Estado a través de los recursos del Casanare. Mientras aquello ocurría Yopal no tenía agua, y aún hoy no la tiene. Quizá entonces no resulte exagerado titular este episodio así: el caso ‘Fidupretelt’.