El coletazo de la reventa de boletas en la Federación Colombiana de Fútbol

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) vive una nueva crisis. Además de los desacuerdos entre sus directivos manifestados en algunas renuncias, el problema se acrecentó ante los recientes hallazgos en las investigaciones que la justicia administrativa y penal adelanta sobre la reventa de boletas de la eliminatoria a Rusia 2018. A mediados de esta semana, César Pastrana, expresidente de Independiente Santa Fe, dimitió como miembro del Comité Ejecutivo y dejó claras sus diferencias con la actual directiva, en cabeza del presidente Ramón Jesurún y del vicepresidente Álvaro González Alzate. Según fuentes consultadas por este diario, también lo hizo con la intención de desmarcarse del escándalo de la reventa, que ya levanta ampolla entre los directivos del fútbol. (Federación Colombiana de Fútbol responde acusaciones por reventa de boletas)

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) vive una nueva crisis. Además de los desacuerdos entre sus directivos manifestados en algunas renuncias, el problema se acrecentó ante los recientes hallazgos en las investigaciones que la justicia administrativa y penal adelanta sobre la reventa de boletas de la eliminatoria a Rusia 2018. A mediados de esta semana, César Pastrana, expresidente de Independiente Santa Fe, dimitió como miembro del Comité Ejecutivo y dejó claras sus diferencias con la actual directiva, en cabeza del presidente Ramón Jesurún y del vicepresidente Álvaro González Alzate. Según fuentes consultadas por este diario, también lo hizo con la intención de desmarcarse del escándalo de la reventa, que ya levanta ampolla entre los directivos del fútbol. (Federación Colombiana de Fútbol responde acusaciones por reventa de boletas)

Horas después de la renuncia de César Pastrana, también lo hizo Jaime Pineda, expresidente del Once Caldas. Es claro que su decisión obedeció a otras razones, y que su relación con las directivas se había fracturado desde diciembre pasado, luego de que insultó a varios presidentes de clubes durante algunas reuniones y en varias conversaciones. Según reveló El Tiempo, el último episodio ocurrió durante un paseo en yate en Cartagena, tras el sorteo de los partidos de la Copa América 2020. Durante ese viaje, al calor de una discusión, Jaime Pineda la emprendió contra Eduardo Méndez, actual presidente de Santa Fe, a quien calificó como “un abogado de bandidos”, refiriéndose a narcotraficantes, y aseguró que por esas razones “debía salir del fútbol”. (La reventa masiva de la eliminatoria a Rusia 2018)

En reemplazo de Pineda y Pastrana, en 24 horas, fueron nombrados Juan Fernando Mejía, expresidente del Deportivo Cali y exvocal del Comité Olímpico Colombiano, y Luis Gabriel Miranda, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia. “Las designaciones se van a impugnar, porque la asamblea es la que debe elegirlos”, anunció una fuente. También renunció la secretaria general de la FCF, Celina Sierra, luego de 27 años de trabajo en la entidad, para disfrutar su pensión. A pesar de las razones individuales, esa cadena de movimientos se da en medio de la crisis que se desató el año anterior, cuando la Fiscalía anunció una investigación contra varios directivos y exdirectivos por su participación en la irregular reventa de boletas en los partidos de la eliminatoria a Rusia 2018. (Directivos de Ticketshop aceptaron delitos por reventa de boletas)

Una investigación paralela se abrió en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y, el pasado 6 de enero, La W Radio reveló que pidió declarar responsables a la FCF y varios empresarios de Ticketshop y Ticket Ya por competencia desleal y sugirió sancionarlos con millonarias multas. Aunque la decisión puede tardar meses, personas que conocen el expediente aseguraron que lo más probable es que las recomendaciones del informe sean aceptadas.

Los investigados son César Carreño e Iván Arce, empresarios de Ticketshop; y Elías Yamhure, Rodrigo Rendón Cano, Rodrigo Rendón Ruiz, Alberto Romero y Roberto Saer Daccarett, de Ticket Ya; más Ramón Jesurún, Álvaro González, Elkin Arce Mena y Claudio Cogollo, miembros del Comité Ejecutivo de la FCF; sus exdirectivos Luis Bedoya, Jorge Perdomo y Juan Alejandro Hernández; el director jurídico, Andrés Tamayo, y el exgerente administrativo, Rodrigo José Cobo.

📷El caso en la SICy

La génesis del caso data del 8 de agosto de 2017. Ese día, los aficionados del fútbol se quejaron ante el organismo administrativo por no poder adquirir ninguna de las 6.000 boletas que ofertaba ese día la empresa Ticketshop para el partido entre Colombia y Brasil por las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. Cuando llegó la hora cero de la venta al público, la página de internet presentó fallas y, quince minutos más tarde, no había ni una sola boleta disponible. Lo que llegó después fue un efecto dominó: la SIC demostró que las entradas nunca estuvieron a la venta y que la empresa les mintió a los consumidores. Por eso, les impuso una multa por más de $740 millones a Ticketshop y a sus representantes. (Fiscalía inspeccionó la Federación Colombiana de Fútbol por escándalo de reventa de boletas)

Pero el tema no terminó ahí. Los investigadores probaron que las boletas no estuvieron a la venta porque fueron desviadas a otra empresa para revenderlas: Ticket Ya. Se configuró una maniobra de competencia desleal con jugosos beneficios a varios particulares que no fue transparente con las demás boleteras del mercado. La SIC aseguró que Ticketshop, como operador de boletería calificado, solo fue una fachada para quedarse con el contrato de la venta de la boletería en las eliminatorias de Rusia 2018, que adjudicó la FCF en agosto de 2015 por $40.124 millones. El dueño del negocio, en la trasescena, fue Ticket Ya, una sociedad cartagenera liderada por el entonces presidente del Real Cartagena, Rodrigo Rendón; y los empresarios Elías Yamhure y Medardo Alberto Romero.

Junto a los miembros de Ticketshop y de Ticket Ya, en calidad de aliados estarían, según la SIC, algunos directivos de la FCF que habrían acordado previamente la adjudicación del contrato de la discordia, pese a que en la invitación a cotizar se prometió elegir al mejor proponente. Debido a estas supuestas irregularidades, la Superintendencia formuló cargos en contra de los investigados. Los empresarios de Ticketshop ya aceptaron su responsabilidad y pasaron a ser delatores. Ese hecho contribuyó al informe de 354 páginas con el que la delegada para la protección de la competencia recomendó al superintendente de Industria y Comercio sancionar a los directivos y a empresarios investigados.

La SIC recalcó en el documento que “el proceso (de contratación) que adelantó la FCF fue artificioso, pues fue diseñado y realizado para aparentar la existencia de un proceso transparente y abierto a la participación de todos los competidores del mercado de boletería”. Más adelante agrega que “la FCF, junto con los demás investigados, construyó un falso escenario de competencia entre los operadores de boletería (…) La FCF no solamente contribuyó activamente a manipular el proceso de contratación del operador de la boletería que posteriormente la revendería, sino que también, con su comportamiento y bajo su vigilancia, se materializó la desviación masiva de boletas para la reventa por parte del operador escogido por esa entidad”.

El ente de control sostiene, además, que los miembros del Comité Ejecutivo de la FCF 2015 favorecieron a Ticketshop en la selección como operador de la boletería y que no revisaron ninguna de las propuestas presentadas por las demás compañías oferentes, aún cuando los elementos de juicio establecían que el ganador del proceso de selección debía ser Primera Fila (Cine Colombia SA). Sobre Luis Bedoya, presidente de la FCF para la época, la Superintendencia dice que en una sesión con el Comité Ejecutivo manifestó a los demás miembros “la importancia de elegir la oferta de Ticketshop y señaló que era la mejor oferta”. Una vez suscrito el contrato, suscribió modificaciones que cambiaron las condiciones económicas y beneficiaron a Ticketshop.

Frente a estos señalamientos, Luis Bedoya, hoy procesado en Estados Unidos por el escándalo de corrupción Fifagate que estalló en 2015, argumentó que ni él ni la Federación de Fútbol conocieron la manera en que se ejecutó el contrato de la boletería a Rusia 2018 por parte de la empresa Ticketshop, y que en el expediente no existe prueba alguna que evidencie el nexo causal entre los directivos del fútbol colombiano y la realización de un supuesto acuerdo entre Ticketshop y Ticket Ya para la reventa de esas boletas. La SIC, sin embargo, insiste en que las evidencias demuestran que la FCF y sus miembros sí participaron activamente del acuerdo anticompetitivo.

En su defensa, la FCF manifiesta que la elección de la boletera fue producto del análisis conjunto del valor y la modalidad de las propuestas y que se consideró que la elegida fue la mejor oferta, teniendo en cuenta criterios como la cuantía de la propuesta, el anticipo ofrecido, la fórmula de pago y la experiencia. La entidad insistió, además, en que se rige por el derecho privado y la Superintendencia intenta equiparar la contratación privada con la contratación estatal, violentando su autonomía. “La delegatura desconoció que en materia sancionatoria las responsabilidades son individuales (…) En tal sentido, si se probara que terceros utilizaron de forma indebida el contrato, la responsabilidad por esa conducta no podría ser atribuida a la FCF”, agregó la Federación.

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La investigación penal

A la par con las pesquisas administrativas de la Superintendencia de Industria y Comercio, a comienzos de 2019 la Fiscalía abrió el respectivo capítulo penal de la reventa. En ese mismo momento anunció las primeras imputaciones contra César Carreño e Iván Arce, quienes se desempeñaron como representante legal y gerente financiero de Ticketshop, respectivamente. Los empresarios ya fueron llamados ante la justicia por los delitos de agiotaje (especulación para modificar los precios de los productos), concierto para delinquir y ofrecimiento engañoso de productos y servicios. Ambos aceptaron cargos y llegaron a un acuerdo con la Fiscalía. Hoy están a la espera de conocer su sentencia.

La actuación más reciente del capítulo penal por la reventa de boletas a Rusia 2018 ocurrió en diciembre, cuando se adelantó la audiencia de imputación de cargos a Rodrigo Rendón —quien falleció a mediados de 2019—, Elías Yamhure y Medardo Alberto Romero, empresarios de Ticket Ya. El ente acusador reiteró que, según su pesquisa, el 8 de agosto de 2017 comenzó la maniobra engañosa para fingir la venta de boletas. Luego dio a conocer los detalles sobre la indagación que se realiza contra varios miembros y exmiembros de la FCF que dieron el visto bueno al contrato con el que Ticketshop se quedó con el manejo de la boletería. Aunque hubo revuelo mediático, hasta ahora no se conoce que hayan sido vinculados formalmente.

Eso sí, en la misma línea de la SIC, la Fiscalía ya tiene claro que la convocatoria para contratar al operador de la boletería fue ficticia. Aunque el 6 de agosto de 2015 la FCF hizo pública la invitación en su página web, Iván Arce, César Carreño y Rodrigo Rendón reconocieron a los investigadores que el entonces presidente de la FCF, Luis Bedoya, dijo que el negocio se entregaría a la empresa de boletas que hiciera la mejor oferta en dinero y asegurara un anticipo de $10.000 millones. Arce y Carreño agregaron que Rendón les garantizó que Ticketshop se quedaría con el contrato porque estaba acordado previamente con la FCF. “Ya es para ustedes, solo necesitan una firma y se ganan una comisión”, les dijo Rendón a los empresarios de Ticketshop.

“Había un acuerdo de voluntades gestado con la presidencia de la FCF que aseguraba la adjudicación del contrato a Ticketshop. Se convocó a las demás empresas para simular una convocatoria general (…) fue mediante una situación engañosa con las demás empresas (…) hubo ofrecimiento de dádivas a los miembros de la FCF para asegurar ese contrato”, agregó el fiscal. En los minutos siguientes de la audiencia, los señalamientos subieron de tono. El fiscal reveló que César Carreño manifestó en interrogatorio que el 19 de agosto de 2015, cuando la FCF adjudicó el contrato a Ticketshop, escuchó una conversación entre Rendón, Yamhure y Romero (de Ticket Ya) en la que mencionaron un pago de $3.000 millones, suma que debían transportar a una casa en Altos de Yerbabuena y correspondía al contrato de la FCF.

Para ello, según la declaración, los socios de Ticket Ya pidieron prestado un carro blindado para transportar la suma en efectivo. “César Carreño e Iván Arce (de Ticketshop) aceptaron cargos por estos hechos. Son testigos legitimados”, añadió el fiscal. Para apoyar su versión, la Fiscalía citó a Jorge Perdomo, presidente de la Dimayor y miembro suplente en la junta directiva de la FCF en la época de los hechos. Este dijo a la justicia que en 2017 Rodrigo Rendón se le acercó con la intención de convencerlo de renovar el contrato de la boletería con Ticketshop. “Va a haber una plata para usted”, le dijo. Minutos después, Rendón le habría contado que, para la adjudicación del contrato, entregaron $1.000 millones a “Lucho (Luis Bedoya), Ramón (Ramón Jesurún) y el Chiquito (Álvaro González)”, para un total de $3.000 millones.

Tras obtener estas evidencias, la Fiscalía allanó los apartamentos de Medardo Alberto Romero y de su padre, ubicados en el exclusivo sector de Los Morros en Cartagena. En esa diligencia se encontró una maleta negra con varios cuadernos, que en un primer momento intentaron ser desaparecidos. Una de las agendas halladas tenía la siguiente anotación: “La propuesta para la FCF es la siguiente: $12.000 millones como pago para derechos de explotación de la boletería. La logística por cuenta de nosotros, lo cual tiene un valor de operación de máximo de $200 millones por partido, para un total de $1.800 millones. La comisión de éxito es por $3.000 millones”.

El ente acusador cree que este dato debe conectarse con lo declarado por Jorge Perdomo y César Carreño y que los $3.000 millones deben inferirse como el pago de dádivas a miembros de la FCF por el contrato de la boletería. La Fiscalía afirmó durante la audiencia que continuará indagando a los directivos de la FCF, pero el juez de garantías le jaló las orejas. “No sé por qué el cuidado de la Fiscalía para la utilización de nombres de la cúpula de la FCF que presuntamente estuvo vinculada en este caso: Bedoya, Jesurún y González (…) La Fiscalía tiene que demostrar si ese pago se dio (…) Hay que auscultar en esa información, en si los miembros de Ticket Ya se desplazaron (a la casa de Altos de Yerbabuena) el 19 de agosto de 2015. No es difícil de establecer”.

Ante los señalamientos de naturaleza penal, la FCF ha defendido su gestión y denunció penalmente por falso testimonio al exdirectivo Jorge Perdomo. “El falso testimonio del señor Perdomo habla de un supuesto soborno millonario a directivos de la Federación. Este mismo testimonio fue desvirtuado el pasado 25 de noviembre de 2019 por la SIC por considerarlo contradictorio y omisivo. Cada vez que vuelve a aparecer este falso testimonio se hace daño al fútbol en general y a las personas mencionadas en particular, sin que exista prueba ninguna en ese sentido ni tampoco ningún testimonio por parte de los investigados”, agregó la Federación en un comunicado público.

En síntesis, cada quien por su lado, la Fiscalía y la SIC les pisan los talones a los dirigentes del fútbol. Pero aunque ya hay cargos admitidos, la cúpula del fútbol colombiano sigue negando cualquier vínculo con la reventa de boletas. Ya hay fisuras entre los directivos del fútbol y el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez; esta semana hubo ruido con varias renuncias en la Federación; y no cesan los desacuerdos por los derechos de transmisión de los partidos entre los clubes afiliados. Aire enrarecido a pocos meses de que empiece la eliminatoria a Catar 2022.