El debate por una contrarreforma en la Fiscalía

Desde que se firmó el Acuerdo de Paz entre el gobierno Santos y las Farc a finales de 2016, una de las prioridades para su implementación fue la creación de la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales que Atentan contra Defensores de Derechos Humanos y Movimientos Sociales. Con base en facultades concedidas al jefe de Estado, este compromiso se concretó a través del decreto ley 898 de mayo de 2017. Pero aunque ya inició su trabajo, hoy afronta su primer obstáculo en la Corte Constitucional.

Como quedó reglamentado en un texto de 67 artículos, el Comité de Escogencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) presentó una terna de candidatos para dirigir la referida unidad, y el fiscal Néstor Humberto Martínez eligió a la abogada Martha Janeth Mancera, con 25 años de servicio en la Fiscalía. De hecho, ya comenzó operaciones priorizando la investigación de los crímenes ocurridos este año en la región del Darién y el Bajo Atrato chocoano. Sin embargo, el escollo inmediato tiene que ver con la validez jurídica de su composición.

Como quedó pactado en La Habana, la Corte Constitucional debe examinar las normas de implementación del Acuerdo de Paz y, por supuesto, eso incluye el mencionado decreto ley 898. Ya comenzó a hacerlo, pero han surgido voces y sectores que se oponen a la conformación de la Unidad de Investigación para el Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales, básicamente sustentados en que la Fiscalía no podía aprovecharse del proceso de paz y su implementación para golpear los derechos de los trabajadores del organismo.

Un escrito presentado por el exmagistrado José Gregorio Hernández y la presidenta de un sindicato del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI), Janeth Patricia Puentes, refiere que si bien la mayoría de artículos del decreto ley 898 se ajusta a la Carta Política, “era innecesaria la supresión de cargos, dejando sin trabajo a muchos servidores públicos, ni tampoco era viable reestructurar por completo la entidad”. En desarrollo del examen de constitucionalidad, a la Corte ya llegaron otras intervenciones con el mismo reparo.

En el trasfondo de la discusión, y más allá del dilema laboral, existe un tema que incide notoriamente en el debate. También con base en facultades otorgadas al presidente, en 2013 se aprobó la Ley 1654 para impulsar una reforma estructural de la Fiscalía. Esa ley se reglamentó a través de ocho decretos y a quien le correspondió hacerlo fue al exfiscal Eduardo Montealegre. Cuando lo anunció, el exfuncionario admitió que la inversión del Gobierno para esa reestructuración alcanzaba la elevada suma de un billón 85.000 millones de pesos.

Además de la creación de 3.500 nuevos cargos en la Fiscalía, se dijo que ésta quedaba fortalecida para el siglo XXI, con más fiscales en toda la Nación, más miembros de la Policía Judicial y más investigadores en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Sin embargo, no faltaron los críticos, empezando por el exfiscal y entonces ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, quien se negó a respaldarla. Con el paso de los días, esta reestructuración de la Fiscalía se convirtió en uno de los temas de cuestionamiento a la era Montealegre.

Cuando Montealegre dejó su cargo en marzo de 2016, no faltaron quienes le pasaran la cuenta de cobro por la referida reforma. Internamente, porque muchos funcionarios se vieron desplazados por otros con menos experiencia, ya que la idea de crear superfiscales en el exterior no funcionó, o porque la creación de la universidad de la Fiscalía fue un fracaso. En julio de 2016, cuando Néstor Humberto Martínez asumió como fiscal, de entrada habló de una profunda reingeniería institucional, incluyendo una auditoría al presupuesto.

Lo que no estaba previsto, y en parte explica la polémica del presente, es que, vía el decreto ley 898, se iba a abrir paso buena parte de esa contrarreforma. En su escrito de defensa del decreto ante la Corte Constitucional, el fiscal Martínez explicó que varias de las áreas creadas en la reforma de 2014 no generaron aportes a la investigación criminal y, en cambio, produjeron una gran desarticulación, y se requiere reducir el nivel directivo de la entidad. La nueva idea es incrementar el número de fiscales e investigadores, sobre todo en zonas críticas.

Según Martínez, la criminalidad del posconflicto requiere acciones urgentes para enfrentar las disidencias de las Farc, el aumento de los frentes de guerra del Eln, el clan del Golfo, las bandas de los Puntilleros y los Pelusos, y la acción de algunos postulados de Justicia y Paz. Por eso se necesitaban tres nuevas delegadas, contra la criminalidad organizada, contra las finanzas criminales y en favor de la seguridad ciudadana. El problema es que, de manera conexa, fue necesario impulsar una reorganización interna, piedra de la discordia.

En términos numéricos, las modificaciones de la planta de personal muestran la supresión de 2.176 cargos de la planta global, que sumados a otras áreas llegan a 5.737. No obstante, la Fiscalía reportó a la Corte que, de los cargos suprimidos, sólo estaban ocupados 1.364 y la mayoría de ellos se reincorporarán en otras ocupaciones. En últimas, insistió la Fiscalía, en la práctica sólo han sido desvinculados 254 funcionarios. Los opositores a la norma sostienen que no se necesitaba afectar la planta de personal e incluso se habla de crisis laboral.

A pesar de la discusión, la Corte parece inclinada a respaldar a la Fiscalía. Al menos eso se desprende de su proyecto de fallo, conocido por El Espectador, según el cual no ve reparo en la reestructuración. La ponencia del magistrado Alberto Rojas apunta únicamente a cuestionar un artículo que señala que las partidas que el Gobierno aporte deben ser de obligatoria inclusión en el presupuesto de la Fiscalía. El proyecto señala que eso es materia del Congreso. En lo que respecta a la supresión y creación de cargos no plantea objeción.

Este asunto será uno de los primeros debates de la Corte Constitucional en 2018. La Fiscalía confía en el respaldo y, de hecho, la unidad ya trabaja con equipos itinerantes en Darién y el Bajo Atrato. Pero, según los entendidos, no será un debate fácil. Con una particularidad, entre los magistrados que deben decidir está Gloria Stella Ortiz, quien fue la persona que redactó los decretos que dieron vida a la reforma de Eduardo Montealegre. Además es la ponente para revisar la tutela que busca sacar del cargo a su colega Alberto Rojas.

Las primeras operaciones de la Unidad

A mediados de esta semana la Unidad de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales de la Fiscalía inició sus labores. Según el organismo, la prioridad es avanzar en el esclarecimiento de 38 homicidios, de los cuales siete corresponden a defensores de derechos humanos, una situación derivada de conflictos por tierras. En esta primera operación fue focalizada en el departamento de Chocó.

La Unidad está a cargo de Martha Janeth Mancera, una abogada con más 20 años de experiencia en la Fiscalía. La funcionaria es egresada de la Universidad Libre de Bogotá y tiene un magíster en derecho penal de ese centro docente, cursó también dos especializaciones que refuerzan sus conocimientos jurídicos al asumir el cargo.

Al empezar su labor en la Unidad se conoció que además de los asesinatos de defensores de derechos humanos también la Fiscalía ha recibido más de 25 denuncias por intimidaciones contra otros defensores de derechos humanos y reclamantes de tierras. 

Desde que se firmó el Acuerdo de Paz entre el gobierno Santos y las Farc a finales de 2016, una de las prioridades para su implementación fue la creación de la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales que Atentan contra Defensores de Derechos Humanos y Movimientos Sociales. Con base en facultades concedidas al jefe de Estado, este compromiso se concretó a través del decreto ley 898 de mayo de 2017. Pero aunque ya inició su trabajo, hoy afronta su primer obstáculo en la Corte Constitucional.

Como quedó reglamentado en un texto de 67 artículos, el Comité de Escogencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) presentó una terna de candidatos para dirigir la referida unidad, y el fiscal Néstor Humberto Martínez eligió a la abogada Martha Janeth Mancera, con 25 años de servicio en la Fiscalía. De hecho, ya comenzó operaciones priorizando la investigación de los crímenes ocurridos este año en la región del Darién y el Bajo Atrato chocoano. Sin embargo, el escollo inmediato tiene que ver con la validez jurídica de su composición.

Como quedó pactado en La Habana, la Corte Constitucional debe examinar las normas de implementación del Acuerdo de Paz y, por supuesto, eso incluye el mencionado decreto ley 898. Ya comenzó a hacerlo, pero han surgido voces y sectores que se oponen a la conformación de la Unidad de Investigación para el Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales, básicamente sustentados en que la Fiscalía no podía aprovecharse del proceso de paz y su implementación para golpear los derechos de los trabajadores del organismo.

Un escrito presentado por el exmagistrado José Gregorio Hernández y la presidenta de un sindicato del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI), Janeth Patricia Puentes, refiere que si bien la mayoría de artículos del decreto ley 898 se ajusta a la Carta Política, “era innecesaria la supresión de cargos, dejando sin trabajo a muchos servidores públicos, ni tampoco era viable reestructurar por completo la entidad”. En desarrollo del examen de constitucionalidad, a la Corte ya llegaron otras intervenciones con el mismo reparo.

En el trasfondo de la discusión, y más allá del dilema laboral, existe un tema que incide notoriamente en el debate. También con base en facultades otorgadas al presidente, en 2013 se aprobó la Ley 1654 para impulsar una reforma estructural de la Fiscalía. Esa ley se reglamentó a través de ocho decretos y a quien le correspondió hacerlo fue al exfiscal Eduardo Montealegre. Cuando lo anunció, el exfuncionario admitió que la inversión del Gobierno para esa reestructuración alcanzaba la elevada suma de un billón 85.000 millones de pesos.

Además de la creación de 3.500 nuevos cargos en la Fiscalía, se dijo que ésta quedaba fortalecida para el siglo XXI, con más fiscales en toda la Nación, más miembros de la Policía Judicial y más investigadores en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Sin embargo, no faltaron los críticos, empezando por el exfiscal y entonces ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, quien se negó a respaldarla. Con el paso de los días, esta reestructuración de la Fiscalía se convirtió en uno de los temas de cuestionamiento a la era Montealegre.

Cuando Montealegre dejó su cargo en marzo de 2016, no faltaron quienes le pasaran la cuenta de cobro por la referida reforma. Internamente, porque muchos funcionarios se vieron desplazados por otros con menos experiencia, ya que la idea de crear superfiscales en el exterior no funcionó, o porque la creación de la universidad de la Fiscalía fue un fracaso. En julio de 2016, cuando Néstor Humberto Martínez asumió como fiscal, de entrada habló de una profunda reingeniería institucional, incluyendo una auditoría al presupuesto.

Lo que no estaba previsto, y en parte explica la polémica del presente, es que, vía el decreto ley 898, se iba a abrir paso buena parte de esa contrarreforma. En su escrito de defensa del decreto ante la Corte Constitucional, el fiscal Martínez explicó que varias de las áreas creadas en la reforma de 2014 no generaron aportes a la investigación criminal y, en cambio, produjeron una gran desarticulación, y se requiere reducir el nivel directivo de la entidad. La nueva idea es incrementar el número de fiscales e investigadores, sobre todo en zonas críticas.

Según Martínez, la criminalidad del posconflicto requiere acciones urgentes para enfrentar las disidencias de las Farc, el aumento de los frentes de guerra del Eln, el clan del Golfo, las bandas de los Puntilleros y los Pelusos, y la acción de algunos postulados de Justicia y Paz. Por eso se necesitaban tres nuevas delegadas, contra la criminalidad organizada, contra las finanzas criminales y en favor de la seguridad ciudadana. El problema es que, de manera conexa, fue necesario impulsar una reorganización interna, piedra de la discordia.

En términos numéricos, las modificaciones de la planta de personal muestran la supresión de 2.176 cargos de la planta global, que sumados a otras áreas llegan a 5.737. No obstante, la Fiscalía reportó a la Corte que, de los cargos suprimidos, sólo estaban ocupados 1.364 y la mayoría de ellos se reincorporarán en otras ocupaciones. En últimas, insistió la Fiscalía, en la práctica sólo han sido desvinculados 254 funcionarios. Los opositores a la norma sostienen que no se necesitaba afectar la planta de personal e incluso se habla de crisis laboral.

A pesar de la discusión, la Corte parece inclinada a respaldar a la Fiscalía. Al menos eso se desprende de su proyecto de fallo, conocido por El Espectador, según el cual no ve reparo en la reestructuración. La ponencia del magistrado Alberto Rojas apunta únicamente a cuestionar un artículo que señala que las partidas que el Gobierno aporte deben ser de obligatoria inclusión en el presupuesto de la Fiscalía. El proyecto señala que eso es materia del Congreso. En lo que respecta a la supresión y creación de cargos no plantea objeción.

Este asunto será uno de los primeros debates de la Corte Constitucional en 2018. La Fiscalía confía en el respaldo y, de hecho, la unidad ya trabaja con equipos itinerantes en Darién y el Bajo Atrato. Pero, según los entendidos, no será un debate fácil. Con una particularidad, entre los magistrados que deben decidir está Gloria Stella Ortiz, quien fue la persona que redactó los decretos que dieron vida a la reforma de Eduardo Montealegre. Además es la ponente para revisar la tutela que busca sacar del cargo a su colega Alberto Rojas.

Las primeras operaciones de la Unidad

A mediados de esta semana la Unidad de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales de la Fiscalía inició sus labores. Según el organismo, la prioridad es avanzar en el esclarecimiento de 38 homicidios, de los cuales siete corresponden a defensores de derechos humanos, una situación derivada de conflictos por tierras. En esta primera operación fue focalizada en el departamento de Chocó.

La Unidad está a cargo de Martha Janeth Mancera, una abogada con más 20 años de experiencia en la Fiscalía. La funcionaria es egresada de la Universidad Libre de Bogotá y tiene un magíster en derecho penal de ese centro docente, cursó también dos especializaciones que refuerzan sus conocimientos jurídicos al asumir el cargo.

Al empezar su labor en la Unidad se conoció que además de los asesinatos de defensores de derechos humanos también la Fiscalía ha recibido más de 25 denuncias por intimidaciones contra otros defensores de derechos humanos y reclamantes de tierras.