El dilema de una multinacional

El próximo 5 de septiembre, a instancias de la Fiscalía, están citados para audiencia de imputación de cargos funcionarios y contratistas de la multinacional del sector agropecuario Colombia Agro. Se trata de una inusual diligencia en que ejecutivos y colaboradores de la compañía deben responder por los presuntos delitos de daño a los recursos naturales y contaminación ambiental. En concreto, se les señala por la fumigación aérea con el químico Paraquat en la finca El Porvenir, ubicada en Cumaribo (Vichada). Sin embargo, los directivos de la compañía han solicitado, sin éxito, traslado del proceso a Bogotá por razones de seguridad. Argumentan que las diligencias se han programado en Villavicencio y Cumaribo, esta última definida zona de concentración para las Farc.

Los encartados ante la justicia son Jenny Catalina Hernández Ibáñez, agrónoma de la empresa, y el exgerente de la multinacional Juan Aquilino Pérez Pérez. También aparecen mencionados en el proceso Jairo Villegas Victoria, propietario de la empresa que habría efectuado la fumigación aérea y el agrónomo argentino Agustín Ayerza.

Según registros oficiales, el litigio se originó por una denuncia presentada el 19 de junio de 2013 por Manuel Horacio Álvarez Marulanda, propietario de la finca El Banco, también ubicada en el municipio de Cumaribo y vecino de los terrenos de la multinacional Colombia Agro. Se trata de predios, según las autoridades, identificados como La Anita 1 y 2, El Encanto 1 y 2, El Samán, La Marina, El Rastro y los Gansos.

En esos terrenos, que tienen una extensión estimada de 30.000 hectáreas, la multinacional estadounidense Colombia Agro cultiva principalmente trigo, soya y maíz. Una producción que es destinada al consumo local, como quiera que desde hace algunos años la compañía forma parte de la iniciativa gubernamental conocida como el programa de seguridad alimentaria que busca garantizar productos básicos para la población colombiana.

Colombia Agro, constituida en Bogotá en enero de 2010, salió a la luz pública a mediados de 2013, cuando se conoció que junto con Cargill Trading Colombia Ltda. y Black River Colombia S. A., pertenecen a la multinacional de los alimentos Cargill, compañía creada en 1865, en Minnesota (Estados Unidos). La denuncia de la organización británica Oxfam, el Polo Democrático y medios de comunicación la señalaban por acumulación de 52.000 hectáreas adquiridas a bajos precios a campesinos beneficiarios de baldíos estatales. Un debate público que no tuvo efectos en la justicia.

El denunciante Álvarez Marulanda les manifestó por escrito a las autoridades que personas contratadas por Colombia Agro asperjaron el químico Paraquat en varias hectáreas de la región generando daños ambientales, contaminación de ríos y riachuelos de la zona y afectando varias fincas vecinas de los terrenos de la multinacional. El Paraquat es un herbicida que se utiliza para el control de la maleza y, según las normas ambientales, sólo se puede aplicar mediante fumigación manual.

Una vez presentada la denuncia, el caso quedó en manos de la fiscal especializada Mónica Jazmín Montero, adscrita a la Unidad de Protección de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, Satélite Villavicencio. Desde entonces el proceso, único en su género, comenzó a marchar con la particularidad que varias gestiones judiciales del caso se efectuaron en el mismo municipio de Cumaribo, lo que empezó a generar preocupaciones por parte de la defensa de la multinacional.

El avance del proceso fue evidente. La fiscal Montero inició su labor investigativa. Con búsqueda selectiva en bases de datos para ingresar a los correos de directivos de la multinacional de Estados Unidos, Argentina y Colombia, solicitud de permisos de funcionamiento, registros inmobiliarios, escrituras, cédulas catastrales e interrogatorios se nutrió el expediente en los últimos dos años.

Y el pasado 18 de abril, la fiscal Mónica Montero notificó una nueva diligencia judicial. “Esta delegada solicitó audiencia de formulación de imputación en contra de Juan Aquilino Pérez Pérez y otros, ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Cumaribo-Vichada, y se está a la espera de la programación de la audiencia por parte de ese juzgado”. De igual manera, la funcionaria judicial citó a nuevos interrogatorios a otros directivos de Colombia Agro.

Entonces surgieron otras preocupaciones de los abogados y la solicitud de variación de asignación y lugar del proceso. El penalista Fabio Humar radicó, el 28 de abril, un oficio en la Fiscalía General. Argumentó la petición por llevarse a cabo en Cumaribo, zona de difícil acceso, con presencia de grupos armados, por la seguridad de funcionarios de Colombia Agro, algunos de ellos extranjeros y por la crisis humanitaria de la región.

De igual forma, el jurista solicitó el aplazamiento de los interrogatorios. Dos meses después reiteró la petición ante una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia con el nuevo argumento que Cumaribo (Vichada) fue escogida como zona de concentración para las Farc. El Espectador conoció que la situación le fue comentada al entonces fiscal (e), Jorge Fernando Perdomo, quien según la fiscal, de manera verbal no autorizó el traslado del proceso a la capital.

Hace cerca de dos meses el caso llegó a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. En una reunión con presencia del jefe en temas de seguridad Paul Isaac se alertó de la situación. De inmediato, se comunicó la petición a la Fiscalía por parte de la Embajada, pero la respuesta fue negativa, hecho que causó molestia en el agregado judicial de esa representación diplomática. Por el contrario, a comienzos de este mes la fiscal del caso solicitó a la empresa nueva información catastral sobre ocho predios y programó la audiencia de imputación de cargos a los funcionarios y colaboradores de Colombia Agro en el municipio de Cumaribo.

Las peticiones de la compañía

De manera extraoficial, El Espectador conoció que la posición de Colombia Agro es que se investigue el caso, pero por asuntos de seguridad y de logística piden que el proceso y las audiencias se realicen en Bogotá. Señala la empresa que llevar a funcionarios colombianos, de Estados Unidos y de Argentina a audiencias en Cumaribo constituye un gran riesgo. En cuanto al uso del Paraquat, la compañía indica que no ha fumigado por vía aérea, ya que es imposible que se haga por los fuertes vientos de la zona y porque las boquillas de aspersión no se consiguen en el país. Reconocen que se ha fumigado, pero por vía terrestre. También se conoció que ha sido víctima de extorsión.

El próximo 5 de septiembre, a instancias de la Fiscalía, están citados para audiencia de imputación de cargos funcionarios y contratistas de la multinacional del sector agropecuario Colombia Agro. Se trata de una inusual diligencia en que ejecutivos y colaboradores de la compañía deben responder por los presuntos delitos de daño a los recursos naturales y contaminación ambiental. En concreto, se les señala por la fumigación aérea con el químico Paraquat en la finca El Porvenir, ubicada en Cumaribo (Vichada). Sin embargo, los directivos de la compañía han solicitado, sin éxito, traslado del proceso a Bogotá por razones de seguridad. Argumentan que las diligencias se han programado en Villavicencio y Cumaribo, esta última definida zona de concentración para las Farc.

Los encartados ante la justicia son Jenny Catalina Hernández Ibáñez, agrónoma de la empresa, y el exgerente de la multinacional Juan Aquilino Pérez Pérez. También aparecen mencionados en el proceso Jairo Villegas Victoria, propietario de la empresa que habría efectuado la fumigación aérea y el agrónomo argentino Agustín Ayerza.

Según registros oficiales, el litigio se originó por una denuncia presentada el 19 de junio de 2013 por Manuel Horacio Álvarez Marulanda, propietario de la finca El Banco, también ubicada en el municipio de Cumaribo y vecino de los terrenos de la multinacional Colombia Agro. Se trata de predios, según las autoridades, identificados como La Anita 1 y 2, El Encanto 1 y 2, El Samán, La Marina, El Rastro y los Gansos.

En esos terrenos, que tienen una extensión estimada de 30.000 hectáreas, la multinacional estadounidense Colombia Agro cultiva principalmente trigo, soya y maíz. Una producción que es destinada al consumo local, como quiera que desde hace algunos años la compañía forma parte de la iniciativa gubernamental conocida como el programa de seguridad alimentaria que busca garantizar productos básicos para la población colombiana.

Colombia Agro, constituida en Bogotá en enero de 2010, salió a la luz pública a mediados de 2013, cuando se conoció que junto con Cargill Trading Colombia Ltda. y Black River Colombia S. A., pertenecen a la multinacional de los alimentos Cargill, compañía creada en 1865, en Minnesota (Estados Unidos). La denuncia de la organización británica Oxfam, el Polo Democrático y medios de comunicación la señalaban por acumulación de 52.000 hectáreas adquiridas a bajos precios a campesinos beneficiarios de baldíos estatales. Un debate público que no tuvo efectos en la justicia.

El denunciante Álvarez Marulanda les manifestó por escrito a las autoridades que personas contratadas por Colombia Agro asperjaron el químico Paraquat en varias hectáreas de la región generando daños ambientales, contaminación de ríos y riachuelos de la zona y afectando varias fincas vecinas de los terrenos de la multinacional. El Paraquat es un herbicida que se utiliza para el control de la maleza y, según las normas ambientales, sólo se puede aplicar mediante fumigación manual.

Una vez presentada la denuncia, el caso quedó en manos de la fiscal especializada Mónica Jazmín Montero, adscrita a la Unidad de Protección de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, Satélite Villavicencio. Desde entonces el proceso, único en su género, comenzó a marchar con la particularidad que varias gestiones judiciales del caso se efectuaron en el mismo municipio de Cumaribo, lo que empezó a generar preocupaciones por parte de la defensa de la multinacional.

El avance del proceso fue evidente. La fiscal Montero inició su labor investigativa. Con búsqueda selectiva en bases de datos para ingresar a los correos de directivos de la multinacional de Estados Unidos, Argentina y Colombia, solicitud de permisos de funcionamiento, registros inmobiliarios, escrituras, cédulas catastrales e interrogatorios se nutrió el expediente en los últimos dos años.

Y el pasado 18 de abril, la fiscal Mónica Montero notificó una nueva diligencia judicial. “Esta delegada solicitó audiencia de formulación de imputación en contra de Juan Aquilino Pérez Pérez y otros, ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Cumaribo-Vichada, y se está a la espera de la programación de la audiencia por parte de ese juzgado”. De igual manera, la funcionaria judicial citó a nuevos interrogatorios a otros directivos de Colombia Agro.

Entonces surgieron otras preocupaciones de los abogados y la solicitud de variación de asignación y lugar del proceso. El penalista Fabio Humar radicó, el 28 de abril, un oficio en la Fiscalía General. Argumentó la petición por llevarse a cabo en Cumaribo, zona de difícil acceso, con presencia de grupos armados, por la seguridad de funcionarios de Colombia Agro, algunos de ellos extranjeros y por la crisis humanitaria de la región.

De igual forma, el jurista solicitó el aplazamiento de los interrogatorios. Dos meses después reiteró la petición ante una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia con el nuevo argumento que Cumaribo (Vichada) fue escogida como zona de concentración para las Farc. El Espectador conoció que la situación le fue comentada al entonces fiscal (e), Jorge Fernando Perdomo, quien según la fiscal, de manera verbal no autorizó el traslado del proceso a la capital.

Hace cerca de dos meses el caso llegó a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. En una reunión con presencia del jefe en temas de seguridad Paul Isaac se alertó de la situación. De inmediato, se comunicó la petición a la Fiscalía por parte de la Embajada, pero la respuesta fue negativa, hecho que causó molestia en el agregado judicial de esa representación diplomática. Por el contrario, a comienzos de este mes la fiscal del caso solicitó a la empresa nueva información catastral sobre ocho predios y programó la audiencia de imputación de cargos a los funcionarios y colaboradores de Colombia Agro en el municipio de Cumaribo.

Las peticiones de la compañía

De manera extraoficial, El Espectador conoció que la posición de Colombia Agro es que se investigue el caso, pero por asuntos de seguridad y de logística piden que el proceso y las audiencias se realicen en Bogotá. Señala la empresa que llevar a funcionarios colombianos, de Estados Unidos y de Argentina a audiencias en Cumaribo constituye un gran riesgo. En cuanto al uso del Paraquat, la compañía indica que no ha fumigado por vía aérea, ya que es imposible que se haga por los fuertes vientos de la zona y porque las boquillas de aspersión no se consiguen en el país. Reconocen que se ha fumigado, pero por vía terrestre. También se conoció que ha sido víctima de extorsión.