El estafador que engañó a más de 50 familias venezolanas y se esconde en Colombia

Yasmín Palma, una mujer de 55 años que vive en Puerto Ordaz (Venezuela), cuenta por teléfono por qué días después de pensionarse decidió entregar los ahorros de toda su vida a Arnoldo Jesús Valera Rodríguez, primo segundo de su esposo. Era agosto de 2018. Angustiada por el futuro incierto de la economía de su país, le consignó US$2.000 a Valera con la promesa de que cada cuatro meses iba a recibir el 20 % de su inversión.

Yasmín Palma, una mujer de 55 años que vive en Puerto Ordaz (Venezuela), cuenta por teléfono por qué días después de pensionarse decidió entregar los ahorros de toda su vida a Arnoldo Jesús Valera Rodríguez, primo segundo de su esposo. Era agosto de 2018. Angustiada por el futuro incierto de la economía de su país, le consignó US$2.000 a Valera con la promesa de que cada cuatro meses iba a recibir el 20 % de su inversión.

El dinero era el resultado de 28 años de trabajo como gerente en la empresa Ferrominera del Orinoco. Parecía suficiente para vivir con dignidad los primeros años de su vejez. Estaba tranquila porque meses antes, en febrero, su esposo, Emilio Sánchez, le dio US$4.000 a Valera y recibió los primeros pagos. “Invertimos todo el dinero que nos quedó de la venta de la casa familiar”, cuenta Yasmín con rabia, “ahora no tenemos nada”. Yasmín explica que, con la tasa de cambio actual, sus US$2.000 equivalen a casi 8.500 bolívares, buena suma de dinero si se tiene en cuenta que su pensión mensual es de 7 bolívares. “Me habría alcanzado para más de mil meses de pensión”.

Igual que la familia Sánchez-Palma, muchas otras personas de Puerto Ordaz que conocen desde pequeño al joven Arnoldo Valera le entregaron sus ahorros. Solo en 2018, hay registro en la Fiscalía venezolana de que 31 familias le dieron al supuesto empresario más de US$120.000 para que los reinvirtiera en el mercado internacional de divisas y cada cuatro meses les entregara intereses.

Explicado por Valera, el negocio era sencillo y no tenía riesgo. Él —que en extrañas circunstancias obtuvo la cédula colombiana en el municipio de Malambo, Atlántico— vivía en Bogotá y podía juntar el dinero de los inversionistas para comprar divisas a gran escala que tuvieran un precio por debajo del habitual. Tiempo después, cuando el valor de la moneda empezaba a subir, vendía mucho más caro de lo que la había comprado. De ahí salían las ganancias prometidas. Valera, aseguró a sus inversionistas que, si algo salía mal, les devolvía el 75 % del valor total del dinero.

Nada de eso ocurrió. Un día de 2020, después de meses de mentiras, excusas y aplazamientos, Valera desapareció con el dinero recaudado. Bloqueó de todas las formas posibles a sus antiguos inversionistas y nunca más volvió a responder los correos, las llamadas ni los mensajes de texto. Las personas que vieron perdidos sus ahorros, muchas de ellas adultos mayores pensionados, tuvieron que buscar abogados, pusieron denuncias y comenzaron a investigar.

Descubrieron que años antes, entre 2015 y 2016, Valera ya había estafado a otro grupo de treinta inversionistas de la misma forma en la misma ciudad. Entre las víctimas de este primer desfalco estuvo uno de sus cuñados, el empresario Enrique Barrios, quien le entregó a Valera más de US$17.000 para el negocio. Hoy reconoce que nunca se imaginó que el hermano de su esposa lo iba a traicionar hasta dejarlo en la ruina. “Toda la desgracia comenzó en 2015, cuando Arnoldo Valera y su padre (mi suegro) me invitaron a invertir en la compra de divisas internacionales”, explica Barrios.

En ese momento, la rentabilidad que ofrecía Valera era del 10 % del total de la inversión mensual e incluía la devolución del dinero si algo malo pasaba. A Valera lo respaldaba la empresa colombiana VCC Holdings, que ya no existe. “Él me decía que, si había una pérdida con mi plata, la empresa me iba a responder”. Tampoco cumplió.

Valera solo le pasó el dinero prometido a su cuñado los primeros meses, y consiguió así que otras personas de Puerto Ordaz, que los conocían a ambos, le entregaran sus ahorros. Cuando ya había recaudado más de US$180.000 desapareció. Sin embargo, esta vez cada uno de los inversionistas había firmado un contrato en el que quedaba explícito el monto entregado y los compromisos de pago adquiridos por Valera.

Barrios, que hoy en día representa al grupo de las primeras 32 víctimas, no volvió a saber nada de Valera ni de su dinero. Tuvo que salir de Venezuela y empezar desde cero. “Solo espero que se haga justicia y que ese señor no estafe a ningún colombiano como lo hizo con nosotros”, afirma Barrios. Y añade: “Hay muchas familias que tenían su dinero, lo invirtieron y ahora están en la ruina, no tienen para las medicinas y a veces pasan hambre”. Según el empresario, algunas personas a las que Valera robó murieron porque no podían cubrir los gastos de sus enfermedades.

Gracias a las denuncias de los dos grupos de víctimas, lideradas por los abogados Ezequiel Monsalve y Roberto Delgado, en diciembre de 2018 la Fiscalía de Puerto Ordaz emitió una orden de captura contra Arnoldo Jesús Valera por los delitos de estafa agravada continuada y apropiación indebida calificada. Dos años más tarde, el 30 de septiembre de 2020, se expidió una comunicación de la justicia venezolana a la Interpol, que finalmente fue aceptada en junio de este año. Hoy Valera es un prófugo de la justicia internacional.

El abogado Ezequiel Monsalve asegura que sumando los dos grupos de víctimas y otras personas independientes que también fueron estafadas por Valera hay más de US$500.000 perdidos entre capital e intereses. “Es una estafa millonaria”, insiste Monsalve, quien cree que puede haber muchos más engañados en otros pueblos de Venezuela y de Colombia que aún no han puesto la denuncia. “Por eso decidimos hacer el caso público, para que nadie más caiga en la trampa de este señor”.

Arnoldo Jesús Valera figura como empleado en la página web de una empresa de tecnología colombiana llamada Abbitec. Una funcionaria de la compañía afirmó que Arnoldo Jesús Valera hace tiempo no trabaja con ellos. En la página quitaron su foto y su teléfono aparece fuera de servicio. Al momento de esta publicación el acusado no contestó a ninguno de los correos de El Espectador.

*Nota del editor: El nombre de la funcionaria de Abbitec fue eliminado por solicitud de la fuente.