El estudio político completo que le costó US$1 millón a Odebrecht en 2014

Cuando estalló el escándalo de corrupción de Odebrecht, en diciembre de 2016, trascendió que la multinacional se había quedado con millonarios contratos de infraestructura en Colombia a punta de sobornos a funcionarios. Desde entonces se habla también de dineros que el gigante brasileño giró a diferentes campañas políticas. Aunque la historia ya parece cuento trillado, solo hasta hoy, siete años después, se conoce el contenido del estudio electoral por el que Odebrecht pagó US$1 millón a la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos. Según la Procuraduría, la pieza que faltaba en el rompecabezas de este capítulo de dudosa financiación.

Se trata de un documento de 1.643 páginas, dividido en 33 estudios, a través de los cuales la firma de publicidad Sancho BBDO plasmó una serie de encuestas y sesiones de grupo sobre temas claves durante la primera vuelta presidencial de 2014. Todo el trabajo tuvo un eje central: la campaña de reelección de Juan Manuel Santos, sus éxitos, sus debilidades, las regiones donde tenía más o menos popularidad y temas en los que debía mejorar. Cada anexo del trabajo fue organizado con un título, una ficha metodológica y cuadros, gráficas y todo tipo de recursos para mostrar los datos recopilados por la firma contratada para hacer el estudio.

(Le puede interesar: El último informe del CNE sobre la financiación de la campaña Santos 2014)

De los 33 estudios, todos en poder de El Espectador, la mayoría se concentró en una radiografía nacional sobre el agitado momento político que vivía el país entre marzo y mayo de 2014. De esas encuestas, 14 se enfocaron en preguntarles a los ciudadanos cuál era el tema que más les preocupaba, cómo veían las elecciones y su intención de voto. En otras encuestas, las preguntas se centraron en entender cuál era la opinión de los electores sobre el gobierno Santos y cómo veían el avance del accidentado proceso de paz que, en ese momento, entraba en los debates más álgidos de la negociación: el punto sobre la sustitución de cultivos ilícitos y el acuerdo sobre víctimas en el modelo de justicia transicional.

Además de esas encuestas, Sancho BBDO incluyó preguntas para realizar un diagnóstico de intención de voto durante la primera vuelta y para proyectar posibles escenarios electorales, partiendo de la base de que habría segunda vuelta con el presidente Santos. Adicional a este estudio electoral de mirada nacional, se incluyeron seis estudios sectoriales sobre la situación de Bogotá y un panorama en Antioquia. En ambas regiones, la firma de publicidad adelantó encuestas y estudios de grupo e indagó sobre los temas de interés, intención de voto y percepción de la ciudadanía de la campaña presidencial que, en ese momento, lideraban los candidatos Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos.

En el caso de la capital, las encuestas se interesaron en conocer el impacto de la fallida destitución de Gustavo Petro ordenada por la Procuraduría de Alejandro Ordóñez en diciembre de 2013, y las repercusiones de la decisión que tomó posteriormente el presidente Santos de ordenar su salida del Palacio Liévano en medio de la disputa jurídica que entonces planteó el alcalde para quedarse en su cargo. El estudio electoral pagado por Odebrecht se enfocó también en conocer la situación de la campaña política para encontrar el posible reemplazo de Petro y añadió un informe aparte con los nombres de los más opcionados (Enrique Peñalosa siempre encabezó las listas).

Aparte de centrar uno de los informes en los candidatos a la Alcaldía de Bogotá, Sancho BBDO entregó otros dos reportes en los que preguntó por la opinión de la ciudadanía sobre los candidatos a la Vicepresidencia. Hasta ahí, para Odebrecht esos informes constituían una herramienta para entender hacia dónde iba el país y definir si era viable o no invertir en Colombia. Al menos eso fue lo que determinó el Consejo Nacional Electoral en 2018, cuando exoneró al expresidente y a todo su equipo de campaña por el escándalo de la posible financiación de Odebrecht a su campaña. Su conclusión fue que esas encuestas fueron un mapa de ruta para la multinacional y nada tuvieron que ver con la contienda electoral.

Sin embargo, desde hace rato la Procuraduría cree que esos documentos sí fueron claves para la campaña Santos. Con un ingrediente adicional que llama hoy la atención de las autoridades: el resto de informes que pagó Odebrecht nada tendrían que ver con sus intenciones de hacer negocios en Colombia. Fuentes cercanas al proceso llamaron la atención sobre siete informes dedicados a analizar campañas publicitarias en televisión y tres que indagaron sobre el impacto en intención de voto que pudieron causar dos escándalos. El primero sobre el falso ingreso de US$2 millones de la mafia a la campaña de Santos, y el segundo, el caso conocido como el del hacker.

Sobre el tema de avisos en televisión, los informes cuentan los resultados de varias sesiones de grupo (una especie de reunión que hacen las firmas de publicidad para estudiar las reacciones de los ciudadanos a un producto en especial) en los que estudiaron comerciales de la campaña Santos, y unos cuantos de Zuluaga. En uno de esos informes, el objeto de estudio fueron cinco piezas publicitarias en las que aparecían víctimas del conflicto hablando sobre la importancia de lograr un acuerdo de paz con las Farc. Es decir, el principal proyecto político de Santos. En opinión de Sancho, lo positivo y de resaltar en esas piezas era lo emocional. “Toca la fibra, llama la atención. Son reales y naturales”, fue el comentario.

(Lea también: “Nada relaciona mi gobierno con sobornos de Odebrecht”: Santos)

Los expertos agregaron sobre este componente testimonial: “Sensibiliza y construye logros. Genera reflexión. No genera intención de voto porque no los toca directamente, hay empatía, pero no relevancia”. La recomendación fue modificar tres testimonios y usar dos. Este contenido sin incidencia y otros más relacionados con comerciales de televisión o asuntos menores de la campaña les generan dudas a la Procuraduría y a otras autoridades que continúan indagando si el precio que pagó Odebrecht se justificaba con el resultado de estos estudios electorales y por qué pagó tan caro por una opinión de expertos en publicidad que en nada incidían en sus proyectos de construcción de vías de tercera y cuarta generación.

CNE vs. Procuraduría

La diferencia entre el Consejo Nacional Electoral y la Procuraduría respecto a la verdadera razón por la que fue contratada la firma Sancho BBDO es clave. La tesis de que simplemente se trató de una inversión de Odebrecht para estudiar la situación del país coincide con las declaraciones del empresario Eduardo Zambrano, actualmente condenado por este escándalo de sobornos que protagonizó Odebrecht para quedarse con contratos de infraestructura. De hecho, esa versión la recordó la Procuraduría en el documento en el que determinó llamar a juicio disciplinario contra Roberto Prieto, exgerente de la campaña reeleccionista de Santos.

Aunque Zambrano ya fue condenado por un delito, sigue a la espera de negociar un principio de oportunidad con la Fiscalía, pues asegura que posee información clave y desconocida detrás de toda esta historia. A los investigadores ya les dijo, por ejemplo, que en 2014 se enteró de que Prieto estaba interesado en que Eleuberto Martorelli, expresidente de Odebrecht en Colombia, modificara una de sus declaraciones y aclarara que el US$1 millón que pagó la multinacional no fue un aporte a la campaña, sino una guía para trabajar en el país. Sobre este capítulo, Zambrano hizo referencia a una carta y una declaración que el exdirectivo brasileño entregó a la Fiscalía en febrero y abril de 2017.

(Lea también: La reelección, el capítulo que sigue rondando el caso Odebrecht)

En ella, Martorelli declaró lo siguiente: “Sí, la empresa Odebrecht hizo una contribución económica para la campaña Santos Presidente 2014-2018, lo hizo directamente sufragando los gastos de un estudio sobre la situación política en algunas de las principales capitales del país, la cual se acordó con el señor Luis Peña (de Sancho BBDO), con un costo de US$1 millón, que se pagaron, no a Otto Bula (como él lo ha afirmado) ni a Prieto, sino a una empresa Paddington con sede en Panamá”, al parecer, para evitar el cobro de impuestos. Aunque los directivos de Sancho se han referido a este episodio con escuetos comunicados de prensa, El Espectador reveló en 2017 la versión que entregaron a las autoridades.

Luis Alberto Peña, exvicepresidente de Sancho, explicó que conoció a Roberto Prieto desde 2007 porque era un asiduo cliente de la compañía y que fue la multinacional brasileña la que pidió ese estudio político. Peña agregó: “Si (Martorelli) entendió que (el estudio) era un aporte a la campaña, ha debido hacerlo a la campaña y no comprar el estudio. Para la época, Sancho era la agencia de publicidad del Partido de la U, de Cambio Radical y de la campaña del presidente Santos”. Cuando los investigadores le preguntaron por el costo excesivo del estudio, Peña aclaró: “Lo único que le puedo decir es que esa fue la oferta que se le hizo al cliente, y él la aceptó”.

(En contexto: El caso Odebrecht llevó a Roberto Prieto a juicio disciplinario)

La declaración del exvicepresidente de Sancho, así como las versiones del exsenador Otto Bula y del empresario Zambrano, forman parte del expediente que desde hace cuatro años reposa en la Fiscalía sin avances. Ni el ente investigador ni el Ministerio Público han confirmado lo dicho por Zambrano o cuál fue el destino y uso de los informes de Sancho en la campaña Santos. En el gremio de las firmas encuestadoras y en el mundo político el tema sigue siendo motivo de discusión. El Espectador quiso contrastar las encuestas que pagó Odebrecht con el trabajo de otras firmas que le miden la temperatura a la opinión pública. Ninguna se atrevió a dar un concepto o entrar al debate.

No obstante, fuentes de tres firmas consultadas aseguraron que no les incomodaría que una empresa o una campaña les pagara US$1 millón por hacer encuestas. Una de ellas refirió que, en la última campaña presidencial, lo máximo que pagó un candidato en encuestas como las que hizo Sancho en 2014, fue $500 millones. Un número con muchísimos menos ceros que lo que pagó Odebrecht a Sancho en 2014. De acuerdo con las cuentas declaradas por las tres campañas que mejor les fue en la primera vuelta presidencial de hace siete años, el máximo invertido bajo la categoría de “estudios políticos” (donde están las encuestas) fue de un poco más de $400 millones. Justamente el dinero que reportó la campaña Santos.

Al revisar documentos del aplicativo Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral, que permite rastrear quién financia o dona dineros a los candidatos, la campaña de Óscar Iván Zuluaga gastó casi $401 millones y la de Marta Lucía Ramírez destinó apenas $232 millones a esta clase de estudios, al menos oficialmente. La cifra de la campaña Santos es lo que siempre ha tenido contra las cuerdas a Roberto Prieto. Hoy, los órganos de vigilancia no tienen cómo asegurar que diversas campañas no hayan disimulado dinero de encuestas bajo otros rubros como donaciones, pero lo único cierto es que por ninguna parte quedó el registro del US$1 millón de Odebrecht.

(Le podría interesar este artículo de opinión: La verdad sobre Odebrecht, la campaña y Roberto Prieto)

El expresidente Santos y toda su defensa han reiterado que no hubo ingresos ilícitos de dinero de la multinacional brasileña en su campaña política de 2014. En conversación con este diario, el abogado del expresidente en los asuntos ante el Consejo Nacional Electoral, Alfonso Portela, explicó que “esos informes de Sancho BBDO ya fueron estudiados por el CNE y su conclusión fue clara”. El abogado se refiere a que el Consejo Nacional Electoral concluyó en 2018 “que esos documentos no entraron a la campaña, no los usaron como herramienta en ella y el presidente Santos tampoco accedió a la información que allí reposa”.

El abogado Alfonso Portela agregó que esos estudios no solo tenían temas políticos, sino también económicos, y que fue una herramienta de la multinacional brasileña “para ver hacia dónde cogía el país” con las elecciones presidenciales. El resultado de la contienda era crucial para los inversores y el interés nacional, pues, como era de público conocimiento, la no reelección de Juan Manuel Santos podía acabar de tajo las negociaciones de paz que adelantaba el Gobierno con las Farc y, ante esa incertidumbre, distintos negocios de infraestructura que venían andando podían verse afectados. El propio expresidente rindió versión libre ante el CNE a finales de 2019, cuando esta entidad ordenó reabrir investigación por la supuesta financiación ilegal de su campaña reeleccionista.

(Le recomendamos: Roberto Prieto, un poderoso tras las rejas)

“El expresidente estuvo muy tranquilo porque no hay una sola prueba de todos los dichos que hay en el expediente, que además son repetitivos, imprecisos y ya fueron materia de examen en el proceso anterior. Lo que se está investigando es la campaña y mientras no haya una mención de un directivo o una persona vinculada a la campaña, difícilmente uno puede hablar, porque sigue siendo solo especulación”, comentó Alfonso Portela a este diario hace un año cuando fue consultado sobre el tema. “Nada relaciona mi gobierno con sobornos de Odebrecht”, reiteró Juan Manuel Santos en su declaración al órgano que indaga sobre asuntos electorales.

Frente a los informes de Sancho BBDO que revela hoy El Espectador, Portela agregó que en diferentes instancias judiciales ha quedado claro que en esa inversión del US$1 millón existe la prueba clara sobre en qué se invirtió cada centavo, “lo que permite concluir que ese dinero no se diluyó”. Al margen de las explicaciones, estos informes todavía generan muchos interrogantes entre distintas autoridades. Por ejemplo, ¿esos reportes electorales realmente costaron $2.000 millones, según el cambio del dólar de la época? ¿Para qué le servía a una empresa de construcción como Odebrecht contratar un análisis de las campañas publicitarias de un candidato a la presidencia en Colombia? Si Odebrecht asegura que ese estudio del US$1 millón fue a parar a la campaña de Santos y en la campaña dicen que este jamás fue conocido, ¿a dónde fue a parar ese dinero que se pagó en Panamá y realmente a quién benefició? Muchas preguntas quedan aún sin resolver sobre la relación que pudo existir entre Odebrecht y la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos.

En este enlace puede ver todos los informes.

Cuando estalló el escándalo de corrupción de Odebrecht, en diciembre de 2016, trascendió que la multinacional se había quedado con millonarios contratos de infraestructura en Colombia a punta de sobornos a funcionarios. Desde entonces se habla también de dineros que el gigante brasileño giró a diferentes campañas políticas. Aunque la historia ya parece cuento trillado, solo hasta hoy, siete años después, se conoce el contenido del estudio electoral por el que Odebrecht pagó US$1 millón a la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos. Según la Procuraduría, la pieza que faltaba en el rompecabezas de este capítulo de dudosa financiación.

Se trata de un documento de 1.643 páginas, dividido en 33 estudios, a través de los cuales la firma de publicidad Sancho BBDO plasmó una serie de encuestas y sesiones de grupo sobre temas claves durante la primera vuelta presidencial de 2014. Todo el trabajo tuvo un eje central: la campaña de reelección de Juan Manuel Santos, sus éxitos, sus debilidades, las regiones donde tenía más o menos popularidad y temas en los que debía mejorar. Cada anexo del trabajo fue organizado con un título, una ficha metodológica y cuadros, gráficas y todo tipo de recursos para mostrar los datos recopilados por la firma contratada para hacer el estudio.

(Le puede interesar: El último informe del CNE sobre la financiación de la campaña Santos 2014)

De los 33 estudios, todos en poder de El Espectador, la mayoría se concentró en una radiografía nacional sobre el agitado momento político que vivía el país entre marzo y mayo de 2014. De esas encuestas, 14 se enfocaron en preguntarles a los ciudadanos cuál era el tema que más les preocupaba, cómo veían las elecciones y su intención de voto. En otras encuestas, las preguntas se centraron en entender cuál era la opinión de los electores sobre el gobierno Santos y cómo veían el avance del accidentado proceso de paz que, en ese momento, entraba en los debates más álgidos de la negociación: el punto sobre la sustitución de cultivos ilícitos y el acuerdo sobre víctimas en el modelo de justicia transicional.

Además de esas encuestas, Sancho BBDO incluyó preguntas para realizar un diagnóstico de intención de voto durante la primera vuelta y para proyectar posibles escenarios electorales, partiendo de la base de que habría segunda vuelta con el presidente Santos. Adicional a este estudio electoral de mirada nacional, se incluyeron seis estudios sectoriales sobre la situación de Bogotá y un panorama en Antioquia. En ambas regiones, la firma de publicidad adelantó encuestas y estudios de grupo e indagó sobre los temas de interés, intención de voto y percepción de la ciudadanía de la campaña presidencial que, en ese momento, lideraban los candidatos Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos.

En el caso de la capital, las encuestas se interesaron en conocer el impacto de la fallida destitución de Gustavo Petro ordenada por la Procuraduría de Alejandro Ordóñez en diciembre de 2013, y las repercusiones de la decisión que tomó posteriormente el presidente Santos de ordenar su salida del Palacio Liévano en medio de la disputa jurídica que entonces planteó el alcalde para quedarse en su cargo. El estudio electoral pagado por Odebrecht se enfocó también en conocer la situación de la campaña política para encontrar el posible reemplazo de Petro y añadió un informe aparte con los nombres de los más opcionados (Enrique Peñalosa siempre encabezó las listas).

Aparte de centrar uno de los informes en los candidatos a la Alcaldía de Bogotá, Sancho BBDO entregó otros dos reportes en los que preguntó por la opinión de la ciudadanía sobre los candidatos a la Vicepresidencia. Hasta ahí, para Odebrecht esos informes constituían una herramienta para entender hacia dónde iba el país y definir si era viable o no invertir en Colombia. Al menos eso fue lo que determinó el Consejo Nacional Electoral en 2018, cuando exoneró al expresidente y a todo su equipo de campaña por el escándalo de la posible financiación de Odebrecht a su campaña. Su conclusión fue que esas encuestas fueron un mapa de ruta para la multinacional y nada tuvieron que ver con la contienda electoral.

Sin embargo, desde hace rato la Procuraduría cree que esos documentos sí fueron claves para la campaña Santos. Con un ingrediente adicional que llama hoy la atención de las autoridades: el resto de informes que pagó Odebrecht nada tendrían que ver con sus intenciones de hacer negocios en Colombia. Fuentes cercanas al proceso llamaron la atención sobre siete informes dedicados a analizar campañas publicitarias en televisión y tres que indagaron sobre el impacto en intención de voto que pudieron causar dos escándalos. El primero sobre el falso ingreso de US$2 millones de la mafia a la campaña de Santos, y el segundo, el caso conocido como el del hacker.

Sobre el tema de avisos en televisión, los informes cuentan los resultados de varias sesiones de grupo (una especie de reunión que hacen las firmas de publicidad para estudiar las reacciones de los ciudadanos a un producto en especial) en los que estudiaron comerciales de la campaña Santos, y unos cuantos de Zuluaga. En uno de esos informes, el objeto de estudio fueron cinco piezas publicitarias en las que aparecían víctimas del conflicto hablando sobre la importancia de lograr un acuerdo de paz con las Farc. Es decir, el principal proyecto político de Santos. En opinión de Sancho, lo positivo y de resaltar en esas piezas era lo emocional. “Toca la fibra, llama la atención. Son reales y naturales”, fue el comentario.

(Lea también: “Nada relaciona mi gobierno con sobornos de Odebrecht”: Santos)

Los expertos agregaron sobre este componente testimonial: “Sensibiliza y construye logros. Genera reflexión. No genera intención de voto porque no los toca directamente, hay empatía, pero no relevancia”. La recomendación fue modificar tres testimonios y usar dos. Este contenido sin incidencia y otros más relacionados con comerciales de televisión o asuntos menores de la campaña les generan dudas a la Procuraduría y a otras autoridades que continúan indagando si el precio que pagó Odebrecht se justificaba con el resultado de estos estudios electorales y por qué pagó tan caro por una opinión de expertos en publicidad que en nada incidían en sus proyectos de construcción de vías de tercera y cuarta generación.

CNE vs. Procuraduría

La diferencia entre el Consejo Nacional Electoral y la Procuraduría respecto a la verdadera razón por la que fue contratada la firma Sancho BBDO es clave. La tesis de que simplemente se trató de una inversión de Odebrecht para estudiar la situación del país coincide con las declaraciones del empresario Eduardo Zambrano, actualmente condenado por este escándalo de sobornos que protagonizó Odebrecht para quedarse con contratos de infraestructura. De hecho, esa versión la recordó la Procuraduría en el documento en el que determinó llamar a juicio disciplinario contra Roberto Prieto, exgerente de la campaña reeleccionista de Santos.

Aunque Zambrano ya fue condenado por un delito, sigue a la espera de negociar un principio de oportunidad con la Fiscalía, pues asegura que posee información clave y desconocida detrás de toda esta historia. A los investigadores ya les dijo, por ejemplo, que en 2014 se enteró de que Prieto estaba interesado en que Eleuberto Martorelli, expresidente de Odebrecht en Colombia, modificara una de sus declaraciones y aclarara que el US$1 millón que pagó la multinacional no fue un aporte a la campaña, sino una guía para trabajar en el país. Sobre este capítulo, Zambrano hizo referencia a una carta y una declaración que el exdirectivo brasileño entregó a la Fiscalía en febrero y abril de 2017.

(Lea también: La reelección, el capítulo que sigue rondando el caso Odebrecht)

En ella, Martorelli declaró lo siguiente: “Sí, la empresa Odebrecht hizo una contribución económica para la campaña Santos Presidente 2014-2018, lo hizo directamente sufragando los gastos de un estudio sobre la situación política en algunas de las principales capitales del país, la cual se acordó con el señor Luis Peña (de Sancho BBDO), con un costo de US$1 millón, que se pagaron, no a Otto Bula (como él lo ha afirmado) ni a Prieto, sino a una empresa Paddington con sede en Panamá”, al parecer, para evitar el cobro de impuestos. Aunque los directivos de Sancho se han referido a este episodio con escuetos comunicados de prensa, El Espectador reveló en 2017 la versión que entregaron a las autoridades.

Luis Alberto Peña, exvicepresidente de Sancho, explicó que conoció a Roberto Prieto desde 2007 porque era un asiduo cliente de la compañía y que fue la multinacional brasileña la que pidió ese estudio político. Peña agregó: “Si (Martorelli) entendió que (el estudio) era un aporte a la campaña, ha debido hacerlo a la campaña y no comprar el estudio. Para la época, Sancho era la agencia de publicidad del Partido de la U, de Cambio Radical y de la campaña del presidente Santos”. Cuando los investigadores le preguntaron por el costo excesivo del estudio, Peña aclaró: “Lo único que le puedo decir es que esa fue la oferta que se le hizo al cliente, y él la aceptó”.

(En contexto: El caso Odebrecht llevó a Roberto Prieto a juicio disciplinario)

La declaración del exvicepresidente de Sancho, así como las versiones del exsenador Otto Bula y del empresario Zambrano, forman parte del expediente que desde hace cuatro años reposa en la Fiscalía sin avances. Ni el ente investigador ni el Ministerio Público han confirmado lo dicho por Zambrano o cuál fue el destino y uso de los informes de Sancho en la campaña Santos. En el gremio de las firmas encuestadoras y en el mundo político el tema sigue siendo motivo de discusión. El Espectador quiso contrastar las encuestas que pagó Odebrecht con el trabajo de otras firmas que le miden la temperatura a la opinión pública. Ninguna se atrevió a dar un concepto o entrar al debate.

No obstante, fuentes de tres firmas consultadas aseguraron que no les incomodaría que una empresa o una campaña les pagara US$1 millón por hacer encuestas. Una de ellas refirió que, en la última campaña presidencial, lo máximo que pagó un candidato en encuestas como las que hizo Sancho en 2014, fue $500 millones. Un número con muchísimos menos ceros que lo que pagó Odebrecht a Sancho en 2014. De acuerdo con las cuentas declaradas por las tres campañas que mejor les fue en la primera vuelta presidencial de hace siete años, el máximo invertido bajo la categoría de “estudios políticos” (donde están las encuestas) fue de un poco más de $400 millones. Justamente el dinero que reportó la campaña Santos.

Al revisar documentos del aplicativo Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral, que permite rastrear quién financia o dona dineros a los candidatos, la campaña de Óscar Iván Zuluaga gastó casi $401 millones y la de Marta Lucía Ramírez destinó apenas $232 millones a esta clase de estudios, al menos oficialmente. La cifra de la campaña Santos es lo que siempre ha tenido contra las cuerdas a Roberto Prieto. Hoy, los órganos de vigilancia no tienen cómo asegurar que diversas campañas no hayan disimulado dinero de encuestas bajo otros rubros como donaciones, pero lo único cierto es que por ninguna parte quedó el registro del US$1 millón de Odebrecht.

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El expresidente Santos y toda su defensa han reiterado que no hubo ingresos ilícitos de dinero de la multinacional brasileña en su campaña política de 2014. En conversación con este diario, el abogado del expresidente en los asuntos ante el Consejo Nacional Electoral, Alfonso Portela, explicó que “esos informes de Sancho BBDO ya fueron estudiados por el CNE y su conclusión fue clara”. El abogado se refiere a que el Consejo Nacional Electoral concluyó en 2018 “que esos documentos no entraron a la campaña, no los usaron como herramienta en ella y el presidente Santos tampoco accedió a la información que allí reposa”.

El abogado Alfonso Portela agregó que esos estudios no solo tenían temas políticos, sino también económicos, y que fue una herramienta de la multinacional brasileña “para ver hacia dónde cogía el país” con las elecciones presidenciales. El resultado de la contienda era crucial para los inversores y el interés nacional, pues, como era de público conocimiento, la no reelección de Juan Manuel Santos podía acabar de tajo las negociaciones de paz que adelantaba el Gobierno con las Farc y, ante esa incertidumbre, distintos negocios de infraestructura que venían andando podían verse afectados. El propio expresidente rindió versión libre ante el CNE a finales de 2019, cuando esta entidad ordenó reabrir investigación por la supuesta financiación ilegal de su campaña reeleccionista.

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“El expresidente estuvo muy tranquilo porque no hay una sola prueba de todos los dichos que hay en el expediente, que además son repetitivos, imprecisos y ya fueron materia de examen en el proceso anterior. Lo que se está investigando es la campaña y mientras no haya una mención de un directivo o una persona vinculada a la campaña, difícilmente uno puede hablar, porque sigue siendo solo especulación”, comentó Alfonso Portela a este diario hace un año cuando fue consultado sobre el tema. “Nada relaciona mi gobierno con sobornos de Odebrecht”, reiteró Juan Manuel Santos en su declaración al órgano que indaga sobre asuntos electorales.

Frente a los informes de Sancho BBDO que revela hoy El Espectador, Portela agregó que en diferentes instancias judiciales ha quedado claro que en esa inversión del US$1 millón existe la prueba clara sobre en qué se invirtió cada centavo, “lo que permite concluir que ese dinero no se diluyó”. Al margen de las explicaciones, estos informes todavía generan muchos interrogantes entre distintas autoridades. Por ejemplo, ¿esos reportes electorales realmente costaron $2.000 millones, según el cambio del dólar de la época? ¿Para qué le servía a una empresa de construcción como Odebrecht contratar un análisis de las campañas publicitarias de un candidato a la presidencia en Colombia? Si Odebrecht asegura que ese estudio del US$1 millón fue a parar a la campaña de Santos y en la campaña dicen que este jamás fue conocido, ¿a dónde fue a parar ese dinero que se pagó en Panamá y realmente a quién benefició? Muchas preguntas quedan aún sin resolver sobre la relación que pudo existir entre Odebrecht y la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos.

En este enlace puede ver todos los informes.