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Hace siete años el Consejo de Estado postuló para el cargo de procurador a Alejandro Ordóñez, quien entre 2000 y 2008 había ocupado una de sus magistraturas. Ahora, esa misma corporación tiene en sus manos un proceso de nulidad que busca sacarlo del cargo. Esta semana Ordóñez aseguró que existe un acuerdo entre el Gobierno y las Farc para lograr ese cometido, a través de hostigamientos y lobby ante los consejeros. Lo cierto es que el alto tribunal se apresta a resolver un caso que lleva más de dos años de intensa batalla política y judicial.
La historia de esta pelea comenzó el 27 de noviembre de 2012, cuando el Senado, con 80 de 93 votos, reeligió a Ordóñez para un nuevo período al frente del Ministerio Público, esta vez postulado por la Corte Suprema de Justicia. Dos meses después un grupo de abogados de varias organizaciones sociales, encabezados por Rodrigo Uprimny, demandaron la elección. El principal argumento fue que se vulneró el régimen de impedimentos de los congresistas, pues muchos votaron a pesar de haber sido favorecidos por Ordóñez.
La demanda estaba acompañada de una lista de familiares de senadores vinculados a la Procuraduría. Además, los demandantes plantearon que la postulación de Ordóñez por parte de la Corte se había realizado sin los votos mínimos. En enero de 2013 el caso fue asignado al consejero de la Sección Quinta Alberto Yepes Barreiro. Sin embargo, entre impedimentos, recusaciones, reconocimientos de abogados y notificaciones, el expediente pasó más de un año sin avances. En abril de 2014 Yepes presentó ponencia en favor de Ordóñez.
En su decisión lo acompañó la consejera Susana Buitrago, pero la magistrada Lucy Bermúdez se opuso. Como se necesitaban tres votos para aprobar la ponencia de Yepes y en la Sección Quinta había dos magistraturas vacantes, se convocó a los conjueces Ricardo Hoyos y Jaime Córdoba. Entonces la defensa de Ordóñez recusó a la consejera Bermúdez porque el jefe del Ministerio Público fue quien le aceptó la renuncia después de 20 años de trabajo en la Procuraduría. Cuando se conformó la nueva sala llegó la sorpresa: Yepes cambió de postura.
El 8 de julio de 2014, cuando se rumoraba la caída del procurador Ordóñez, el consejero de la Sección Primera Marco Antonio Velilla solicitó que el caso fuera conocido por todos los magistrados de la corporación. Una semana después la defensa de Ordóñez recusó al magistrado Yepes porque supuestamente filtró información del caso a la prensa, y de nuevo a la magistrada Bermúdez. En medio de la disputa de memoriales se aprobó que el caso pasara a la Sala Plena. La inminente caída del procurador terminó en un tanque de oxígeno.
De entrada, siete magistrados se declararon impedidos. Entonces Velilla la emprendió contra dos más. La magistrada Stella Conto Díaz, porque la Presidencia había nombrado a su hija como segunda secretaria de la Embajada de Colombia en Francia, y Danilo Rojas, por haber sido miembro fundador del Centro de Estudios Dejusticia, una de las organizaciones que encabezaron la demanda contra la reelección del procurador Ordóñez. La reacción no se hizo esperar y el demandante Rodrigo Uprimny respondió con recusaciones.
Además de dos reconocidos defensores de Ordóñez, los consejeros Alfonso Vargas y Susana Buitrago, el memorial incluyó a Gustavo Gómez, Bertha Ramírez, Enrique Gil y el propio Marco Antonio Velilla. En esencia, Uprimny argumentó que habían sido elegidos para el Consejo de Estado cuando Ordóñez oficiaba como magistrado en la misma corporación. El abogado expresó que, así como estaba prohibido el “yo te elijo, tú me eliges, también debía impedirse el yo te elijo y tú me juzgas, o el yo te elijo, tú me juzgas y yo sigo en el cargo”.
Como era de esperarse, el expediente volvió a empantanarse entre impedimentos, salvamentos de voto y notificaciones, hasta que fue asignado al consejero de la Sección Tercera Carlos Alberto Zambrano. Entonces Velilla no sólo se defendió argumentando que durante la primera postulación de Ordóñez en 2008 él no estaba en el país, sino que optó por documentar a la Sala Plena sobre presuntas irregularidades en el expediente, desde omisiones en el registro de la primera ponencia de Yepes hasta fallas en el trámite de las recusaciones.
En abril de 2015 Velilla fue más allá y acudió a la Comisión de Acusación de la Cámara para denunciar a su colega, la consejera Stella Conto, por supuestas irregularidades en el expediente. En su memorial dejó entrever que los demandantes se estaban enterando de decisiones internas de la Sala Plena a través de ella. Entre tanto, cuando por fin comenzaban a resolverse los principales impedimentos, apareció la viceprocuradora Marta Castañeda y radicó una solicitud de nulidad del proceso, lo cual siguió dilatando su finalización.
Desde entonces han transcurrido dos meses y, aunque aún no se resuelve la nulidad planteada por la viceprocuradora, el caso comienza a despejarse con el sorteo de los primeros conjueces que reemplazarán a los impedidos. Sin embargo, el procurador Ordóñez ya no cuenta hoy con tres de los magistrados que obraron como sus fieles escuderos: Alfonso Vargas, Susana Buitrago y Marco Antonio Velilla. Este último terminó su período el pasado martes. En cambio siguen vigentes varios de los que apoyan su salida del cargo.
Esta semana, a raíz de las explosivas declaraciones de Ordóñez acusando al Gobierno y a las Farc de querer sacarlo por razones “políticas y criminales”, el presidente del Consejo de Estado, Luis Rafael Vergara, desestimó los comentarios y calificó el expediente como un caso de curso normal, aunque alterado por los cambios de magistrados y los sucesivos impedimentos. El jurista aclaró que, además, hay ocho vacantes en la corporación que han dificultado el quórum, pero que una vez se superen algunos trámites se resolverá el asunto.
Al margen de sus comentarios, hay una cuestión de tiempo. Al procurador le quedan 18 meses de gestión, suficientes para que se sepa si se va antes o aguanta hasta enero de 2017. Un período crucial en las definiciones del proceso de paz, del cual Ordóñez ha sido incisivo contradictor. Hoy, el jefe del Ministerio Público y el presidente Santos chocan con frecuencia por este aspecto. Otros tiempos corrían cuando Ordóñez asumió su segundo período y Santos lo posesionó diciendo: “Piensa y obra como un hombre de principios, y esa es una virtud que a algunos les molesta”.
Determinaciones que causaron ampolla
Otras dos decisiones recientes prueban la importancia del Consejo de Estado en la definición de asuntos en los que se mezclan intereses económicos y políticos. En febrero de 2012 el alto tribunal suspendió uno de los procesos más polémicos y disputados de los últimos tiempos: la concesión del tercer canal privado de televisión.
En ese momento la pelea por el tercer canal estaba centrada en tres proponentes: el Grupo Prisa de España, el Grupo Cisneros de Venezuela y el Grupo Planeta. Después de una larga disputa jurídica, sólo quedó el último. El Consejo de Estado concluyó que no podía haber subasta con uno solo y puso fin al proceso licitatorio.
Recientemente frenó una negociación controvertida: la venta de la segunda generadora de energía del país, Isagén. El alto tribunal acumuló tres demandas y en mayo de 2015 detuvo la inminente negociación que se disputaban las empresas GDF Suez, Colbún de Chile y Brookfield de Canadá.
Las decisiones claves para el mando en la Fiscalía
En los últimos tiempos el Consejo de Estado ha sido protagonista de cruciales decisiones que han determinado giros en los organismos de fiscalización y control. Por ejemplo, en febrero de 2012 tumbó la elección de la fiscal Viviane Morales, por irregularidades en el cambio del reglamento de la Corte Suprema de Justicia.
Después de una larga crisis por el enfrentamiento entre el gobierno Uribe y la Corte Suprema, con el rechazo de esta última a los candidatos que postuló Uribe para la Fiscalía, el 3 de noviembre de 2010 fue escogida la abogada Viviane Morales, quien apenas estuvo un año en el cargo de fiscal general.
En su reemplazo, la Corte Suprema de Justicia escogió en 2012 a Eduardo Montealegre. Inicialmente, para que terminara el período que se había iniciado en agosto de 2009, cuando Mario Iguarán culminó su gestión, sumando los tiempos de interinidad de Guillermo Mendoza y Marta Lucía Zamora.
En otras palabras, Montealegre debía dejar su cargo en agosto de 2013. Sin embargo, el 16 de abril de ese mismo año el Consejo de Estado determinó que el período del actual fiscal no era para completar el cuatrienio 2009-2013, sino que debía ser institucional, con lo cual amplió su gestión hasta marzo de 2016.