El exsocio piramidal del exfiscal Iguarán

El exfiscal Mario Iguarán. / Archivo - El Espectador.

Luis Carlos Crispín Velasco tiene 42 años, dos hijos y una deuda de $18 mil millones. Hasta hace dos años se pavoneaba como un exitoso empresario en círculos exclusivos de Bogotá. Tras estudiar administración de empresas y haber trabajado en entidades financieras, como gerente de Industrias Alimenticias Aretama o especializarse en el mercado de las divisas, en 2003 decidió abrirse camino en el mundo de los negocios a través de su empresa Link Global, y la plata le llegó.

Fue tal su crecimiento, que en octubre de 2012 la Sociedad Colombiana de Prensa, la Fundación Pedro Nel Ospina y el entonces vicepresidente del Senado, Édgar Espíndola, le entregaron una condecoración como destacado empresario que ha contribuido con el desarrollo del país. En esa misma ceremonia fueron condecorados el exdirector del Fondo del Ahorro, Ricardo Arias, un ejecutivo de la organización Ardila Lulle y hasta el general Humberto Guatibonza, hoy comandante de Policía de Bogotá.

Eran los tiempos en donde fluía el dinero. Hoy, sin embargo, está acusado por la Fiscalía por los delitos de captación masiva de dinero y de estafar a cerca de 300 personas con su firma Link Global. Él dice que no es un estafador, que va a pagar esos $18 mil millones que adeuda y que no ha dudado un segundo en poner la cara. Su historia ya ha sido ventilada por algunos medios de comunicación. Lo que nadie sabía es que justo en los tiempos en los que su compañía se derrumbaba terminó como socio del exfiscal Mario Iguarán.

Ofreciendo rendimientos financieros de hasta el 20% anual en la compraventa de cartera, específicamente de créditos otorgados por cooperativas vinculadas a las Fuerzas Militares o a la Policía Nacional, la firma de Luis Carlos Crispín, según la Fiscalía, estafó a unos 300 ahorradores que se dejaron tentar por la posibilidad de recibir hasta cinco veces más de lo que paga el sistema financiero regular. Así Link Global suscribió 989 contratos con clientes que le representaron $20.493 millones.

Pronto empezaron los incumplimientos y tanto la Superintendencia de Sociedades como la Fiscalía determinaron que alrededor de $18 mil millones no se utilizaron para la compraventa de cartera, sino para apalancar un millonario negocio de Crispín Velasco. En concreto, un proyecto de la compañía Pachamama en el Meta, que recibió créditos de Link Global por más de $4.230 millones. De acuerdo con los investigadores, esta empresa funcionaba como una especie de pirámide para captar dineros del público que terminaban reinvertidos en proyectos del grupo familiar de Crispín Velasco. Sin muchos rodeos, una gran estafa.

Después de múltiples quejas de ahorradores, la Superfinanciera intervino Link Global en mayo de 2013; quedó al descubierto que esa firma no tenía el músculo financiero para las operaciones y que los dineros de 300 personas se usaron –en criterio de la Fiscalía– para enriquecer a Crispín. Sin embargo, 14 meses antes de la estrepitosa caída de Link Global, Crispín constituyó la empresa Insignia Jurídica con el exfiscal Mario Iguarán, el abogado José Gregorio Beltrán, el abogado Fabián Parada y el coronel (r) Pablo Emilio Gómez.

Esta nueva compañía se inscribió en la Cámara de Comercio en marzo de 2012 y como representante legal de la firma fue escogido Iguarán. Recién regresaba de la Embajada de Colombia en Egipto. (“¿Acaso no vio esta pirámide?”, le dijo a este diario uno de los afectados). Insignia Jurídica tenía la finalidad de prestar asesorías jurídicas prepagadas a policías. La idea fue de Crispín, compañero de universidad de la esposa del abogado Beltrán, socio de Mario Iguarán. Por esa vía llegó al exfiscal.

El negocio les sonó a Beltrán y a Iguarán, pero antes preguntaron en organismos oficiales si su potencial socio tenía enredos con la justicia. Les contestaron que no. Así se embarcaron en el proyecto. Crispín ofició como socio capitalista encargado de montar la infraestructura para prestar los servicios y el resto de la logística propia del negocio. Los demás lo hicieron como “socios industriales” aportando su trabajo y conocimiento del sector legal. Todos convinieron que cuando las ganancias llegaran serían repartidas equitativamente.

Al mismo tiempo se dispuso que el manejo administrativo de la firma lo haría Crispín. El negocio no despegó y a Iguarán empezaron a llegarle cuentos malucos. Por ejemplo, que su socio Crispín, para venderse como un empresario serio en el negocio de Link Global, utilizaba su nombre y su reputación. ¿Quién podría creer que un socio de un exfiscal general resultara un delincuente? La siguiente alerta de Iguarán ocurrió al poco tiempo. Crispín tuvo que entregar su oficina y le pidió un espacio en la de Iguarán para atender los asuntos relacionados con Link Global.

Él y su socio Beltrán aceptaron, pero muy rápido se percataron de los líos de Crispín y la fila de reclamos de ahorradores timados. La sociedad se acabó cuando el Gobierno intervino Link Global y la Fiscalía empezó a rastrear los pasos de Crispín. Iguarán dejó constancia en un acta que estaba muy incómodo con el hecho de que su nombre hubiera sido utilizado para atraer clientes en un aparente negocio chimbo. Entonces pidió liquidar la sociedad, pero se llevó una sorpresa. Crispín confesó que no podía liquidarse porque Insignia tenía una deuda de $1.026 millones con Link Global.

Iguarán le reclamó ese crédito, pues no había sido autorizado por él, que era el representante legal. Crispín manifestó que se debió a un error contable, pues su contador, el mismo de Link Global, transfirió el dinero desde las cuentas de esa compañía que ya entonces estaba bajo la lupa de las autoridades. De hecho, esa transacción hizo que el nombre del exfiscal Iguarán y sus socios apareciera en la acusación de la Fiscalía contra Crispín, pues se dice que $1.026 millones de la estafa se usaron para financiar a Insignia Jurídica.

Crispín le envió una carta a la Superintendencia de Sociedades el 21 de junio de 2013, días después de la intervención de Link Global, en la que aseguró que ni Iguarán ni el resto de los socios tuvo conocimiento de este crédito y que además “entre Insignia Jurídica y Link Global no existe relación alguna”. Aun más, señaló el empresario en apuros que ni el exfiscal ni José Gregorio Beltrán contrajeron obligación alguna con la firma intervenida. Por último aclaró que el 16 de mayo de 2013 todos los socios le cedieron sus acciones y con ello las responsabilidades sobre las deudas.

En diálogo con El Espectador, el abogado José Gregorio Beltrán sostuvo que él e Iguarán no tuvieron conocimiento de la presunta pirámide de Crispín, mucho menos de crédito alguno. Aunque sí reconoció que hubo una molestia por la utilización del nombre del exfiscal en esos negocios aparentemente ilegales. También dijo que terminaron de socios con Crispín animados por un negocio que jamás despegó, pero que nunca conocieron o patrocinaron estas maniobras criminales.

Por su parte, Crispín reiteró que sigue teniendo una amistad con Mario Iguarán, que sus exsocios no le reprocharon el crédito aquel, pero sí se mostraron angustiados cuando la Superintendencia intervino Link Global. “Hubo un error contable y lo acepto, pero aquí todos obramos de buena fe, no he engañado a nadie, estoy asumiendo los gastos y pagaré esos $18 mil millones que me endilga la justicia. Si yo no hubiera tenido el problema de Global seguiría con la sociedad con Mario Iguarán”, insistió.

Al mismo tiempo, explicó que él no es un estafador, que lo que ocurrió fue que las cooperativas a las que su empresa les compraba las libranzas le incumplieron y que por eso su negocio se vino a pique. “Hay un negocio listo para vender el proyecto Pachamama a la firma norteamericana Anglo Andino Group. Ahí están los $18 mil millones para cancelar la deuda. Pero la Superintendencia frenó esta operación porque varios afectados no estaban de acuerdo, aunque 186 sí lo estaban. Hay una tutela en curso”, resaltó.

“La deuda de Luis Carlos Crispín está garantizada”, sostuvo su abogado Iván Cancino. Sin embargo, sus explicaciones no convencen ni a la Fiscalía ni al Gobierno. Un juicio por los delitos de captación masiva y estafa lo espera a la vuelta de la esquina. Además, unos 300 ahorradores exigen la devolución de sus dineros. Entre tanto, el exfiscal Mario Iguarán y el abogado José Gregorio Beltrán intentan desligar de su pasado a un socio incómodo.

“Voy a pagar las deudas”: Crispín Velasco

Luis Carlos Crispín Velasco estudió en el Politécnico Gran Colombiano administración de empresas con énfasis en finanzas. Siempre se ha movido en el sector financiero, pero en 2003 creó la empresa Link Global S. A., constituida mediante escritura pública el 7 de noviembre de ese año. Su firma se dedicaba a la negociación de activos financieros centrando su actividad en la compra de cartera instrumentalizada en las llamadas libranzas-pagarés.

En diálogo con El Espectador, Crispín manifestó que nunca utilizó el nombre de Mario Iguarán para atraer clientes, pero lo que sí pasaba era que la gente llegaba a las oficinas, veía al exfiscal y eso generaba confianza. “Voy a demostrarle a la justicia que lo mío no es una estafa, que lo que hubo fueron errores técnicos y contables, pero he dado la cara y voy a pagar el dinero que se adeuda. Hay una molestia de una gente con el acuerdo de pago, pero yo espero que la Superintendencia apruebe lo que ya se ha pactado”, señaló.

Las razones de la Fiscalía

El proyecto de captación de dineros, que para la Fiscalía es semejante a las famosas pirámides que a tantas personas han llevado a la quiebra, tiene hoy no sólo a Luis Carlos Crispín Velasco ad portas de un juicio, sino también a su esposa Katherine Chejab Molina y a John Baudililo López, quienes dentro de la compañía Link Global S. A. ostentaban cargos directivos. Según la Fiscalía, esa firma buscó cooperativas que efectuaran préstamos a personal vinculado a las Fuerzas Militares y la Policía como Cooveteranos, Cooperativa Hábitat o Cooperativa de la Fuerza Pública.

Para el ente investigador, “queda establecido que (Link Global) estaba engañando a los inversionistas hoy afectados para despojarlos de su dinero, quienes entregaron sus capitales bajo la falsa expectativa de estar haciendo una inversión a través de una empresa que por sí o a través de terceros fue promocionada como respetable y sólida financieramente cuando no estaba facultada para realizar la actividad descrita”.