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La lucha de una comunidad indígena de Argentina por sus tierras y una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ordenó protegerla, podrían causar una transformación radical en la lucha contra el cambio climático. Abogados del mundo empiezan a reconocer que la batalla jurídica de una comunidad ancestral en la región de Salta, por conseguir los títulos de más de 400 mil hectáreas de tierra, da lugar a una de las victorias más importantes en temas medioambientales de los últimos tiempos. No solo se califica como un fallo histórico, sino que será base para el futuro inmediato de los litigios en esta misma materia.
El caso argentino es similar al de muchos pleitos instaurados por comunidades indígenas colombianas frente al avance de negocios de turismo, minería o infraestructura. En esencia, se trata de la lucha de 132 comunidades de las etnias wichi, chorote, toba, mataco, tapiete y chulupí, que desde hace dos décadas se unieron en la asociación Lhaka Honhat (en español: Nuestra Tierra) para buscar que el Estado les entregara títulos de tierras que ellas han habitado ancestralmente. En los últimos tiempos, distintos gobiernos negaron esa titularidad sobre un terreno que, para dimensionarlo, equivaldría a unas 560 mil canchas de fútbol.
(Aquí puede leer el fallo completo)
La tierra está en la provincia de Salta, en Argentina, sobre una superficie árida, parecida a la de La Guajira, que colinda con la zona fronteriza con Bolivia y Paraguay. En 1998, con la asesoría de abogados expertos en temas de comunidades indígenas, la asociación Lhaka Honhat acudió al Sistema Interamericano. Inicialmente, la Comisión confirmó la gravedad de la situación, constató violación de los derechos de la comunidad y emitió recomendaciones a Argentina para evitar una condena. Hace algunas semanas, la Corte IDH notificó la sentencia que hoy tiene hablando a abogados y ambientalistas del mundo.
Además de obligar a Argentina a que len entregue los títulos, la decisión de este tribunal internacional reconoce que durante años, y con el asentamiento de colonos ajenos a las comunidades indígenas, se violaron de manera sistemática los derechos de estas comunidades, pues la tala de árboles, el alambrado que instalaron esos invasores para cuidar su ganado y otras actividades agrícolas afectaron de manera irremediable el medioambiente de esta tierra y, en consecuencia, se violaron sus derechos a la alimentación adecuada, al agua y a la identidad cultural. Además de reconocer estas violaciones, la Corte IDH le dio un plazo de seis años a este país para que reubique a cualquier persona o familia que no sea indígena y, por primera vez, ordenó crear un fondo de desarrollo que debe estar enfocado en “reparar el daño a la identidad cultural” de la comunidad.
En criterio de expertos consultados, es la primera vez que un tribunal internacional condena a un Estado por violación del derecho al medioambiente sano. Esta vez lo hizo de manera simultánea a la orden de proteger los derechos de las comunidades asociadas en Lhaka Honhat. La abogada Natalia Castro Niño, docente investigadora de derecho internacional público de la Universidad Externado, señala que con esta decisión la Corte IDH reitera su voluntad de seguir reconociendo lo que hoy se conoce en el mundo jurídico como derechos económicos, sociales y culturales. Esta vez, con una premisa nueva: que esa protección de los derechos humanos no se puede entender sin preservación del medioambiente.
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Con su decisión, la Corte IDH sentó además un precedente: “No puede haber garantía de la vida sin la garantía adicional del agua o del medioambiente. Son derechos que están tan relacionados y que separarlos no tiene sentido. Es algo evidente e innegable”, explica la jurista a este diario. En la misma vía, el abogado de origen peruano Salvador Herencia, director de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa, reconoce la trascendencia de la decisión y dice que uno de sus puntos claves es que la Corte IDH logra “ponerles un lente de derechos humanos a los principios y las normas ambientales” que hoy existen en el mundo.
En diálogo con El Espectador, Herencia resalta que la decisión da además una nueva mirada a la protección de los derechos en el Sistema Interamericano, que ya ha tenido importantes aportes en temas de masacres, homicidios y libertad de expresión o derechos políticos. “Se determina que el derecho al medioambiente es un derecho inherente a los pueblos indígenas, pero no como habitualmente lo interpretamos, sino que está vinculado a la cultura, a la comida, al agua y a su seguridad alimentaria en comunidades de especial protección”, asegura, al tiempo que reflexiona sobre el papel de la justicia en la protección de estos derechos.
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“Mientras no haya políticas y decisiones concretas, la justicia tiene el deber de proteger”, añade. La investigadora Natalia Castro Niño recuerda la importancia de la justicia frente a la problemática global que paraliza ciudades enteras y se ha convertido en tema inaplazable para el mundo. Con la decisión, añade la jurista colombiana, “se va a correr la voz en el mundo para que quede claro y tome fuerza la idea de que la protección del medioambiente es tan importante como las demás obligaciones del Estado en el respeto y la garantía de los derechos fundamentales. Para nadie es un secreto que las decisiones políticas en esta materia van lentas y se nos está acabando el tiempo”.
El abogado Juan Felipe García Arboleda, director del Departamento de Filosofía e Historia del Derecho de la Universidad Javeriana, reitera la importancia del logro de la asociación Lhaka Honhat y agrega que se trata de una sentencia que refleja un cambio en la forma como el Estado maneja los recursos públicos. Para García, la Corte introdujo una nueva manera de entender la relación entre gobiernos y territorios, pues busca que se proteja la relación entre el ser humano y el medioambiente, no solo a partir de lo que la tierra puede dar para producir. Con esta sentencia, los Estados tienen ahora una base jurídica más sólida para defender intereses nacionales en tribunales de arbitramento.
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“La Corte IDH ha sido históricamente faro y guía en la interpretación de la protección de derechos en la región. Esta nueva jurisprudencia manda un mensaje fuerte a todos los países, pues ahora los Estados corren el riesgo de ser condenados si no cumplen con la protección del medioambiente”, señala Juan Felipe García, quien asegura que, en particular, el mensaje es contundente para Colombia. Aunque aclara que el país está en una especie de vanguardia frente a la protección de recursos naturales (con sentencias como las que convirtieron al Amazonas o al río Atrato en sujeto de derechos), aún tiene situaciones que podrían cambiarse.
Para el profesor García, desde el año pasado, cuando la Corte Constitucional tumbó la norma que obligaba al Estado a convocar a consulta populares para preguntar a una población si estaba de acuerdo o no con proyectos para cambiar el uso de su suelo (como casos de minería), el país entró en “regresividad” respecto a los derechos ambientales. En contraste, “lo que se ve con la decisión de los indígenas argentinos es lo contrario. El sistema interamericano está enviando un mensaje de progresividad”. Hoy el país debate, por ejemplo, si deben permitirse o no proyectos de fracking. Con este fallo hay un llamado directo a escuchar a las comunidades.
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Para los consultados, que la justicia internacional intervenga en un tema como la protección del medioambiente o el acceso al agua es una respuesta a la falta de medidas contundentes por parte de los gobiernos. Esta búsqueda de amparo de los jueces ya tiene intentos similares en Europa. Uno de ellos, quizás el más conocido, es la demanda de la activista Greta Thunberg y otros 15 jóvenes contra Argentina, Brasil, Francia, Alemania y Turquía por “incumplir obligaciones en virtud de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, al promover los combustibles fósiles y no controlar las emisiones de gases de efecto invernadero durante décadas, a pesar de conocer los riesgos del cambio climático.
La decisión de la Corte IDH es clave para que este litigio y otros de la misma índole permitan que los jueces protejan derechos que algunos consideran de categoría inferior o no se reconocen. La victoria de la asociación Lhaka Honhat, tras una pelea de décadas, no solo constituye una conquista histórica, sino el comienzo de un nuevo rumbo en el papel de la justicia en la lucha por la protección de la tierra y sus recursos. “No hay sentimiento de emergencia entre nuestros líderes. Si lo hubiera, tendrían un cambio en su conducta. ¿Cómo podemos hacer para presionarlos?”, se pregunta Thunberg. Parte de la respuesta está en la sentencia de la Corte IDH que protegió a comunidades de Argentina y sus tierras.