El informante de las “chuzadas”

El domingo 29 de noviembre, al correo personal de la directora de la FM Noticias, Vicky Dávila, llegó un extenso mail con un remitente desconocido para su receptora. Escrito por una tal María Eugenia Sáenz, desde el correo maluesaenz@gmail.com, quien envió el mensaje le hizo saber a la comunicadora que, al igual que a la periodista de Caracol Radio Claudia Morales, era blanco de seguimientos e interceptaciones ilegales a sus teléfonos y otras formas de comunicación, por parte de un grupo de la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol), para proteger a su director, el general Rodolfo Palomino.

En ese primer correo el emisor manifestó que la Dipol tenía una sala de interceptaciones de correos y teléfonos clandestina, “a cargo del capitán Wilson Carvajal, hijo del coronel Ciro Carvajal”, desde donde se espiaban a periodistas, militares o policías, “con el pretexto de blindar el proceso de paz”. Además, de información personal, reuniones laborales y fotografías familiares, el informante detalló que había un grupo especial que se había desplazado al Eje Cafetero para realizar seguimientos a Claudia Morales y que había dos carros detrás de Vicky Dávila, uno de ellos “un Audi gris de placas CES 867”.

Tanto este vehículo, “acondicionado con micrófonos de largo alcance”, como otros equipos fueron financiados a través del rubro de los gastos reservados, falsificando firmas y pagando recompensas ficticias, recalcó la persona informante. Asimismo, advirtió que el promotor de estas acciones era muy peligroso no sólo por sus contactos “con el grupo operativo (sicarios)”, sino porque tenía vínculos con narcos, con quienes agregó que “trabaja haciendo mandados de interceptar enemigos y hacerles cobros. El correo les pidió a las periodistas que no se metieran con patrulleros y suboficiales obligados a realizar las acciones ilícitas.

A partir de ese correo, en el que le manifestaron a Vicky Dávila que su compañero Jairo Lozano también era objeto de seguimientos en una camioneta blanca, de placas EJS 851, ella empezó a indagar a su informante por más detalles. Entonces se enteró de que los seguimientos venían de tiempo atrás, y que a través de otros medios de comunicación habían intentado desvirtuar sus denuncias sobre la comunidad del anillo. El informante explicó que muchos patrulleros y patrulleras estaban obligados a trabajar en las acciones ilícitas por haber sido víctimas de esa comunidad.

La supuesta María Eugenia Sáenz agregó que, luego de emborracharlos, les hacían videos para luego manipularlos, y que eso lo habían aprendido del coronel Gerson Castellanos. Por eso, resaltó el informante, Vicky Dávila había dado en el clavo. Ese mismo domingo 29 de noviembre, en el cruce de correos y ante los requerimientos de la periodista, ella se enteró de que su compañero Slobodan Wilches y los periodistas Daniel Coronell y Gustavo Álvarez Gardeazábal también estaban en la lista de los controlados. En un comentario resumió el informante los alcances de la organización: “Andrómeda es un chiste al lado de estas salas”.

Ese domingo, a la periodista no le quedaba difícil atar cabos. Un mes antes en La FM, ella y su equipo revelaron un audio en el que dos coroneles, Ciro Carvajal y Flavio Meza -entonces secretario general de la Policía y comandante de la Policía de Cundinamarca, respectivamente- habían intentado manipular la declaración de un oficial investigado. El coronel Reinaldo Gómez, entonces comandante de La Mesa (Cundinamarca), quien manifestó en la emisora que era una retaliación de Palomino porque una década atrás se había negado acceder a sus pretensiones sexuales.

El 23 de noviembre, cuando se conoció la lista de los llamados a curso para general en la Policía, la noticia fue que habían sido descabezados los coroneles Ciro Carvajal y Flavio Meza. En cuanto al otro coronel mencionado por el informante, Gerson Castellanos, hoy oficial retirado, en ese momento era el único exoficial investigado por la comunidad del anillo. Además, la periodista tenía referencias suyas porque su equipo de trabajo poseía documentos sobre presuntas irregularidades suyas en la venta de unas propiedades inmobiliarias al general Rodolfo Palomino.

Entonces Vicky Dávila entendió por qué el informante decía que habían intentado acabarla. Su interlocutor se encargó de detallarle cómo el día de la votación para ascenso de generales, supuestamente Palomino se enfrentó con otro general para defender a Carvajal y a Meza. La persona que informaba a la periodista insistió que todo era por el escándalo de la comunidad del anillo y que a la cadete Lina Maritza Gómez Zapata, muerta el 25 de enero de 2006, la habían matado por eso. No se había suicidado y le envió documentos que ratificaban que había sido un asesinato.

Incluso, el informante le dio nombres de supuestos implicados en los hechos y le ratificó que la comunidad del anillo “sí existió y existe, y con ella han sido manipulados congresistas, políticos, militares y periodistas. Es una red de prostitución al servicio del alto mando policial. Son hombres y mujeres que drogan o alcoholizan y luego graban teniendo relaciones sexuales. Posteriormente manipulan con las grabaciones para que se presten a todas sus fechorías. Por eso, difícilmente los involucrados van a hablar. Tienen miedo y vergüenza”.

El lunes 30 de noviembre reapareció el informante y le preguntó si había visto todo lo que le había enviado, recordando que toda la información la tenía asuntos internos de la Dipol, la Inspección General de la Policía y la Fiscalía, pero al parecer la habían ocultado. Después comentó que habían cambiado las salas de interceptación de manera abrupta. Y le explicó que era tecnología israelí, de punta. Todo pagado con recompensas ficticias. “Tienen mucha tecnología y capacidad, plata y poder”, expresó explícitamente. Y añadió que ella se había convertido en una piedra en el zapato de los criminales.

Vicky Dávila le preguntó cómo funcionaba la sala, y la respuesta fue que a ella la controlaban esporádicamente, pero que Claudia Morales, Daniel Coronell o Álvarez Gardeazábal siempre habían sido un objetivo. Pero cuando ella puso los ojos en el general Palomino, se agudizó la persecución e incluyó al equipo de trabajo: Nancy Sáenz, Jairo Lozano o Slodoban Wilches. Además, comentó que él se ganaba $1’200.000, pero recibía $4’000.000 por unos “pecados” que sabían de él. Por eso lo manipulaban. Por eso era testigo de pagos de recompensas millonarias que se robaban.

El informante persistió en decirle que eran varios grupos aislados y que su excusa era controlar a los de las Farc y proteger el proceso de paz, pero que era apenas el 1% de lo que hacían. Lo demás era “controlar a periodistas, militares, políticos y todos quienes se atrevan a cuestionar s la Policía”. Vicky Dávila le pidió que le dijera dónde trabajaba, pero su interlocutor se negó. Sólo le dijo que eran como 30 personas, y que ellos eran quienes habían descubierto la Sala Andrómeda del Ejército, o habían filtrado el escándalo contra el grupo MIRA por retaliaciones contra la senadora Piraquive.

Esa noche del lunes 30 de noviembre, Vicky Dávila entró en contacto con la Fiscalía y le reveló lo que estaba sucediendo. A su vez, Caracol Radio envió una carta al general Palomino para advertirle que si algo le llegaba a suceder a Claudia Morales, lo hacían responsable. Eso explica por qué el martes 1° de diciembre el informante le escribió a Vicky Dávila diciendo que había un gran revuelo, que se habían enterado de que ella y Claudia Morales sabían lo que estaba pasando y que había un traidor. Entonces le comentó detalles mayores del acoso ilegal de la Policía.

Cómo, por ejemplo, se habían enterado de que ella había echado a uno de sus colaboradores por estafa y consultó a un abogado. Entonces se vio en este hecho la posibilidad de vincularla con un caso de enriquecimiento ilícito y reclutar a la persona como posible fuente. Asimismo, quiénes eran sus fuentes o su relación con el expresidente Álvaro Uribe. El informante le habló de que también tenían información, referida con alias, de Ramiro Bejerano, Felipe Zuleta, Gustavo Álvarez Gardeazábal, Daniel Coronell, Claudia Gurisatti o María del Rosario Arrázola.

El informante se desahogó contándole cómo sabían de sus intentos de entrevista con Timochenko y personas allegadas al uribismo. De la forma como quiso estructurar una investigación contra el general del Ejército Sergio Mantilla y ellos estuvieron dispuestos a hacerle llegar los documentos que necesitara. De cómo tenían carpetas especiales de los generales Guatibonza y Ramírez. La supuesta María Eugenia Sáenz expresó que todo empezó de una manera ética, pero se había perdido el rumbo, pero que era un círculo vicioso del cual quería salir.

El domingo 29 de noviembre, al correo personal de la directora de la FM Noticias, Vicky Dávila, llegó un extenso mail con un remitente desconocido para su receptora. Escrito por una tal María Eugenia Sáenz, desde el correo maluesaenz@gmail.com, quien envió el mensaje le hizo saber a la comunicadora que, al igual que a la periodista de Caracol Radio Claudia Morales, era blanco de seguimientos e interceptaciones ilegales a sus teléfonos y otras formas de comunicación, por parte de un grupo de la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol), para proteger a su director, el general Rodolfo Palomino.

En ese primer correo el emisor manifestó que la Dipol tenía una sala de interceptaciones de correos y teléfonos clandestina, “a cargo del capitán Wilson Carvajal, hijo del coronel Ciro Carvajal”, desde donde se espiaban a periodistas, militares o policías, “con el pretexto de blindar el proceso de paz”. Además, de información personal, reuniones laborales y fotografías familiares, el informante detalló que había un grupo especial que se había desplazado al Eje Cafetero para realizar seguimientos a Claudia Morales y que había dos carros detrás de Vicky Dávila, uno de ellos “un Audi gris de placas CES 867”.

Tanto este vehículo, “acondicionado con micrófonos de largo alcance”, como otros equipos fueron financiados a través del rubro de los gastos reservados, falsificando firmas y pagando recompensas ficticias, recalcó la persona informante. Asimismo, advirtió que el promotor de estas acciones era muy peligroso no sólo por sus contactos “con el grupo operativo (sicarios)”, sino porque tenía vínculos con narcos, con quienes agregó que “trabaja haciendo mandados de interceptar enemigos y hacerles cobros. El correo les pidió a las periodistas que no se metieran con patrulleros y suboficiales obligados a realizar las acciones ilícitas.

A partir de ese correo, en el que le manifestaron a Vicky Dávila que su compañero Jairo Lozano también era objeto de seguimientos en una camioneta blanca, de placas EJS 851, ella empezó a indagar a su informante por más detalles. Entonces se enteró de que los seguimientos venían de tiempo atrás, y que a través de otros medios de comunicación habían intentado desvirtuar sus denuncias sobre la comunidad del anillo. El informante explicó que muchos patrulleros y patrulleras estaban obligados a trabajar en las acciones ilícitas por haber sido víctimas de esa comunidad.

La supuesta María Eugenia Sáenz agregó que, luego de emborracharlos, les hacían videos para luego manipularlos, y que eso lo habían aprendido del coronel Gerson Castellanos. Por eso, resaltó el informante, Vicky Dávila había dado en el clavo. Ese mismo domingo 29 de noviembre, en el cruce de correos y ante los requerimientos de la periodista, ella se enteró de que su compañero Slobodan Wilches y los periodistas Daniel Coronell y Gustavo Álvarez Gardeazábal también estaban en la lista de los controlados. En un comentario resumió el informante los alcances de la organización: “Andrómeda es un chiste al lado de estas salas”.

Ese domingo, a la periodista no le quedaba difícil atar cabos. Un mes antes en La FM, ella y su equipo revelaron un audio en el que dos coroneles, Ciro Carvajal y Flavio Meza -entonces secretario general de la Policía y comandante de la Policía de Cundinamarca, respectivamente- habían intentado manipular la declaración de un oficial investigado. El coronel Reinaldo Gómez, entonces comandante de La Mesa (Cundinamarca), quien manifestó en la emisora que era una retaliación de Palomino porque una década atrás se había negado acceder a sus pretensiones sexuales.

El 23 de noviembre, cuando se conoció la lista de los llamados a curso para general en la Policía, la noticia fue que habían sido descabezados los coroneles Ciro Carvajal y Flavio Meza. En cuanto al otro coronel mencionado por el informante, Gerson Castellanos, hoy oficial retirado, en ese momento era el único exoficial investigado por la comunidad del anillo. Además, la periodista tenía referencias suyas porque su equipo de trabajo poseía documentos sobre presuntas irregularidades suyas en la venta de unas propiedades inmobiliarias al general Rodolfo Palomino.

Entonces Vicky Dávila entendió por qué el informante decía que habían intentado acabarla. Su interlocutor se encargó de detallarle cómo el día de la votación para ascenso de generales, supuestamente Palomino se enfrentó con otro general para defender a Carvajal y a Meza. La persona que informaba a la periodista insistió que todo era por el escándalo de la comunidad del anillo y que a la cadete Lina Maritza Gómez Zapata, muerta el 25 de enero de 2006, la habían matado por eso. No se había suicidado y le envió documentos que ratificaban que había sido un asesinato.

Incluso, el informante le dio nombres de supuestos implicados en los hechos y le ratificó que la comunidad del anillo “sí existió y existe, y con ella han sido manipulados congresistas, políticos, militares y periodistas. Es una red de prostitución al servicio del alto mando policial. Son hombres y mujeres que drogan o alcoholizan y luego graban teniendo relaciones sexuales. Posteriormente manipulan con las grabaciones para que se presten a todas sus fechorías. Por eso, difícilmente los involucrados van a hablar. Tienen miedo y vergüenza”.

El lunes 30 de noviembre reapareció el informante y le preguntó si había visto todo lo que le había enviado, recordando que toda la información la tenía asuntos internos de la Dipol, la Inspección General de la Policía y la Fiscalía, pero al parecer la habían ocultado. Después comentó que habían cambiado las salas de interceptación de manera abrupta. Y le explicó que era tecnología israelí, de punta. Todo pagado con recompensas ficticias. “Tienen mucha tecnología y capacidad, plata y poder”, expresó explícitamente. Y añadió que ella se había convertido en una piedra en el zapato de los criminales.

Vicky Dávila le preguntó cómo funcionaba la sala, y la respuesta fue que a ella la controlaban esporádicamente, pero que Claudia Morales, Daniel Coronell o Álvarez Gardeazábal siempre habían sido un objetivo. Pero cuando ella puso los ojos en el general Palomino, se agudizó la persecución e incluyó al equipo de trabajo: Nancy Sáenz, Jairo Lozano o Slodoban Wilches. Además, comentó que él se ganaba $1’200.000, pero recibía $4’000.000 por unos “pecados” que sabían de él. Por eso lo manipulaban. Por eso era testigo de pagos de recompensas millonarias que se robaban.

El informante persistió en decirle que eran varios grupos aislados y que su excusa era controlar a los de las Farc y proteger el proceso de paz, pero que era apenas el 1% de lo que hacían. Lo demás era “controlar a periodistas, militares, políticos y todos quienes se atrevan a cuestionar s la Policía”. Vicky Dávila le pidió que le dijera dónde trabajaba, pero su interlocutor se negó. Sólo le dijo que eran como 30 personas, y que ellos eran quienes habían descubierto la Sala Andrómeda del Ejército, o habían filtrado el escándalo contra el grupo MIRA por retaliaciones contra la senadora Piraquive.

Esa noche del lunes 30 de noviembre, Vicky Dávila entró en contacto con la Fiscalía y le reveló lo que estaba sucediendo. A su vez, Caracol Radio envió una carta al general Palomino para advertirle que si algo le llegaba a suceder a Claudia Morales, lo hacían responsable. Eso explica por qué el martes 1° de diciembre el informante le escribió a Vicky Dávila diciendo que había un gran revuelo, que se habían enterado de que ella y Claudia Morales sabían lo que estaba pasando y que había un traidor. Entonces le comentó detalles mayores del acoso ilegal de la Policía.

Cómo, por ejemplo, se habían enterado de que ella había echado a uno de sus colaboradores por estafa y consultó a un abogado. Entonces se vio en este hecho la posibilidad de vincularla con un caso de enriquecimiento ilícito y reclutar a la persona como posible fuente. Asimismo, quiénes eran sus fuentes o su relación con el expresidente Álvaro Uribe. El informante le habló de que también tenían información, referida con alias, de Ramiro Bejerano, Felipe Zuleta, Gustavo Álvarez Gardeazábal, Daniel Coronell, Claudia Gurisatti o María del Rosario Arrázola.

El informante se desahogó contándole cómo sabían de sus intentos de entrevista con Timochenko y personas allegadas al uribismo. De la forma como quiso estructurar una investigación contra el general del Ejército Sergio Mantilla y ellos estuvieron dispuestos a hacerle llegar los documentos que necesitara. De cómo tenían carpetas especiales de los generales Guatibonza y Ramírez. La supuesta María Eugenia Sáenz expresó que todo empezó de una manera ética, pero se había perdido el rumbo, pero que era un círculo vicioso del cual quería salir.