El informe sobre la crisis de Monómeros que agita a la Asamblea de Venezuela

Un proceso de responsabilidad política a todos los venezolanos inmersos en la crisis que puso al borde del abismo a la empresa Monómeros Colombo Venezolanos, planteó la Comisión Especial de Control e Investigación que creó la Asamblea Legítima de Venezuela para evaluar el descalabro económico de esta firma, sometida a control por la Superintendencia de Sociedades de Colombia. La comisión visitó Barranquilla para consignar las explicaciones de la crisis y su conclusión es que la Asamblea no puede perder el impulso de seguir indagando el origen de la debacle, para preservar este activo de los venezolanos.

Un proceso de responsabilidad política a todos los venezolanos inmersos en la crisis que puso al borde del abismo a la empresa Monómeros Colombo Venezolanos, planteó la Comisión Especial de Control e Investigación que creó la Asamblea Legítima de Venezuela para evaluar el descalabro económico de esta firma, sometida a control por la Superintendencia de Sociedades de Colombia. La comisión visitó Barranquilla para consignar las explicaciones de la crisis y su conclusión es que la Asamblea no puede perder el impulso de seguir indagando el origen de la debacle, para preservar este activo de los venezolanos.

Sin descartar los efectos civiles, administrativos o penales, la comisión parlamentaria que evaluó el caso Monómeros recomendó examinar por aparte la conducta de los “ciudadanos vinculados con el partido Voluntad Popular, Carmen Elisa Hernández y Jorge Pacheco”, por diversos señalamientos relacionados con su participación en “un intento de toma hostil de la empresa Monómeros” y presiones indebidas a su gobierno corporativo. En la misma línea, planteó que las decisiones tomadas por la Supersociedades se basaron en información “sesgada, manipulada y falsa” para crear una errónea percepción de la realidad.

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Este diario tuvo acceso al informe de la Comisión Especial de Control e Investigación sobre el caso Monómeros. Un documento de 51 páginas que, entre otras recomendaciones, pidió corregir con urgencia los procesos de designación de las autoridades de la empresa y así neutralizar “cualquier intento de control por parte de grupos políticos o económicos”. También sugirió la asesoría de una empresa para escoger el mejor y más calificado recurso humano “sin interferencia partidista alguna”, y la gestión de una auditoría financiera con una firma internacional de renombre para concretar el estado económico actual de Monómeros.

En términos generales, el documento detalla lo que sucedió después de que el gobierno interino de Juan Guaidó tomó el control gerencial de Monómeros, invocando el llamado “Estatuto de Transición a la Democracia”, suscrito en diciembre de 2020. La idea era asumir el control de activos venezolanos en el exterior en la ofensiva de Guaidó y sus aliados contra el gobierno de Nicolás Maduro, pero de entrada en el capítulo Monómeros surgió el primer escollo: las reservas de la banca hacia la nueva administración, a pesar de que había sorteado con éxito su desvinculación de la lista de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero de los Estados Unidos.

La opción fueron las líneas de crédito de sus proveedores, sin advertir que, por esta vía, Monómeros terminó a la medida de los intereses de Nitron Group, principal proveedor en el negocio de la producción y comercialización de materias primas para fertilizantes e insumos agropecuarios. La conclusión de la comisión parlamentaria es que el mecanismo usado, loan to own (préstamo con opción de compra), fue poner en marcha acciones para crear una situación de inviabilidad financiera. El itinerario de una quiebra anunciada que contó con la coordinación de políticos, funcionarios y altos empleados, buscando dejar acéfala a la empresa.

El documento especifica los 27 días en los que se desarrollaron “actuaciones milimétricamente coordinadas por grupos de interés, para sumir a Monómeros en la crisis”. Una línea de tiempo que paradójicamente empieza el viernes 3 de septiembre de 2021, cuando la empresa venezolana fue notificada por la Superintendencia de Sociedades de Colombia de su sometimiento a control económico. Día tras día, la cronología describe en paralelo los movimientos de Nitron Group en su “toma hostil” de la empresa, mientras Monómeros lidiaba con las autoridades.

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Incluida una reunión el 7 de septiembre en la Casa de Nariño entre las directivas de Monómeros y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz, quien planteó una solución de plazos perentorios. Al quinto día, la presidenta de la Junta Directiva, Carmen Elisa Hernández, renunció y anunció su apoyo a Supersociedades. La reacción llegó desde Caracas, con un reclamo de la Asamblea al gobierno de Iván Duque. Antes de la respuesta desde Bogotá, empezó el trasteo de altos empleados de Monómeros a Nitrofert S.A., empresa de Nitron Group. Una desbandada que empezó por el exgerente financiero, William Otero Gracia.

Con un detalle resaltado en el informe de la Comisión Parlamentaria: Otero también fue asesor de Muñoz, lo mismo que Grace Noguera, que de asistente de Víctor Muñoz en el Departamento de la Presidencia pasó también a Nitrofert S.A. En total, han sido 35 los empleados que cambiaron de esquina en esta pelea económica y política. Una inusitada situación que en parte explica por qué, entre sus conclusiones finales, la Comisión planteó la “necesidad imperiosa de fortalecer los nexos con la dirigencia sindical de la empresa”, en su criterio, para “reconstruir la relación de confianza a partir de las maniobras de la toma hostil”.

La comisión estuvo integrada por los diputados Marco Aurelio Quiñones, de Voluntad Popular; José Hernández, de Nuevo Tiempo; Yorman Barilla, de Acción Democrática; Bibiana Lucas, de Primero Justicia, y José Luis Pirela, de la fracción 16 de julio, opositores al gobierno Maduro. A pesar del interés común de “vencer al régimen”, en la trastienda salieron a relucir las diferencias. Dos de los diputados no firmaron el informe y claramente quedaron al desnudo las raspaduras entre la oposición. “Esto es como un tablero de ajedrez, pero no se puede perder un activo como Monómeros en manos del gobierno interino”, comentó una fuente consultada.

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La misma voz, del círculo de la comisión que estuvo en Colombia, señaló: “Hay que reconocer que nos equivocamos. Somos responsables por acción o por omisión ante los malos manejos de ese activo en el exterior”. Un descuido colectivo que terminó en un enredo político y económico que todavía no concluye. Se rumora que detrás de la vuelta estaba Voluntad Popular, que orienta Leopoldo López y que fue la casa de Juan Guaidó. Quizás eso explica por qué Henrique Capriles de Primero Justicia, anunció su deslinde del control de activos en el exterior. La pregunta por resolver es cómo encaja en la historia el gobierno de Iván Duque.