El joven de la Primera Línea que grabó manifestaciones y está imputado por terrorismo

A finales de julio, cuando se habían apaciguado las protestas del paro nacional, la Policía anunció la captura masiva de algunos líderes de la Primera Línea en Medellín, Bogotá, Cúcuta y Villavicencio. El 29 de julio, esos anuncios se concentraron en la aprehensión de tres jóvenes en la capital antioqueña, a quienes se les amenazó con judicializar por el delito de terrorismo e instigación a delinquir y así ocurrió. Uno de ellos fue presentado en medios de comunicación con el alias de “el Narrador”. Según la Policía, transmitía en vivo por Facebook las “acciones terroristas” contra la fuerza pública y la infraestructura de la ciudad. (Para leer más notas de Investigación dele clic aquí)

“El Narrador” se llama Juan Fernando Torres. Ese es el apodo que le pusieron sus compañeros y amigos porque durante el paro nacional transmitió los enfrentamientos entre los civiles y la fuerza pública en sus redes sociales; a la vez que lanzaba insultos a los uniformados. Eso, según la Policía, equivale a la realización de múltiples actos de terrorismo y a impartir órdenes e instrucciones “para lograr mayor afectación a los bienes públicos y privados”. En conclusión, que se trata de un presunto responsable de daños y saqueos a las instalaciones de un banco, una tanqueta del Esmad, un parque y el Jardín Botánico de la ciudad. (“Separar Policía de Mindefensa” y otras 40 recomendaciones de la CIDH a Colombia)

Su abogado, Mauricio Urquijo, tiene otra versión de los hechos. Dice que Juan Fernando Torres tiene 25 años, es un profesor de primaria recién graduado, pertenece a la Barra del Sur del Atlético Nacional y estuvo en una de las primeras líneas en Medellín durante las manifestaciones. “Lo que él hizo fue agarrar su teléfono, ubicarse en la zona de Primera Línea de las protestas y transmitir con su celular. En ocasiones, insultó policías y dio instrucciones para que las personas se protegieran de los gases, mientras animaba a sus compañeros. Ese fue su rol”, afirma el penalista, y agrega que las redes sociales de su cliente fueron vigiladas previamente por la Policía en “ciberpatrullajes”, porque se burlaba de la institucionalidad. (Las denuncias que hizo la alemana que fue expulsada de Colombia)

Torres fue capturado en un operativo que presenciaron su hermana menor de edad y su mamá. A las cinco de la mañana, la puerta de su casa fue derrumbada y un puñado de uniformados entró a la vivienda para capturarlo. “Exhibieron armas largas delante de la niña y, sin ninguna justificación, violentaron la puerta e ingresaron al domicilio en horario inusual. Nada de eso fue argumentado. La orden la dio el fiscal basado en un informante que decía que él vivía allá y hacía actos de terrorismo. Una orden de captura no es suficiente para ingresar al domicilio de una persona, se puede hacer efectiva por fuera del domicilio. No había ningún elemento que dijera que almacenaba elementos prohibidos en su domicilio. No se le incautó absolutamente nada”, agrega Urquijo.

Sin embargo, una jueza consideró legítima la captura y tuvo en cuenta la entrevista al informante, que afirmó conocer las direcciones exactas de Juan Fernando Torres y dos integrantes más de la Primera Línea, que no se conocen entre sí. “Lo del informante es un montaje y es evidente. Hay situaciones que con solo leer dan cuenta de que no es un informante, sino alguien a quien ponen como informante y que le están añadiendo información”, insiste Urquijo. Para judicializar a su cliente, los investigadores usaron los videos de Facebook y lo responsabilizaron de los daños en los sitios donde estuvo grabando. Testigos en los lugares vandalizados después de la transmisión, como residentes o vigilantes, alegaron haber sentido pánico y zozobra. Por eso, la Fiscalía concluyó que se configuró el delito de terrorismo.

En los últimos meses, por cuenta del paro nacional, se discute el alcance jurídico del terrorismo como delito. La postura de quienes creen que los actos de vandalismo en las manifestaciones no son actos de terrorismo se puede resumir en la interpretación del magistrado que se opuso a condenar a la empresaria e influencer Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, por instigación a delinquir con fines terroristas. El magistrado Juan Carlos Arias salvó su voto diciendo que Barrera no actuó como terrorista al destruir una estación de Transmilenio con un martillo, pues la finalidad terrorista implica que la persona tenga la intención de causar terror o provocar intranquilidad y pavor en la población.

De acuerdo con el magistrado Juan Carlos Arias, es distinto a dañar bienes de uso público, en sentido de protesta y con un objeto propagandístico. “No puede afirmarse que la actividad de los llamados influencers o los youtubers, por esa sola condición, conlleva a que sus seguidores acepten, acaten o sigan sus posturas o manifestaciones (…) Valga advertir que no es dable asociar un acto de terrorismo con un acto de vandalismo”, se lee literalmente en su salvamento de voto. En criterio del abogado Urquijo, algo similar está ocurriendo en el caso del profesor Juan Fernando Torres.

“Le construyeron de manera artificiosa haber participado en daños, sin haber nada que indique eso. Le imputan terrorismo por transmitir en redes sociales situaciones que ridiculizan a la Policía. Un montaje. Le están inflando la imputación. Es un preso político, porque él tiene derecho a transmitir en vivo e incluso a insultar policías. Si por alguna razón hubo exceso en ese derecho, no tiene por qué ser calificado de terrorista”, resaltó Urquijo. Juan Fernando Torres es hoy una de las 165 personas capturadas de la Primera Línea desde el pasado 28 de abril, cuando arrancaron las protestas del paro nacional. La mayoría de las judicializaciones se concentran en Bogotá, Cali, Soacha, Pasto y Rionegro.

La Policía promete mano dura contra los “vándalos”, pero los defensores de las personas capturadas insisten que muchos de ellos son “falsos positivos” judiciales con imputaciones de terrorismo desproporcionadas. Y recuerdan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por las reiteradas denuncias sobre el perfilamiento de personas usuarias de redes sociales, participantes o no de las protestas. Según el organismo, la caracterización genérica a través de términos como “terrorismo”, “vandalismo” o “criminales” estigmatiza a las personas manifestantes y activa un ambiente hostil al ejercicio de la protesta y la libertad de expresión en internet.

En medio del paro nacional, Human Rights Watch (HRW) resaltó que algunos fiscales realizaban imputaciones desproporcionadas por cargos de “terrorismo” contra manifestantes que presuntamente participaban en hechos de vandalismo. Hoy, esa alerta temprana revive en el dilema del profesor y activista en redes sociales Juan Fernando Torres. Mientras las penas por daño en bien ajeno están entre 16 y 90 meses de prisión, las que se imponen por terrorismo son hasta de 22 años y medio. Su defensa no quiere ni lo uno ni lo otro. Solo recuerda que fue la organización la que resaltó que los estándares internacionales de derechos humanos exigen imputaciones y sanciones penales proporcionales a la gravedad de las conductas. Y la de su cliente, según él, fue oficiar como narrador de los sucesos vividos en la Primera Línea de Medellín.

A finales de julio, cuando se habían apaciguado las protestas del paro nacional, la Policía anunció la captura masiva de algunos líderes de la Primera Línea en Medellín, Bogotá, Cúcuta y Villavicencio. El 29 de julio, esos anuncios se concentraron en la aprehensión de tres jóvenes en la capital antioqueña, a quienes se les amenazó con judicializar por el delito de terrorismo e instigación a delinquir y así ocurrió. Uno de ellos fue presentado en medios de comunicación con el alias de “el Narrador”. Según la Policía, transmitía en vivo por Facebook las “acciones terroristas” contra la fuerza pública y la infraestructura de la ciudad. (Para leer más notas de Investigación dele clic aquí)

“El Narrador” se llama Juan Fernando Torres. Ese es el apodo que le pusieron sus compañeros y amigos porque durante el paro nacional transmitió los enfrentamientos entre los civiles y la fuerza pública en sus redes sociales; a la vez que lanzaba insultos a los uniformados. Eso, según la Policía, equivale a la realización de múltiples actos de terrorismo y a impartir órdenes e instrucciones “para lograr mayor afectación a los bienes públicos y privados”. En conclusión, que se trata de un presunto responsable de daños y saqueos a las instalaciones de un banco, una tanqueta del Esmad, un parque y el Jardín Botánico de la ciudad. (“Separar Policía de Mindefensa” y otras 40 recomendaciones de la CIDH a Colombia)

Su abogado, Mauricio Urquijo, tiene otra versión de los hechos. Dice que Juan Fernando Torres tiene 25 años, es un profesor de primaria recién graduado, pertenece a la Barra del Sur del Atlético Nacional y estuvo en una de las primeras líneas en Medellín durante las manifestaciones. “Lo que él hizo fue agarrar su teléfono, ubicarse en la zona de Primera Línea de las protestas y transmitir con su celular. En ocasiones, insultó policías y dio instrucciones para que las personas se protegieran de los gases, mientras animaba a sus compañeros. Ese fue su rol”, afirma el penalista, y agrega que las redes sociales de su cliente fueron vigiladas previamente por la Policía en “ciberpatrullajes”, porque se burlaba de la institucionalidad. (Las denuncias que hizo la alemana que fue expulsada de Colombia)

Torres fue capturado en un operativo que presenciaron su hermana menor de edad y su mamá. A las cinco de la mañana, la puerta de su casa fue derrumbada y un puñado de uniformados entró a la vivienda para capturarlo. “Exhibieron armas largas delante de la niña y, sin ninguna justificación, violentaron la puerta e ingresaron al domicilio en horario inusual. Nada de eso fue argumentado. La orden la dio el fiscal basado en un informante que decía que él vivía allá y hacía actos de terrorismo. Una orden de captura no es suficiente para ingresar al domicilio de una persona, se puede hacer efectiva por fuera del domicilio. No había ningún elemento que dijera que almacenaba elementos prohibidos en su domicilio. No se le incautó absolutamente nada”, agrega Urquijo.

Sin embargo, una jueza consideró legítima la captura y tuvo en cuenta la entrevista al informante, que afirmó conocer las direcciones exactas de Juan Fernando Torres y dos integrantes más de la Primera Línea, que no se conocen entre sí. “Lo del informante es un montaje y es evidente. Hay situaciones que con solo leer dan cuenta de que no es un informante, sino alguien a quien ponen como informante y que le están añadiendo información”, insiste Urquijo. Para judicializar a su cliente, los investigadores usaron los videos de Facebook y lo responsabilizaron de los daños en los sitios donde estuvo grabando. Testigos en los lugares vandalizados después de la transmisión, como residentes o vigilantes, alegaron haber sentido pánico y zozobra. Por eso, la Fiscalía concluyó que se configuró el delito de terrorismo.

En los últimos meses, por cuenta del paro nacional, se discute el alcance jurídico del terrorismo como delito. La postura de quienes creen que los actos de vandalismo en las manifestaciones no son actos de terrorismo se puede resumir en la interpretación del magistrado que se opuso a condenar a la empresaria e influencer Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, por instigación a delinquir con fines terroristas. El magistrado Juan Carlos Arias salvó su voto diciendo que Barrera no actuó como terrorista al destruir una estación de Transmilenio con un martillo, pues la finalidad terrorista implica que la persona tenga la intención de causar terror o provocar intranquilidad y pavor en la población.

De acuerdo con el magistrado Juan Carlos Arias, es distinto a dañar bienes de uso público, en sentido de protesta y con un objeto propagandístico. “No puede afirmarse que la actividad de los llamados influencers o los youtubers, por esa sola condición, conlleva a que sus seguidores acepten, acaten o sigan sus posturas o manifestaciones (…) Valga advertir que no es dable asociar un acto de terrorismo con un acto de vandalismo”, se lee literalmente en su salvamento de voto. En criterio del abogado Urquijo, algo similar está ocurriendo en el caso del profesor Juan Fernando Torres.

“Le construyeron de manera artificiosa haber participado en daños, sin haber nada que indique eso. Le imputan terrorismo por transmitir en redes sociales situaciones que ridiculizan a la Policía. Un montaje. Le están inflando la imputación. Es un preso político, porque él tiene derecho a transmitir en vivo e incluso a insultar policías. Si por alguna razón hubo exceso en ese derecho, no tiene por qué ser calificado de terrorista”, resaltó Urquijo. Juan Fernando Torres es hoy una de las 165 personas capturadas de la Primera Línea desde el pasado 28 de abril, cuando arrancaron las protestas del paro nacional. La mayoría de las judicializaciones se concentran en Bogotá, Cali, Soacha, Pasto y Rionegro.

La Policía promete mano dura contra los “vándalos”, pero los defensores de las personas capturadas insisten que muchos de ellos son “falsos positivos” judiciales con imputaciones de terrorismo desproporcionadas. Y recuerdan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por las reiteradas denuncias sobre el perfilamiento de personas usuarias de redes sociales, participantes o no de las protestas. Según el organismo, la caracterización genérica a través de términos como “terrorismo”, “vandalismo” o “criminales” estigmatiza a las personas manifestantes y activa un ambiente hostil al ejercicio de la protesta y la libertad de expresión en internet.

En medio del paro nacional, Human Rights Watch (HRW) resaltó que algunos fiscales realizaban imputaciones desproporcionadas por cargos de “terrorismo” contra manifestantes que presuntamente participaban en hechos de vandalismo. Hoy, esa alerta temprana revive en el dilema del profesor y activista en redes sociales Juan Fernando Torres. Mientras las penas por daño en bien ajeno están entre 16 y 90 meses de prisión, las que se imponen por terrorismo son hasta de 22 años y medio. Su defensa no quiere ni lo uno ni lo otro. Solo recuerda que fue la organización la que resaltó que los estándares internacionales de derechos humanos exigen imputaciones y sanciones penales proporcionales a la gravedad de las conductas. Y la de su cliente, según él, fue oficiar como narrador de los sucesos vividos en la Primera Línea de Medellín.