El lío que despertó la pesca de langostas en las islas del archipiélago

Solo cuatro días después de que iniciara oficialmente la temporada de pesca de langostas en el país -que va desde el 1° de julio hasta el 28 de febrero-, un barco pesquero de bandera hondureña fue interceptado por autoridades colombianas. Se encontraba en la zona de Quitasueño, un bajo de 680 kilómetros cuadrados que es parte de la Reserva de la Biósfera de Seaflower y del Área Marina Protegida Seaflower, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Solo cuatro días después de que iniciara oficialmente la temporada de pesca de langostas en el país -que va desde el 1° de julio hasta el 28 de febrero-, un barco pesquero de bandera hondureña fue interceptado por autoridades colombianas. Se encontraba en la zona de Quitasueño, un bajo de 680 kilómetros cuadrados que es parte de la Reserva de la Biósfera de Seaflower y del Área Marina Protegida Seaflower, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Según un reporte interno de la Armada, conocido por este diario, la embarcación Lucky Lady, que ha pertenecido durante años a la flota de pesca de langostas en Colombia, estaba lanzando nasas (artes de pesca especiales para capturar langostas) en una zona de conservación (no-take), donde está prohibida la extracción de recursos. La langosta, un manjar en el menú de cualquier restaurante del mundo, se ha convertido en el principal producto exportado por San Andrés, y su captura resulta muy atractiva para pescadores legales e ilegales, industriales y artesanales, nacionales y extranjeros que llegan a estas aguas. Aunque la pesca industrial de langostas se realiza en el país desde finales de la década de los 80, la situación con Lucky Lady ha hecho evidente un problema de fondo enorme: el ordenamiento pesquero en las islas es un caos (y termina chocando, incluso, con el ordenamiento del Área Protegida). (Le recomendamos: Colombia prometió proteger el 30% de los océanos, ¿cómo vamos a lograrlo?)

El caos con Lucky Lady

Las inconsistencias alrededor de Lucky Lady son muchas. Según el reporte de la Armada, cuando se hizo contacto con la embarcación, su capitán -de origen hondureño- aseguró que estaban lanzando nasas al agua, que regresaría a puerto en Honduras a recargar material y que luego se dirigirían a San Andrés. No obstante, para pescar en aguas del archipiélago se debe haber zarpado de San Andrés con un permiso de la autoridad marítima. “No tenía permiso de operación e hizo actividades de pesca en áreas de reserva o zonas prohibidas”, asegura el capitán de navío Octavio Gutiérrez, jefe de Estado Mayor del Comando Específico de San Andrés y Providencia.

Ante la evidencia de estar cometiendo al menos dos delitos (pesca ilegal en área protegida y no contar con los permisos para esa práctica en el país), la Armada escoltó al barco y a sus tripulantes hasta San Andrés, donde se puso a disposición de la jueza Wendy Corpus. Pero allí la historia empezó a cambiar. En sus declaraciones, el capitán aseguró que no se encontraban pescando, que iban en tránsito hacia San Andrés y que, en una maniobra de emergencia por la tormenta Bonnie, habían tirado las nasas al agua. “Esa versión es poco probable. La información que tenemos como Armada es que zarparon el 28 de junio desde Honduras. Si la navegación hubiera sido directa hacia San Andrés habrían llegado el 30. Asumiendo que la tormenta los retrasó, se hubieran quedado allá. Pero en la zona de Quitasueño y al norte de Providencia no hubo ráfagas de viento alto, el mar no estaba elevado y las condiciones no hacían necesaria una maniobra de seguridad”, insiste el capitán de navío Gutiérrez.

Algo más no le cuadra. Las nasas se encontraron amarradas, con carnada y con sus boyas para marcar las ubicaciones de pesca. Pero luego de escuchar las versiones, la jueza no tomó ninguna medida judicial. Por el contrario, ordenó la liberación del capitán y la devolución del barco y las artes de pesca. Una decisión que no fue bien recibida por organizaciones de pescadores, como Édgar Jay, representante de la Federación de Pescadores de Providencia y Santa Catalina, quien expuso la presunta violación de varios decretos, acuerdos y normativas alrededor de la pesca de langosta. El Espectador trató de contactarse con la funcionaria judicial para conocer los detalles de su polémica decisión, pero no obtuvo respuesta. En contraste, la Autoridad Ambiental y la Secretaría de Pesca aseguran que siguen avanzando en la investigación para ver si interponen sanciones. A la embarcación, por ahora, no se le renovó el permiso de pesca.

Hay un agravante. Tras el fallo de La Haya, Colombia y su industria pesquera perdieron el área más importante para la pesca de langostas, conocida como Luna Verde (ver mapa). En palabras de Gustavo Guerrero, delegado de Asuntos Ambientales de la Procuraduría, “hay una falta de correspondencia entre la decisión de La Haya, las decisiones de ordenamiento pesquero y el ordenamiento de las áreas protegidas del archipiélago”. (Le puede interesar: Los vacíos del Conpes que busca recursos para combatir el cambio climático)

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La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago (Coralina) ha estado a cargo de la zonificación del Área Marina Protegida, la más grande del país. Según Nacor Bolaños, coordinador de Áreas Protegidas de Coralina, el área se encuentra zonificada y con usos establecidos para cada zona desde hace años. “Es un área de uso múltiple, pero tiene una reglamentación de uso para las diferentes zonas desde el año 2005”, asevera. En Serrana y Quitasueño, por ejemplo, la pesca industrial está prohibida. “Eso no es algo nuevo”, reitera Bolaños. Sin embargo, las empresas que cuentan con patentes y permisos para la pesca industrial de langostas, otorgados por la Secretaría de Pesca y Agricultura, han faenado allí durante años.

“Hemos ido a esas zonas a hacer pesca en 2019, 2020 y 2021, y ahora, en 2022, nos vienen a decir que en esa zona no está permitida la pesca industrial, justo cuando el fallo de La Haya termina de limitarnos el acceso a la zona de pesca de langostas más rica en todo el Caribe”, afirma Eric Thiriez, gerente general de Antillana, empresa colombiana que cuenta con la flota más grande de pesca industrial de langostas en la zona (con seis barcos naseros). Antillana, además, tiene un acuerdo con la embarcación Lucky Lady, que pertenece a la Pesquería Los Ángeles, a la que le compra el producto y que, durante años, perteneció a su flota pesquera.

Antes del fallo, señala Thiriez, “el 75 % del esfuerzo pesquero se ejercía en Luna Verde. Pero eso no excluía a Quitasueño ni Serranilla, a donde también llegábamos, pero con menos barcos”. Ahora, ante la imposibilidad de llegar a Luna Verde, las operaciones se hacen principalmente en Quitasueño.

Pero la presencia de barcos industriales en áreas que, según el ordenamiento ambiental, están prohibidas para este tipo de actividades, han sido constantemente denunciadas por pescadores artesanales, argumentando que violan la normativa establecida en el Acuerdo 003 de 2019, de la Junta Departamental de Pesca y Agricultura. Documento que se convirtió en el principal punto de discordia. Para ellos, la presencia de barcos industriales en zonas de conservación y de uso exclusivo de pesca artesanal amenaza su seguridad alimentaria y la permanencia del recurso.

Un nuevo motivo de debate

A diferencia del resto del país, en el archipiélago, la Junta Departamental de Pesca y Agricultura (Jundepesca) es la autoridad que se encarga de gestionar y organizar las zonas de pesca.

En el 2019, Jundepesca (un grupo colegiado en el que participan la Gobernación del archipiélago, la Secretaría Distrital de Pesca y Agricultura, la Capitanía de Puerto, Coralina, representantes de pescadores artesanales de San Andrés y de Providencia, el representante de pescadores industriales, entre otros), respaldó con el Acuerdo 003 la última zonificación del área protegida propuesta por Coralina, en la que se excluye Quitasueño como área de pesca industrial. Pero los directivos de Antillana, que pescan cerca de 60 toneladas de las 140 de cuota establecida para el archipiélago, aseguran que nunca participaron de espacios de socialización ni de aprobación del acuerdo.

“Hemos solicitado la revocatoria del Acuerdo 003 de 2019, porque el procedimiento que se adelantó para implementar esa zonificación no se hizo como lo establecen los mismos estatutos de la Junta Departamental de Pesca. Era una reglamentación que no conocíamos y por la que nos vemos seriamente afectados”, explica el gerente de Antillana. También asegura que le radicaron al gobernador una solicitud de revocatoria. Según el delegado de la Procuraduría, ante el fallo de La Haya, y la vigencia del acuerdo mencionado, “no existe entonces un área para la actividad pesquera industrial, por lo que se hace necesaria una actualización del ordenamiento”.

“Nosotros no nos oponemos a la zonificación. Nos parece conveniente, porque las profundidades a las que se realizan las actividades industriales son distintas a las artesanales. Pero queremos que se tengan en cuenta a todos los actores y que parta de conocimiento técnico y científico”, aseveran desde Antillana.

Lo cierto es que la pesca de langostas en el archipiélago volvió a poner en el panorama una inquietud resumida por este diario hace unas semanas. El gobierno saliente de Iván Duque anunció el mes pasado la declaración de nuevas Áreas Marinas Protegidas, consiguiendo que el 30 % de los mares colombianos se encuentren bajo alguna figura de protección. Como manifestaron entonces directivos de la Comisión Colombiana del Océano, el Invemar, académicos y expertos, los retos para ejercer una soberanía efectiva en las áreas existentes y nuevas son enormes. Se requieren inversiones millonarias, infraestructura, nuevas tecnologías y permanencia en las zonas para que haya un control efectivo. Según el ministro saliente de Ambiente, Carlos Correa, sería necesario triplicar los ingresos de la cartera para cumplir con todos los compromisos internacionales. ¿Cómo va a lograrse?

A la pesca de langostas también se le suman dudas: entre las nuevas áreas declaradas se encuentran las zonas de Bajo Nuevo y Serranilla, en el archipiélago de San Andrés y Providencia, dos de los lugares a los que actualmente llega la flota industrial pesquera colombiana a hacer sus faenas.