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Camilo* quería ser bailarín desde que era niño en Colosó (Sucre), pero la entonces guerrilla de las Farc le arrebató el sueño cuando le pegó un tiro en la cara, por ser gay. A Adriana* las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) tampoco la dejaron ser ni amar a otra mujer, y para lograrlo la escupieron y la golpearon en su casa en Timbío (Cauca), mientras le gritaban “cochina” por ser lesbiana. Tuvo que desplazarse y abandonar la idea de envejecer en su finca. Andrés* sufrió también en Cúcuta por ser homosexual, pero a manos de los soldados que durante veinte minutos lo violaron. (“Si incluye a las personas LGBT, la Comisión de la Verdad cambiará la historia”)
Estos testimonios están consignados en el informe que revelará la Comisión de la Verdad sobre lo que pasó durante el conflicto armado en Colombia con las personas LGBTIQ+, quienes fueron perseguidas por todos los actores armados, legales e ilegales, ya que las consideraban “indeseables” por su orientación sexual o identidad de género. Estas experiencias constituyeron graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario; y las víctimas las sufrieron, en su mayoría, en la infancia, adolescencia o juventud. Cientos de sueños truncados. (Contra la diversidad: así sufrió la guerra la comunidad LGBT del Caribe)
Las personas LGBTIQ+ fueron señaladas de “pecadoras”, “enfermas” y “criminales” durante la guerra, que no se inventó la discriminación contra ellas, pero sí develó y afianzó la exclusión histórica y los prejuicios que ya estaban arraigados en la sociedad. Un hallazgo que reitera lo dicho en la última década por investigaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica. Por el hecho de ser, estar, habitar y mostrar su diversidad, las personas fueron echadas a las calles, desterradas de sus hogares o sometidas a tratos crueles. Caminar de la mano con la pareja o besarse en un parque fueron actos vetados. (LGBT: una vida bajo sospecha en la guerra)
Este capítulo, que presentará la Comisión de la Verdad en Colombia, se suma a espacios que crearon otras comisiones del mundo para develar las violencias diferenciadas a las personas LGBTIQ+ en los conflictos, como sucedió en Sudáfrica, Ecuador y Nigeria. En nuestro país se tienen registradas 4.596 víctimas de la población diversa, aunque se sabe que el subregistro es alto y la cifra real incrementaría.
El informe histórico analiza las particularidades del conflicto desde 1958 y para ello la comisión logró hablar con las víctimas más longevas de la guerra para conocer su verdad. Una de ellas, Ernesto*, contó que, en la década de 1970, la Policía ingresaba a bares clandestinos a hacer redadas para torturar y detener homosexuales, lesbianas y travestis. “En los bares había un bombillo rojo encima de la puerta. Cuando prendía y apagaba quería decir que había llegado la Policía. Entonces, todo el mundo se portaba “heterosexual” y, si los dueños del bar no les pagaban peaje, nos sacaban, nos montaban en una patrulla y nos llevaban a la estación de la 5 con 32. Cuando estaban hijueputas, nos llevaban a Monserrate y nos bañaban con agua fría, nos hacían desnudar y nos botaban la ropa lejos”, reveló Ernesto. (“Esta guerra nos ha impedido amar (nos)”: los estragos del conflicto en los LGBT)
Óscar*, de Chigorodó (Antioquia), una de las primeras víctimas LGBTIQ+ de las Farc registradas en el sistema, fue secuestrado y violado colectivamente por guerrilleros en 1989. Después de torturarlo y en cautiverio, los insurgentes lo obligaron a peluquearlos. “Allá me tiraron en una pieza, me patearon, me amarraron. Me decían: ‘Por marica es que te traemos. Aquí te vamos a volver hombre’. Me violaron hasta cuatro hombres en la noche. Me ponían un revólver, un fusil oxidado en la garganta y decían que, si hablaba, me mataban. Estuve ahí como tres meses. Perdí mi dentadura y tres anillos del ano”, relató Óscar*.
Para la misma época, cuando empezaron a documentarse y a hacerse visibles los primeros casos de VIH/sida en el mundo, en Colombia se agudizaron el prejuicio y los imaginarios discriminatorios. Manuela* mujer trans de Bucaramanga, narró a la comisión que, debido a su identidad de género, fue relacionada de inmediato con este diagnóstico. “Cuando salió el problema del VIH decían que era un caso especialmente de personas trans. En una sola noche mataron a veinticuatro; después otra noche mataron a unas veinte y así (…) pensaban que esa enfermedad solo la contagiábamos nosotras”, dijo Manuela*. (En el clóset por culpa de la guerra)
Guerrillas, paramilitares y fuerza pública, cada grupo con un patrón particular, persiguieron a las personas LGBTIQ+. Las insurgencias fueron las que más esclavizaron sin fines sexuales o trabajos forzados, reclutamientos y secuestros. Los paramilitares son responsables de la mayoría de los exilios, las violencias sexuales, las torturas, los homicidios, las amenazas y los desplazamientos forzados. Mientras que la fuerza pública cometió la mayoría de las detenciones arbitrarias.
El patrón de las Farc buscó dos fines: “Convertir a las personas LGBTIQ+ en sujetos útiles para la guerra y sus proyectos sociopolíticos, o aniquilarlas cuando aquello no fuera posible o necesario”. De hecho, esto fue establecido en las posturas históricas del grupo como lo demuestra la Declaración política de la II Conferencia nacional guerrillera del Bloque Sur, de 1966, que dio origen oficial a las Farc. Ahí se consagró que era delito “cualquier actividad que atente contra la moral revolucionaria, contra las costumbres sanas de las gentes y que tienda a relajar el prestigio del movimiento ante el pueblo”. Así mismo, los Estatutos del Partido Comunista Clandestino establecieron que no eran bienvenidas las personas contrarias a las “costumbres sanas del pueblo” ni las personas “licenciosas”, para referirse a las personas LGBTIQ+.
Por su parte, el patrón de los paramilitares estuvo dirigido principalmente a aniquilar a las personas LGBTIQ+ y, en otros casos, a instrumentalizarlas para conseguir beneficios como la obtención de información, como se evidenció en Urabá, Montes de María y Tumaco. La violencia sexual fue una de las principales armas para transmitir el mensaje de castigo o “corrección” de la sexualidad o del género, como lo evidenció William* con su testimonio: “Uno de esos hombres me puso la pistola en la frente y me dijo que (…) era un hijueputa marica (...)Cuando me obligaron a ponerme de pie, uno de ellos abusó de mí. Luego, me montaron a una moto y me llevaron a un lugar donde me cogieron con una máquina y me cortaron el cabello (…), como para que me diera vergüenza”.
La comisión también explica que los paramilitares y los grupos posdesmovilización utilizaron a las personas LGBTIQ+ para su beneficio. “En Montes de María y Tumaco hubo esclavitud con y sin fines sexuales, que incluía labores de limpieza, alimentación y recolección de información. Uno de los ejemplos emblemáticos es la pelea de boxeo organizada por paramilitares en San Onofre (Sucre), para la fiesta de cumpleaños de Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena. En la celebración (…) se obligó a boxear frente a los ojos de los asistentes a varios hombres y varias mujeres a manera de castigos públicos, y obligó a algunos hombres gay y a una persona que se reconocía para el momento de los hechos como mujer trans, a ridiculizarse y humillarse, lo cual significó la violación de sus derechos de libertad y dignidad”, se lee en el documento.
Por último, el patrón de violencias de la fuerza pública, concentrado en las detenciones arbitrarias, se ejerció con el fin de “reafirmar el poder estatal mediante la obtención de resultados en la guerra y la imposición de controles a la vida civil. En algunos momentos actuó en connivencia con grupos paramilitares”. Amparados supuestamente en la autoridad que les otorgaba la Constitución, los uniformados detenían a las personas LGBTIQ+ en las calles y en sus hogares, pues sus identidades se relacionaban con el terrorismo, lo subversivo y la venta y el consumo de drogas.
Después de las detenciones, los uniformados, además, torturaban y violaban. Así relató Rodrigo* en Cúcuta: “Nos subieron al camión, nos llevaron a un monte, como las cuatro de la tarde. No recuerdo mucho. Nos hicieron bajar a todos y les dijo a los soldados: ‘Tienen veinte minutos para hacer lo que les dé la gana’. Yo dije: ‘¿Qué es eso? ¿Qué es lo que dice?’. Cada homosexual fue agarrado por seis soldados y llevado a un rincón. Nos hacían quitar la ropa y empezaban a hacer el acto sexual. Yo decía: ‘¿Por qué nos hacen esto?’. Entre ellos discutían cuál iba ser el primero; vino el primero, vino el segundo, vino el tercero. Ya no podía más. Estaba destruido”.
Todas estas violencias estuvieron atravesadas en la guerra por el legado colonial, que impuso una supremacía de hombres sobre mujeres; por factores socioculturales, entre ellos el rol de la iglesia, que consideraron “pecadoras” o “enfermas” a las personas LGBTIQ+; y por la desprotección estatal, ya que las instituciones le han dado poca importancia al reconocimiento y a la garantía de los derechos de las personas LGBTIQ+. En algunos casos, las mismas entidades fueron las que alentaron estas violencias, como sucedió en San Rafael en 1980, cuando la personera ordenó la detención arbitraria de los hombres gais y transformistas que estuvieran en el espacio público.
“La personera era homofóbica; entonces, ante quién íbamos a denunciar. La misma personera nos mandaba a meter al calabozo por maricas y mandaba a la Policía. Eran tan decentes algunos que pedían excusas: ‘Lo siento, muchachos, pero la personera los mandó a meter al calabozo’. ¿Por qué? porque se le daba la gana”, contó Mario* a la Comisión de la Verdad.
Esta violencia prejuiciosa ha tenido efectos devastadores, entre los que se encuentran traumas, crisis y duelos inacabados. Milton*, de 68 años, tiene depresión y esquizofrenia, tras ser víctima de las Farc. Los efectos psicosociales indican que las víctimas LGBTIQ+ viven con un temor constante a ser violentadas otra vez. “Aunque ya muchas padecían desde antes el miedo a ser, estar y visibilizar sus cuerpos e identidades, esto se volvió crónico y cotidiano”, se lee en el informe de la Comisión.
David*, de Zambrano (Bolívar), expresó: “Negué mi orientación sexual, se podría decir así, por miedo a que algún grupo atentara contra mi vida. Me refugié en un grupo religioso para negar mi orientación sexual. Ellos decían que no gustaban de maricas, que uno tenía que ser hombre. Ahí fue cuando llegué al grupo religioso, por miedo”. Las personas homosexuales y bisexuales se vieran obligados a establecer relaciones heterosexuales, por miedo a morir o ser violentadas por los grupos armados.
La angustia y el sufrimiento también condujeron a ideas o intentos de suicidio. Así lo reconoció Patricia*, víctima de un falso positivo judicial por el que injustamente fue recluida por dos años: “Cuando salí de la cárcel, no tenía a dónde ir; no podía regresar a mi casa por las amenazas. Me vi forzada a ser trabajadora sexual, a usar y vender drogas, reciclar y vivir en la calle. Un día no pude más y decidí suicidarme. Lo intenté tres veces en el mismo día”.
De esta manera, la comisión concluye que las violencias contra las personas LGBTIQ+ en la guerra no fueron aleatorias o aisladas, “pues se constató que los combatientes las seleccionaron porque eran consideradas indeseables”. Las personas LGBTIQ+, sin embargo, han resistido desde el arte, los vínculos afectivos y la organización social. Salieron del clóset, se convirtieron en madres y padres y ahora cuentan lo que callaron para no morir. Si bien la firma del Acuerdo Final de Paz no significó el fin de las agresiones contra ellas, sí abrió un nuevo espacio para hablar y reconocer qué les pasó y, por qué, durante el conflicto armado en Colombia.
*Los nombres de las víctimas que entregaron sus testimonios fueron cambiados para proteger su identidad
