El país que Iván Velásquez puso a temblar

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En Colombia se han venido denunciando desde hace mucho tiempo —tal vez demasiado— las mafias de contrabando y los negocios sucios que se mueven en los puertos. El tiempo se ha ido en anuncios de “investigaciones contundentes” que aún no develan los verdaderos “cerebros” de un sofisticado esquema de corrupción que mueve miles de millones de pesos al año comprando silencios. Guatemala, mientras tanto, enfrenta una crisis sin precedentes que llevó, por primera vez en su historia, a la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti por cuenta del trabajo liderado por un colombiano.

 

Se trata de Iván Velásquez, el hombre que fue conocido en el país como el “magistrado estrella” de la parapolítica. El pasado 16 de abril, como cabeza de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (Cicig), Velásquez salió públicamente a informar que después de 11 meses de pesquisas se había desmantelado una telaraña de trampas aduaneras y se habían hecho 21 capturas. Y no cualquier captura: entre los detenidos figuraban Álvaro Franco, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (la DIAN de Guatemala) y otros mandos altos y medios de la entidad.

 

La sorpresa, no obstante, vino cuando se anunció el nombre de la única persona que faltaba por ser arrestada: Juan Carlos Monzón, secretario privado de Roxana Baldetti. En ese momento, se suponía, Monzón se encontraba en Seúl (Corea del Sur) con la vicepresidenta. A las 24 horas de la conferencia de prensa que la Cicig y el fiscal Óscar Schaad dieron acompañados por el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, la funcionaria Baldetti regresó a suelo guatemalteco, pero sola. Aseguró que había retornado el 19 de abril y no el 17, pero pronto se descubrió que había mentido. Lo que no se sabe aún es para qué. 

 

En ese clima de turbiedades, la revista Contrapoder planteó un cuestionamiento aún más grave: “Y si Juan Carlos Monzón no fue a Corea?”. Señaló que el secretario privado de la alta funcionaria no aparecía en ninguna de las fotos que se divulgaron desde Seúl; que el jueves 16 de abril, mientras la Cicig y la Fiscalía daban la rueda de prensa, fuentes del Ministerio Público lo ubicaron en Estados Unidos, y que para el 17 de abril la Interpol —que emitió circular roja para capturarlo— lo localizó en España. De allí logró escabullirse a Colombia y lo último que se supo fue que había ingresado a Honduras. 

 

La Cicig del comisionado Iván Velásquez y la Fiscalía guatemalteca encontraron que ciertos importadores tenían contacto con una red de tramitadores, en cabeza de Monzón, quienes los ayudaban a pagar menos impuestos —a cambio, por supuesto, de un soborno— de la siguiente manera: los importadores los llamaban a un número y a través de esa línea telefónica se gestaba todo el fraude con funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria y externos. La línea fue interceptada en el marco de la investigación, así como más de 600 con correos electrónicos, y de paso les dio a los investigadores un nombre para bautizar a la red: “La Línea”. 

 

 

Fuentes de la DIAN le contaron a este diario que el panorama nacional no difiere mucho del guatemalteco: importadores o exportadores corruptos llaman a una línea telefónica en Bogotá para ponerse en contacto con alguien que ingresa al sistema de la entidad y manipula datos. “Cada trámite vale entre $6 y $7 millones”, dijo una fuente de alta confiabilidad, cuyo nombre se omite por su seguridad. Y agregó: “Generalmente cobran por kilos. Pagan unos $18.000 si dicen la verdad de lo que va en el contenedor, pero no la cantidad, y $25.000 si no dicen qué tiene el cargamento”. 

 

En los últimos años, varias irregularidades se han detectado en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Dentro del organismo se crearon identidades falsas, habilitando números de cédula de personas que no trabajaban allí para acceder al sistema con los permisos que les corresponden a los funcionarios de control. Se descubrió que varios inspectores eran un talón de Aquiles a la hora de hacer filtros. No más hace un año 19 personas fueron capturadas, entre ellos seis personas relacionadas con la Cámara de Comercio de Bogotá que ayudaban a la creación de empresas fachadas.

 

Esos arrestos se llevaron a cabo por cuenta de las investigaciones sobre el llamado ‘Cartel de las devoluciones ilegales del IVA’, una red de funcionarios de la DIAN y de gente externa que facilitó que a ciertas empresas, en papel o reales, les reintegraran dineros por exportaciones que nunca habían hecho. El cálculo de la plata que podrían haberle robado al erario así va por los $300.000 millones. Más de 60 personas han sido procesadas, pero ninguna es el “gran cerebro” de esta estafa.

Sin embargo, a los fraudes aduaneros en Colombia los rodea un halo de muerte. Entre tantos casos está el de Celia Flórez, jefa de Fiscalización de la DIAN en Neiva, que fue asesinada a tiros cuando llegaba a su casa. O el del ingeniero Cosme Noel Mateus, quien borraba de los archivos nombres de deudores morosos. Según la revista Semana, Mateus se suicidó y dejó una nota que decía que la corrupción en esa entidad era un monstruo de mil cabezas. “En la DIAN hay muchos ‘suicidios’, gente que se dispara a sí misma a tres metros de distancia”, dijo otra fuente cuya identidad se reserva también.

 

Para rematar, en marzo de este año, una importante operación terminó convertida en un chiste de mal gusto: luego de una extensa indagación, la Fiscalía y la Policía se aprestaban a capturar a James Arias Vásquez, el mayor exportador de chatarra del país. Se supone que Arias, por medio de un entramado de unas 80 empresas, se ha quedado con millonarios recursos del Estado. El sábado 14 de ese mes, el presidente Santos anunció con bombos y platillos que se daría un gran golpe a la corrupción: Arias debió entender el mensaje primero que las autoridades, porque de inmediato salió viaje y desde entonces nadie sabe dónde está.

 

 

Esta versión de “Atrápame si puedes”, que está protagonizando en Guatemala el secretario privado de Baldetti, ha tenido más de un desenlace imprevisto. El primero fue que, por primera vez en la historia de ese país centroamericano, se inspeccionaron las casas de la vicepresidenta de la República: una abogada llamada Ana Lucía Alejos y un comerciante llamado Andrés Fernández le solicitaron a un juez que se revisaran esas propiedades (ocho en total) para garantizar que Monzón no se encontrara allí “sufriendo vejámenes o limitado en sus derechos fundamentales”. 

Otro particular desenlace fue el recurso judicial que se interpuso para saber dónde estaba la vicepresidenta Baldetti, quien se había desvanecido de la arena pública el 23 de abril pasado. El recurso lo presentaron por un lado Alejos y Fernández, y por otro, el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), opositor al gobierno de Otto Pérez, exponiendo que una ausencia de 14 días podía indicar que no estaba en el país, que tenía motivos para esconderse o estaba retenida: “Es apremiante saber de su paradero”. El mismo jueves 7 de mayo, una jueza fue a la Casa Presidencial a verificar que Baldetti estuviera bien.

 

“Queremos incentivar la cultura de la denuncia. La reacción del pueblo ha sido histórica, el descontento es generalizado, pero hemos salido a protestar pacíficamente”, señaló Alejos. “Guatemala está viviendo una crisis institucional muy profunda. Sólo dos vicepresidentes habían renunciado anteriormente, uno en 1978 y otra en 1993, pero nunca en estas circunstancias”, expresó a este diario Orlando Blanco, diputado del Congreso y miembro del partido opositor Unidad Nacional de la Esperanza. Al cierre de esta edición, el Congreso de Guatemala estaba citado el sábado a una sesión extraordinaria.

Eso sí: los medios guatemaltecos daban por hecho que se aceptaría la renuncia de Baldetti.

 

Si es así, la vicepresidenta perderá su inmunidad, la cual la Corte Suprema de Justicia le pidió al Congreso levantar hace unos días. Organizaciones sociales, la Cicig y hasta el sector empresarial habían pedido su salida, pero Pérez Morales subrayó que este retiro era por voluntad de su segunda a bordo. “Me aparto del cargo como una muestra de mi voluntad para que se esclarezcan los hechos, para eliminar toda sospecha de mi supuesta interferencia en el proceso de investigación y, sobre todo, me pongo a disposición de los órganos de justicia”, dijo en su carta de retiro, conocida por este diario. 

 

 

Paradójicamente, la última vez que la vicepresidenta Baldetti fue vista en público —hasta que el recurso judicial la hizo reaparecer— fue durante el evento público en el que se anunció que Guatemala le pediría a Naciones Unidas la continuidad de la Cicig y de su comisionado, Iván Velásquez. “Cuando yo llegué, el Gobierno señaló que la Cicig iría hasta el año 2015 y no más. Pero en febrero del año pasado le propuse al presidente cinco líneas nuevas de investigación, una de ellas la del contrabando y el fraude tributario, y no hubo resistencia”, le manifestó Iván Velásquez a este diario. 

 

“Tengo que reconocer que la Cicig a cargo de Iván Velásquez verdaderamente se ha lucido, pues los otros dos comisionados dejaron mucho que desear. Están haciendo un trabajo excepcional, Guatemala lo necesita”, expresó Ana Lucía Alejos. “La llegada de Velásquez se da en un momento de poca legitimidad de la Cicig. Sin embargo, la forma de conducirse del comisionado (Velásquez) paulatinamente le ha permitido ganar confianza, a tal extremo de que hoy hay unaminidad multisectorial en la solicitud de la permanencia de la Comisión cuando se estaba discutiendo su continuidad”, exclamó el diputado Orlando Blanco. 

 

“El fraude a través de las aduanas es gravísimo tanto en Guatemala como Colombia. Pero, como demuestra la investigación de ‘La Línea’, allá sí hubo voluntad política de llegar hasta lo más alto. Acá no”, concluyeron a manera de cierre las fuentes de la DIAN cuyos nombres se reservan ante los lectores con el fin de que sus vidas no corran riesgo de ninguna manera.    

 

 

Roxana Baldetti, vicepresidenta de Guatemala, presentó su carta de renuncia tras el escándalo que la involucra en una red de corrupción aduanera. Según la funcionaria, su decisión es una consecuencia de las opiniones encontradas sobre sus vínculos con la investigación que lideró la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

 

“Me aparto del cargo como una muestra de mi voluntad para que se esclarezcan los hechos, para eliminar toda sospecha de mi supuesta interferencia en el proceso de investigación y, sobre todo, me pongo a disposición de los órganos de justicia para que se me investigue”, escribió Baldetti en la carta que se conoció en la tarde del 8 de mayo.

 

De acuerdo con la Constitución de Guatemala, el Congreso es el que debe aceptar la renuncia, después de verificar que la decisión de la vicepresidenta es cierta. Los congresistas tendrán que elegir al nuevo funcionario de una terna que deberá presentar el presidente Otto Fernando Pérez Molina.

 

 

Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala firmaron un acuerdo el 12 de diciembre de 2006 que dio paso a la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Se creó como una herramienta para apoyar al Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los grupos ilegales  y aparatos ilícitos de seguridad.

 

Aunque su trabajo es similar al de un fiscal internacional, la Cicig opera bajo las leyes, las cortes y el procedimiento penal guatemalteco. Su trabajo más reciente sobre una red de corrupción aduanera, en el cual salió salpicado el secretario privado de la vicepresidenta, causó fuertes protestas ciudadanas, que se han manifestado frente al Palacio Presidencial.

 

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En Colombia se han venido denunciando desde hace mucho tiempo —tal vez demasiado— las mafias de contrabando y los negocios sucios que se mueven en los puertos. El tiempo se ha ido en anuncios de “investigaciones contundentes” que aún no develan los verdaderos “cerebros” de un sofisticado esquema de corrupción que mueve miles de millones de pesos al año comprando silencios. Guatemala, mientras tanto, enfrenta una crisis sin precedentes que llevó, por primera vez en su historia, a la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti por cuenta del trabajo liderado por un colombiano.

 

Se trata de Iván Velásquez, el hombre que fue conocido en el país como el “magistrado estrella” de la parapolítica. El pasado 16 de abril, como cabeza de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (Cicig), Velásquez salió públicamente a informar que después de 11 meses de pesquisas se había desmantelado una telaraña de trampas aduaneras y se habían hecho 21 capturas. Y no cualquier captura: entre los detenidos figuraban Álvaro Franco, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (la DIAN de Guatemala) y otros mandos altos y medios de la entidad.

 

La sorpresa, no obstante, vino cuando se anunció el nombre de la única persona que faltaba por ser arrestada: Juan Carlos Monzón, secretario privado de Roxana Baldetti. En ese momento, se suponía, Monzón se encontraba en Seúl (Corea del Sur) con la vicepresidenta. A las 24 horas de la conferencia de prensa que la Cicig y el fiscal Óscar Schaad dieron acompañados por el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, la funcionaria Baldetti regresó a suelo guatemalteco, pero sola. Aseguró que había retornado el 19 de abril y no el 17, pero pronto se descubrió que había mentido. Lo que no se sabe aún es para qué. 

 

En ese clima de turbiedades, la revista Contrapoder planteó un cuestionamiento aún más grave: “Y si Juan Carlos Monzón no fue a Corea?”. Señaló que el secretario privado de la alta funcionaria no aparecía en ninguna de las fotos que se divulgaron desde Seúl; que el jueves 16 de abril, mientras la Cicig y la Fiscalía daban la rueda de prensa, fuentes del Ministerio Público lo ubicaron en Estados Unidos, y que para el 17 de abril la Interpol —que emitió circular roja para capturarlo— lo localizó en España. De allí logró escabullirse a Colombia y lo último que se supo fue que había ingresado a Honduras. 

 

La Cicig del comisionado Iván Velásquez y la Fiscalía guatemalteca encontraron que ciertos importadores tenían contacto con una red de tramitadores, en cabeza de Monzón, quienes los ayudaban a pagar menos impuestos —a cambio, por supuesto, de un soborno— de la siguiente manera: los importadores los llamaban a un número y a través de esa línea telefónica se gestaba todo el fraude con funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria y externos. La línea fue interceptada en el marco de la investigación, así como más de 600 con correos electrónicos, y de paso les dio a los investigadores un nombre para bautizar a la red: “La Línea”. 

 

 

Fuentes de la DIAN le contaron a este diario que el panorama nacional no difiere mucho del guatemalteco: importadores o exportadores corruptos llaman a una línea telefónica en Bogotá para ponerse en contacto con alguien que ingresa al sistema de la entidad y manipula datos. “Cada trámite vale entre $6 y $7 millones”, dijo una fuente de alta confiabilidad, cuyo nombre se omite por su seguridad. Y agregó: “Generalmente cobran por kilos. Pagan unos $18.000 si dicen la verdad de lo que va en el contenedor, pero no la cantidad, y $25.000 si no dicen qué tiene el cargamento”. 

 

En los últimos años, varias irregularidades se han detectado en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Dentro del organismo se crearon identidades falsas, habilitando números de cédula de personas que no trabajaban allí para acceder al sistema con los permisos que les corresponden a los funcionarios de control. Se descubrió que varios inspectores eran un talón de Aquiles a la hora de hacer filtros. No más hace un año 19 personas fueron capturadas, entre ellos seis personas relacionadas con la Cámara de Comercio de Bogotá que ayudaban a la creación de empresas fachadas.

 

Esos arrestos se llevaron a cabo por cuenta de las investigaciones sobre el llamado ‘Cartel de las devoluciones ilegales del IVA’, una red de funcionarios de la DIAN y de gente externa que facilitó que a ciertas empresas, en papel o reales, les reintegraran dineros por exportaciones que nunca habían hecho. El cálculo de la plata que podrían haberle robado al erario así va por los $300.000 millones. Más de 60 personas han sido procesadas, pero ninguna es el “gran cerebro” de esta estafa.

Sin embargo, a los fraudes aduaneros en Colombia los rodea un halo de muerte. Entre tantos casos está el de Celia Flórez, jefa de Fiscalización de la DIAN en Neiva, que fue asesinada a tiros cuando llegaba a su casa. O el del ingeniero Cosme Noel Mateus, quien borraba de los archivos nombres de deudores morosos. Según la revista Semana, Mateus se suicidó y dejó una nota que decía que la corrupción en esa entidad era un monstruo de mil cabezas. “En la DIAN hay muchos ‘suicidios’, gente que se dispara a sí misma a tres metros de distancia”, dijo otra fuente cuya identidad se reserva también.

 

Para rematar, en marzo de este año, una importante operación terminó convertida en un chiste de mal gusto: luego de una extensa indagación, la Fiscalía y la Policía se aprestaban a capturar a James Arias Vásquez, el mayor exportador de chatarra del país. Se supone que Arias, por medio de un entramado de unas 80 empresas, se ha quedado con millonarios recursos del Estado. El sábado 14 de ese mes, el presidente Santos anunció con bombos y platillos que se daría un gran golpe a la corrupción: Arias debió entender el mensaje primero que las autoridades, porque de inmediato salió viaje y desde entonces nadie sabe dónde está.

 

 

Esta versión de “Atrápame si puedes”, que está protagonizando en Guatemala el secretario privado de Baldetti, ha tenido más de un desenlace imprevisto. El primero fue que, por primera vez en la historia de ese país centroamericano, se inspeccionaron las casas de la vicepresidenta de la República: una abogada llamada Ana Lucía Alejos y un comerciante llamado Andrés Fernández le solicitaron a un juez que se revisaran esas propiedades (ocho en total) para garantizar que Monzón no se encontrara allí “sufriendo vejámenes o limitado en sus derechos fundamentales”. 

Otro particular desenlace fue el recurso judicial que se interpuso para saber dónde estaba la vicepresidenta Baldetti, quien se había desvanecido de la arena pública el 23 de abril pasado. El recurso lo presentaron por un lado Alejos y Fernández, y por otro, el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), opositor al gobierno de Otto Pérez, exponiendo que una ausencia de 14 días podía indicar que no estaba en el país, que tenía motivos para esconderse o estaba retenida: “Es apremiante saber de su paradero”. El mismo jueves 7 de mayo, una jueza fue a la Casa Presidencial a verificar que Baldetti estuviera bien.

 

“Queremos incentivar la cultura de la denuncia. La reacción del pueblo ha sido histórica, el descontento es generalizado, pero hemos salido a protestar pacíficamente”, señaló Alejos. “Guatemala está viviendo una crisis institucional muy profunda. Sólo dos vicepresidentes habían renunciado anteriormente, uno en 1978 y otra en 1993, pero nunca en estas circunstancias”, expresó a este diario Orlando Blanco, diputado del Congreso y miembro del partido opositor Unidad Nacional de la Esperanza. Al cierre de esta edición, el Congreso de Guatemala estaba citado el sábado a una sesión extraordinaria.

Eso sí: los medios guatemaltecos daban por hecho que se aceptaría la renuncia de Baldetti.

 

Si es así, la vicepresidenta perderá su inmunidad, la cual la Corte Suprema de Justicia le pidió al Congreso levantar hace unos días. Organizaciones sociales, la Cicig y hasta el sector empresarial habían pedido su salida, pero Pérez Morales subrayó que este retiro era por voluntad de su segunda a bordo. “Me aparto del cargo como una muestra de mi voluntad para que se esclarezcan los hechos, para eliminar toda sospecha de mi supuesta interferencia en el proceso de investigación y, sobre todo, me pongo a disposición de los órganos de justicia”, dijo en su carta de retiro, conocida por este diario. 

 

 

Paradójicamente, la última vez que la vicepresidenta Baldetti fue vista en público —hasta que el recurso judicial la hizo reaparecer— fue durante el evento público en el que se anunció que Guatemala le pediría a Naciones Unidas la continuidad de la Cicig y de su comisionado, Iván Velásquez. “Cuando yo llegué, el Gobierno señaló que la Cicig iría hasta el año 2015 y no más. Pero en febrero del año pasado le propuse al presidente cinco líneas nuevas de investigación, una de ellas la del contrabando y el fraude tributario, y no hubo resistencia”, le manifestó Iván Velásquez a este diario. 

 

“Tengo que reconocer que la Cicig a cargo de Iván Velásquez verdaderamente se ha lucido, pues los otros dos comisionados dejaron mucho que desear. Están haciendo un trabajo excepcional, Guatemala lo necesita”, expresó Ana Lucía Alejos. “La llegada de Velásquez se da en un momento de poca legitimidad de la Cicig. Sin embargo, la forma de conducirse del comisionado (Velásquez) paulatinamente le ha permitido ganar confianza, a tal extremo de que hoy hay unaminidad multisectorial en la solicitud de la permanencia de la Comisión cuando se estaba discutiendo su continuidad”, exclamó el diputado Orlando Blanco. 

 

“El fraude a través de las aduanas es gravísimo tanto en Guatemala como Colombia. Pero, como demuestra la investigación de ‘La Línea’, allá sí hubo voluntad política de llegar hasta lo más alto. Acá no”, concluyeron a manera de cierre las fuentes de la DIAN cuyos nombres se reservan ante los lectores con el fin de que sus vidas no corran riesgo de ninguna manera.    

 

 

Roxana Baldetti, vicepresidenta de Guatemala, presentó su carta de renuncia tras el escándalo que la involucra en una red de corrupción aduanera. Según la funcionaria, su decisión es una consecuencia de las opiniones encontradas sobre sus vínculos con la investigación que lideró la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

 

“Me aparto del cargo como una muestra de mi voluntad para que se esclarezcan los hechos, para eliminar toda sospecha de mi supuesta interferencia en el proceso de investigación y, sobre todo, me pongo a disposición de los órganos de justicia para que se me investigue”, escribió Baldetti en la carta que se conoció en la tarde del 8 de mayo.

 

De acuerdo con la Constitución de Guatemala, el Congreso es el que debe aceptar la renuncia, después de verificar que la decisión de la vicepresidenta es cierta. Los congresistas tendrán que elegir al nuevo funcionario de una terna que deberá presentar el presidente Otto Fernando Pérez Molina.

 

 

Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala firmaron un acuerdo el 12 de diciembre de 2006 que dio paso a la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Se creó como una herramienta para apoyar al Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los grupos ilegales  y aparatos ilícitos de seguridad.

 

Aunque su trabajo es similar al de un fiscal internacional, la Cicig opera bajo las leyes, las cortes y el procedimiento penal guatemalteco. Su trabajo más reciente sobre una red de corrupción aduanera, en el cual salió salpicado el secretario privado de la vicepresidenta, causó fuertes protestas ciudadanas, que se han manifestado frente al Palacio Presidencial.