El polémico contratista del sector defensa

Si existe un personaje exitoso en la contratación del sector defensa en Colombia, ese es Felipe Jaramillo Samper. Quizá no sea el único, pero la importancia de sus tres empresas familiares —Helicentro Ltda., Alfonso Jaramillo & Cía y Ancla Ltda.—, con más de 30 años en el negocio manejando millonarios contratos, es irrefutable. Desde la compra de pistolas, fusiles y ametralladoras, sistemas de visión para las aeronaves, hasta la reparación y el mantenimiento de aeronaves como los helicópteros Bell —fundamentales para la Fuerza Pública— pasan por el círculo empresarial de Jaramillo. No obstante, a pesar de su vasta experiencia, hoy está en entredicho.

El pasado 29 de diciembre el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, recibió un documento de 15 páginas titulado “Informe detallado panorama contractual empresa Helicentro”, elaborado por la Jefatura de Aviación del Ejército. Conocido por este diario, el reporte indica que, entre 2009 y 2013, Helicentro recibió 21 contratos, principalmente para hacer mantenimiento y reparación a helicópteros de combate, por valor total de más de $55.000 millones. La Jefatura de Aviación del Ejército resalta que a Helicentro le tuvieron que dar 49 prórrogas porque, según la empresa, no consiguieron que la casa fabricante (Bell) entregara algunos elementos a tiempo.

Con idéntica justificación durante los cinco años, la Jefatura de Aviación protestó y dejó de invitar a Helicentro a nuevos procesos con un argumento: evitar el “alto riesgo para el cumplimiento de los contratos, lo que redunda en el alistamiento de las aeronaves que apoyan las operaciones que ejecuta el Ejército”. Es decir, que en el fragor de la guerra, la capacidad de acción y reacción del Ejército se estaba viendo reducida por cuenta de Helicentro. En el documento se lee, además, que la empresa de Jaramillo ha buscado “desaparecer del mercado la competencia” y “pretendido hacer ver” que, de no contratar con ellos, el Ejército terminará comprando repuestos de segunda o falsificados.

La advertencia, sin embargo, no marginó a Helicentro de la contratación militar. Un mes después del concepto enviado al ministro Pinzón, a esta misma empresa le adjudicaron tres contratos más: uno de la Dirección Antinarcóticos, otro de la Dirección de Inteligencia Policial y un tercero de la Fuerza Aérea. Los negocios sumaron poco más de $5.900 millones. Todos con el mismo objeto: mantenimiento y reparación de aeronaves; precisamente, el aspecto por el que la Jefatura de Aviación del Ejército la había descalificado. “Se encuentra demostrado que (Helicentro) no cuenta con las capacidades contractuales y administrativas para llevar a cabo el eficiente cumplimiento de un contrato estatal”, había resaltado el informe de diciembre.

Gobierno a gobierno

Que Helicentro, Ancla y Alfonso Jaramillo & Cía tienen larga trayectoria en el sector defensa no es secreto. No obstante, lo que contratistas y personas cercanas a las Fuerzas Militares han venido notando es que, desde que Juan Manuel Santos asumió como ministro de Defensa en el final del primer gobierno de Álvaro Uribe, es decir, desde el 19 de julio de 2006, tales empresas empezaron a crecer vertiginosamente. También que el Ministerio de Defensa ha hecho millonarias compras de gobierno a gobierno con empresas norteamericanas representadas en Colombia por estas mismas firmas.

Estas últimas transacciones son conocidas como LOA (Letter of Offer and Acceptance) y constituyen convenios de cooperación a los que Colombia puede recurrir para obtener materiales o servicios destinados a seguridad y defensa nacional. Su propósito no es sólo que Colombia escoja un país específico para comprarle a alguna de sus empresas por la exclusividad de su oferta, sino que la nación y empresa beneficiadas aporten algo más que los elementos adquiridos. Por ejemplo, capacitación, transferencia de tecnología o mantenimiento de equipos. Habían sido poco utilizados por Colombia, como lo destaca el documento Conpes 3522, emitido en junio de 2008, en el cual intervino el Ministerio de Defensa. Ese mismo Conpes recomendó que el país debía recurrir más a los LOA.

El dilema es que, según contratistas habituales del sector defensa y miembros de las Fuerzas Militares consultados por este diario, algunos LOA se habrían vuelto una especie de “salto con garrocha” a los procesos de contratación. La razón: porque siempre hay una empresa extranjera que, sin competencia, resulta beneficiada, y no siempre es tan evidente que el elemento adquirido fuera imposible de conseguir en Colombia. Las fuentes de este diario sostienen que esa selección suele ser producto del lobby que hacen los representantes de la empresa escogida, tanto en Colombia como en el país con el que se suscribe el LOA.

Según las fuentes, al parecer así sucedió con la compra de pistolas Sig Sauer que se hizo entre Colombia y Estados Unidos en diciembre de 2006. Fueron 121.839 pistolas para renovar el armamento de la Fuerza Pública que terminaron de llegar al país el año pasado, y por las que se pagaron más de US$72 millones, según el Ministerio de Defensa. En esa época ya se habían declarado desiertos dos procesos de adquisición de armas 9 mm para la Policía y el Ejército. Entre otras empresas, en ambos procesos se presentó Ancla (de la familia Jaramillo) como representante de la compañía estadounidense Sig Arms, filial de la casa alemana Sig Sauer. Ancla, como las demás, fue rechazada por no cumplir con las exigencias técnicas.

Entonces el Ministerio de Defensa, que Juan Manuel Santos regentaba desde hacía seis meses, dio la venia para que las armas fueran adquiridas a través de acuerdos LOA y que específicamente fueran Sig Sauer. La decisión de la marca de las pistolas, explica el Ministerio de Defensa, la adoptó un comité que además elaboró una ficha técnica que recalcó, por ejemplo, que las pistolas a comprarle a Sig Sauer debían tener “cinco estrías dextrógiras”. Un detalle en extremo técnico pero relevante, ya que antes se había rechazado a la firma Smith & Wesson, a la que le exigieron pistolas con seis estrías. Su representante protestó públicamente. Al final, a través de dos LOA, Colombia adquirió las Sig Sauer.

Por ley, el Departamento de Defensa de Estados Unidos está obligado a entregar al Congreso un reporte anual de sus ventas militares a través del sistema gobierno a gobierno. Así como el negocio de las pistolas Sig Sauer en 2006, por este mismo procedimiento Colombia ha adquirido en los últimos años helicópteros Black Hawk, otras aeronaves y repuestos. Desde 2006 hasta 2013, el país firmó contratos LOA por valor total de más de US $486 millones. En ese período, por lo menos el 30% de los negocios se hicieron con empresas representadas en Colombia por las compañías de la familia Jaramillo —que son, a su vez, muy importantes en el sector defensa—: Bell Helicopter, Cessna, Flir, Hawker Beechcraft y Sig Sauer.

El Ministerio de Defensa es enfático en afirmar que los LOA son convenientes, porque este tipo de contratación facilita acceder a elementos casi imposibles de conseguir en el mercado nacional, y “no requiere tener intermediarios”, por lo cual no existiría la posibilidad de que algún particular en estos convenios sacara provecho. Varios expertos en contratación del sector defensa aseguran lo contrario. El asunto ya llegó al plano político y el pasado martes 21 de octubre dio lugar a un debate de control promovido por el Centro Democrático, enfocado a tratar de demostrar que sí hubo un favorecido: el empresario Felipe Jaramillo, amigo personal del presidente Santos.

Empresas que crecen

Quienes señalan a Jaramillo como beneficiario del presupuesto de defensa sostienen que la prueba es el crecimiento económico de sus compañías desde 2006. El Espectador revisó los estados financieros de tales firmas, consignados en la Superintendencia de Sociedades. En tales diagnósticos se concluye que Ancla, entre 1998 y 2005, tuvo ganancias netas por $841 millones. Entre 2006 y 2012, los números se duplicaron a más de $1.630 millones. A su vez, la firma Alfonso Jaramillo & Cía., entre 1998 y 2005, arrojó pérdidas por $956 millones y durante los siete años siguientes, ganancias por $1.085 millones, sin contar las cifras del año 2007 que no aparecen registradas. Valga aclarar que el Ministerio de Defensa no es su único cliente.

Por último, la empresa Helicentro: entre 1998 y 2005 tuvo ganancias registradas por $572 millones. A partir de ahí hasta 2012 esas utilidades se incrementaron seis veces, hasta alcanzar la cifra de $3.447 millones.

Sobre este tema, El Espectador consultó al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien explicó que “el señor Jaramillo representa a varias empresas con las que el sector defensa ya tiene equipos. Desde hace más de 10 años el Ministerio ha venido en un proceso de estandarización de marcas de manera permanente, porque eso permite mejorar la eficiencia y el mantenimiento”.

Frente a todos estos señalamientos, el presidente Juan Manuel Santos siempre ha recalcado que no interviene ni aprueba asuntos que tengan que ver con Jaramillo. En octubre de 2007 presentó un impedimento para adelantar negociaciones relacionadas con su amigo de infancia y sus empresas, el cual rechazó el Consejo de Ministros. Algunas quejas en este sentido fueron conocidas por la Oficina Anticorrupción de la Presidencia, que archivó el tema.

El Espectador intentó comunicarse con Felipe Jaramillo, pero no fue posible. Mientras tanto, la polémica alrededor de las Sig Sauer no cesa: hace un par de meses la radio pública alemana, dos canales de televisión y uno de los principales periódicos de ese país revelaron que había cómo demostrar que la casa alemana Sig Sauer apoyó la venta de las pistolas a Colombia. Lo que no tendría nada de malo si no fuera porque el gobierno germano restringe la venta de armas a países en conflicto. La investigación periodística reveló que la justicia de ese país está encima del caso porque, al parecer, la compañía alemana habría avalado una triangulación irregular para que las pistolas terminaran en manos de la Fuerza Pública colombiana.

La versión del Ministerio de Defensa

El propio ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, respaldó los mecanismos de contratación de su cartera al explicar que “en ningún caso opera interés personal o de conveniencia, y por el hecho de que Felipe Jaramillo sea amigo del presidente de la República no se le puede descalificar de plano de competir en la contratación”.

Otras fuentes de alto nivel de esa cartera, consultadas por este diario, defendieron la contratación a través del programa Gobierno a gobierno, en este caso, con Estados Unidos, con el propósito de fortalecer el sistema de defensa nacional. Explicaron que, de esa manera, Colombia tiene acceso “a todo el inventario que posee el gobierno estadounidense”. Señalaron, además, que los contratos de este estilo se hacen directamente con los gobiernos, no con empresas particulares.

“Las personas que dicen que los LOA son una especie de ‘trampa’, seguramente lo afirman porque esperan obtener una comisión, que no es que sea ilegal, y quizá se resienten cuando el gobierno estimula un mecanismo que existe desde los años 60. Pero Estados Unidos firma contratos LOA a nivel mundial, los americanos son muy serios en esas cosas”, aseguraron las fuentes. Y agregaron: “A nivel central no se ha hecho ningún contrato con el señor Felipe Jaramillo”.

Los periodistas María del Rosario Arrázola y Alexánder Marín colaboraron con reportería para este artículo.

Si existe un personaje exitoso en la contratación del sector defensa en Colombia, ese es Felipe Jaramillo Samper. Quizá no sea el único, pero la importancia de sus tres empresas familiares —Helicentro Ltda., Alfonso Jaramillo & Cía y Ancla Ltda.—, con más de 30 años en el negocio manejando millonarios contratos, es irrefutable. Desde la compra de pistolas, fusiles y ametralladoras, sistemas de visión para las aeronaves, hasta la reparación y el mantenimiento de aeronaves como los helicópteros Bell —fundamentales para la Fuerza Pública— pasan por el círculo empresarial de Jaramillo. No obstante, a pesar de su vasta experiencia, hoy está en entredicho.

El pasado 29 de diciembre el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, recibió un documento de 15 páginas titulado “Informe detallado panorama contractual empresa Helicentro”, elaborado por la Jefatura de Aviación del Ejército. Conocido por este diario, el reporte indica que, entre 2009 y 2013, Helicentro recibió 21 contratos, principalmente para hacer mantenimiento y reparación a helicópteros de combate, por valor total de más de $55.000 millones. La Jefatura de Aviación del Ejército resalta que a Helicentro le tuvieron que dar 49 prórrogas porque, según la empresa, no consiguieron que la casa fabricante (Bell) entregara algunos elementos a tiempo.

Con idéntica justificación durante los cinco años, la Jefatura de Aviación protestó y dejó de invitar a Helicentro a nuevos procesos con un argumento: evitar el “alto riesgo para el cumplimiento de los contratos, lo que redunda en el alistamiento de las aeronaves que apoyan las operaciones que ejecuta el Ejército”. Es decir, que en el fragor de la guerra, la capacidad de acción y reacción del Ejército se estaba viendo reducida por cuenta de Helicentro. En el documento se lee, además, que la empresa de Jaramillo ha buscado “desaparecer del mercado la competencia” y “pretendido hacer ver” que, de no contratar con ellos, el Ejército terminará comprando repuestos de segunda o falsificados.

La advertencia, sin embargo, no marginó a Helicentro de la contratación militar. Un mes después del concepto enviado al ministro Pinzón, a esta misma empresa le adjudicaron tres contratos más: uno de la Dirección Antinarcóticos, otro de la Dirección de Inteligencia Policial y un tercero de la Fuerza Aérea. Los negocios sumaron poco más de $5.900 millones. Todos con el mismo objeto: mantenimiento y reparación de aeronaves; precisamente, el aspecto por el que la Jefatura de Aviación del Ejército la había descalificado. “Se encuentra demostrado que (Helicentro) no cuenta con las capacidades contractuales y administrativas para llevar a cabo el eficiente cumplimiento de un contrato estatal”, había resaltado el informe de diciembre.

Gobierno a gobierno

Que Helicentro, Ancla y Alfonso Jaramillo & Cía tienen larga trayectoria en el sector defensa no es secreto. No obstante, lo que contratistas y personas cercanas a las Fuerzas Militares han venido notando es que, desde que Juan Manuel Santos asumió como ministro de Defensa en el final del primer gobierno de Álvaro Uribe, es decir, desde el 19 de julio de 2006, tales empresas empezaron a crecer vertiginosamente. También que el Ministerio de Defensa ha hecho millonarias compras de gobierno a gobierno con empresas norteamericanas representadas en Colombia por estas mismas firmas.

Estas últimas transacciones son conocidas como LOA (Letter of Offer and Acceptance) y constituyen convenios de cooperación a los que Colombia puede recurrir para obtener materiales o servicios destinados a seguridad y defensa nacional. Su propósito no es sólo que Colombia escoja un país específico para comprarle a alguna de sus empresas por la exclusividad de su oferta, sino que la nación y empresa beneficiadas aporten algo más que los elementos adquiridos. Por ejemplo, capacitación, transferencia de tecnología o mantenimiento de equipos. Habían sido poco utilizados por Colombia, como lo destaca el documento Conpes 3522, emitido en junio de 2008, en el cual intervino el Ministerio de Defensa. Ese mismo Conpes recomendó que el país debía recurrir más a los LOA.

El dilema es que, según contratistas habituales del sector defensa y miembros de las Fuerzas Militares consultados por este diario, algunos LOA se habrían vuelto una especie de “salto con garrocha” a los procesos de contratación. La razón: porque siempre hay una empresa extranjera que, sin competencia, resulta beneficiada, y no siempre es tan evidente que el elemento adquirido fuera imposible de conseguir en Colombia. Las fuentes de este diario sostienen que esa selección suele ser producto del lobby que hacen los representantes de la empresa escogida, tanto en Colombia como en el país con el que se suscribe el LOA.

Según las fuentes, al parecer así sucedió con la compra de pistolas Sig Sauer que se hizo entre Colombia y Estados Unidos en diciembre de 2006. Fueron 121.839 pistolas para renovar el armamento de la Fuerza Pública que terminaron de llegar al país el año pasado, y por las que se pagaron más de US$72 millones, según el Ministerio de Defensa. En esa época ya se habían declarado desiertos dos procesos de adquisición de armas 9 mm para la Policía y el Ejército. Entre otras empresas, en ambos procesos se presentó Ancla (de la familia Jaramillo) como representante de la compañía estadounidense Sig Arms, filial de la casa alemana Sig Sauer. Ancla, como las demás, fue rechazada por no cumplir con las exigencias técnicas.

Entonces el Ministerio de Defensa, que Juan Manuel Santos regentaba desde hacía seis meses, dio la venia para que las armas fueran adquiridas a través de acuerdos LOA y que específicamente fueran Sig Sauer. La decisión de la marca de las pistolas, explica el Ministerio de Defensa, la adoptó un comité que además elaboró una ficha técnica que recalcó, por ejemplo, que las pistolas a comprarle a Sig Sauer debían tener “cinco estrías dextrógiras”. Un detalle en extremo técnico pero relevante, ya que antes se había rechazado a la firma Smith & Wesson, a la que le exigieron pistolas con seis estrías. Su representante protestó públicamente. Al final, a través de dos LOA, Colombia adquirió las Sig Sauer.

Por ley, el Departamento de Defensa de Estados Unidos está obligado a entregar al Congreso un reporte anual de sus ventas militares a través del sistema gobierno a gobierno. Así como el negocio de las pistolas Sig Sauer en 2006, por este mismo procedimiento Colombia ha adquirido en los últimos años helicópteros Black Hawk, otras aeronaves y repuestos. Desde 2006 hasta 2013, el país firmó contratos LOA por valor total de más de US $486 millones. En ese período, por lo menos el 30% de los negocios se hicieron con empresas representadas en Colombia por las compañías de la familia Jaramillo —que son, a su vez, muy importantes en el sector defensa—: Bell Helicopter, Cessna, Flir, Hawker Beechcraft y Sig Sauer.

El Ministerio de Defensa es enfático en afirmar que los LOA son convenientes, porque este tipo de contratación facilita acceder a elementos casi imposibles de conseguir en el mercado nacional, y “no requiere tener intermediarios”, por lo cual no existiría la posibilidad de que algún particular en estos convenios sacara provecho. Varios expertos en contratación del sector defensa aseguran lo contrario. El asunto ya llegó al plano político y el pasado martes 21 de octubre dio lugar a un debate de control promovido por el Centro Democrático, enfocado a tratar de demostrar que sí hubo un favorecido: el empresario Felipe Jaramillo, amigo personal del presidente Santos.

Empresas que crecen

Quienes señalan a Jaramillo como beneficiario del presupuesto de defensa sostienen que la prueba es el crecimiento económico de sus compañías desde 2006. El Espectador revisó los estados financieros de tales firmas, consignados en la Superintendencia de Sociedades. En tales diagnósticos se concluye que Ancla, entre 1998 y 2005, tuvo ganancias netas por $841 millones. Entre 2006 y 2012, los números se duplicaron a más de $1.630 millones. A su vez, la firma Alfonso Jaramillo & Cía., entre 1998 y 2005, arrojó pérdidas por $956 millones y durante los siete años siguientes, ganancias por $1.085 millones, sin contar las cifras del año 2007 que no aparecen registradas. Valga aclarar que el Ministerio de Defensa no es su único cliente.

Por último, la empresa Helicentro: entre 1998 y 2005 tuvo ganancias registradas por $572 millones. A partir de ahí hasta 2012 esas utilidades se incrementaron seis veces, hasta alcanzar la cifra de $3.447 millones.

Sobre este tema, El Espectador consultó al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien explicó que “el señor Jaramillo representa a varias empresas con las que el sector defensa ya tiene equipos. Desde hace más de 10 años el Ministerio ha venido en un proceso de estandarización de marcas de manera permanente, porque eso permite mejorar la eficiencia y el mantenimiento”.

Frente a todos estos señalamientos, el presidente Juan Manuel Santos siempre ha recalcado que no interviene ni aprueba asuntos que tengan que ver con Jaramillo. En octubre de 2007 presentó un impedimento para adelantar negociaciones relacionadas con su amigo de infancia y sus empresas, el cual rechazó el Consejo de Ministros. Algunas quejas en este sentido fueron conocidas por la Oficina Anticorrupción de la Presidencia, que archivó el tema.

El Espectador intentó comunicarse con Felipe Jaramillo, pero no fue posible. Mientras tanto, la polémica alrededor de las Sig Sauer no cesa: hace un par de meses la radio pública alemana, dos canales de televisión y uno de los principales periódicos de ese país revelaron que había cómo demostrar que la casa alemana Sig Sauer apoyó la venta de las pistolas a Colombia. Lo que no tendría nada de malo si no fuera porque el gobierno germano restringe la venta de armas a países en conflicto. La investigación periodística reveló que la justicia de ese país está encima del caso porque, al parecer, la compañía alemana habría avalado una triangulación irregular para que las pistolas terminaran en manos de la Fuerza Pública colombiana.

La versión del Ministerio de Defensa

El propio ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, respaldó los mecanismos de contratación de su cartera al explicar que “en ningún caso opera interés personal o de conveniencia, y por el hecho de que Felipe Jaramillo sea amigo del presidente de la República no se le puede descalificar de plano de competir en la contratación”.

Otras fuentes de alto nivel de esa cartera, consultadas por este diario, defendieron la contratación a través del programa Gobierno a gobierno, en este caso, con Estados Unidos, con el propósito de fortalecer el sistema de defensa nacional. Explicaron que, de esa manera, Colombia tiene acceso “a todo el inventario que posee el gobierno estadounidense”. Señalaron, además, que los contratos de este estilo se hacen directamente con los gobiernos, no con empresas particulares.

“Las personas que dicen que los LOA son una especie de ‘trampa’, seguramente lo afirman porque esperan obtener una comisión, que no es que sea ilegal, y quizá se resienten cuando el gobierno estimula un mecanismo que existe desde los años 60. Pero Estados Unidos firma contratos LOA a nivel mundial, los americanos son muy serios en esas cosas”, aseguraron las fuentes. Y agregaron: “A nivel central no se ha hecho ningún contrato con el señor Felipe Jaramillo”.

Los periodistas María del Rosario Arrázola y Alexánder Marín colaboraron con reportería para este artículo.