El Cerezo: el predio que codicia una supuesta banda de tierreros en Usme

En la vereda Agualinda de Usme ningún vecino quiere hablar con nombre propio del día en que llegaron en camionetas cerca de 30 personas desconocidas, algunas armadas y con cara de pocos amigos, a invadir el predio El Cerezo, ubicado sobre la vía que conduce del pueblo al Parque Nacional Natural Sumapaz, al sur de Bogotá. Tienen miedo porque dicen que “a esa gente no le importa matarlo a uno”, pero recuerdan que ese miércoles 9 de febrero de 2022 la comunidad se unió para no dejarlos entrar. Todos saben que se trata de una banda de tierreros que puso sus ojos hace año y medio en esas tierras y que, además de métodos intimidantes, utiliza una sofisticada estrategia de escrituras falsas y recursos jurídicos exprés para apropiarse de terrenos y urbanizarlos ilegalmente.

En la vereda Agualinda de Usme ningún vecino quiere hablar con nombre propio del día en que llegaron en camionetas cerca de 30 personas desconocidas, algunas armadas y con cara de pocos amigos, a invadir el predio El Cerezo, ubicado sobre la vía que conduce del pueblo al Parque Nacional Natural Sumapaz, al sur de Bogotá. Tienen miedo porque dicen que “a esa gente no le importa matarlo a uno”, pero recuerdan que ese miércoles 9 de febrero de 2022 la comunidad se unió para no dejarlos entrar. Todos saben que se trata de una banda de tierreros que puso sus ojos hace año y medio en esas tierras y que, además de métodos intimidantes, utiliza una sofisticada estrategia de escrituras falsas y recursos jurídicos exprés para apropiarse de terrenos y urbanizarlos ilegalmente.

“Si ves esa enorme antena de allá -señala Amaury Romero, abogado que heredó de su abuelo el predio El Cerezo- esa es la prueba más clara de que el certificado de tradición del predio que presentaron es falso”. Se refiere a una antena de transmisión de más de siete metros de altura, difícil de obviar, que por solicitud de Empresas Públicas de Medellín se instaló en junio de 2016. La anotación quedó registrada en el certificado original de la matrícula inmobiliaria del predio, pero no aparece en el certificado que, con un número de matrícula diferente, presentaron las personas que en noviembre de 2020 instauraron una querella en la Inspección de Policía de Usme, aduciendo ser los legítimos propietarios de ese inmueble.

(Le puede interesar: Un proyecto turístico pone en riesgo el agua de casi 20.000 personas en Santander)

De hecho, el folio de matrícula que presentaron fue abierto en 1997 y no en 1975 como el original. Además, le da otro nombre al predio (San Agustín) y aparece ubicado en el corregimiento Nazareth, que pertenece a Sumapaz y no a Usme. También dice que es un predio urbano, pero en realidad está ubicado en una zona que sigue siendo rural, incluso en el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (POT), de diciembre de 2021. “La modalidad de estos tierreros empieza por la falsificación de un documento público, como la matrícula inmobiliaria que en la realidad no existe porque el lote que reclaman es otro. Una maniobra delincuencial que confunde mientras avanzan las acciones legales que interponen. Así se lo hicimos saber a la Fiscalía en el proceso que se adelanta por estos hechos, a la espera del pronunciamiento de un juez penal de conocimiento”, dice Romero, mientras caminamos el terreno sembrado con papa en el que se ven tres letreros grandes que advierten que no está a la venta.

Este abogado, de 49 años, se enteró en enero de 2021 que unas personas “inescrupulosas” querían quedarse con el predio que compró su abuelo en 1995, aunque las maniobras empezaron dos meses antes. La querella judicial fue instaurada por Yesid Ariza Barbosa en la Inspección Distrital de Policía de Usme y es él quien también aparece como propietario del predio San Agustín en el certificado de matrícula inmobiliaria en el predio donde está ubicado El Cerezo. El 20 de enero de 2021, la persona que ha tenido la tenencia de esa tierra y de otras de la familia Romero, le contó por teléfono que en uno de los postes de la finca fijaron un papel que advertía el inicio de una querella policiva. Nueve días después, en un trámite exprés, el inspector de Policía de la localidad de Usme, Jesús Roberto Piñeros Sánchez, falló a favor de Ariza y ordenó que le entregaran el inmueble.

Como sustento solo tuvo en cuenta los testimonios de dos individuos que no son referenciados por la comunidad, identificados como Bernardo Zuluaga González y Osney Gerena Castro. Además, no ordenó practicar una diligencia de inspección ocular para identificar el inmueble reclamado. Por eso, Romero acudió, a través de su abogado, a la Personería Local de Usme, que apeló la sentencia proferida por el inspector, el 4 de febrero de 2021. El recurso de reposición fue negado en el acto por el inspector Piñeros, pero la apelación fue tramitada ante la Secretaría Distrital de Gobierno, que al final le dio la razón a Romero y dejó sin efectos la medida correctiva impuesta por el Inspector de Policía.

(Lea también: Multinacional canadiense incumple acuerdo que prohíbe la minería en Mocoa)

Para ese momento, la persona que tomó en arriendo por años El Cerezo ya había devuelto el predio a Romero por diferencias en el reconocimiento económico de algunas mejoras y amenazas telefónicas de extraños que le ordenaban salir. A Amaury Romero le tocó buscar otro arrendatario que desde marzo de 2021 sembró un cultivo de papa en el terreno. Pero eso no detuvo a Yesid Ariza y a sus socios. Puso una primera tutela para reabrir el proceso policivo y como se la negaron puso otra ante el juez 13 Penal Municipal de Conocimiento de Bogotá, que ordenó reabrir el caso en octubre de 2021.

Sin embargo, ante los reclamos jurídicos de Romero, al final, el 1 de diciembre de 2021, el juez declaró la nulidad de todo lo actuado, incluida la reapertura del proceso. Días después, incluso, declaró improcedente la tutela que por los mismos hechos instauró Jorge Juan Obando Obando, quien se identificó como propietario de un porcentaje pequeño del predio San Agustín.

Mientras se daba la pugna en los estrados judiciales, al extremo norte de la capital, en la Notaría Única de Tabio (Cundinamarca), entre septiembre y noviembre de 2021, se registraron ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos seis ventas parciales de pequeños fragmentos del predio, valiéndose de la escritura pública del predio San Agustín. De hecho, en el certificado de tradición del inmueble, presentado por Yesid Ariza Barbosa durante la querella policiva no hubo dato alguno sobre el chip o cédula catastral del predio. Sin embargo, desde el 4 de noviembre de 2021, cuando ya aparecían estas ventas parciales, en la primera página del certificado del predio San Agustín, ya aparecía el mismo número de chip catastral del predio El Cerezo, con el que, incluso, a finales de 2021 pudieron realizar pagos prediales de tres años atrás (aunque no había mora) para sustentar su dominio sobre el inmueble.

“Aquí fue cuando más me preocupé. Me habían usurpado el número de mi chip y cédula catastral de mi predio en el folio, porque dos inmuebles no pueden tener ese mismo número. Fue cuando entendí de que se trataba de una banda que tenía tentáculos en las oficinas públicas”, comenta Romero y detalla que eso quedó en la denuncia penal de marzo de 2021 que instauró en la Fiscalía, porque cree que esa maniobra solo se pudo hacer con la anuencia de funcionarios de la Superintendencia de Notariado y Registro, específicamente de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona sur.

Mientras esto sucedía, en la vereda Agualinda, de Usme, empezaron a rotar imágenes de la supuesta construcción que los tierreros estaban proyectando en el predio de la familia Romero: un plano con 430 lotes, de 72 metros cada uno, sin servicios públicos legales, denominado bajo el proyecto urbanístico “Agualinda Castillo Olarte”. Como propietario de los supuestos lotes en venta aparece en el volante Jorge Juan Obando Obando y como propietario del predio total aparece Yesid Ariza Barbosa. La empresa “Valores, Inversiones y Gestión”, cuyo representante legal es Jorge Juan Obando Obando, también aparece como la empresa que vende los lotes.

Este diario se comunicó al teléfono que aparece en esta publicidad y pudo hablar con Jorge Juan Obando Obando, quien aseguró que él no hace parte de ninguna banda de tierreros, que solo recibió 30 lotes a cambio de una deuda de cerca de 900 millones de pesos que tenía por un terreno en el departamento de Córdoba. Reconoció que fue quien diseñó el volante y que estaba ofreciendo unos lotes de allí como una “inversión a futuro”, a pesar de que tenía conocimiento de que no tenía permisos de construcción ni instalación de servicios públicos vigentes. También aseguró que solo conoció a Yesid Ariza en ese proceso de querella policiva y que no tiene ningún conocimiento de acciones violentas o intimidantes para entrar al inmueble.

Obando Obando afirmó que nunca revisó realmente si la escritura pública correspondía a la ubicación del predio y que, por tanto, pudo ser engañado. Luego dijo que, consultando mejor, El Cerezo sí hace parte de esa zona pero que le dijeron que solo tenía dos fanegadas, pese a que la escritura púbica de 1995 dice que tiene 59 mil metros cuadrados, cerca de cuatro hectáreas y media. El Espectador también buscó comunicarse con Yesid Ariza, quien contestó y aseguró que solo habla a través de su abogado sobre el tema. Al cierre de esta publicación no fue posible contactar a su apoderado.

Usme: del campo a la urbanización legal e ilegal

Solo hasta 1972, el municipio de Usme se integró a Bogotá. De su pasado de pueblo campesino todavía quedan señas en su mercado de plaza, su pequeña iglesia antigua, y los puestos de venta de chicha y guarapo, envasados en botellas recicladas de gaseosa, que hay a la entrada de algunas casas, por la salida al Sumapaz. Varios de sus habitantes todavía se dedican a la agricultura, como la siembra de papa, y a los hatos lecheros y cárnicos, pero cada vez son menos, en gran parte por la expansión urbanística, formal e informal, que ha tenido la localidad en los últimos diez años.

El desarrollo ilegal de esta zona al sur de la capital ha estado a cargo de los tierreros, bandas dedicadas a invadir y usurpar terrenos públicos y privados que urbanizan, sin servicios públicos ni permisos de construcción, y ponen a la venta, a través de engaños y estafas, para personas de pocos recursos. Usme es una de las localidades, junto con Ciudad Bolívar, Kennedy, San Cristóbal y Bosa, donde las autoridades han identificado más tierreros.

Pero los pocos campesinos que quedan también se quejan del desarrollo urbanístico formal, por el que hay menos tierra para cultivar o tener ganado. El más ambicioso proyecto formal lo adelanta el Distrito, a través de Metro Vivienda, no sin tropiezos. Se trata de la Operación Nuevo Usme, de cerca de 53.000 viviendas de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP) en total, del que se hablaba desde la administración de Enrique Peñalosa, pero que en 2010, durante la alcaldía de Samuel Moreno tuvo gran impulso y un enorme contradictor: Arquímedes Romero, uno de los grandes terratenientes de Usme, oriundo de Tibaná, Boyacá, que se opuso jurídica y socialmente hasta su muerte, a los 85 años, a que el Distrito acaparara la construcción de la localidad.

Desde la muerte de “Don Arquímedes”, en diciembre de 2013, a quien recuerdan con mucho cariño en Usme por su generosidad y buen trato, el proyecto del Distrito se viene desarrollado ágilmente por parte de Metro Vivienda, expropiando y negociando terrenos con los propietarios o poseedores. El viejo Arquímedes empezó a comprar sus primeros lotes en 1987 hasta convertirse en el principal dueño de predios de la localidad, que limita por el norte con Tunjuelito, al sur con Sumapaz, el este con Chipaque y el occidente con Ciudad Bolívar, y llegó a tener su propio proyecto de vivienda que, al final, no pudo adelantar porque el Distrito le ganó la partida.

Cuando Arquímedes Romero murió, no dejó testamento y sus once herederos (ocho hijos y tres nietos) empezaron un proceso enredado de sucesión que solo terminó en 2018. Uno de ellos es Amaury Romero, su nieto, abogado de profesión, a quien le correspondió, entre otros bienes, el predio El Cerezo, que desde hace un año busca proteger de quienes cataloga como una intimidante red de tierreros. Una preocupación que comparten algunos de los vecinos de la vereda Agualinda, que ven serias afectaciones a su vida si llega a materializarse esa urbanización sin permisos de construcción, en tierras campesinas y donde el acueducto veredal escasamente alcanza para surtir agua ininterrumpidamente en invierno.

Vea más temas de Investigación aquí