El proyecto de fallo que podría tumbar a Alejandro Ordóñez

Hace tres años y seis meses un grupo de diez abogados, encabezado por el cofundador de la Corporación Dejusticia, Rodrigo Uprimny, demandó ante el Consejo de Estado la reelección del procurador Alejandro Ordóñez, formalizada en sesión plenaria del Senado el 27 de noviembre de 2012. Es decir, la acción se interpuso dos meses después de la reelección. Hoy, faltándole seis meses de gestión al jefe del Ministerio Público en su segundo mandato, por fin llega el momento de saber si Ordóñez debe dejar anticipadamente el cargo.

Desde el pasado 14 de junio circula entre los magistrados del Consejo de Estado el proyecto de fallo suscrito por la ponente Rocío Araújo Oñate, que plantea la nulidad de la reelección del procurador Ordóñez. Los argumentos son los mismos que se han ventilado en anteriores intentos para que el caso concluya definitivamente. En pocas palabras, que el Senado no tenía competencia para reelegir a Ordóñez, que lo hizo con fundamento en una dupla y no una terna, que participaron magistrados impedidos y que se violó la Constitución.

El Espectador tuvo acceso al citado proyecto de fallo que ratifica estos y otros argumentos esbozados, pero además de los asuntos jurídicos que atañen a la discusión de fondo, la novedad de la ponencia es verificar las dificultades a las que se ha visto sujeto el Consejo de Estado para tomar una decisión. Una cronología de impedimentos, recusaciones, sorteos de ponencia o traslado del expediente, sin que se haya podido entrar en la recta final que determine si el procurador Ordóñez fue bien o mal reelegido por el Senado de la República.

La dilatada cronología de este proceso incluso debe situarse meses antes de la reelección del procurador, porque lo sucedido forma parte de la espina dorsal del debate de fondo. Como se sabe, Alejandro Ordóñez ejerció la jefatura del Ministerio Público entre 2008 y 2012, postulado por el Consejo de Estado, corporación a la que había pertenecido entre 2000 y 2008. A mediados de 2012, cuando se acercaba el final de su gestión y Ordóñez ya había exteriorizado su interés por ser reelegido, comenzó la controversia en las altas instancias del poder.

Para que Ordóñez pasara derecho era preciso que lo postulara el Gobierno, o en su defecto la Corte Suprema o el Consejo de Estado. Sin embargo, la nueva composición de este último organismo ya no era favorable a sus intereses y el gobierno Santos tampoco tenía entre sus planes hacerlo. En consecuencia, surgió la opción de que lo hiciera la Corte Suprema de Justicia. Entonces, algunos de sus magistrados se declararon impedidos manifestando que familiares suyos habían sido nombrados en tiempos recientes en la Procuraduría General.

Los magistrados de la Corte Suprema con nombramientos de familiares fueron Ruth Marina Díaz, a quien le nombraron una sobrina en junio de 2012; el magistrado Jorge Mauricio Burgos, cuya esposa ya trabajaba con la Procuraduría; el magistrado Javier Zapata Díaz, emparentado con una funcionaria designada en agosto de 2012, y José Leonidas Bustos, cuya esposa fue nombrada en la Procuraduría desde 2010. Es decir, en algunos casos los nombramientos se hicieron cuando el procurador Ordóñez terminaba su primer período.

No obstante, el 30 de agosto de 2012, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia no aceptó los impedimentos expuestos por los magistrados Ruth Marina Díaz, Javier Zapata y Jorge Mauricio Burgos, y ese mismo día postuló al procurador Alejandro Ordóñez para su reelección. Quienes hoy demandan esa decisión, manifiestan que Ordóñez designó a parientes cercanos de magistrados de la Corte Suprema que fueron competentes para intervenir en su designación, con lo cual se vulneró el artículo 126 de la Constitución Nacional.

Entonces llegó el momento de la elección. Al Senado fueron presentados como candidatos Orlando Gallo, por el Consejo de Estado; María Mercedes López, por la Presidencia, y Alejandro Ordóñez, por la Corte Suprema. En desarrollo de los debates previos a tomar una decisión, 39 congresistas plantearon impedimentos por tener familiares suyos trabajando en la Procuraduría. También hubo 28 recusaciones. Ni los unos ni las otras prosperaron. Una subcomisión del Senado, integrada por seis congresistas, negó todos los impedimentos.

No obstante, surgió en el camino otro obstáculo: la candidata postulada por el presidente, María Mercedes López, renunció a la terna. En las actas de la Gaceta del Congreso, citadas en el proyecto de fallo del Consejo de Estado, existe constancia de que los senadores sabían de la dimisión de uno de los candidatos. Incluso se pueden leer las intervenciones de congresistas como Jorge Enrique Robledo o Camilo Romero, a través de las cuales advirtieron que no había terna para elegir. La ponencia expresa que debió reconstituirse la terna.

No se hizo y el 27 de noviembre de 2012, con 80 de los 93 votos emitidos, el procurador Ordóñez fue reelecto. Dos meses después esta decisión fue demandada por acción de nulidad. Entonces empezó otra cronología de impedimentos, recusaciones y trasteos del expediente. Hasta marzo de 2013 se admitió la demanda y en junio quedó radicada en la Sección Quinta del Consejo de Estado, siendo su primer ponente el magistrado Alberto Yepes, quien primero defendió la reelección de Ordóñez, pero terminó planteando la nulidad.

Finalmente el caso quedó en manos de los magistrados de la Sección Quinta, Susana Buitrago, Lucy Jeannette Bermúdez y Alberto Yepes, más los conjueces Ricardo Hoyos y Jaime Córdoba. En ese momento, la suerte parecía echada para el procurador Ordóñez, pues los cálculos de votación vaticinaban un fallo en contra. Lo que cambió el destino del caso fue la intervención del magistrado de la Sección Primera, Marco Antonio Velilla, quien argumentando la importancia jurídica y trascendencia social del expediente, pidió que fuera enviado a la Sala Plena.

En julio de 2014, el Consejo de Estado aceptó su solicitud, la decisión de fondo fue aplazada y el expediente entró en un nuevo ciclo de aclaraciones de voto, impedimentos, recusaciones o memoriales de defensa. A la dilación del caso se sumó una solicitud de nulidad de todo lo actuado interpuesta por la viceprocuradora Martha Isabel Castañeda. Como en el camino, a varios magistrados se les fue cumpliendo su período en el Consejo de Estado y la designación de sus reemplazos también dilató la sentencia definitiva en el expediente.

La lista de impedidos, recusados y rescatados para participar en el debate o de rechazos a la proliferación de escritos allegados al expediente es larga y prácticamente se llevó casi dos años. Hasta que el asunto fue a parar a las manos de la magistrada Rocío Araújo Oñate, una de las últimas en integrar la Sala Plena del Consejo de Estado. En esa medida, hacia abril de 2016, con una ponencia de 250 páginas, quedó planteada la opción de anular la reelección del procurador Ordóñez, pues ni siquiera era viable su postulación al cargo.

La ponencia entró en circulación y desde varios despachos se formularon observaciones que obligaron a la magistrada Araújo a recomponer su primer escrito. Finalmente, el pasado 14 de junio, en un documento de 95 páginas, volvió a quedar hecho el proyecto de fallo. Su conclusión es la misma: plantear la nulidad del acto por el cual el Senado reeligió a Alejandro Ordóñez como procurador general. Ahora serán sus compañeros de Sala Plena quienes determinen si acogen la ponencia o se impone una mayoría contraria.

El proyecto de fallo recalca que el procurador designó a parientes de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que intervinieron en su designación. Además, expresa que el Senado carecía de competencia para reelegir a Ordóñez, pues si bien la Constitución no prohibió de forma expresa la reelección del jefe del Ministerio Público, tampoco la permitió, razón por la cual, ante dicho silencio, el deber del Consejo de Estado debe ser evaluar si con la reelección se cambió el modelo institucional colombiano establecido en la Carta Política.

La propuesta de la magistrada Araújo es que sí se quebrantó la arquitectura constitucional colombiana, toda vez que no se garantizaron los derechos de alternancia en el poder, separación de poderes y sistema de frenos y contrapesos. En consecuencia, señala la ponencia, Alejandro Ordóñez era inelegible. Aún más cuando su reelección se hizo no a partir de una terna sino de una dupla, pues ya se conocía de la renuncia de María Mercedes López como candidata a la Procuraduría, postulada por la Presidencia de la República.

Finalmente, la ponencia insiste en que el acto administrativo que postuló a Ordóñez como candidato a la Procuraduría fue irregular porque permitió la participación de magistrados de la Corte Suprema que realmente estaban impedidos. Lo mismo que sucedió con varios senadores que intervinieron en la reelección del jefe del Ministerio Público. En ambos casos, el elemento común es que tanto magistrados como senadores tenían familiares laborando en la Procuraduría o se encontraban investigados por este organismo de control.

Después de la ponencia de la magistrada Araújo, la defensa del procurador Ordóñez recusó a los magistrados Stella Conto Díaz y Alberto Yepes, dejando entrever que filtraron documentos del expediente que fueron conocidos por la parte demandante. El pasado 30 de junio, la ponente rechazó las recusaciones, compulsó copias a la presidencia de la corporación para que se investigue al jefe del Ministerio Público y al mismo tiempo aceptó la renuncia del abogado que venía defendiendo a Ordóñez, por lo cual ahora tiene uno nuevo.

Lo paradójico es que mientras en el Consejo de Estado se rechazan de plano las recusaciones formuladas a última hora por el procurador Ordóñez, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara optó por abrir una investigación por una queja presentada por el exmagistrado Marco Antonio Velilla contra los magistrados Stella Conto, Danilo Rojas y Alberto Yepes, todo con relación al mismo tema de las presuntas irregularidades en el interior del Consejo de Estado respecto a la filtración de los documentos del caso a la prensa.

En los casi cuatro años que lleva el caso, la posición del procurador Ordóñez ha sido la misma. Que en el proceso de postulación de su nombre por la Corte Suprema se respetaron la Constitución, la ley y el reglamento de la corporación, sobre todo en la denegación de los impedimentos. Además que la Corte no estaba limitada para postularlo, que no existe una norma que prohíba la reelección del jefe del Ministerio Público y que su designación en el Senado tampoco desconoció la Carta Política, las leyes o los reglamentos.

Hace tres años y seis meses un grupo de diez abogados, encabezado por el cofundador de la Corporación Dejusticia, Rodrigo Uprimny, demandó ante el Consejo de Estado la reelección del procurador Alejandro Ordóñez, formalizada en sesión plenaria del Senado el 27 de noviembre de 2012. Es decir, la acción se interpuso dos meses después de la reelección. Hoy, faltándole seis meses de gestión al jefe del Ministerio Público en su segundo mandato, por fin llega el momento de saber si Ordóñez debe dejar anticipadamente el cargo.

Desde el pasado 14 de junio circula entre los magistrados del Consejo de Estado el proyecto de fallo suscrito por la ponente Rocío Araújo Oñate, que plantea la nulidad de la reelección del procurador Ordóñez. Los argumentos son los mismos que se han ventilado en anteriores intentos para que el caso concluya definitivamente. En pocas palabras, que el Senado no tenía competencia para reelegir a Ordóñez, que lo hizo con fundamento en una dupla y no una terna, que participaron magistrados impedidos y que se violó la Constitución.

El Espectador tuvo acceso al citado proyecto de fallo que ratifica estos y otros argumentos esbozados, pero además de los asuntos jurídicos que atañen a la discusión de fondo, la novedad de la ponencia es verificar las dificultades a las que se ha visto sujeto el Consejo de Estado para tomar una decisión. Una cronología de impedimentos, recusaciones, sorteos de ponencia o traslado del expediente, sin que se haya podido entrar en la recta final que determine si el procurador Ordóñez fue bien o mal reelegido por el Senado de la República.

La dilatada cronología de este proceso incluso debe situarse meses antes de la reelección del procurador, porque lo sucedido forma parte de la espina dorsal del debate de fondo. Como se sabe, Alejandro Ordóñez ejerció la jefatura del Ministerio Público entre 2008 y 2012, postulado por el Consejo de Estado, corporación a la que había pertenecido entre 2000 y 2008. A mediados de 2012, cuando se acercaba el final de su gestión y Ordóñez ya había exteriorizado su interés por ser reelegido, comenzó la controversia en las altas instancias del poder.

Para que Ordóñez pasara derecho era preciso que lo postulara el Gobierno, o en su defecto la Corte Suprema o el Consejo de Estado. Sin embargo, la nueva composición de este último organismo ya no era favorable a sus intereses y el gobierno Santos tampoco tenía entre sus planes hacerlo. En consecuencia, surgió la opción de que lo hiciera la Corte Suprema de Justicia. Entonces, algunos de sus magistrados se declararon impedidos manifestando que familiares suyos habían sido nombrados en tiempos recientes en la Procuraduría General.

Los magistrados de la Corte Suprema con nombramientos de familiares fueron Ruth Marina Díaz, a quien le nombraron una sobrina en junio de 2012; el magistrado Jorge Mauricio Burgos, cuya esposa ya trabajaba con la Procuraduría; el magistrado Javier Zapata Díaz, emparentado con una funcionaria designada en agosto de 2012, y José Leonidas Bustos, cuya esposa fue nombrada en la Procuraduría desde 2010. Es decir, en algunos casos los nombramientos se hicieron cuando el procurador Ordóñez terminaba su primer período.

No obstante, el 30 de agosto de 2012, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia no aceptó los impedimentos expuestos por los magistrados Ruth Marina Díaz, Javier Zapata y Jorge Mauricio Burgos, y ese mismo día postuló al procurador Alejandro Ordóñez para su reelección. Quienes hoy demandan esa decisión, manifiestan que Ordóñez designó a parientes cercanos de magistrados de la Corte Suprema que fueron competentes para intervenir en su designación, con lo cual se vulneró el artículo 126 de la Constitución Nacional.

Entonces llegó el momento de la elección. Al Senado fueron presentados como candidatos Orlando Gallo, por el Consejo de Estado; María Mercedes López, por la Presidencia, y Alejandro Ordóñez, por la Corte Suprema. En desarrollo de los debates previos a tomar una decisión, 39 congresistas plantearon impedimentos por tener familiares suyos trabajando en la Procuraduría. También hubo 28 recusaciones. Ni los unos ni las otras prosperaron. Una subcomisión del Senado, integrada por seis congresistas, negó todos los impedimentos.

No obstante, surgió en el camino otro obstáculo: la candidata postulada por el presidente, María Mercedes López, renunció a la terna. En las actas de la Gaceta del Congreso, citadas en el proyecto de fallo del Consejo de Estado, existe constancia de que los senadores sabían de la dimisión de uno de los candidatos. Incluso se pueden leer las intervenciones de congresistas como Jorge Enrique Robledo o Camilo Romero, a través de las cuales advirtieron que no había terna para elegir. La ponencia expresa que debió reconstituirse la terna.

No se hizo y el 27 de noviembre de 2012, con 80 de los 93 votos emitidos, el procurador Ordóñez fue reelecto. Dos meses después esta decisión fue demandada por acción de nulidad. Entonces empezó otra cronología de impedimentos, recusaciones y trasteos del expediente. Hasta marzo de 2013 se admitió la demanda y en junio quedó radicada en la Sección Quinta del Consejo de Estado, siendo su primer ponente el magistrado Alberto Yepes, quien primero defendió la reelección de Ordóñez, pero terminó planteando la nulidad.

Finalmente el caso quedó en manos de los magistrados de la Sección Quinta, Susana Buitrago, Lucy Jeannette Bermúdez y Alberto Yepes, más los conjueces Ricardo Hoyos y Jaime Córdoba. En ese momento, la suerte parecía echada para el procurador Ordóñez, pues los cálculos de votación vaticinaban un fallo en contra. Lo que cambió el destino del caso fue la intervención del magistrado de la Sección Primera, Marco Antonio Velilla, quien argumentando la importancia jurídica y trascendencia social del expediente, pidió que fuera enviado a la Sala Plena.

En julio de 2014, el Consejo de Estado aceptó su solicitud, la decisión de fondo fue aplazada y el expediente entró en un nuevo ciclo de aclaraciones de voto, impedimentos, recusaciones o memoriales de defensa. A la dilación del caso se sumó una solicitud de nulidad de todo lo actuado interpuesta por la viceprocuradora Martha Isabel Castañeda. Como en el camino, a varios magistrados se les fue cumpliendo su período en el Consejo de Estado y la designación de sus reemplazos también dilató la sentencia definitiva en el expediente.

La lista de impedidos, recusados y rescatados para participar en el debate o de rechazos a la proliferación de escritos allegados al expediente es larga y prácticamente se llevó casi dos años. Hasta que el asunto fue a parar a las manos de la magistrada Rocío Araújo Oñate, una de las últimas en integrar la Sala Plena del Consejo de Estado. En esa medida, hacia abril de 2016, con una ponencia de 250 páginas, quedó planteada la opción de anular la reelección del procurador Ordóñez, pues ni siquiera era viable su postulación al cargo.

La ponencia entró en circulación y desde varios despachos se formularon observaciones que obligaron a la magistrada Araújo a recomponer su primer escrito. Finalmente, el pasado 14 de junio, en un documento de 95 páginas, volvió a quedar hecho el proyecto de fallo. Su conclusión es la misma: plantear la nulidad del acto por el cual el Senado reeligió a Alejandro Ordóñez como procurador general. Ahora serán sus compañeros de Sala Plena quienes determinen si acogen la ponencia o se impone una mayoría contraria.

El proyecto de fallo recalca que el procurador designó a parientes de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que intervinieron en su designación. Además, expresa que el Senado carecía de competencia para reelegir a Ordóñez, pues si bien la Constitución no prohibió de forma expresa la reelección del jefe del Ministerio Público, tampoco la permitió, razón por la cual, ante dicho silencio, el deber del Consejo de Estado debe ser evaluar si con la reelección se cambió el modelo institucional colombiano establecido en la Carta Política.

La propuesta de la magistrada Araújo es que sí se quebrantó la arquitectura constitucional colombiana, toda vez que no se garantizaron los derechos de alternancia en el poder, separación de poderes y sistema de frenos y contrapesos. En consecuencia, señala la ponencia, Alejandro Ordóñez era inelegible. Aún más cuando su reelección se hizo no a partir de una terna sino de una dupla, pues ya se conocía de la renuncia de María Mercedes López como candidata a la Procuraduría, postulada por la Presidencia de la República.

Finalmente, la ponencia insiste en que el acto administrativo que postuló a Ordóñez como candidato a la Procuraduría fue irregular porque permitió la participación de magistrados de la Corte Suprema que realmente estaban impedidos. Lo mismo que sucedió con varios senadores que intervinieron en la reelección del jefe del Ministerio Público. En ambos casos, el elemento común es que tanto magistrados como senadores tenían familiares laborando en la Procuraduría o se encontraban investigados por este organismo de control.

Después de la ponencia de la magistrada Araújo, la defensa del procurador Ordóñez recusó a los magistrados Stella Conto Díaz y Alberto Yepes, dejando entrever que filtraron documentos del expediente que fueron conocidos por la parte demandante. El pasado 30 de junio, la ponente rechazó las recusaciones, compulsó copias a la presidencia de la corporación para que se investigue al jefe del Ministerio Público y al mismo tiempo aceptó la renuncia del abogado que venía defendiendo a Ordóñez, por lo cual ahora tiene uno nuevo.

Lo paradójico es que mientras en el Consejo de Estado se rechazan de plano las recusaciones formuladas a última hora por el procurador Ordóñez, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara optó por abrir una investigación por una queja presentada por el exmagistrado Marco Antonio Velilla contra los magistrados Stella Conto, Danilo Rojas y Alberto Yepes, todo con relación al mismo tema de las presuntas irregularidades en el interior del Consejo de Estado respecto a la filtración de los documentos del caso a la prensa.

En los casi cuatro años que lleva el caso, la posición del procurador Ordóñez ha sido la misma. Que en el proceso de postulación de su nombre por la Corte Suprema se respetaron la Constitución, la ley y el reglamento de la corporación, sobre todo en la denegación de los impedimentos. Además que la Corte no estaba limitada para postularlo, que no existe una norma que prohíba la reelección del jefe del Ministerio Público y que su designación en el Senado tampoco desconoció la Carta Política, las leyes o los reglamentos.