El retorno de Ascencio Reyes

A mediados de 2007, cuando la pugna entre el gobierno Uribe y la Corte Suprema de Justicia subía de temperatura y la parapolítica protagonizaba en los círculos judiciales, surgió la historia de un peculiar empresario huilense que mantenía estrechas relaciones con altos dignatarios del Poder Judicial y oficiales de la Fuerza Pública. Se trataba de Ascencio Reyes Serrano, y su nombre salió a relucir por haber sido el financista de un homenaje al entonces magistrado Yesid Ramírez, quien también dio de qué hablar en el escándalo de las ‘chuzadas’ del DAS. Seis años después, Reyes Serrano vuelve a los estrados judiciales, pero esta vez como investigado.

El pasado viernes 22 de marzo, ante un fiscal especializado de la Unidad de Lavado de Activos, Ascencio Reyes acudió en diligencia de interrogatorio para explicarle al ente investigador los hallazgos que en su momento hizo la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) sobre sus cuantiosos bienes y sociedades comerciales, en especial por algunos negocios realizados con personajes que después terminaron involucrados en líos judiciales. Aunque en su momento esta información quedó a la deriva o se desvaneció en medio de la pelea entre el gobierno Uribe y la Corte Suprema, ahora la Fiscalía busca aclarar esos extraños negocios.

El Espectador pudo establecer que el origen de la diligencia judicial del pasado 22 de marzo fue un informe ejecutivo del fiscal cuarto especializado de la Unidad de Lavado de Activos, en el cual se referencia que desde septiembre de 2008 existía un expediente abierto por el caso Ascencio Reyes. Dicho reporte referenció que las primeras averiguaciones se adelantaron con fundamento en el polémico informe de la UIAF titulado “Viaje”, a través del cual se documentó en 47 folios, no sólo los pormenores de su empresa Viajes y Turismo Basan y compañía, que en su momento financió el homenaje al magistrado Ramírez, sino su círculo empresarial.

Como se recordará, ese episodio se convirtió en uno de los detonantes de la confrontación entre el gobierno Uribe y la Corte. El viaje tuvo lugar entre el 9 y el 11 de junio de 2006, y fue un desplazamiento de la mayoría de los magistrados del alto tribunal a Neiva para homenajear a Yesid Ramírez, a raíz de su designación como presidente de la corporación. Ese agasajo fue motivo de sospechas en el desaparecido DAS, que incluso filtró la información a varios medios de comunicación para sembrar dudas sobre el personaje que lo había financiado. De esa pesquisa se derivó después el rastreo que realizó la UIAF de sus cuentas y haberes económicos.

Sin embargo, las nuevas averiguaciones de la Fiscalía, respecto a Ascencio Reyes Serrano, ya no están centradas en ese paseo con los magistrados, o incluso en los detalles de la creación de Viajes y Turismo Basan, propiedad de su familia desde 2003, sino en los otros descubrimientos de la UIAF, que en su momento fueron insuficientemente investigados. Por ejemplo, que su capital hacia junio de 2008 sumaba $1.414 millones y que desde el año 2000 era un activo comprador de propiedades rurales y urbanas en los departamentos de Cundinamarca, Meta, Córdoba y Huila. Entre tales bienes apareció uno cuyo origen ahora debe explicar.

El predio Guichiral, situado en la vereda Serranía de Chapurray, del municipio de Puerto Lleras (Meta). Este bien, con extensión de 3.972 hectáreas, fue negociado en diciembre de 2001, según quedó constancia en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de San Martín (Meta). El problema se deriva de que además de Reyes Serrano, aparecieron como propietarios del bien, que en la referida fecha se vendió a la firma Palmas del Ariari, los particulares Consuelo Collazos Ceballos y José María Ortiz Pinilla. Años después, el último de los citados fue capturado por narcotráfico y lavado de activos, y posteriormente extraditado a Estados Unidos.

Ese nexo de Ascencio Reyes con Ortiz Pinilla es uno de los temas que la Fiscalía quiere ahora esclarecer. Éste, conocido con los alias de Chucho, Chepe o El Viejo, antes de caer en desgracia fue un individuo conocido en el gremio de los esmeralderos y fue capturado en diciembre de 2006. Extraditado a Estados Unidos en enero de 2008, formó parte de un grupo de 10 personas más involucradas en lavado de activos que corrieron la misma suerte. Entre los acusados apareció Gilberto Garavito Ayala, quien resultó con activas relaciones comerciales con Consuelo Collazos Ceballos, la otra socia de Ascencio Reyes en el predio Guichiral.

En su momento, cuando se supo del negocio de Ascencio Reyes con José María Ortiz, el controvertido empresario sostuvo que lo había conocido en el año 2000 por negocios de finca raíz y que el exdirector de la DEA en Colombia, Leo Arreguin, le había manifestado que Ortiz no tenía antecedentes judiciales en Estados Unidos. Reyes no agregó comentario alguno sobre Consuelo Collazos. El interés de la Fiscalía es ahora despejar todas las dudas que quedaron acerca del negocio con la sociedad Palmas del Ariari, con algunos detalles que en su momento no trascendieron demasiado, pero hoy interesan a la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía.

Por ejemplo, que la señalada Consuelo Collazos Ceballos, dueña de múltiples propiedades en el departamento del Meta, figuró como tercer renglón en la junta directiva de la sociedad Palmas del Ariari, en la que Reyes Serrano aparecía como primer renglón. El segundo era Óscar Parada, apoderado de José María Ortiz Pinilla. Unos vínculos empresariales que entre 2007 y 2008, cuando el nombre de Ascencio Reyes salió a la palestra pública por su condición de amigo de magistrados y oficiales de la Fuerza Pública, no fueron suficientemente aclarados. Ahora la Fiscalía quiere despejar todas las dudas posibles antes de tomar una decisión de fondo.

Pero no sólo se trata de aclarar el caso Ortiz Pinilla y demás. También de los tiempos de la disputa entre el gobierno Uribe y la Corte Suprema quedaron unos datos sueltos rastreados por al UIAF, que a la Fiscalía le interesa corroborar. Por ejemplo, algunas transacciones de Ascencio Reyes con dignatarios del Poder Judicial. Un cheque girado en su favor por el entonces magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, José Alfredo Escobar Araújo; otro negocio con el exconsejero de Estado, Rafael Ostau de Lafont, y el negocio de una finca situada en San Antero (Córdoba) con el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Carlos Isaac Náder.

Según el informe conocido por El Espectador, en enero de 2009 se expidió una orden a la Policía Judicial para ahondar en información sobre los bienes y negocios de Ascencio Reyes. Tres meses después, con el apoyo de fiscales delegados ante la Corte Suprema, se adelantó una inspección judicial al caso y se remitieron informaciones a otros despachos judiciales interesados en la investigación. Luego vino un largo espacio sin avances, hasta que el entonces fiscal cuarto especializado, José Luis Lugo, solicitó la preclusión del caso. No obstante, también quedó evidencia de que nunca se determinó si esta solicitud debía quedar como última diligencia.

Entre 2010 y 2013 del expediente no quedó más que algunos oficios preguntando sobre el estado del mismo. El último de tales documentos tiene fecha del 27 de febrero de 2013. A raíz de estos interrogantes, el pasado 6 de marzo, el propio Ascencio Reyes envió una solicitud a la Fiscalía para que se le escuchara en declaración juramentada. La Fiscalía decidió tomar cartas en el asunto de manera definitiva y lo citó a interrogatorio en calidad de indiciado, advirtiéndole que debía comparecer con defensor. Reyes lo hizo y ahora el ente investigador deberá aclarar, de una vez por todas, si le imputa cargos o archiva el expediente que en su momento fue el florero de Llorente de un escándalo.

Los apuntes de un relacionista público

Desde joven Ascencio Reyes Serrano empezó a tener contacto con círculos de poder. En 1976 ingresó a la Asociación Nacional de Egresados del Batallón de Infantería Miguel Antonio Caro. Allí permaneció hasta 1982 y conoció al general de la Policía Miguel Antonio Gómez Padilla. Este le pidió que empezara a hacer contactos con diversas entidades, entre ellas con magistrados y otros altos funcionarios de las cortes. Ya, en 1983, empezaron las reuniones con oficiales y magistrados de diferentes cortes.

Según expresó Reyes en abril de 2011 a la periodista Cecilia Orozco, la misma UIAF investigó todos sus movimientos bancarios y, al no encontrar nada, denunció que funcionarios de esa unidad trataron de adulterar documentación. 

Reyes explicó que fue espiado por su amistad con el entonces magistrado Yesid Ramírez, por sus apreciaciones sobre parapolítica, así como por su supuesta influencia en la elección del entonces fiscal Mario Iguarán.

Negocios diversos

Las actividades comerciales del empresario Ascencio Reyes son diversas y rentables. Además de negocios inmobiliarios, también maneja otras inversiones como una empresa dedicada a actividades de turismo.

En materia de compra y venta de terrenos y fincas y en otras sociedades apareció como socio o gerente. También incursionó en el negocio del cambio de dólares, por eso al norte de la ciudad posee al parecer dos establecimientos dedicados a esta actividad.

A mediados de 2007, cuando la pugna entre el gobierno Uribe y la Corte Suprema de Justicia subía de temperatura y la parapolítica protagonizaba en los círculos judiciales, surgió la historia de un peculiar empresario huilense que mantenía estrechas relaciones con altos dignatarios del Poder Judicial y oficiales de la Fuerza Pública. Se trataba de Ascencio Reyes Serrano, y su nombre salió a relucir por haber sido el financista de un homenaje al entonces magistrado Yesid Ramírez, quien también dio de qué hablar en el escándalo de las ‘chuzadas’ del DAS. Seis años después, Reyes Serrano vuelve a los estrados judiciales, pero esta vez como investigado.

El pasado viernes 22 de marzo, ante un fiscal especializado de la Unidad de Lavado de Activos, Ascencio Reyes acudió en diligencia de interrogatorio para explicarle al ente investigador los hallazgos que en su momento hizo la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) sobre sus cuantiosos bienes y sociedades comerciales, en especial por algunos negocios realizados con personajes que después terminaron involucrados en líos judiciales. Aunque en su momento esta información quedó a la deriva o se desvaneció en medio de la pelea entre el gobierno Uribe y la Corte Suprema, ahora la Fiscalía busca aclarar esos extraños negocios.

El Espectador pudo establecer que el origen de la diligencia judicial del pasado 22 de marzo fue un informe ejecutivo del fiscal cuarto especializado de la Unidad de Lavado de Activos, en el cual se referencia que desde septiembre de 2008 existía un expediente abierto por el caso Ascencio Reyes. Dicho reporte referenció que las primeras averiguaciones se adelantaron con fundamento en el polémico informe de la UIAF titulado “Viaje”, a través del cual se documentó en 47 folios, no sólo los pormenores de su empresa Viajes y Turismo Basan y compañía, que en su momento financió el homenaje al magistrado Ramírez, sino su círculo empresarial.

Como se recordará, ese episodio se convirtió en uno de los detonantes de la confrontación entre el gobierno Uribe y la Corte. El viaje tuvo lugar entre el 9 y el 11 de junio de 2006, y fue un desplazamiento de la mayoría de los magistrados del alto tribunal a Neiva para homenajear a Yesid Ramírez, a raíz de su designación como presidente de la corporación. Ese agasajo fue motivo de sospechas en el desaparecido DAS, que incluso filtró la información a varios medios de comunicación para sembrar dudas sobre el personaje que lo había financiado. De esa pesquisa se derivó después el rastreo que realizó la UIAF de sus cuentas y haberes económicos.

Sin embargo, las nuevas averiguaciones de la Fiscalía, respecto a Ascencio Reyes Serrano, ya no están centradas en ese paseo con los magistrados, o incluso en los detalles de la creación de Viajes y Turismo Basan, propiedad de su familia desde 2003, sino en los otros descubrimientos de la UIAF, que en su momento fueron insuficientemente investigados. Por ejemplo, que su capital hacia junio de 2008 sumaba $1.414 millones y que desde el año 2000 era un activo comprador de propiedades rurales y urbanas en los departamentos de Cundinamarca, Meta, Córdoba y Huila. Entre tales bienes apareció uno cuyo origen ahora debe explicar.

El predio Guichiral, situado en la vereda Serranía de Chapurray, del municipio de Puerto Lleras (Meta). Este bien, con extensión de 3.972 hectáreas, fue negociado en diciembre de 2001, según quedó constancia en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de San Martín (Meta). El problema se deriva de que además de Reyes Serrano, aparecieron como propietarios del bien, que en la referida fecha se vendió a la firma Palmas del Ariari, los particulares Consuelo Collazos Ceballos y José María Ortiz Pinilla. Años después, el último de los citados fue capturado por narcotráfico y lavado de activos, y posteriormente extraditado a Estados Unidos.

Ese nexo de Ascencio Reyes con Ortiz Pinilla es uno de los temas que la Fiscalía quiere ahora esclarecer. Éste, conocido con los alias de Chucho, Chepe o El Viejo, antes de caer en desgracia fue un individuo conocido en el gremio de los esmeralderos y fue capturado en diciembre de 2006. Extraditado a Estados Unidos en enero de 2008, formó parte de un grupo de 10 personas más involucradas en lavado de activos que corrieron la misma suerte. Entre los acusados apareció Gilberto Garavito Ayala, quien resultó con activas relaciones comerciales con Consuelo Collazos Ceballos, la otra socia de Ascencio Reyes en el predio Guichiral.

En su momento, cuando se supo del negocio de Ascencio Reyes con José María Ortiz, el controvertido empresario sostuvo que lo había conocido en el año 2000 por negocios de finca raíz y que el exdirector de la DEA en Colombia, Leo Arreguin, le había manifestado que Ortiz no tenía antecedentes judiciales en Estados Unidos. Reyes no agregó comentario alguno sobre Consuelo Collazos. El interés de la Fiscalía es ahora despejar todas las dudas que quedaron acerca del negocio con la sociedad Palmas del Ariari, con algunos detalles que en su momento no trascendieron demasiado, pero hoy interesan a la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía.

Por ejemplo, que la señalada Consuelo Collazos Ceballos, dueña de múltiples propiedades en el departamento del Meta, figuró como tercer renglón en la junta directiva de la sociedad Palmas del Ariari, en la que Reyes Serrano aparecía como primer renglón. El segundo era Óscar Parada, apoderado de José María Ortiz Pinilla. Unos vínculos empresariales que entre 2007 y 2008, cuando el nombre de Ascencio Reyes salió a la palestra pública por su condición de amigo de magistrados y oficiales de la Fuerza Pública, no fueron suficientemente aclarados. Ahora la Fiscalía quiere despejar todas las dudas posibles antes de tomar una decisión de fondo.

Pero no sólo se trata de aclarar el caso Ortiz Pinilla y demás. También de los tiempos de la disputa entre el gobierno Uribe y la Corte Suprema quedaron unos datos sueltos rastreados por al UIAF, que a la Fiscalía le interesa corroborar. Por ejemplo, algunas transacciones de Ascencio Reyes con dignatarios del Poder Judicial. Un cheque girado en su favor por el entonces magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, José Alfredo Escobar Araújo; otro negocio con el exconsejero de Estado, Rafael Ostau de Lafont, y el negocio de una finca situada en San Antero (Córdoba) con el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Carlos Isaac Náder.

Según el informe conocido por El Espectador, en enero de 2009 se expidió una orden a la Policía Judicial para ahondar en información sobre los bienes y negocios de Ascencio Reyes. Tres meses después, con el apoyo de fiscales delegados ante la Corte Suprema, se adelantó una inspección judicial al caso y se remitieron informaciones a otros despachos judiciales interesados en la investigación. Luego vino un largo espacio sin avances, hasta que el entonces fiscal cuarto especializado, José Luis Lugo, solicitó la preclusión del caso. No obstante, también quedó evidencia de que nunca se determinó si esta solicitud debía quedar como última diligencia.

Entre 2010 y 2013 del expediente no quedó más que algunos oficios preguntando sobre el estado del mismo. El último de tales documentos tiene fecha del 27 de febrero de 2013. A raíz de estos interrogantes, el pasado 6 de marzo, el propio Ascencio Reyes envió una solicitud a la Fiscalía para que se le escuchara en declaración juramentada. La Fiscalía decidió tomar cartas en el asunto de manera definitiva y lo citó a interrogatorio en calidad de indiciado, advirtiéndole que debía comparecer con defensor. Reyes lo hizo y ahora el ente investigador deberá aclarar, de una vez por todas, si le imputa cargos o archiva el expediente que en su momento fue el florero de Llorente de un escándalo.

Los apuntes de un relacionista público

Desde joven Ascencio Reyes Serrano empezó a tener contacto con círculos de poder. En 1976 ingresó a la Asociación Nacional de Egresados del Batallón de Infantería Miguel Antonio Caro. Allí permaneció hasta 1982 y conoció al general de la Policía Miguel Antonio Gómez Padilla. Este le pidió que empezara a hacer contactos con diversas entidades, entre ellas con magistrados y otros altos funcionarios de las cortes. Ya, en 1983, empezaron las reuniones con oficiales y magistrados de diferentes cortes.

Según expresó Reyes en abril de 2011 a la periodista Cecilia Orozco, la misma UIAF investigó todos sus movimientos bancarios y, al no encontrar nada, denunció que funcionarios de esa unidad trataron de adulterar documentación. 

Reyes explicó que fue espiado por su amistad con el entonces magistrado Yesid Ramírez, por sus apreciaciones sobre parapolítica, así como por su supuesta influencia en la elección del entonces fiscal Mario Iguarán.

Negocios diversos

Las actividades comerciales del empresario Ascencio Reyes son diversas y rentables. Además de negocios inmobiliarios, también maneja otras inversiones como una empresa dedicada a actividades de turismo.

En materia de compra y venta de terrenos y fincas y en otras sociedades apareció como socio o gerente. También incursionó en el negocio del cambio de dólares, por eso al norte de la ciudad posee al parecer dos establecimientos dedicados a esta actividad.