El testigo que se llevó los secretos de Odebrecht
De infarto murió Jorge E. Pizano, quien desde 2012 alertó irregularidades en la contratación de la Ruta del Sol 2. Sus reportes y declaraciones eran claves para saber quiénes ordenaron y recibieron sobornos.
Redacción Investigación
Jorge Enrique Pizano fue el primero en decir, en voz alta, que directivos de Odebrecht y Corficolombiana conocían de los contratos irregulares que sirvieron como fachada para pagar sobornos en la Ruta del Sol 2. Con facturas y documentos en mano, acudió a la Fiscalía, la Procuraduría, la Superintendencia de Industria y Comercio y a un Tribunal de Arbitramento, para explicar cómo desde 2012 emitió reportes de las anomalías en la contratación de la Concesionaria Ruta del Sol. Pero poco ha sucedido con su información. Sus palabras quedaron en los papeles, pues murió de infarto el pasado 8 de noviembre. Sus secretos se fueron con él, aunque parte de ellos están en manos de autoridades norteamericanas.
Lo que le reveló Pizano a la justicia es fundamental para descubrir quiénes ordenaron los pagos y quiénes se beneficiaron. En sus declaraciones mencionó a funcionarios que siguen pasando de agache y pocas explicaciones se han dado sobre cómo y a dónde llegaron los sobornos. Era un testigo incómodo para muchos, pues desde su cargo como Controller, nombrado por el Grupo Aval, monitoreó la información contable y financiera de la Ruta del Sol 2. “Yo informé cuáles eran los contratos que presentaban anomalías y le corresponde dar razón de ellos a Odebrecht, a los administradores y a Corficolombiana”, expresó en una de sus declaraciones.
(Vea: Las alertas de corrupción que no fueron oídas en la Ruta del Sol)
Pizano tenía una figura paradójica en el caso Odebrecht. No solo era testigo importante, sino que la Fiscalía también lo quería procesar por las irregularidades que rodearon la adjudicación de un contrato para la construcción del túnel Tunjuelo-Canoas, cuando oficiaba como gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. En medio de este contraste, en octubre del año pasado le anunciaron la imputación de cargos por los delitos de peculado, cohecho e interés indebido en celebración de contratos, porque presuntamente benefició a Odebrecht y a las empresas de la familia Solarte, y en noviembre lo echaron de su puesto como Controller.
“Solicité al presidente de la Concesionaria (Eder Ferracutti) que me explicara cuáles fueron las razones de la junta directiva para mi retiro, que fue arbitraria. Creo que fue una forma de retaliación por parte de los administradores de la Concesionaria por los informes que presenté”, recalcó Pizano el 23 de enero ante el Tribunal de Arbitramento en el que la Concesionaria Ruta del Sol 2 pidió una indemnización por $750.000 millones. Sus declaraciones se dieron en contra de lo dicho por los socios de Odebrecht, en el sentido de que nada sabían del pago de sobornos. Personas que conocen el proceso creen que el anuncio de imputación de cargos en su contra fue una forma de presionarlo.
En su defensa, Pizano sostuvo que jamás cometió irregularidades en la adjudicación del contrato Tunjuelo-Canoas y aseguró que el proyecto ya estaba estructurado cuando llegó a la gerencia. Además, que no participó en el comité evaluador ni firmó el contrato. En su poder tenía documentos que probaban que la licitación se definió por certificaciones internacionales que descalificaron a dos proponentes, dejando cómo único ganador al consorcio del que hacían parte Odebrecht y la Constructora Carlos Solarte. Sus explicaciones se las dio a la Fiscalía, pero pasó el tiempo y no le resolvieron su situación, a pesar de que desde hace un año lo citaron a imputación de cargos.
Pizano tenía evidencias de los pagos de la Concesionaria Ruta del Sol y Consol (consorcio creado por Odebrecht y Corficolombiana para el desarrollo de las obras). Algunos de esos pagos se realizaron en el exterior, lo que despertó el interés de Estados Unidos. También entregó correos electrónicos y pruebas que detallaban contratos que habrían servido como fachada para pagar sobornos por medio de empresas amigas de políticos beneficiados. Esas irregularidades fueron reportadas al entonces presidente de Corficolombiana, José Elías Melo, hoy procesado por hechos diferentes a los de Pizano. Según insistió Pizano, por su función se volvió “cansón” a los ojos de los directivos.
Desde diciembre de 2012, envió correos electrónicos en los que recalcó la necesidad de aplicar controles a la contratación en la Ruta del Sol 2. En 2013, cuando detectó anomalías por contratos que no se cumplieron, le dijo a Corficolombiana que realizara una auditoría externa. En 2014 la situación continuó, pese a sus alertas. El 19 de junio de 2015, cuando trascendió la captura en Brasil de Marcelo Odebrecht, presidente de Odebrecht, en Colombia se encendieron las alarmas. Tanto es así que, seis días después, el 25 de junio, envío un resumen a Corficolombiana con los reportes realizados, enumerando los contratos en los que encontró reparos.
En sus declaraciones, Pizano explicó que sus advertencias fueron enviadas al presidente de la Concesionaria Ruta del Sol, Eder Ferracutti, a los representantes de Corficolombiana en la junta directiva y al comité directivo de Consol. Después de su primer informe envió otro, en octubre de 2015, en el que agregó nuevas empresas con contratos cuestionados por $21.000 millones. En pocas palabras, desde esa época Pizano dio pistas sobre quiénes ordenaron los pagos irregulares y en manos de quiénes terminaron. Por estos hechos no han dado explicaciones los gerentes de la Concesionaria: Marco Antonio Gloria, Iván Pinto y Carlos Gustavo Ramírez.
Los hallazgos de Pizano llevaron a que Odebrecht y Corficolombiana formalizaran, el 8 de marzo de 2016 (tres días después de la condena a Odebrecht en Estados Unidos), un contrato de transacción, para lograr un acuerdo de voluntades en el que cada empresa renunciaba a reclamaciones en contra de la otra. Ese contrato, asesorado por el fiscal Néstor Humberto Martínez, fue revelado por la periodista María Jimena Duzán, quien lo calificó como un “pacto de silencio”, pues en Colombia solo se conocieron los hechos de corrupción ocho meses después, cuando políticos, lobistas y funcionarios fueron capturados. La Fiscalía dice que hay más de cien investigados.
Jorge Pizano murió en medio de su lucha por limpiar su nombre. Como testigo puso en jaque intereses económicos y en vilo a implicados que continúan a la sombra. En su poder tenía un amplio archivo con documentos y, al parecer, hasta grabaciones comprometedoras. En sus últimos días, peleó para vencer al cáncer mientras preparaba su defensa en el caso Tunjuelo-Canoas y hablaba con delegados de la justicia de Estados Unidos sobre las irregularidades en la Ruta del Sol 2 y las alertas enviadas a los directivos de Corficolombiana. La magnitud e importancia de esa información sigue pendiente de ser aclarada.
Jorge Enrique Pizano fue el primero en decir, en voz alta, que directivos de Odebrecht y Corficolombiana conocían de los contratos irregulares que sirvieron como fachada para pagar sobornos en la Ruta del Sol 2. Con facturas y documentos en mano, acudió a la Fiscalía, la Procuraduría, la Superintendencia de Industria y Comercio y a un Tribunal de Arbitramento, para explicar cómo desde 2012 emitió reportes de las anomalías en la contratación de la Concesionaria Ruta del Sol. Pero poco ha sucedido con su información. Sus palabras quedaron en los papeles, pues murió de infarto el pasado 8 de noviembre. Sus secretos se fueron con él, aunque parte de ellos están en manos de autoridades norteamericanas.
Lo que le reveló Pizano a la justicia es fundamental para descubrir quiénes ordenaron los pagos y quiénes se beneficiaron. En sus declaraciones mencionó a funcionarios que siguen pasando de agache y pocas explicaciones se han dado sobre cómo y a dónde llegaron los sobornos. Era un testigo incómodo para muchos, pues desde su cargo como Controller, nombrado por el Grupo Aval, monitoreó la información contable y financiera de la Ruta del Sol 2. “Yo informé cuáles eran los contratos que presentaban anomalías y le corresponde dar razón de ellos a Odebrecht, a los administradores y a Corficolombiana”, expresó en una de sus declaraciones.
(Vea: Las alertas de corrupción que no fueron oídas en la Ruta del Sol)
Pizano tenía una figura paradójica en el caso Odebrecht. No solo era testigo importante, sino que la Fiscalía también lo quería procesar por las irregularidades que rodearon la adjudicación de un contrato para la construcción del túnel Tunjuelo-Canoas, cuando oficiaba como gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. En medio de este contraste, en octubre del año pasado le anunciaron la imputación de cargos por los delitos de peculado, cohecho e interés indebido en celebración de contratos, porque presuntamente benefició a Odebrecht y a las empresas de la familia Solarte, y en noviembre lo echaron de su puesto como Controller.
“Solicité al presidente de la Concesionaria (Eder Ferracutti) que me explicara cuáles fueron las razones de la junta directiva para mi retiro, que fue arbitraria. Creo que fue una forma de retaliación por parte de los administradores de la Concesionaria por los informes que presenté”, recalcó Pizano el 23 de enero ante el Tribunal de Arbitramento en el que la Concesionaria Ruta del Sol 2 pidió una indemnización por $750.000 millones. Sus declaraciones se dieron en contra de lo dicho por los socios de Odebrecht, en el sentido de que nada sabían del pago de sobornos. Personas que conocen el proceso creen que el anuncio de imputación de cargos en su contra fue una forma de presionarlo.
En su defensa, Pizano sostuvo que jamás cometió irregularidades en la adjudicación del contrato Tunjuelo-Canoas y aseguró que el proyecto ya estaba estructurado cuando llegó a la gerencia. Además, que no participó en el comité evaluador ni firmó el contrato. En su poder tenía documentos que probaban que la licitación se definió por certificaciones internacionales que descalificaron a dos proponentes, dejando cómo único ganador al consorcio del que hacían parte Odebrecht y la Constructora Carlos Solarte. Sus explicaciones se las dio a la Fiscalía, pero pasó el tiempo y no le resolvieron su situación, a pesar de que desde hace un año lo citaron a imputación de cargos.
Pizano tenía evidencias de los pagos de la Concesionaria Ruta del Sol y Consol (consorcio creado por Odebrecht y Corficolombiana para el desarrollo de las obras). Algunos de esos pagos se realizaron en el exterior, lo que despertó el interés de Estados Unidos. También entregó correos electrónicos y pruebas que detallaban contratos que habrían servido como fachada para pagar sobornos por medio de empresas amigas de políticos beneficiados. Esas irregularidades fueron reportadas al entonces presidente de Corficolombiana, José Elías Melo, hoy procesado por hechos diferentes a los de Pizano. Según insistió Pizano, por su función se volvió “cansón” a los ojos de los directivos.
Desde diciembre de 2012, envió correos electrónicos en los que recalcó la necesidad de aplicar controles a la contratación en la Ruta del Sol 2. En 2013, cuando detectó anomalías por contratos que no se cumplieron, le dijo a Corficolombiana que realizara una auditoría externa. En 2014 la situación continuó, pese a sus alertas. El 19 de junio de 2015, cuando trascendió la captura en Brasil de Marcelo Odebrecht, presidente de Odebrecht, en Colombia se encendieron las alarmas. Tanto es así que, seis días después, el 25 de junio, envío un resumen a Corficolombiana con los reportes realizados, enumerando los contratos en los que encontró reparos.
En sus declaraciones, Pizano explicó que sus advertencias fueron enviadas al presidente de la Concesionaria Ruta del Sol, Eder Ferracutti, a los representantes de Corficolombiana en la junta directiva y al comité directivo de Consol. Después de su primer informe envió otro, en octubre de 2015, en el que agregó nuevas empresas con contratos cuestionados por $21.000 millones. En pocas palabras, desde esa época Pizano dio pistas sobre quiénes ordenaron los pagos irregulares y en manos de quiénes terminaron. Por estos hechos no han dado explicaciones los gerentes de la Concesionaria: Marco Antonio Gloria, Iván Pinto y Carlos Gustavo Ramírez.
Los hallazgos de Pizano llevaron a que Odebrecht y Corficolombiana formalizaran, el 8 de marzo de 2016 (tres días después de la condena a Odebrecht en Estados Unidos), un contrato de transacción, para lograr un acuerdo de voluntades en el que cada empresa renunciaba a reclamaciones en contra de la otra. Ese contrato, asesorado por el fiscal Néstor Humberto Martínez, fue revelado por la periodista María Jimena Duzán, quien lo calificó como un “pacto de silencio”, pues en Colombia solo se conocieron los hechos de corrupción ocho meses después, cuando políticos, lobistas y funcionarios fueron capturados. La Fiscalía dice que hay más de cien investigados.
Jorge Pizano murió en medio de su lucha por limpiar su nombre. Como testigo puso en jaque intereses económicos y en vilo a implicados que continúan a la sombra. En su poder tenía un amplio archivo con documentos y, al parecer, hasta grabaciones comprometedoras. En sus últimos días, peleó para vencer al cáncer mientras preparaba su defensa en el caso Tunjuelo-Canoas y hablaba con delegados de la justicia de Estados Unidos sobre las irregularidades en la Ruta del Sol 2 y las alertas enviadas a los directivos de Corficolombiana. La magnitud e importancia de esa información sigue pendiente de ser aclarada.