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Sin mucho ruido mediático, pero sí con intensa actividad en los estrados judiciales, se están moviendo los procesos que pretenden aclarar de una vez por todas si el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, tuvo vínculos con el jefe paramilitar del Casanare Héctor Buitrago, alias Martín Llanos. Pero simultáneamente también avanzan las averiguaciones de la justicia para saber si, como lo denunció Vargas, se trata de un complot para desprestigiarlo, con un misterioso personaje en el epicentro del debate: Carlos Gabriel López Chaparro.
Sin mucho ruido mediático, pero sí con intensa actividad en los estrados judiciales, se están moviendo los procesos que pretenden aclarar de una vez por todas si el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, tuvo vínculos con el jefe paramilitar del Casanare Héctor Buitrago, alias Martín Llanos. Pero simultáneamente también avanzan las averiguaciones de la justicia para saber si, como lo denunció Vargas, se trata de un complot para desprestigiarlo, con un misterioso personaje en el epicentro del debate: Carlos Gabriel López Chaparro.
Esta semana, mientras el detenido Martín Llanos por cuarta ocasión se negó a rendir declaración ante investigadores de la Corte Suprema de Justicia, que esta vez pretendían conocer su versión sobre el tema Vargas Lleras, otro grupo de funcionarios, pero de la Procuraduría, se desplazó a Estados Unidos para escuchar al extraditado narcotraficante Néstor Ramón Caro Chaparro. Un rompecabezas difícil de armar en un complejo entorno judicial que hasta ahora se ha caracterizado por testigos que acusan y se retractan.
Al principio, el escándalo de la parapolítica se movió en el Casanare por los señalamientos de dos testigos: Carlos Guzmán Daza, alias Salomón, y José Darío Orjuela, alias Solín. Ambos fueron personajes de confianza de Martín Llanos. A ellos comenzaron a sumarse desmovilizados de las autodefensas. Para el año 2007 ya habían seis alcaldes procesados por concierto para delinquir y el exgobernador Miguel Ángel Pérez estaba preso por enriquecimiento ilícito. Fue entonces cuando se intensificó el activismo judicial de Carlos López.
Primero lo hizo desde el anonimato firmando como “un casanareño amigo de la seguridad democrática” y, por ejemplo, en una carta dirigida al entonces presidente Álvaro Uribe, se presentó como un ganadero convencido de que el primer mandatario era “la persona apropiada para pacificar la región”. De inmediato la emprendió contra varios políticos de la zona, pero particularmente contra los hermanos Milton y Javier Álvarez Alfonso, quienes dominaban electoralmente los destinos del municipio de Tauramena (Casanare).
En ese momento, Milton Álvarez oficiaba como diputado del departamento, pero se había desempeñado como alcalde de Tauramena entre 1998 y 2001. Su hermano Javier hacía campaña para la alcaldía del mismo municipio, que terminó ganando el 28 de octubre de 2007. Su contendor fue el médico Gabriel Leonardo Mendoza, quien después de perder en las urnas entabló denuncia ante la Fiscalía de Monterrey (Casanare), argumentando que se habían configurado actos de corrupción electoral para favorecer al ganador de los comicios.
La respuesta llegó en diciembre de ese mismo año, cuando Milton Álvarez formuló otra denuncia penal por la que denominó “guerra sucia” de sus contrincantes y resumió como una andanada de pasquines y señalamientos en contra de su familia. En su petición a la justicia agregó que detrás de la campaña estaba el propietario de la única ganadería de casta de la región, Carlos Gabriel López, conocido como El Negro, quien había sido el principal financiador de la campaña del derrotado candidato Gabriel Leonardo Mendoza.
Desde ese momento, López rompió su anonimato y literalmente, con cartas al DAS, la Fiscalía, la Procuraduría y la Presidencia, empapeló a los hermanos Álvarez. A la entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado, le comentó que Milton Álvarez, cuando fue elegido, se había comprometido con él a la electrificación de su finca en la vereda Chitamena, y que cuando le pidió que cumpliera su promesa, su respuesta fue hacerlo comparecer ante el jefe paramilitar Martín Llanos. Según López, lo declararon objetivo militar.
Por eso, según él mismo, decidió ser colaborador de la justicia. Consiguió dos informantes que entregó a Ejército y Fuerza Aérea, que permitieron ubicar supuestas víctimas de los hermanos Álvarez. Pero a raíz de las elecciones regionales de 2007, y después de unos años de tranquilidad que atribuyó a la arremetida militar del presidente Uribe, volvieron sus problemas. López resaltó que apoyó al médico Gabriel Leonardo Mendoza y admitió que uno de sus principales colaboradores fue Santiago Uribe Vélez, el hermano del presidente.
De hecho, Santiago Uribe, después de la fallida campaña de Mendoza, con quien se dejó ver en actos públicos, fue portador de una carta de López al presidente Uribe detallando sus acusaciones contra los Álvarez. Pero después, en una misiva posterior que hizo llegar a la Fiscalía, reveló que una copia del documento que había entregado a su amigo Santiago Uribe, de manera incomprensible terminó en manos de sus enemigos. En ese momento ya el escándalo de la parapolítica hacía estragos en el Casanare y los testigos se pusieron de moda.
Fue en esa época cuando el magistrado investigador de la parapolítica Iván Velásquez, en compañía de los investigadores Rafael Castiblanco y Juan Carlos Díaz, realizó dos viajes al Casanare para establecer si, como lo repetían los rumores, el entonces senador Germán Vargas Lleras había tenido nexos con Martín Llanos. El investigador Díaz aclaró a El Espectador que en el primer viaje los testigos habían dicho saber mucho sobre esos nexos, pero en el segundo rotundamente negaron saber de esas supuestas alianzas.
A principios de 2009, en calidad de excongresista y a raíz de comentarios del testigo Solín, según los cuales un senador se había reunido con Martín Llanos, Germán Vargas acudió a la Fiscalía para que lo investigaran. El ente acusador encaró al testigo y éste dijo que nunca se refirió a Vargas. Un año después la Fiscalía expidió resolución inhibitoria en su favor, aclarando que en 2002 había alcanzado 7.254 votos en el Casanare, lejos de Miguel Ángel Pérez, con 33.220 votos, quien según Solín era el candidato de Martín Llanos.
Y mientras Vargas Lleras sorteaba con éxito su segunda encrucijada ante la justicia, Carlos López persistía en su pelea contra Milton y Javier Álvarez, ampliando su radio de señalamientos a una fiscal que acusó de negligente por no pararles bolas a sus denuncias y a otros personajes de la vida pública. A lo largo de 2009 López pasó de las cartas a las denuncias formales. Pero sucedió lo inesperado. Los testigos que sirvieron a López de sustento a sus acusaciones empezaron a retractarse. López acusó a los Álvarez de pagar por eso.
Sin embargo, Zuleima Guerrero declaró que su madre Floresminda Martínez había sido utilizada por López para acusar a los Álvarez de la muerte de su hermano Alexis en 2007. Después apareció Pedro José Roa denunciando que la muerte de Alexis, y de dos personas más en una finca de López, había sido un falso positivo del Ejército. Luego fue Libaniel Naranjo, vecino de Tauramena, quien denunció que López había pagado para enlodar a los Álvarez y también a los soldados que habían perpetrado el falso positivo en su finca.
Y siguió la lista. El educador Raúl Guevara aportó una declaración para decir que Carlos López se había dedicado a recaudar personas para que declararan sobre un supuesto robo en las elecciones de Tauramena en 2007. José del Carmen Ávila, que el mismo personaje le había ofrecido dinero para que involucrara a los Álvarez en asuntos de narcotráfico. Nilson Girón, que López le había ofrecido un contrato en la Gobernación para que apoyara sus denuncias. Ruth Gómez, que también le ofrecieron dinero por decir mentiras.
Ya promediando 2011, a través de una declaración extrajuicio, el mayor (r) del Ejército Álvaro John Malaver testificó que Carlos López lo había contactado para que le ayudara a constituir una empresa de vigilancia y seguridad privada, para que operara en una mina de carbón que tenía en la Costa Atlántica y otra en Muzo (Boyacá). La empresa, aprobada en 2009, se llamó Proyectar Seguridad Ltda. Malaver agregó que fue testigo de cómo López se reunió con periodistas e investigadores de la Fiscalía para desprestigiar a los Álvarez.
Martha García denunció que su hijo había sido herido a balazos en 2009 y que, a través de uno de sus colaboradores, Carlos López lo había presionado para que dijera que el atentado era obre de Milton y Javier Álvarez. Después terminaron amenazándola por no acceder a los reclamos. Luego acudió a la Fiscalía Alexandra Saavedra para decir que su padre había sido desaparecido cuando estaba en compañía de Carlos López y que varias veces la presionó para que denunciara algunas personas de la región de haber perpetrado diversos delitos.
En un documento, aportado por el abogado Isidro Alfonso Roa, quedó escrito que supuestamente López orquestaba todo con dos investigadores de la Dijín llamados Franky Márquez y Javier Gaona, y que varias denuncias de medios de comunicación habían sido promovidas directamente por Carlos López. Según Roa, el denunciante Carlos López no era un pobre desplazado, como lo había manifestado en sus denuncias, sino “un poderoso multimillonario contratista y financiador de campañas políticas, que nunca salió de Tauramena.
Pero en medio del rifirrafe entre testigos y denunciantes, comenzaron a darse otros hechos que reconfiguraron el tinglado. En abril de 2010 fue capturado en Brasil el teniente (r) del Ejército Néstor Ramón Caro Chaparro, acusado de narcotráfico. Con un hecho adicional: su nombre había salido a relucir desde 2006, cuando descubrieron que el exdirector de informática del DAS Rafael García había borrado sus antecedentes judiciales. No faltó quien dijo que también había sido un personaje cercano al excongresista Germán Vargas.
Siete meses después el exalcalde de Tauramena y exdiputado del Casanare, Milton Álvarez, fue capturado por la Fiscalía, señalado de tener vínculos con Martín Llanos. En agosto de 2011 el turno le correspondió al coronel (r) del Ejército Juan Carlos Castañeda, acusado de múltiples desapariciones en el Casanare entre 2002 y 2003, cuando ejercía como comandante del batallón 44 Ramón Nonato Pérez. Ya había quedado en entredicho cuando trascendió un video en el cual apareció disfrutando de la boda de Caro Chaparro.
El puntillazo llegó en febrero de 2012, cuando fue capturado en Venezuela el mismísimo Martín Llanos. Con ese cuadro de personajes se fue gestando un esquema de denuncias ante la justicia. Con el mismo protagonista de fondo en calidad de denunciante: Carlos Gabriel López Chaparro. Y de nuevo apareció en el panorama de los señalados Germán Vargas Lleras. Con la diferencia de que desde agosto de 2010 había pasado a ser ministro del Interior. Hoy ejerce como ministro de Vivienda y suena como presidenciable.
Desde el pasado 5 de julio Vargas Lleras afronta un nuevo lance con la justicia. Esta vez en la Corte Suprema y la Procuraduría. Con una diferencia frente a las anteriores indagaciones. Esta vez, públicamente contraatacó diciendo que Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Uribe, es el hombre detrás del complot para desprestigiarlo. Y a su sombra, aunque Vargas no lo mencionó, el potentado Carlos El Negro López. Con la expectativa latente de lo que digan Martín Llanos en Colombia y Néstor Ramón Caro en una cárcel de Estados Unidos.
Carlos López ya declaró y, a pesar de que no concretó ningún nexo de Vargas con Martín Llanos, cuando lo interrogaron por Néstor Caro agregó: “Ese sí lo vi, se lo juro por Dios mi santísimo, lo vi en la manga de coleo de Néstor, reunido, andando con él”. Este testimonio tendrá que ratificarlo el propio Caro a los investigadores de la Procuraduría que viajaron a Estados Unidos a interrogarlo. Entre tanto, el tema avanza y El Espectador conoció que hay revuelo entre desmovilizados y familiares de Néstor Caro porque se dice que se está moviendo el cartel de los testigos.
Entre tanto, por los lados de Carlos López, no dejan de aparecer sorpresas. Este diario consultó su actividad comercial y encontró que, en compañía de su esposa y sus tres hijos, sigue multiplicando su patrimonio. En los registros de la DIAN y de la Cámara de Comercio son alrededor de 10 empresas constituidas, al margen de sus propiedades en el Casanare. Con una particularidad: casi todas aparecen domiciliadas en un apartamento del norte de Bogotá. Y otro detalle: la mayoría de estas firmas fueron constituidas o adquiridas a partir de 2004.
Inversiones Ganaderas La Rivera del Río, Prov y Sum, Consulcostruc, Agroganadera Coromoto o L.D. Coal Export y Company, entre otras, dedicadas a la comercialización de carbón, el desarrollo de la actividad ganadera, la construcción de obras, la prestación de servicios de salud, el desarrollo piscícola o la auditoría administrativa. Con capitales que superan los varios millones de dólares y movimientos sorpresivos, como una de las compañías en la cual en un término de cuatro años pasó de $800 mil a $485 millones en activos.
Normal o no, lo que se advierte es un incremento de capital en sus empresas. En Casanare se dice que López es un magnate, que le tienen miedo y que no quiere dejar títere con cabeza. El Espectador intentó conocer sus opiniones, pero no correspondió a los requerimientos. A su vez, el ministro Vargas omitió hacer algún comentario. Su abogado Jaime Lombana prefirió esperar a que todo se salde en la justicia. La expectativa sigue atada a que Martín Llanos o Néstor Ramón Caro ratifiquen o desmientan los rumores sobre el funcionario.
Denuncias contra el nuevo gobernador
Apenas lleva ocho meses en el cargo y el nuevo gobernador del Casanare, Nelson Ricardo Mariño Velandia, ya está en el ojo del huracán. Y el primer señalamiento en su contra proviene del exparamilitar Alexánder González, alias Careloco, un hombre de Martín Llanos, quien asegura que González fue favorecido por la organización.
Pero no sólo a Mariño lo cuestionan por el fantasma de la parapolítica, sino que ya circulan acusaciones de carácter disciplinario y penal, entre ellas la que la Procuraduría abrió en su contra por supuestas irregularidades en la ejecución de un contrato para desarrollar un proyecto vial en el municipio de Yopal, capital del Casanare.
En cuanto al testimonio del exparamilitar Alexánder González, refiere que Nelson Ricardo Mariño fue patrocinado en 2003 por el narcotraficante Néstor Ramón Caro Chaparro. Las acusaciones van y vienen, pero por ahora todo depende de lo que terminen reconociendo tanto el jefe paramilitar Martin Llanos como Néstor Caro.
Ver facsímil de una de las denuncias en donde Carlos López reconoce sus vínculos con Santiago Uribe Vélez.