El ventilador de Ómar Figueroa

Desde el pasado 3 de febrero de 2012, Ómar Adolfo Figueroa Reyes, piedra angular del escándalo por el cobro de comisiones para adjudicar bienes de la mafia como director de Estupefacientes, está recluido en la cárcel La Picota de Bogotá. Allí pasa sus días en un patio en donde comparte con presos por el carrusel de la contratación, Interbolsa, la parapolítica y exmandatarios procesados por corrupción. Durante largo tiempo había permanecido en silencio, pero, hastiado de su entorno, a comienzos de este año decidió delatar a 29 personas. Por ello busca que la justicia declare legal un principio de oportunidad que le concedió la Fiscalía.

El modus operandi que enredó al abogado Figueroa tiene origen, según lo documentaron las autoridades, en la creación de una estructura que tenía como uno de sus principales gestores a su padre Adolfo Figueroa Abella. El progenitor a nombre de su hijo ofrecía bienes estratégicos a cánones de arrendamiento irrisorios, pero por debajo de la mesa cobraba millonarias coimas. Se trataba de una operación en la que participaban otros particulares y funcionarios de la extinta institución.

Una actividad que empezó a quedar al descubierto el 29 de julio de 2009. Ese día la agrónoma Liliana María Garavito denunció que por las fincas Las Lagunas, de 263 hectáreas, y La Reforma, de 319 hectáreas en Puerto López (Meta), tuvo que pagar millonarias comisiones. Según lo evidenció la Fiscalía, se pagaron $210 millones en efectivo al padre del exfuncionario. “Arrendaban un predio que producía $1.300 millones en sólo $100 millones”, probó el ente acusador.

Se trataba del primer eslabón de una cadena. Luego aparecieron otros inmuebles estratégicos incautados a la mafia en Yopal y Villanueva (Casanare), en San Carlos de Guaroa (Meta) y otros en el departamento de Córdoba, que también eran ofrecidos al mejor postor y administrados por hombres de confianza que a su vez eran nombrados por Ómar Figueroa Reyes. Fue entonces cuando apareció otro individuo clave, José Alfredo Abril Forero, quien logró la administración de 22 haciendas avaluadas en más de $30.000 millones.

El 21 de diciembre de 2011 comenzó la debacle para la organización. Fueron imputados por ocho presuntos delitos Ómar Figueroa Reyes, los exfuncionarios de la DNE Javier Mantilla, Manuel Ospino y Jairo Muñoz, así como la agrónoma Liliana Garavito. Desde entonces el caso se convirtió en referente mediático. Después vinieron nuevas detenciones contra Carlos Albornoz, exdirector de la DNE; Adolfo Figueroa, entre otros, y se iniciaron las pesquisas de la Corte Suprema de Justicia contra 13 congresistas. Hoy se adelantan más de una decena de procesos con vinculaciones penales de alrededor de 30 personas.

En este contexto, la situación de Ómar Figueroa se volvió apremiante, debe responder por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, concusión, cohecho, peculado, fraude procesal y falsedad. Su pena podría ser hasta de 20 años de prisión. Por eso, el camino no parece otro que colaborar con la justicia.

Entonces desde el año pasado en prisión, junto con su defensa, empezó a diseñar un detallado cuadro con nombres, cargos, predios, valores y ubicaciones de negocios. Lista en mano acudió a la Fiscalía para prender el ventilador con aspas que reviven un caso en donde muchos congresistas, amigos de parlamentarios, empresarios, exfuncionarios y particulares han pasado de agache.

Con estos elementos, el 10 de marzo, el fiscal Eduardo Montealegre le concedió el beneficio de un principio de oportunidad. Durante un año cesa la acción penal por los delitos de peculado, cohecho y concusión. “Figueroa se comprometió como testigo a demostrar la responsabilidad de 29 personas en los hechos investigados, gracias a sus declaraciones se ha podido probar cómo era la manera que defraudaban al Estado en la venta y administración de los bienes que estaban en la DNE, información que difícilmente se habría podido obtener de otra forma”, señaló el fiscal David Vega en audiencia del pasado 16 de abril.

Las cuentas de Figueroa no son alentadoras. El ente acusador le identificó siete concursos homogéneos por concusión, nueve concursos por cohecho impropio y peculado por apropiación en favor de terceros por el negocio de las haciendas Las Lagunas y La Reforma. Se estima que le generaron al Estado un detrimento patrimonial superior a los $900 millones.

Sin embargo, en la referida audiencia las cosas no resultaron bien para la Fiscalía ni para Figueroa. El ente acusador adjuntó una matriz con las 29 personas que delató el exdirector de la DNE, quien además ofreció una reparación a las víctimas de $300 millones. No obstante, una juez de control de garantías no impartió legalidad al principio de oportunidad otorgado al exfuncionario al considerar que no se garantizaron en su totalidad los derechos de las víctimas.

La decisión del juez fue apelada por la Fiscalía y las víctimas representadas en la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que asumió parte de las funciones de la liquidada Dirección Nacional de Estupefacientes. En segunda instancia el caso llegó a otra juez, quien, el pasado 12 de agosto, se declaró impedida. Después el proceso fue remitido a otra juez que también se declaró impedida por parentesco con la juez de primera instancia. Hoy el caso está en el Tribunal Superior de Bogotá, el que decidirá a quién le corresponde conocer el proceso en segunda instancia.

En círculos judiciales y políticos hay expectativa por la matriz de 29 personas que confeccionó al detalle Figueroa. La lista puede abrir una brecha inesperada en el sonado caso de la DNE. Entre tanto, el exfuncionario espera con ansiedad en la cárcel La Picota para prender un ventilador que les puede refrescar la memoria a muchos y que de paso le haga menos agobiante la presión de ser acusado por pedir comisiones para entregar bienes del narcotráfico.

Ascenso de un joven que terminó en prisión

El abogado Ómar Figueroa Reyes, nacido en Sogamoso (Boyacá), ingresó a la Dirección Nacional de Estupefacientes el 1° de octubre de 2003 en el cargo de profesional universitario. El “empujón” inicial se lo dio su padre Adolfo Figueroa, de origen conservador, quien siempre tuvo contactos con miembros de esa colectividad en el departamento de Boyacá. Gracias a que tenía facilidad para relacionarse con la gente, poco a poco fue ascendiendo en la desaparecida DNE. En 2004 fue promovido a profesional universitario en la oficina jurídica de la entidad. Dos años después llegó a la Secretaría General. Al año siguiente ya era asesor del despacho del director y el 15 de enero de 2008 llegó a la Subdirección de Bienes en donde se originaron la mayoría de líos que lo tienen hoy en prisión. El 21 de septiembre de 2009 fue nombrado director en propiedad, cargo al que renunció un año después en medio del escándalo

Desde el pasado 3 de febrero de 2012, Ómar Adolfo Figueroa Reyes, piedra angular del escándalo por el cobro de comisiones para adjudicar bienes de la mafia como director de Estupefacientes, está recluido en la cárcel La Picota de Bogotá. Allí pasa sus días en un patio en donde comparte con presos por el carrusel de la contratación, Interbolsa, la parapolítica y exmandatarios procesados por corrupción. Durante largo tiempo había permanecido en silencio, pero, hastiado de su entorno, a comienzos de este año decidió delatar a 29 personas. Por ello busca que la justicia declare legal un principio de oportunidad que le concedió la Fiscalía.

El modus operandi que enredó al abogado Figueroa tiene origen, según lo documentaron las autoridades, en la creación de una estructura que tenía como uno de sus principales gestores a su padre Adolfo Figueroa Abella. El progenitor a nombre de su hijo ofrecía bienes estratégicos a cánones de arrendamiento irrisorios, pero por debajo de la mesa cobraba millonarias coimas. Se trataba de una operación en la que participaban otros particulares y funcionarios de la extinta institución.

Una actividad que empezó a quedar al descubierto el 29 de julio de 2009. Ese día la agrónoma Liliana María Garavito denunció que por las fincas Las Lagunas, de 263 hectáreas, y La Reforma, de 319 hectáreas en Puerto López (Meta), tuvo que pagar millonarias comisiones. Según lo evidenció la Fiscalía, se pagaron $210 millones en efectivo al padre del exfuncionario. “Arrendaban un predio que producía $1.300 millones en sólo $100 millones”, probó el ente acusador.

Se trataba del primer eslabón de una cadena. Luego aparecieron otros inmuebles estratégicos incautados a la mafia en Yopal y Villanueva (Casanare), en San Carlos de Guaroa (Meta) y otros en el departamento de Córdoba, que también eran ofrecidos al mejor postor y administrados por hombres de confianza que a su vez eran nombrados por Ómar Figueroa Reyes. Fue entonces cuando apareció otro individuo clave, José Alfredo Abril Forero, quien logró la administración de 22 haciendas avaluadas en más de $30.000 millones.

El 21 de diciembre de 2011 comenzó la debacle para la organización. Fueron imputados por ocho presuntos delitos Ómar Figueroa Reyes, los exfuncionarios de la DNE Javier Mantilla, Manuel Ospino y Jairo Muñoz, así como la agrónoma Liliana Garavito. Desde entonces el caso se convirtió en referente mediático. Después vinieron nuevas detenciones contra Carlos Albornoz, exdirector de la DNE; Adolfo Figueroa, entre otros, y se iniciaron las pesquisas de la Corte Suprema de Justicia contra 13 congresistas. Hoy se adelantan más de una decena de procesos con vinculaciones penales de alrededor de 30 personas.

En este contexto, la situación de Ómar Figueroa se volvió apremiante, debe responder por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, concusión, cohecho, peculado, fraude procesal y falsedad. Su pena podría ser hasta de 20 años de prisión. Por eso, el camino no parece otro que colaborar con la justicia.

Entonces desde el año pasado en prisión, junto con su defensa, empezó a diseñar un detallado cuadro con nombres, cargos, predios, valores y ubicaciones de negocios. Lista en mano acudió a la Fiscalía para prender el ventilador con aspas que reviven un caso en donde muchos congresistas, amigos de parlamentarios, empresarios, exfuncionarios y particulares han pasado de agache.

Con estos elementos, el 10 de marzo, el fiscal Eduardo Montealegre le concedió el beneficio de un principio de oportunidad. Durante un año cesa la acción penal por los delitos de peculado, cohecho y concusión. “Figueroa se comprometió como testigo a demostrar la responsabilidad de 29 personas en los hechos investigados, gracias a sus declaraciones se ha podido probar cómo era la manera que defraudaban al Estado en la venta y administración de los bienes que estaban en la DNE, información que difícilmente se habría podido obtener de otra forma”, señaló el fiscal David Vega en audiencia del pasado 16 de abril.

Las cuentas de Figueroa no son alentadoras. El ente acusador le identificó siete concursos homogéneos por concusión, nueve concursos por cohecho impropio y peculado por apropiación en favor de terceros por el negocio de las haciendas Las Lagunas y La Reforma. Se estima que le generaron al Estado un detrimento patrimonial superior a los $900 millones.

Sin embargo, en la referida audiencia las cosas no resultaron bien para la Fiscalía ni para Figueroa. El ente acusador adjuntó una matriz con las 29 personas que delató el exdirector de la DNE, quien además ofreció una reparación a las víctimas de $300 millones. No obstante, una juez de control de garantías no impartió legalidad al principio de oportunidad otorgado al exfuncionario al considerar que no se garantizaron en su totalidad los derechos de las víctimas.

La decisión del juez fue apelada por la Fiscalía y las víctimas representadas en la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que asumió parte de las funciones de la liquidada Dirección Nacional de Estupefacientes. En segunda instancia el caso llegó a otra juez, quien, el pasado 12 de agosto, se declaró impedida. Después el proceso fue remitido a otra juez que también se declaró impedida por parentesco con la juez de primera instancia. Hoy el caso está en el Tribunal Superior de Bogotá, el que decidirá a quién le corresponde conocer el proceso en segunda instancia.

En círculos judiciales y políticos hay expectativa por la matriz de 29 personas que confeccionó al detalle Figueroa. La lista puede abrir una brecha inesperada en el sonado caso de la DNE. Entre tanto, el exfuncionario espera con ansiedad en la cárcel La Picota para prender un ventilador que les puede refrescar la memoria a muchos y que de paso le haga menos agobiante la presión de ser acusado por pedir comisiones para entregar bienes del narcotráfico.

Ascenso de un joven que terminó en prisión

El abogado Ómar Figueroa Reyes, nacido en Sogamoso (Boyacá), ingresó a la Dirección Nacional de Estupefacientes el 1° de octubre de 2003 en el cargo de profesional universitario. El “empujón” inicial se lo dio su padre Adolfo Figueroa, de origen conservador, quien siempre tuvo contactos con miembros de esa colectividad en el departamento de Boyacá. Gracias a que tenía facilidad para relacionarse con la gente, poco a poco fue ascendiendo en la desaparecida DNE. En 2004 fue promovido a profesional universitario en la oficina jurídica de la entidad. Dos años después llegó a la Secretaría General. Al año siguiente ya era asesor del despacho del director y el 15 de enero de 2008 llegó a la Subdirección de Bienes en donde se originaron la mayoría de líos que lo tienen hoy en prisión. El 21 de septiembre de 2009 fue nombrado director en propiedad, cargo al que renunció un año después en medio del escándalo