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Para encontrar el reemplazo de Electricaribe las autoridades colombianas han tenido que hacer malabares. Cuatro años después de intervenir a la empresa, durante el ocaso del gobierno de Juan Manuel Santos, la administración de Iván Duque tuvo que remangarse para buscar quién aceptara participar de un negocio del que, hasta ahora, todos los inversionistas han salido por la puerta de atrás. Fue una tarea casi imposible. En esta tercera y última entrega de una investigación para entender a profundidad qué pasó con el negocio de la energía en la costa Caribe, explicaremos cuáles fueron los cambios en reglamentaciones, leyes y en los planes de desarrollo que terminaron allanando el camino para que dos empresas colombianas se animaran a entrar al negocio. Todo ese proceso quedó explicado en un informe de la Contraloría que le puso su lupa al caso Electricaribe, luego de que varios congresistas pidieran su vigilancia
(Lea aquí la primera parte de esta investigación: Así resultamos pagando con nuestros impuestos $7,29 billones de la deuda de Electricaribe)
Ese documento, conocido por El Espectador, explica que, para estructurar todo el negocio, la Superintendencia se basó en una serie de recomendaciones que hizo la institución Financiera de Desarrollo Nacional (FDN). Una de sus conclusiones fue que era recomendable partir en dos el mercado de la energía para, entre otros criterios, “minimizar ineficiencias, maximizar el apetito por el mercado y reducir el riesgo de concentración del mercado”. La segmentación quedó planteada así: una compañía se encargaría de comercialización y distribución de energía en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, y la otra en Cesar, Bolívar, Córdoba y Sucre. Además de esta división para hacer más atractiva la venta de Electricaribe, el Gobierno tomó otras tres decisiones.
(Lea aquí la segunda parte de esta investigación: El colapso de Electricaribe: Gobierno, bancos y un fantasma llamado Odebrecht)
La primera: incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo una sobretasa de $4 por kilovatio de energía para los estratos 4, 5 y 6 de todo el país (una decisión que, tiempo después, la Corte Constitucional declaró inexequible y tumbó ese impuesto). La segunda: cambió la reglamentación que había sacado a Enel del negocio para permitirle a una sola empresa ser la dueña de más del 25 % del mercado de energía. Y la tercera: tomó la decisión de asumir toda la deuda pensional de Electricaribe, que era del orden de $2,48 billones de pesos. Lo hizo por recomendación de la FDN, pero también porque la necesidad de entregarle el negocio a un inversor era urgente, y eso se veía reflejado en sus cuentas. Desde que Electricaribe fue intervenida, el Estado gastó $863 millones en temas de inversión y $3,947 billones en créditos.
“Era absolutamente insostenible que siguiéramos inyectando plata solo por el hecho de que no encontrábamos una compañía. Por eso terminamos asumiendo semejante deuda que era, ante todo, completamente evitable. No solo porque el Estado hubiera podido exigirle a Gas Natural que le ayudara a pagar, sino porque los empresario italianos de Enel habían expresado su interés de participar en ese mercado”, señaló una fuente de la Superintendencia que estuvo sentada en la mesa negociando con las compañías. “Siempre nos quedará la duda de si realmente se buscó con juicio a alguien en el exterior que se atreviera a meterse en el mercado, sobre todo porque el resto del país ha mostrado que el negocio de la energía sí es rentable. Los mismos de Enel lo saben”, agregó la fuente.
La Contraloría redondeó así la cifra total que salió del bolsillo del Estado, es decir, de los impuestos de todos los colombianos: $7,293 billones de pesos. Ese número, alarmante por sus ceros, se puede traducir en que eso es lo que vale cuatro veces vacunar contra el COVID-19 a toda Colombia (su población adulta). También en que con esos $7,293 billones se hubieran podido montar y adecuar 1’453.000 hospitales como los que organizó la Alcaldía de Bogotá en Corferias, como plan de contingencia para atender pacientes en plena pandemia por el coronavirus. O en que, con esa plata, se habrían podido comprar más de $33 mil millones de pruebas de reacción en cadena de la polimerasa, más conocidas como las PCR.
Unas por otras
Ese gasto no tuvo reparos en el informe que elaboró la Contraloría. Para la entidad, si el Gobierno no adecuaba el negocio de esa manera para conseguir inversionistas, “habría tenido que inyectar recursos adicionales a los $7,293 billones que cubrirán las necesidades de inversión por $5,7 billones para los cinco años siguientes y $3 billones en los años subsiguientes”. En otras palabras, o el Ejecutivo ponía esos billones de su bolsillo o le tocaba gastar más plata. “Unas por otras. Llevábamos casi tres años encargados de Electricaribe y ya no podíamos gastar un centavo más. El problema es que siempre nos quedará la duda de si de verdad había que asumir tanta deuda, o si se hubiera podido hacer una mejor negociación”, agregó el funcionario de la Superintendencia.
Lo que vino después de esos ajustes en la venta tampoco se salvó de cuestionamientos. Cuando la Superintendencia retomó el proceso de la subasta, ya solo había dos compañías interesadas. Como el proceso se había congelado por la decisión de la Corte Constitucional y en octubre de 2019 no se pudo avanzar, el tema se reactivó en febrero de 2020. Conocer las minucias de cómo se terminó de concretar el negocio ha sido casi imposible, pues la Superintendencia y las compañías interesadas en participar de él se encargaron de blindarlo con acuerdos de confidencialidad y de total reserva. Sin embargo, fuentes de la Contraloría consultadas para este artículo señalaron que, para comienzos del año pasado, la subasta ya no era una subasta porque nunca hubo una puja.
“Solo había dos empresas interesadas: EPM y el consorcio compuesto por Enerpereira (del empresario Alberto Ríos Velilla) y Latin American Capital”, recordó el delegado, quien agregó: “A la Contraloría no le podían ocultar la información que decían era reservada. Fue por eso que supimos que la negociación no giró alrededor del precio de lo que iban a comprar, sino del valor que esas empresas estaban dispuestas a invertir en un plazo de hasta 10 años”. En otras palabras: cualquiera de esas dos compañías podía ofrecer un valor mayor a un peso y se quedaba con el negocio. Esa fue la explicación que la Superintendencia le dio al ente de control. Así, EPM y el consorcio se quedaron con el mercado de la energía en la costa Caribe.
Una vez adjudicado el mercado a EMP y Enerpereira en marzo de 2020, el alto gobierno, funcionarios de la Superintendencia y varios miembros de la bancada costeña participaron de un evento de “inauguración” de los nuevos operadores. Así los presentaron:
El Espectador quiso saber cuál fue el precio final que pagaron las dos compañías, pero la respuesta de la entidad es que tenía reserva. Senadores como Jorge Enrique Robledo y José David Name también preguntaron el valor final, pues argumentaron, más allá de ser un negocio con empresas privadas, se trataba del futuro de la prestación de un servicio que es público y en el que el Estado ha invertido $7,293 billones de pesos de su presupuesto. A ninguno le contestaron. Sin embargo, en medio de sus peticiones, salieron a relucir algunas pistas de esos precios secretos. Durante un debate en el Congreso, promovido por Robledo, en el que cuestionó que el Gobierno habría vendido, por algunos cuantos pesos, un millonario negocio, se supo el valor que habría pagado la empresa de Ríos Velilla.
En la página web de Enerpereira, días después de quedarse con el negocio, apareció una publicación con el título: “Energía de Pereira (EEP) y Latin American Capital Corporation (LACC) ganan puja por Caribe Sol”. Y allí la propia empresa explicaba que habían ganado ese mercado de energía en la costa luego de pagar “$285 mil millones a la fecha del cierre del proceso”. Esa publicación fue eliminada posteriormente de la página. Este diario trató de comunicarse con ambas empresas para conocer ese precio, pero no obtuvo respuesta. Haya sido una cifra alta o unos cuantos pesos por el mercado de la energía en la costa, lo que está claro es que el compromiso de los nuevos operadores incluye la inversión de al menos $8,7 billones para los próximos 10 años.
Ese estimado fue el que estableció la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) cuando entregó la consultoría a la Superintendencia, explicándole que eso es lo que necesita la red para ser sostenible, mejorar su servicio y salir, por fin, del rezago que tiene. La promesa que le hicieron al país quedó firmada así: el consorcio de Enerpereira y Latin American Capital Corporation invertirá $2,6 billones de pesos en cinco años y $3,7 billones de pesos en diez años. Ellos bautizaron a esta nueva empresa Aire y son los encargados del servicio de energía en los departamentos del Magdalena, La Guajira y Atlántico. Y EPM prometió invertir $3,2 billones de pesos en cinco años y $5 billones de pesos en diez años. Su empresa se llama Afinia y estará en Cesar, Sucre, Córdoba y Bolívar
El compromiso ya está firmado y en septiembre del año pasado el presidente Duque entregó oficialmente a estas nuevas compañías el mercado que compraron. Lo hizo en un acto protocolario en Cartagena, en donde oprimió un interruptor simbólico. “Empieza la nueva historia en el servicio de energía en nuestro país para esta región”, expresó el primer mandatario. Los nuevos operadores le dieron un aire al Gobierno, que ya no podía hacer nada más con ese chicharrón bajo su control. Sin embargo, la realidad es bien diferente. Aunque los habitantes de esta zona del país son los primeros en aceptar que el servicio sí ha mejorado desde que salió Electricaribe, también aclaran que los cortes de luz, sin aviso previo, siguen siendo constantes.
El pasado 24 de marzo, la superintendente Avendaño firmó, por fin, la resolución para liquidar a Electricaribe (cuatro años después de anunciarla). Esa decisión se conoció, justamente, cuando Santa Marta vivió un corte de energía que duró por lo menos 15 horas. Ciudadanos en Cartagena experimentaron suspensiones similares, pero aclararon “que por lo menos ya se ven más carros de la empresa por las calles tratando de solucionar problemas en la ciudad”. Esa resolución la firmó la superintendente 12 días después de que se conociera la determinación del tribunal internacional en donde Colombia se jugaba casi $5 billones por las pretensiones que había estipulado Gas Natural. En esa decisión, fechada el 12 de marzo de 2012, el Estado salió, en parte, victorioso, pues dejó claro que en nada se equivocó Colombia al intervenir Electricaribe. Y fue una victoria parcial pues el tribunal internacional, aunque le evitó a los colombianos esa millonaria suma, no accedió a estudiar la contrademanda que presentó el país en el que buscara que Gas Natural pagara por los errores cometidos.
La decisión del tribunal internacional, que puede consultar aquí, fue un alivio para el Gobierno, que sabía bien que no podía gastarle ni un peso más a Electricaribe. Porque, aparte de toda la historia que aquí se ha contado, por nada del mundo pensó que una pandemia iba a congelar a un país entero e iba, inevitablemente, a afectar a los nuevos dueños del mercado de energía en la costa Caribe. Aunque todavía no es claro el impacto real del confinamiento que vive Colombia desde hace un año, fuentes de la Contraloría le aclararon a El Espectador que tienen a Aire y a Afinia en su unidad de cuidados intensivos porque saben bien que en cualquier momento el pronóstico puede empeorar y poner, de nuevo, en jaque la prestación del servicio. La advertencia del órgano de control resulta similar a la del profesor Barrientos.
“Está todo por verse. No solo porque no sabemos qué vaya a pasar con EPM (en referencia la crisis por Hidroituango), sino porque en toda esta apuesta de inversiones, no se ve una apuesta por una política pública que fortalezca el papel del mercado”, expresó Barrientos. Para él, es claro que se debe subsidiar la energía a los más vulnerables pero, mientras no haya un cambio de tipo cultural sobre la importancia de pagar por lo que se consume, no hay cifra que pueda contrarrestar los constantes hurtos y el fraude. “Electricaribe no sólo es el fracaso de unos empresarios que buscaban beneficios prestando un servicio de utilidad pública. Es también el fracaso de una sociedad con una moral autocomplaciente que acepta a conveniencia la corrupción en todas sus formas”, agregó Barrientos.
Solamente en unos años se podrá evaluar el resultado de las nuevas inversiones, y de si el negocio que hizo el Estado, al asumir una deuda de $7,293 billones, realmente valió la pena. De por medio está el derecho de más de 10 millones de usuarios a tener un buen servicio de energía, pero también la posibilidad de evitar que en la costa haya un apagón total. Por lo menos en dos oportunidades ya se ha salvado de vivirlo, pues las crisis de los años 90 y la de 2016 dejó a este mercado en la punta de ese abismo. La apuesta de evitar ese desastre está jugada en Aire y Afinia. En ellos también recae la esperanza de que, del bolsillo de los colombianos, no se tenga que sacar un peso más para resolver el tormento que ha sido la comercialización y distribución de la energía en la costa Caribe.
Primera parte: Así resultamos pagando con nuestros impuestos $7,29 billones de la deuda de Electricaribe
Segunda parte: El colapso de Electricaribe: Gobierno, bancos y un fantasma llamado Odebrecht