En el resguardo Mondó Mondocito siguen confinados por la guerra

“Yo me acuerdo bien del desplazamiento, del paso donde mataron a mi hermano. Me acuerdo de esa situación tan terrible. Eso fue el año 2012, el año que fracasó todo. De ahí en adelante no vivimos tranquilidad. Ya no tenemos territorio ancestral. Y como todo está minado, no podemos cazar; da miedo que uno explote. Antes, cazábamos animales de monte: tatabro, guagua, venado, gurre y con tres animales comíamos un mes. Hoy los niños pasan hambre o enferman por la comida de afuera”.

“Yo me acuerdo bien del desplazamiento, del paso donde mataron a mi hermano. Me acuerdo de esa situación tan terrible. Eso fue el año 2012, el año que fracasó todo. De ahí en adelante no vivimos tranquilidad. Ya no tenemos territorio ancestral. Y como todo está minado, no podemos cazar; da miedo que uno explote. Antes, cazábamos animales de monte: tatabro, guagua, venado, gurre y con tres animales comíamos un mes. Hoy los niños pasan hambre o enferman por la comida de afuera”.

Álvaro Valencia tiene 34 años, habla rápido y un poco atropellado en español, su segunda lengua. Su lengua nativa es la embera katío, la lengua de sus abuelos y abuelas, que habitaron este territorio selvático desde hace más de 500 años. Su resguardo queda a orillas del río Mondó, en la zona rural del municipio de Tadó (Chocó), a solo 45 minutos de la carretera principal que conduce a Pereira (Risaralda). Un corredor estratégico, de tránsito de armas, drogas de uso ilícito y personas, que se disputan actores armados ilegales desde hace treinta años para controlar la entrada a la región del Alto San Juan.

Álvaro es el actual gobernador del Resguardo Mondó Mondocito y cuenta una historia que, tristemente, podría ser la de cualquier comunidad indígena del país, porque han padecido como nadie el conflicto armado que no deja de reciclarse. Su caso, sin embargo, ha avanzado como pocos en términos de reconocimiento y fallos de justicia: tienen a su favor una sentencia de restitución de tierras del año 2017, un plan colectivo de reparación y un fallo reciente e inédito del Consejo de Estado, que condenó por primera vez al Estado colombiano por las afectaciones que el desplazamiento ha tenido en su patrimonio inmaterial (su cultura, tradiciones e identidad).

Una situación que ejemplifica muy bien las dificultades que tiene la ley de víctimas y restitución de tierras (Ley 1448 de 2011), a diez años de su expedición, para lograr que sus fallos sean una realidad en los territorios étnicos que padecieron la violencia.

Cuando se metió la guerra

Las guerrillas del Eln y del M-19 se instalaron en los municipios de Bagadó y Tadó, en el departamento de Chocó, a comienzos de los años 80 del siglo pasado; pero en los años 90, cuando llegaron las Farc y el Ejército Revolucionario Guevarista a disputarse el control de ese territorio, los indígenas del resguardo Mondó Mondocito vivieron las primeras intimidaciones armadas. Luego la guerra se agudizó a comienzos de este siglo con la llegada de grupos paramilitares del Bloque Metro y el Frente Héroes del Chocó, de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

En 2008 empezaron los asesinatos selectivos de la guerrilla en los resguardos embera del Alto San Juan y el control territorial pasó a ser del Frente Manuel Hernández, el Boche, del Eln. Ese año, de hecho, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el riesgo que tenía esta comunidad. Pero en 2009 la guerrilla empezó a minar con artefactos explosivos de construcción hechiza el territorio para evitar la avanzada de sus enemigos.

El pueblo embera del resguardo Mondó Mondocito no tuvo más opción que ceder a la presión armada, que los obligó a concentrarse en su centro poblado y renunciar a sus hábitos ancestrales de alimentación, medicina y ceremonia. “La guerrilla se consolidó como una fuerza paraestatal, convirtió los territorios en lugares para sus campamentos y reclutó a sus niños, niñas y adolescentes. En un pueblo que nunca tuvo más armas que sus flechas de caza con veneno de rana, la guerrilla instaló el terror mediante asesinatos selectivos y otras formas de barbarie. Impuso un sistema de control social y territorial en detrimento del autogobierno, con poder sobre su movilidad, sus prácticas identitarias y su organización”, dice el fallo de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que conoció este diario, y condenó al Estado por el impacto moral que el conflicto armado y el desplazamiento produjeron en ellos.

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Después vino el asesinato selectivo de autoridades, docentes y médicos tradicionales y esto terminó por detener la vida política y espiritual de este pueblo. “Ya no pudieron usar los ríos que circundan el resguardo para pescar. Las quebradas en que las mujeres cumplían su labor tradicional de pesca fueron sembradas de minas antipersonales. Ellas evitaron desplazarse hacia las chagras por temor a la violencia sexual. La caza, que empezaba mucho antes del amanecer, quedó prohibida. Con minas antipersonales y otros artefactos sin explotar, se bloqueó el acceso de los jaibanás (sabios tradicionales) a las plantas medicinales y sagradas. Se invadieron terrenos con cultivos de coca que, a su vez, generaron bombardeos del Ejército y terminaron por forzar su abandono”, describe la sentencia.

Luz Marina Valencia, segunda gobernadora embera de este resguardo, lo recuerda bien: “Cuando llegaron esa gente no había tranquilidad (sic). Muchas mujeres fueron violadas. Por eso ya no íbamos solas pa’l monte. A los niños tampoco se les dejaba ir solos, porque se los llevaban con ellos, les ofrecían plata. Muchos niños y niñas se han perdido y si se los llevan a uno no se los dejan ver. Se pierden para siempre”.

El confinamiento funcionó como estrategia de resistencia durante años, pero hubo un momento en que, después de tantos episodios de violencia, el terror de que los asesinaran a todos se instaló en ellos y los obligó a rendirse al desplazamiento. Cuando decidieron irse, ya habían sido asesinados seis de sus líderes. El último, el gobernador de Mondó Medio, hermano de Álvaro Valencia, con quien empezamos esa historia.

El desplazamiento

En la mañana del 1° de diciembre de 2012, en el resguardo Mondó Mondocito empacaron lo que podían cargar en algunas tulas y bolsas. La idea era pasar a pie las torrentosas aguas del Mondó, porque días antes los paramilitares habían detonado cargas explosivas en el puente peatonal que había en ese punto; pero ese día arreciaba la lluvia y una creciente de agua los sorprendió a mitad de camino. Luz Clarita Oqui, de año y medio de edad, fue la principal víctima de la creciente. También perdieron muchos de los objetos que llevaban a mano: ropa, documentos, cobijas y enseres pequeños. En medio de la desesperación y el llanto, finalmente pasaron al otro lado. Esa tarde, llegaron al casco urbano de Tadó más de 400 personas del resguardo. Días después encontrarían el cuerpo sin vida de la pequeña a la altura de Istmina, Chocó.

Luz Marina Valencia recuerda que en ese tiempo la necesidad, como la tristeza, era extrema y que solo pudieron comer algo dos días después de llegar al pueblo. Las condiciones eran tan difíciles que murieron enfermos tres niños más, que tenían entre dos y tres años de edad: Álex Valencia Duave, Walter Waitoto Oqui y Leiver Andrés Duave Duave.

Un día antes del desplazamiento, varios líderes de la comunidad se habían reunido con el entonces personero de Tadó para advertirle del éxodo forzado. Le pidieron, también, apoyo a la Alcaldía para que los alojara y al Ejército para que los transportara a salvo. Pero el entonces comandante del Batallón de Ingenieros N15, el teniente coronel David Cruz Murcia, decidió no acompañar el desplazamiento con el argumento de que al hacerlo pondría en riesgo a los miembros de la comunidad, porque los convertiría en objetivo militar. También advirtió que no intentaría la recuperación del territorio porque, al ingresar, los guerrilleros se aprovecharían de la población y los usarían como escudo. Dos argumentos “inadmisibles” para la Sección Tercera del Consejo de Estado, que hace doce días condenó al Ejército por estos hechos, alegando que las decisiones del comandante denotaban “cierta condescendencia con el exterminio de este pueblo indígena”.

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“Para no violar el DIH (Derecho Internacional Humanitario), mejor les abandonaba a la maldición de los riesgos de un viaje desesperado, precario en seguridad física y expuesto a la violencia guerrillera (...) Semejante desprecio a los derechos de un pueblo indígena en riesgo de extinción y a punto de desplazarse solo se explica por una asignación equivocada de valores a los hechos de la historia. El comandante antepuso las doctrinas del conflicto a sus obligaciones frente a ciudadanos inermes: interpretó de forma errada el clima de terror al que estuvo sometido ese resguardo durante años, a costa de la pérdida de sus niños, niñas y adolescentes forzosamente reclutados”, dice la sentencia, que también ordenó al Ejército pedir perdón públicamente al resguardo por el daño causado y realizar un acto de armonización, concertado con las autoridades emberas, por los niños que murieron durante el desplazamiento.

El retorno

Meses después, en 2013, ante el hambre por la escasez de comida y la discriminación, varios indígenas de Mondó Mondocito decidieron retornar, por su cuenta y riesgo, pese a que el control del territorio seguía siendo del Eln. Lo encontraron sembrado de minas antipersonales y con cultivos de uso ilícito; pero se quedaron y sembraron plátano, banano, lulo, maíz y ñame. Fue entonces cuando decidieron luchar por su territorio y sus derechos, principalmente a través de la enseñanza de sus tradiciones y la creación de la Guardia Indígena. “Nosotros no tenemos armas, nosotros defendemos políticamente nuestro territorio usando la palabra”, dice Eliseo Oqui, líder del cabildo indígena y padre de Luz Clarita, la niña que murió ahogada esa mañana en que se desplazaron.

También se organizaron y presentaron dos acciones legales: una demanda administrativa contra el Estado (en abril de 2013) por el desplazamiento que padecieron y la petición de restitución de su resguardo, por la vigencia de la Ley 1448 para las víctimas del conflicto (en 2015). Lo hicieron porque en los años más duros de la guerra (entre 2007 y 2012), mientras enterraban a sus familiares asesinados y se desplazaban, algunas personas también buscaron explotar legalmente su territorio. Fue el caso del permiso de aprovechamiento forestal que le dio la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) a Andrés Pino Hinestroza en un predio que estaba a su nombre. Y la licencia ambiental para iniciar un proyecto hidroeléctrico de la empresa Hidro Tarazá, en la parte alta del río Mondó, que también expidió esta autoridad ambiental. Decisiones que fueron tumbadas por la sentencia de restitución de tierras del Juzgado Primero Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó, que ordenó restituir y reparar a esta comunidad, en diciembre de 2017.

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Derechos de papel

La comunidad embera celebró el fallo de restitución, pero hoy, tres años después, el balance de su cumplimiento sigue siendo agridulce. De acuerdo con Holly Aldrish Marmolejo Mosquera, asesor jurídico del resguardo en el proceso de restitución: “En papel hay algunos avances, pero en territorio falta mucho. Hoy no hay, por ejemplo, un proyecto productivo ni la Agencia Nacional de Tierras ha hecho la clarificación del territorio. Pero, además de eso, hay una situación de violencia terrible, porque grupos armados ilegales hacen presencia, sobre todo el Eln y los paramilitares de las Agc, y por eso se sigue presentando reclutamiento forzado de menores y muchos liderazgos están amenazados”.

Sally Andrea Mahecha, directora de la Dirección de Asuntos Étnicos (DAE) de la Unidad de Restitución de Tierras, le aseguró a El Espectador que por la sentencia de restitución de tierras se han proferido 39 órdenes judiciales a favor de la comunidad Mondó Mondocito. De las cuales solo se han cumplido ocho. De hecho, el registro de la última audiencia de seguimiento al fallo, del 20 de enero de 2021, dice que todavía hace falta por cumplir órdenes trascendentales: el alinderamiento, amojonamiento y otros aspectos relacionados con la identificación del territorio colectivo; así como la actualización catastral del territorio; la adopción del Plan de Fortalecimiento Preventivo para garantizar la salud de las comunidades en el resguardo; concluir con las investigaciones penales y adoptar los planes de protección colectiva.

La restitución étnica

Para la directora Mahecha, el cumplimiento de las sentencias de restitución de tierras a poblaciones indígenas o negras del país es complejo porque, primero, debe realizarse en territorios con grandes extensiones de tierra, de muy difícil acceso y con presencia activa de actores armados ilegales. Esto sin contar, según ella, con asuntos de voluntad política: “La baja asignación presupuestal para la ejecución de los programas y proyectos dirigidos a estas comunidades” y la “dilación y retrasos en los procesos administrativos de titulación de territorios colectivos de comunidades negras y constitución, saneamiento y ampliación de resguardos indígenas”, requisitos indispensables para ser amparados por esta ley.

Una suma de condiciones que explica que, en diez años de esta ley, las comunidades negras e indígenas, que han sido las principales víctimas del conflicto armado, solo han tenido 19 sentencias de restitución a su favor (17 a favor de indígenas y dos a favor de comunidades negras). Aunque estos fallos hayan restituido en el papel la no despreciable suma de 226.023 hectáreas y beneficiado a 11.284 familias.

Para la Fundación Forjando Futuros y la Comisión Colombiana de Juristas, que acompañan jurídicamente muchos de estos procesos de restitución, hay otro elemento que se debe revisar con atención y es el rechazo administrativo de solicitudes por parte de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), que al no ser presentadas por esta entidad nunca llegan a ser estudiadas por los jueces de tierras.

Según el observatorio de tierras de la Fundación Forjando Futuros, en los diez años de vigencia de la ley de víctimas y restitución de tierras, la URT ha rechazado cerca del 65 % de las solicitudes que ha recibido. Y en los últimos años este rechazo se habría incrementado y estaría rondando el 80 %. Para estas organizaciones, el rechazo sería una estrategia para cumplir metas, negando el derecho, porque así terminarían de un tajo un trámite largo, que al final, presentan como un indicador de cumplimiento.

“Ahora que se prorrogó la ley por diez años más, es absolutamente esencial que al menos ese 65 % de los casos negados sean nuevamente estudiados, porque en la mayoría de ellos todos los elementos indican que deberían haber sido enviados a fase judicial”, comenta Illhan Can, investigador de la Fundación Forjando Futuros.

El miedo no se ha ido

“La situación está complicada. Grupos armados nos tienen amenazados. No podemos salir al monte a cazar, porque nos coge la guerrilla del Eln. Tampoco podemos salir al pueblo porque los paramilitares, las Agc, nos tienen amenazados. Si uno pide ayuda para sobrevivir y el Ejército la entrega, ahí mismo llegan los otros a decir que toca asesinar a uno o toca pagar vacuna. Me pidieron $30 millones. ¿Quién tiene esa plata? No vamos a pagar un peso. No es justo. Hemos dicho que si por eso nos van a matar que nos maten a todos. Tenemos 400 guardias indígenas con bastones. No tenemos armas, pero sí la palabra y no vamos a desplazarnos de nuevo”. Álvaro Valencia, gobernador del resguardo Mondó Mondocito, se escucha angustiado pero también resuelto. Tiene claro que, por ahora, van a seguir resistiendo a orillas del río Mondó, aunque los grupos armados los presionen y muchos de los reconocimientos que les ha hecho la justicia sigan solamente en el papel.

Vea aquí el documental “Ijua Tae Nae: nuestra madre tierra” del Centro Nacional de Memoria Histórica, que retrató la lucha embera de este resguardo por su territorio, realizado cumpliendo una de las órdenes de la sentencia de restitución de la comunidad de Mondó Mondocito.