En grave riesgo, la libertad de expresión en Colombia

El 10 de febrero de 2005, el Juzgado Penal de Venezuela condenó al periodista Alberto Álvarez Ramos a dos años y tres meses de prisión por el delito de difamación agravada, a raíz de la publicación de un artículo titulado Asaltada Caja de Ahorro de la Asamblea Nacional. El informe, que salió en el periódico Así es la Noticia, molestó al entonces presidente de la Asamblea, Willian Lara, quien se quejó con el medio por una presunta violación a su honra e interpuso la querella que envió al periodista a la cárcel. Álvarez Ramos perdió los recursos de apelación y de casación, y tuvo que cumplir la condena en prisión hasta el 4 de marzo de 2009. Sin embargo, diez años después, en agosto de 2019, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor del periodista y condenó al Estado venezolano por la violación del derecho a la libertad de expresión.

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La sentencia, que se convirtió en el mayor referente internacional en la defensa del ejercicio periodístico y la libertad de prensa, no ha sido sido tenida en cuenta por los congresistas colombianos que incluyeron en el proyecto de Ley Anticorrupción un artículo que busca castigar penalmente y con multas millonarias a las personas que cometan injuria y calumnia contra funcionarios y exfuncionarios públicos. El peligroso artículo, que tiene una versión en Senado y otra en Cámara, está en proceso de conciliación y deberá ser aprobado o rechazado en los próximos días por el presidente Iván Duque, quien publicó en sus redes sociales un mensaje ambiguo que no hace referencia al artículo específico, pero da a entender que cualquier amenaza a la libertad de prensa “será objetada”.

La versión del Senado, que tuvo como ponente al congresista de Cambio Radical, Germán Varón, fue aprobada por unanimidad el 27 de octubre y contempla prisión de hasta 10 años y multas máximas de $1.359 millones a quien difame a funcionarios. La versión de la Cámara eliminó el aumento de penas, pero incluyó la posibilidad de cancelar la personería jurídica de las organizaciones a las que pertenezca la persona que incurra en calumnia o injuria. Los conciliadores del proyecto deberán decidir esta semana cuál de las dos versiones del artículo mantienen. Mientras tanto, esta Ley mordaza, como ha sido bautizada por periodistas y medios, sigue generando el rechazo y la preocupación unánime de autoridades académicas, reporteros que han sufrido censura en otros países y organizaciones que protegen la libertad de expresión en el continente.

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Emmanuel Vargas, abogado colombiano dedicado a la defensa de la libertad de expresión y codirector de El Veinte una ONG que defiende legalmente a periodistas, insiste en que artículos como este son similares a los tienen países autoritarios como Kirguistán, Azerbaiyán, Nicaragua o Venezuela. “Esas restricciones a la libertad de expresión sólo están vigentes en lugares que no tienen una democracia estable”. Lisseth Boon, periodista venezolana, coordinadora de la Unidad de Investigación del portal ARInvestiga, explica que el artículo contra la libertad de prensa colombiano es parecido a la llamada ley contra el odio decretada por el gobierno de Nicolas Maduro en 2017. “Resulta inquietante que en Colombia se estén discutiendo leyes que puedan restringir la libertad de expresión”. Boon explica que solo el año pasado en Venezuela fueron detenidas 21 personas, incluidos periodistas, por supuestamente violar esta ley contra el odio que implica penas de hasta 20 años de cárcel. “Es una herramienta de persecución a cualquiera que critique al gobierno y en los periodistas ha generado autocensura porque todo el tiempo estás pensando si te pueden caer encima. Es lamentable que Colombia quiera hacer lo mismo”.

Octavio Enriquez, periodista y editor nicaragüense coincide con Bonn. “Parece un artículo con nombre y apellido, dirigido a intentar acallar a la prensa. Generalmente, en las leyes de nuestros países existen artículos que castigan las injurias y calumnias, pero poner uno específico sobre funcionarios y exfuncionarios, con penas de hasta diez años, no luce nada alentador”. Enriquez, que ha sufrido la persecución del gobierno de Ortega, insiste en que es preocupante que “el foco se ponga en la prensa y no en los funcionarios cuestionados”. El abogado Vargas está de acuerdo en el peligro de la creación de este régimen que protege, por ejemplo, a senadores, alcaldes o concejales. “Lo que dice este artículo es que la honra de cualquier ciudadano es menos importante que la honra de un funcionario público”. Y concluye: “Esto es terrible, es una violación del derecho a la igualdad, es crear sujetos privilegiados, infalibles, con más valor para la sociedad, y es contrario a los principios constitucionales de la libertad de expresión”.

Damián Loreti, doctor en ciencias de la información y profesor de la cátedra UNESCO-Libertad de Expresión, afirma que esta iniciativa va en dirección opuesta a la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Álvarez Ramos en Venezuela. “La Corte ya planteó que la vía penal para la protección del honor de funcionarios públicos va en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos”, explica Loreti en diálogo con El Espectador. El profesor insiste en que si se aprueba el artículo, sería un “amedrentamiento” contra los periodistas y los demás ciudadanos. “Las acciones penales contra las personas que denuncian hechos de corrupción de los funcionarios públicos tienen el objetivo de acallarlos”, dice Loretti. Estas estrategias jurídicas tratan de imponer miedo a los periodistas para que piensen dos veces antes de denunciar. Son un peligro para la democracia”.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró que el artículo de la discusión es un “ataque a la libertad de prensa” y pidió de inmediato su eliminación. “Es similar al que promovían las leyes de desacato que proliferaron en América Latina en décadas pasadas”, afirmó Jorge Canahuati, presidente de la SIP. El abogado Loretti recuerda que, en Argentina, con las leyes de desacato o de insulto que había en los 90, un solo periodista podía tener al mismo tiempo más de 10 querellas que impedían su trabajo. Las posturas de la Asociación de Medios de Información (AMI) y de Asomedios son similares a la de la SIP. “No entendemos qué relación tiene una disposición como esta con el objeto de la ley”, dice un comunicado público de AMI.

La Fundación Para la Libertad de Prensa (Flip), también expresó su preocupación por la posible puesta en marcha de este artículo. “El acoso judicial, y la posibilidad de enfrentar un proceso penal genera un ambiente de autocensura. Reiteramos que la garantía del ejercicio de la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a la información no son el enemigo, por el contrario, son pilares esenciales de una sociedad democrática”.

El 10 de febrero de 2005, el Juzgado Penal de Venezuela condenó al periodista Alberto Álvarez Ramos a dos años y tres meses de prisión por el delito de difamación agravada, a raíz de la publicación de un artículo titulado Asaltada Caja de Ahorro de la Asamblea Nacional. El informe, que salió en el periódico Así es la Noticia, molestó al entonces presidente de la Asamblea, Willian Lara, quien se quejó con el medio por una presunta violación a su honra e interpuso la querella que envió al periodista a la cárcel. Álvarez Ramos perdió los recursos de apelación y de casación, y tuvo que cumplir la condena en prisión hasta el 4 de marzo de 2009. Sin embargo, diez años después, en agosto de 2019, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor del periodista y condenó al Estado venezolano por la violación del derecho a la libertad de expresión.

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La sentencia, que se convirtió en el mayor referente internacional en la defensa del ejercicio periodístico y la libertad de prensa, no ha sido sido tenida en cuenta por los congresistas colombianos que incluyeron en el proyecto de Ley Anticorrupción un artículo que busca castigar penalmente y con multas millonarias a las personas que cometan injuria y calumnia contra funcionarios y exfuncionarios públicos. El peligroso artículo, que tiene una versión en Senado y otra en Cámara, está en proceso de conciliación y deberá ser aprobado o rechazado en los próximos días por el presidente Iván Duque, quien publicó en sus redes sociales un mensaje ambiguo que no hace referencia al artículo específico, pero da a entender que cualquier amenaza a la libertad de prensa “será objetada”.

La versión del Senado, que tuvo como ponente al congresista de Cambio Radical, Germán Varón, fue aprobada por unanimidad el 27 de octubre y contempla prisión de hasta 10 años y multas máximas de $1.359 millones a quien difame a funcionarios. La versión de la Cámara eliminó el aumento de penas, pero incluyó la posibilidad de cancelar la personería jurídica de las organizaciones a las que pertenezca la persona que incurra en calumnia o injuria. Los conciliadores del proyecto deberán decidir esta semana cuál de las dos versiones del artículo mantienen. Mientras tanto, esta Ley mordaza, como ha sido bautizada por periodistas y medios, sigue generando el rechazo y la preocupación unánime de autoridades académicas, reporteros que han sufrido censura en otros países y organizaciones que protegen la libertad de expresión en el continente.

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Emmanuel Vargas, abogado colombiano dedicado a la defensa de la libertad de expresión y codirector de El Veinte una ONG que defiende legalmente a periodistas, insiste en que artículos como este son similares a los tienen países autoritarios como Kirguistán, Azerbaiyán, Nicaragua o Venezuela. “Esas restricciones a la libertad de expresión sólo están vigentes en lugares que no tienen una democracia estable”. Lisseth Boon, periodista venezolana, coordinadora de la Unidad de Investigación del portal ARInvestiga, explica que el artículo contra la libertad de prensa colombiano es parecido a la llamada ley contra el odio decretada por el gobierno de Nicolas Maduro en 2017. “Resulta inquietante que en Colombia se estén discutiendo leyes que puedan restringir la libertad de expresión”. Boon explica que solo el año pasado en Venezuela fueron detenidas 21 personas, incluidos periodistas, por supuestamente violar esta ley contra el odio que implica penas de hasta 20 años de cárcel. “Es una herramienta de persecución a cualquiera que critique al gobierno y en los periodistas ha generado autocensura porque todo el tiempo estás pensando si te pueden caer encima. Es lamentable que Colombia quiera hacer lo mismo”.

Octavio Enriquez, periodista y editor nicaragüense coincide con Bonn. “Parece un artículo con nombre y apellido, dirigido a intentar acallar a la prensa. Generalmente, en las leyes de nuestros países existen artículos que castigan las injurias y calumnias, pero poner uno específico sobre funcionarios y exfuncionarios, con penas de hasta diez años, no luce nada alentador”. Enriquez, que ha sufrido la persecución del gobierno de Ortega, insiste en que es preocupante que “el foco se ponga en la prensa y no en los funcionarios cuestionados”. El abogado Vargas está de acuerdo en el peligro de la creación de este régimen que protege, por ejemplo, a senadores, alcaldes o concejales. “Lo que dice este artículo es que la honra de cualquier ciudadano es menos importante que la honra de un funcionario público”. Y concluye: “Esto es terrible, es una violación del derecho a la igualdad, es crear sujetos privilegiados, infalibles, con más valor para la sociedad, y es contrario a los principios constitucionales de la libertad de expresión”.

Damián Loreti, doctor en ciencias de la información y profesor de la cátedra UNESCO-Libertad de Expresión, afirma que esta iniciativa va en dirección opuesta a la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Álvarez Ramos en Venezuela. “La Corte ya planteó que la vía penal para la protección del honor de funcionarios públicos va en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos”, explica Loreti en diálogo con El Espectador. El profesor insiste en que si se aprueba el artículo, sería un “amedrentamiento” contra los periodistas y los demás ciudadanos. “Las acciones penales contra las personas que denuncian hechos de corrupción de los funcionarios públicos tienen el objetivo de acallarlos”, dice Loretti. Estas estrategias jurídicas tratan de imponer miedo a los periodistas para que piensen dos veces antes de denunciar. Son un peligro para la democracia”.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró que el artículo de la discusión es un “ataque a la libertad de prensa” y pidió de inmediato su eliminación. “Es similar al que promovían las leyes de desacato que proliferaron en América Latina en décadas pasadas”, afirmó Jorge Canahuati, presidente de la SIP. El abogado Loretti recuerda que, en Argentina, con las leyes de desacato o de insulto que había en los 90, un solo periodista podía tener al mismo tiempo más de 10 querellas que impedían su trabajo. Las posturas de la Asociación de Medios de Información (AMI) y de Asomedios son similares a la de la SIP. “No entendemos qué relación tiene una disposición como esta con el objeto de la ley”, dice un comunicado público de AMI.

La Fundación Para la Libertad de Prensa (Flip), también expresó su preocupación por la posible puesta en marcha de este artículo. “El acoso judicial, y la posibilidad de enfrentar un proceso penal genera un ambiente de autocensura. Reiteramos que la garantía del ejercicio de la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a la información no son el enemigo, por el contrario, son pilares esenciales de una sociedad democrática”.