Entradas y salidas en Palacio

El año pasado, por estos mismos días, Diego Álvarez, abogado del jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, estaba próximo a concretar su tercera cita con el secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo. Lo hacía porque quería entregar información sobre una supuesta manipulación de testigos por parte de la Corte Suprema de Justicia contra el presidente Uribe. Hoy está claro que no existió complot alguno, pero aún el país no sabe cuál era el plan del paramilitarismo para pescar en el río revuelto de la polarización judicial y política.

La primera cita fue el 28 de febrero de 2008. La segunda, el 31 de marzo. De la tercera, formalizada el 23 de abril, aún se sigue hablando. El abogado Álvarez regresó, esta vez acompañado de Antonio López, alias Job, un ex jefe paramilitar de la comuna octava de Medellín que vivía convencido de ser el interlocutor y sucesor de Don Berna, pero que fue asesinado tres meses después en la capital antioqueña. No se sabe quién lo mató, ni la justicia ha dado respuestas sobre su presencia en la Casa de Nariño. Pero siguen apareciendo versiones y personajes detrás de la extraña cita.

La revista Semana sostiene que el hombre detrás de la reunión de Job en la Casa de Nariño era realmente Rodrigo Zapata Sierra, alias Ricardo, detenido el pasado 19 de marzo al norte de Bogotá y sindicado de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir, en desarrollo de su accionar como sigiloso jefe paramilitar. El Nuevo Herald de Miami aseguró esta semana que el verdadero gestor de esa reunión no fue Rodrigo Zapata, sino Gustavo Tapias Ospina, alias Techo, un narcotraficante que el pasado mes de febrero fue condenado a 11 años de prisión por la justicia de Estados Unidos.

Uno u otro, hoy sólo queda claro que Job no actuaba por su propia cuenta y que, a un mes de la extradición de los 14 jefes de las autodefensas que estaban presos en Itagüí, el paramilitarismo se movía estratégicamente y desconocidos personajes tras bambalinas, en la trasescena de la Ley de Justicia y Paz, se concertaban para hacerle conejo a la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía y la Procuraduría aún no aportan sus conclusiones. Pero cada día que pasa deja más evidencias de que muchos conspiraron para frenar en seco las investigaciones de la parapolítica.

En agosto de 2008, la Fiscalía concluyó que no tenía pruebas para sindicar al magistrado auxiliar Iván Velásquez de estar manipulando testigos para incriminar al presidente Uribe. Pero ese mismo mes, la revista Semana soltó la perla de la reunión de Job  y el abogado de Don Berna con el secretario jurídico de Palacio, Edmundo del Castillo; el secretario de Prensa, César Mauricio Velásquez; el ex gobernador del Cauca Juan José Cháux, la ex subdirectora de operaciones del DAS, Martha Inés Leal, y el abogado Óscar Iván Palacio. Desde entonces sólo prevalecen los interrogantes y los silencios de la justicia.

Por esos mismos días, a raíz de las especulaciones sobre la reunión de abril de 2008 en la Casa de Nariño, El Espectador formuló un derecho de petición para que la Secretaría Jurídica entregara el listado de personas que ingresaron a la sede de la Presidencia de la República a lo largo de los años 2007 y 2008. La primera respuesta fue telefónica. Una funcionaria de la Oficina Jurídica se comunicó con el periódico para manifestar que dicha información era reservada. El 23 de octubre de 2008, El Espectador insistió en su petición, argumentando no sólo las garantías constitucionales, sino las leyes y jurisprudencia sobre el acceso a la información.

A mediados de noviembre, la Presidencia de la República, a través del secretario de Seguridad de Palacio, general Flavio Buitrago, contestó que por restricciones legales no se podía permitir el acceso a la información computarizada de los ingresos a la Casa de Nariño. “Es un asunto de seguridad informática”, aseguró el funcionario. De paso, en su respuesta oficial, el general Buitrago argumentó que el método mas viable era que el periódico aportara una lista de los nombres de personas que quería consultar, para verificar si habían ingresado a Palacio entre 2007 y 2008, y despejar así las incógnitas respecto a los visitantes a la casa presidencial.

Hoy, a cambio de esa información, abundan las dudas sin respuesta. Por ejemplo, sin que nadie le pidiera explicaciones, el ex desmovilizado ex militante del Bloque Pacífico de las autodefensas Rodrigo Zapata Sierra, el 24 de septiembre de 2008, es decir, un mes después del escándalo de la presencia de Job en la Casa de Nariño, decidió acudir a la Notaría 24 de Bogotá para aportar una declaración extrajuicio y testificar que el secretario de Prensa, César Mauricio Velásquez no tuvo relación alguna con Job y fue apenas un testigo ocasional de la reunión. La declaración fue avalada por el notario Jorge Humberto Uribe Escobar, hermano del ex senador Mario Uribe, investigado en la parapolítica.

El aludido Rodrigo Zapata Sierra fue capturado el pasado 19 de marzo en el centro comercial Unicentro en Bogotá y, el pasado miércoles 1º de abril, la Fiscalía General de la Nación dictó en su contra medida de aseguramiento por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir. Hoy empieza a aclararse que Zapata era el hombre de confianza del jefe paramilitar Vicente Castaño Gil y que asumió sus negocios con fachadas legales en la región de Urabá, tanto en el departamento del Chocó como en el de Antioquia. Paradójicamente, aunque se desmovilizó con el extraditado Hébert Veloza García, alias H.H., , ahora lo contradice y dice que miente, en especial en sus relaciones políticas.

Según Noticias RCN, Zapata ya le ha dicho a la justicia que su ex jefe Vicente Castaño fue ejecutado por órdenes de Carlos Aguilar, alias Rogelio, ex jefe de la Oficina de Envigado. El personaje aceptó que Job lo buscó para que le ayudara a obtener una cita en la Casa de Nariño, pero que él se negó. En cambio, el ex gobernador del Cauca Juan José Cháux sí accedió al favor e incluso participó en la reunión. Como si fuera poco, Zapata aseguró que Yiyo, sucesor de Rogelio en la Oficina de Envigado, fue el individuo que gestó el asesinato de alias Job, en desarrollo de la guerra que se desató entre la gente de alias Don Mario, en libertad, y la mafia asociada al extraditado jefe paramilitar Don Berna.

Si es cierto que Rodrigo Zapata se negó a colaborarle a Job en sus contactos con la Casa de Nariño, cobra importancia la versión del Nuevo Herald de Miami, según la cual el enigmático sujeto a la sombra puede ser Gustavo Tapias Ospina. Un ambiguo sujeto que acaba de ser condenado a 11 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico y que ya había sido sentenciado en Francia por el mismo delito en 1996, y que tiene una larga historia asociada al tráfico de estupefacientes que apenas empieza a conocerse, pero que data de los tiempos en que los socios de Pablo Escobar Gaviria se unieron para acabar con el capo de capos.

Gustavo Tapias Ospina, conocido con el alias de Techo, hizo parte de los doce del patíbulo, el grupo de narcotraficantes que en julio de 1993 fue indultado para que colaborara con el Estado en la lucha contra Pablo Escobar. Manejaba la ruta La Fania y, junto a Luis Guillermo Ángel Restrepo, alias Guillo, y Gabriel Puerta Parra, entre otros, fue determinante para dar de baja al capo de capos. Según la justicia norteamericana, después de sus andanzas en el cartel de Medellín, Techo se fue a trabajar con el cartel del norte del Valle. En febrero pasado se entregó a las autoridades en Miami y una Corte de la Florida lo sentenció a 11 años de prisión.

El Espectador corroboró, a través de Fidencio Mena y Óscar Iván Palacios, los lobistas de moda ante el Palacio de Nariño, que es un sujeto conocido de vieja data. Es más, agregó una fuente, su hermano Jairo Tapias Ospina fue fundador, rector y representante legal de la Corporación Universitaria de Colombia (Ideas) y hoy ocupa una curul en el Congreso de la República, en reemplazo del senador Miguel Pinedo Vidal, preso por la parapolítica. Poco se sabía de Gustavo Tapias Ospina, hoy está claro que durante más de veinte años participó en el narcotráfico, pero apenas hace pocas semanas quedó en evidencia y ahora le espera una exigua condena en E.U.

En síntesis, a un año de la polémica reunión de Job  y el abogado de Don Berna en la Casa de Nariño, son más los cabos sueltos que las explicaciones de ese encuentro. La justicia lleva un año sin avance alguno. Fuese Rodrigo Zapata o Gustavo Tapias el hombre detrás de Job, ya poco importa. Lo trascendente es que por cuenta de la parapolítica, el accidentado proceso de paz entre el Gobierno y las autodefensas y de la lucha contra el narcotráfico, siguen apareciendo historias que cierran el círculo. Legalmente, El Espectador sigue esperando la lista de las personas que ingresaron a la Casa de Nariño entre 2007 y 2008, no para hacer sindicaciones, sino para descartar suspicacias.

Lea las páginas del proceso y la sentencia expedidas en febrero por la justicia de Estados Unidos, haciendo clic AQUÍ

El año pasado, por estos mismos días, Diego Álvarez, abogado del jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, estaba próximo a concretar su tercera cita con el secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo. Lo hacía porque quería entregar información sobre una supuesta manipulación de testigos por parte de la Corte Suprema de Justicia contra el presidente Uribe. Hoy está claro que no existió complot alguno, pero aún el país no sabe cuál era el plan del paramilitarismo para pescar en el río revuelto de la polarización judicial y política.

La primera cita fue el 28 de febrero de 2008. La segunda, el 31 de marzo. De la tercera, formalizada el 23 de abril, aún se sigue hablando. El abogado Álvarez regresó, esta vez acompañado de Antonio López, alias Job, un ex jefe paramilitar de la comuna octava de Medellín que vivía convencido de ser el interlocutor y sucesor de Don Berna, pero que fue asesinado tres meses después en la capital antioqueña. No se sabe quién lo mató, ni la justicia ha dado respuestas sobre su presencia en la Casa de Nariño. Pero siguen apareciendo versiones y personajes detrás de la extraña cita.

La revista Semana sostiene que el hombre detrás de la reunión de Job en la Casa de Nariño era realmente Rodrigo Zapata Sierra, alias Ricardo, detenido el pasado 19 de marzo al norte de Bogotá y sindicado de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir, en desarrollo de su accionar como sigiloso jefe paramilitar. El Nuevo Herald de Miami aseguró esta semana que el verdadero gestor de esa reunión no fue Rodrigo Zapata, sino Gustavo Tapias Ospina, alias Techo, un narcotraficante que el pasado mes de febrero fue condenado a 11 años de prisión por la justicia de Estados Unidos.

Uno u otro, hoy sólo queda claro que Job no actuaba por su propia cuenta y que, a un mes de la extradición de los 14 jefes de las autodefensas que estaban presos en Itagüí, el paramilitarismo se movía estratégicamente y desconocidos personajes tras bambalinas, en la trasescena de la Ley de Justicia y Paz, se concertaban para hacerle conejo a la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía y la Procuraduría aún no aportan sus conclusiones. Pero cada día que pasa deja más evidencias de que muchos conspiraron para frenar en seco las investigaciones de la parapolítica.

En agosto de 2008, la Fiscalía concluyó que no tenía pruebas para sindicar al magistrado auxiliar Iván Velásquez de estar manipulando testigos para incriminar al presidente Uribe. Pero ese mismo mes, la revista Semana soltó la perla de la reunión de Job  y el abogado de Don Berna con el secretario jurídico de Palacio, Edmundo del Castillo; el secretario de Prensa, César Mauricio Velásquez; el ex gobernador del Cauca Juan José Cháux, la ex subdirectora de operaciones del DAS, Martha Inés Leal, y el abogado Óscar Iván Palacio. Desde entonces sólo prevalecen los interrogantes y los silencios de la justicia.

Por esos mismos días, a raíz de las especulaciones sobre la reunión de abril de 2008 en la Casa de Nariño, El Espectador formuló un derecho de petición para que la Secretaría Jurídica entregara el listado de personas que ingresaron a la sede de la Presidencia de la República a lo largo de los años 2007 y 2008. La primera respuesta fue telefónica. Una funcionaria de la Oficina Jurídica se comunicó con el periódico para manifestar que dicha información era reservada. El 23 de octubre de 2008, El Espectador insistió en su petición, argumentando no sólo las garantías constitucionales, sino las leyes y jurisprudencia sobre el acceso a la información.

A mediados de noviembre, la Presidencia de la República, a través del secretario de Seguridad de Palacio, general Flavio Buitrago, contestó que por restricciones legales no se podía permitir el acceso a la información computarizada de los ingresos a la Casa de Nariño. “Es un asunto de seguridad informática”, aseguró el funcionario. De paso, en su respuesta oficial, el general Buitrago argumentó que el método mas viable era que el periódico aportara una lista de los nombres de personas que quería consultar, para verificar si habían ingresado a Palacio entre 2007 y 2008, y despejar así las incógnitas respecto a los visitantes a la casa presidencial.

Hoy, a cambio de esa información, abundan las dudas sin respuesta. Por ejemplo, sin que nadie le pidiera explicaciones, el ex desmovilizado ex militante del Bloque Pacífico de las autodefensas Rodrigo Zapata Sierra, el 24 de septiembre de 2008, es decir, un mes después del escándalo de la presencia de Job en la Casa de Nariño, decidió acudir a la Notaría 24 de Bogotá para aportar una declaración extrajuicio y testificar que el secretario de Prensa, César Mauricio Velásquez no tuvo relación alguna con Job y fue apenas un testigo ocasional de la reunión. La declaración fue avalada por el notario Jorge Humberto Uribe Escobar, hermano del ex senador Mario Uribe, investigado en la parapolítica.

El aludido Rodrigo Zapata Sierra fue capturado el pasado 19 de marzo en el centro comercial Unicentro en Bogotá y, el pasado miércoles 1º de abril, la Fiscalía General de la Nación dictó en su contra medida de aseguramiento por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir. Hoy empieza a aclararse que Zapata era el hombre de confianza del jefe paramilitar Vicente Castaño Gil y que asumió sus negocios con fachadas legales en la región de Urabá, tanto en el departamento del Chocó como en el de Antioquia. Paradójicamente, aunque se desmovilizó con el extraditado Hébert Veloza García, alias H.H., , ahora lo contradice y dice que miente, en especial en sus relaciones políticas.

Según Noticias RCN, Zapata ya le ha dicho a la justicia que su ex jefe Vicente Castaño fue ejecutado por órdenes de Carlos Aguilar, alias Rogelio, ex jefe de la Oficina de Envigado. El personaje aceptó que Job lo buscó para que le ayudara a obtener una cita en la Casa de Nariño, pero que él se negó. En cambio, el ex gobernador del Cauca Juan José Cháux sí accedió al favor e incluso participó en la reunión. Como si fuera poco, Zapata aseguró que Yiyo, sucesor de Rogelio en la Oficina de Envigado, fue el individuo que gestó el asesinato de alias Job, en desarrollo de la guerra que se desató entre la gente de alias Don Mario, en libertad, y la mafia asociada al extraditado jefe paramilitar Don Berna.

Si es cierto que Rodrigo Zapata se negó a colaborarle a Job en sus contactos con la Casa de Nariño, cobra importancia la versión del Nuevo Herald de Miami, según la cual el enigmático sujeto a la sombra puede ser Gustavo Tapias Ospina. Un ambiguo sujeto que acaba de ser condenado a 11 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico y que ya había sido sentenciado en Francia por el mismo delito en 1996, y que tiene una larga historia asociada al tráfico de estupefacientes que apenas empieza a conocerse, pero que data de los tiempos en que los socios de Pablo Escobar Gaviria se unieron para acabar con el capo de capos.

Gustavo Tapias Ospina, conocido con el alias de Techo, hizo parte de los doce del patíbulo, el grupo de narcotraficantes que en julio de 1993 fue indultado para que colaborara con el Estado en la lucha contra Pablo Escobar. Manejaba la ruta La Fania y, junto a Luis Guillermo Ángel Restrepo, alias Guillo, y Gabriel Puerta Parra, entre otros, fue determinante para dar de baja al capo de capos. Según la justicia norteamericana, después de sus andanzas en el cartel de Medellín, Techo se fue a trabajar con el cartel del norte del Valle. En febrero pasado se entregó a las autoridades en Miami y una Corte de la Florida lo sentenció a 11 años de prisión.

El Espectador corroboró, a través de Fidencio Mena y Óscar Iván Palacios, los lobistas de moda ante el Palacio de Nariño, que es un sujeto conocido de vieja data. Es más, agregó una fuente, su hermano Jairo Tapias Ospina fue fundador, rector y representante legal de la Corporación Universitaria de Colombia (Ideas) y hoy ocupa una curul en el Congreso de la República, en reemplazo del senador Miguel Pinedo Vidal, preso por la parapolítica. Poco se sabía de Gustavo Tapias Ospina, hoy está claro que durante más de veinte años participó en el narcotráfico, pero apenas hace pocas semanas quedó en evidencia y ahora le espera una exigua condena en E.U.

En síntesis, a un año de la polémica reunión de Job  y el abogado de Don Berna en la Casa de Nariño, son más los cabos sueltos que las explicaciones de ese encuentro. La justicia lleva un año sin avance alguno. Fuese Rodrigo Zapata o Gustavo Tapias el hombre detrás de Job, ya poco importa. Lo trascendente es que por cuenta de la parapolítica, el accidentado proceso de paz entre el Gobierno y las autodefensas y de la lucha contra el narcotráfico, siguen apareciendo historias que cierran el círculo. Legalmente, El Espectador sigue esperando la lista de las personas que ingresaron a la Casa de Nariño entre 2007 y 2008, no para hacer sindicaciones, sino para descartar suspicacias.

Lea las páginas del proceso y la sentencia expedidas en febrero por la justicia de Estados Unidos, haciendo clic AQUÍ