Falta de inversión y recaudos asfixiantes: lupa a la crisis de la empresa Air-e

El Espectador publicó el domingo una investigación que da cuenta de posibles actuaciones poco eficientes, con visos irregulares, por parte de exdirectivos de Air-e. En esta segunda entrega, este diario les pone lupa a otras cuestionadas decisiones tomadas por los dueños de la empresa, antes de su intervención, que habrían contribuido a su debacle.

El Espectador publicó el domingo una investigación que da cuenta de posibles actuaciones poco eficientes, con visos irregulares, por parte de exdirectivos de Air-e. En esta segunda entrega, este diario les pone lupa a otras cuestionadas decisiones tomadas por los dueños de la empresa, antes de su intervención, que habrían contribuido a su debacle.

Una de ellas fue la estrategia que pactaron para el cobro del Costo de la Opción Tarifaria (COT). Para entender esta cuestión hay que remontarse a 2020. En ese año, partir del inicio del covid-19, empezó a regir la llamada Opción Tarifaria: la medida nacional para favorecer a los usuarios, por los impactos económicos de la pandemia. La medida permitió que se congelaran los pagos de los usuarios por el servicio de energía. Esto significó que los usuarios adquirieron una deuda por los consumos de ese tiempo, que debían pagar en cuotas, una vez se superara la crisis.

En 2022, el Gobierno Nacional autorizó a las empresas de energía a que empezaran a cobrar esta opción tarifaria. Es decir, en la factura, las empresas les empezaron a cobrar a los usuarios la energía que consumieron, más una cuota de lo que quedó debiendo por opción tarifaria.

La Creg fue clara, además, en decir que ese saldo se podía diferir en uno, dos, tres y hasta diez años. Casi todas las empresas de energía del país difirieron este cobro entre dos y cinco años. Afinia, que tiene un mercado equivalente al de Air-e, trasladó un cobro de $80 pesos por kilovatio, por ejemplo. Pero Air-e decidió, en cambio, hacer ese recaudo en solo un año. Por eso le cargaron $265,50 pesos por kilovatio al usuario.

Cuando estalló la crisis social por el alza de tarifas de energía a los usuarios de Air-e, hace un poco más de seis meses, la Asociación Colombiana de Comercializadores de Energía (ACCE) propuso al Ministerio de Minas y Energía que Air-e debía diferir el saldo que les quedaba de la Opción Tarifaria a tres o cuatro años, para no ahorcar la demanda. Lo que representaría un ahorro en la tarifa de hasta $200/kWh, beneficiando a los usuarios. No acogieron la propuesta.

Solo hasta el 25 de septiembre, tras su intervención, Air-e anunció que bajó el costo asociado a la recuperación del saldo de la Opción Tarifaria a $12,80 pesos por kilovatio-hora. Un mensaje alentador para los usuarios, en medio de la incertidumbre, que podría favorecer a que no haya alza de tarifas a partir de octubre, como prometió el Gobierno Nacional.

Cuestionado sobre por qué Air-e en la administración Ríos Velilla decidió hacer ese cobro en un solo año, el abogado Jaime Lombana, que los representa, no respondió por qué decidieron ese plazo, pero aseguró que “el cobro de la Opción Tarifaria cumplió con la regulación normativa, y al momento de la intervención quedaba casi la mitad por cobrar ($465 mil millones de un máximo de 1 billón)”.

El origen de Air-e

Para entender las dificultades de Air-e hay que remontarse al origen de las empresas de energía en la costa. Hay un acuerdo, entre cinco conocedores de este complejo mercado (que aceptaron hablar con franqueza con este diario, si no se les citaba con nombre propio) en que sería impreciso decir que los problemas en la prestación de este servicio llegaron con la privatización de las empresas públicas de energía.

De hecho, los escándalos de posible corrupción y desfalco financiero que llevaron a la liquidación de las electrificadoras oficiales en la costa Atlántica, a comienzos de 1998, fueron sonados. Fue el caso de la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica (Corelca), con el caso Planiep, (Plan de Inversiones de la Costa Atlántica) o el de la Electrificadora del Atlántico (Electranta) con TermoRío.

También es claro que la privatización de la energía en esta región tampoco solucionó los problemas. La entrada de Electricaribe, la empresa de energía de capital español, también se volvió el dolor de cabeza de los costeños hasta que desapareció, en 2020, en medio de críticas por malos manejos y problemas de operación.

En el proceso de liquidación, las empresas Afinia (operada por las Empresas Públicas de Medellín) y Air-e (del grupo empresarial de Alberto Ríos Velilla, con negocios en Pereira) asumieron su servicio, con prebendas muy atractivas. Afinia (que se transformó en CaribeMar) tomó el servicio en los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre y Air-e se quedó en Magdalena, Atlántico y Guajira.

Por ejemplo, en su momento, se conoció que el valor que pagó el Consorcio Energía de la Costa (Ríos Velilla) fue de $285.000 millones. Y aunque María Fernanda Suárez, la ministra de Minas y Energía de entonces, no quiso confirmar la cifra porque dijo que se trató de una transacción entre privados, hubo muchas críticas.

El entonces senador Jorge Robledo denunció que este era un activo que valía por lo menos $2,76 billones y que ellos solo pagaron el 10 % de su valor. Sin contar con que el Estado asumió las deudas, el pago del pasivo pensional y los créditos. Preguntado sobre el precio de compra, Lombana le aseguró a este diario que realmente se compró por $282.000 millones.

Resoluciones regalo de Duque y Petro

En 2018, el Gobierno Nacional, a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), evaluaba las tarifas que cada operador de red o distribuidor podía trasladar a los usuarios por la energía y, en especial, por los costos que hay detrás de que al accionar el interruptor se prenda el foco de luz

Sí, el costo por kilovatio, que se refleja en la factura, tiene detrás otros costos diferentes al de generación, que también impactan la tarifa, porque le agregan valor a la cadena de producción.

Uno de esos costos es el cargo por uso. Esto es conocido en el sector como el cargo que las empresas cobran a sus usuarios por las inversiones presentes y las que piensan hacer en sus líneas de distribución de energía; el mantenimiento y administración de los activos; y las pérdidas técnicas, que es la energía que se pierde naturalmente en su transporte, a través de la red eléctrica.

Pero volvamos. En 2018, se definieron nuevas reglas para que los operadores de red eléctrica les cobraran a sus usuarios estos cargos por uso. Fue así como, por ejemplo, se definió que para el pago de ese cargo se iba a tener en cuenta la vejez de los activos y las nuevas inversiones que cada empresa hiciera. Antes de eso, se debía pagar lo mismo por este cargo, sin importar que una empresa tuviera activos actualizados y otra no.

Además, también cambió la metodología para cobrar el cargo por distribución, que como su nombre lo indica, solo reciben los distribuidores de energía. Estamos hablando de las empresas encargadas, en cada región, de llevar la energía hasta el consumidor final, a través de las redes eléctricas. Este cargo de distribución pasó a ser anual, dividido en 12 cuotas iguales, de pago mensual, dividido por la demanda de cada distribuidora en su área de operación.

Por ejemplo, para seguir con Air-e, esta empresa recibe el cargo de distribución de todos los usuarios que viven en los departamentos de Atlántico, Guajira y Magdalena, sin importar que ellos contraten la energía con otra empresa comercializadora y, asimismo, son los encargados de mantener en buenas condiciones esa red de distribución eléctrica.

La nueva metodología de pago de esos cargos se vio reflejada en 2020 para todas las empresas del mercado. Pero en 2020, la Creg expidió una resolución inédita para Air-e y Afinia, para que entraran con fuerza a asumir el deteriorado mercado de energía de la Costa.

La resolución 10 del 2020 les autorizó incrementar el cobro por pérdidas de energía a todos sus usuarios, del 14,75 al 30 %, cuando para el resto de empresas solo está permitido el 12 %, aproximadamente.

Un incremento considerable que, además, se les autorizó hacerlo retrospectivo, es decir, desde el momento en que entregaron la información a la Creg, dos años atrás. Es la única vez que esta entidad, encargada de regular la prestación de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible, ha hecho una reglamentación retroactiva y solo para beneficiar a dos empresas.

Eso, inevitablemente, incrementó la tarifa de energía de los usuarios del Caribe, porque les empezó a llegar el recibo con este cobro retroactivo, más el incremento. Además, a finales de 2023, le dieron otra prebenda importante a Air-e, junto a tres empresas más del mercado. Una iniciativa a la que solo se podían acoger quienes tuvieran Opción Tarifaria y no tuvieran una generación mayor del 1 % de la generación de energía nacional.

La Resolución 701 029 de 2023, de la Creg, les permitió no pagar el 20 % de lo que debían pagar cada mes por las compras en bolsa, el Sistema de Intercambios Comerciales del Mercado y la entidad de Liquidación y Administración de Cuentas (LAC), entre otras.

Fue así que el 17 de septiembre de 2024, Air-e tenía que hacer los pagos de sus obligaciones en la bolsa, pero no lo hizo. Argumentaron que la plata estaba en una fiducia y que para sacarla el agente interventor debía dar la orden. Cuando intervino la empresa, el 12 de septiembre, Carlos Diago suspendió todos los pagos previos porque aseguró que no tiene suficiente información de la empresa por el virus, que “sospechosamente”, días antes de que él asumiera el control, afectó los sistemas informáticos de Air-e.

El abogado Jaime Lombana, en respuesta a un cuestionario enviado por El Espectador, aseguró que “la empresa fue víctima de esa acción criminal informática (...) como ha sucedido con la gran mayoría de empresas en Colombia”. Y que no hay de qué preocuparse porque “en el mundo cibernético de hoy, toda información sistematizada es recuperable y se puede reconstruir”.

Lo cierto es que, a la fecha, la supuesta ausencia de esa información ha sido la excusa para que la empresa intervenida no haya hecho los pagos en el mercado. De acuerdo con datos recabados con agentes del mercado, el mes pasado tenían que pagar $172 mil millones, que son los gastos que le generaron al mercado, pero solo les pudieron aplicar $31.000 millones, que fue lo que entregaron en garantías. Quedaron debiendo $144.000 millones de septiembre.

Tampoco pagaron sus obligaciones por los contratos de compra de energía a los agentes del mercado que le habían vendido más del 70 % del total de la energía que requerían para no estar expuestos a los precios de bolsa.

Pero, ¿por qué Air-e no ha tenido sanciones si no ha pagado sus deudas? Porque el Ministerio de Minas y Energía sacó una normativa que les permite que no se les aplique la limitación de suministro de energía por no pago, para agosto y septiembre de este año.

Es cierto que las resoluciones no decían por ningún lado Air-e, pero señalan que beneficiaba solo a los comercializadores que tuvieran un “porcentaje subnormal de estratos 1, 2 y 3″. Air-e es la única empresa que cumplía las condiciones definidas. “Lo grave es que les deben a muchos agentes del mercado. Por ejemplo, solo a los proveedores ya les deben dos meses de suministro”, puntualizó un comercializador de energía que pidió no ser identificado para evitar represalias.

¿Cobrar sin invertir en Air-e?

Los incentivos que Air-e y Afinia tuvieron desde el inicio de su operación tenían como compromiso que debían invertir en infraestructura y mantenimiento de la operación.

Pero eso no sucedió tan así. Durante cuatro años, esta empresa (a diferencia de Afinia) no hizo inversiones representativas para atender la necesidad de mantenimiento del área en la que opera. Por eso, los constantes cortes y las enormes dificultades para ofrecer un buen servicio de distribución de energía donde operan. Una región de alto consumo de este recurso.

Esto se sabe porque Air-e debe reportar a la Creg las inversiones que hacen. Con el plan de inversión que Air-e presentó al inicio de sus operaciones, la Creg les autoriza que cobren por anticipado a sus usuarios el monto correspondiente por kilovatio-hora (kWh), para pagar por dichas inversiones (este cobro incluye las inversiones presentes y las que piensan hacer; el mantenimiento y administración de los activos; y las pérdidas técnicas).

Si se revisan las tarifas publicadas por Air-e de diciembre de 2023, el cargo de distribución es de $303/kWh. Pero, si se revisan las tarifas de Air-e, publicadas en agosto de 2024, en la plataforma pública de XM (operador del Sistema Interconectado y administrador del Mercado de Energía Mayorista de Colombia) esa misma variable disminuyó a $148/kWh.

Es decir, la Creg les bajó el ingreso que podían cobrar por distribución, precisamente por no hacer las inversiones a las que se comprometieron y que se verían reflejadas en los indicadores de servicio eléctrico, tales como el número de interrupciones y duración del mismo, entre otras cosas.

Consultado por El Espectador, el representante de Air-e aseguró que es falso que no hayan hecho inversiones: “Durante los primeros dos años se cumplió el plan de inversión por encima del 94 % sobre lo aprobado por la Creg y muy por encima del 7 % del Costo de Reposición de Referencia de sus activos. En el tercer año, se hicieron menores inversiones por los efectos de la techada de tarifa para los comercializadores, mientras los generadores siguieron cobrando lo que quisieron, afectando el más básico equilibrio financiero, para no cargar la tarifa a los usuarios”.

“Air-e con los Ríos estaba recogiendo a toda costa, para entregarle la papa caliente al Estado y largarse con la plata, y con ese fin estaba haciendo de todo: compras ineficientes o amañadas, recaudos asfixiantes del cobro de la Opción Tarifaria, no pago de deudas ni de recaudos de aseo y contratos para favorecer a las mismas empresas de su grupo empresarial”, es el análisis general de un agente del mercado de lo que pasó con Air-e y su intervención.

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