Fiesta, drogas y alcohol, un coctel que desafía las políticas de prohibición

El pasado sábado 2 de julio, la fila para ingresar a Red Room 2, un evento de techno realizado a las afueras de Bogotá, duró al menos una hora y media. “Tengan paciencia, vinieron 1.600 personas, por eso nos estamos demorando”, fue la insistencia de los encargados de la logística del lugar. Una vez adentro, coinciden varios asistentes, era difícil respirar. El único espacio por donde entraba aire era la puerta de ingreso. Ese día, Ricardo Rojas, un joven de 26 años, falleció en medio de la fiesta.

El pasado sábado 2 de julio, la fila para ingresar a Red Room 2, un evento de techno realizado a las afueras de Bogotá, duró al menos una hora y media. “Tengan paciencia, vinieron 1.600 personas, por eso nos estamos demorando”, fue la insistencia de los encargados de la logística del lugar. Una vez adentro, coinciden varios asistentes, era difícil respirar. El único espacio por donde entraba aire era la puerta de ingreso. Ese día, Ricardo Rojas, un joven de 26 años, falleció en medio de la fiesta.

Lo que pasó en el Rancho La María, lugar que fue alquilado para el evento, situado en la calle 245, al norte de Bogotá, pudo terminar en una tragedia mayor. Entre la una y las cuatro de la mañana del domingo 3 de julio, según denunciaron algunos de los asistentes, en un momento y sin dar aviso cerraron las puertas del sitio y no dejaron salir a nadie del mismo. Además, se acabó el agua potable y se habrían bloqueado los registros del suministro de agua para evitar que los asistentes llenaran las botellas en los baños.

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En ese instante la música pasó a segundo plano. Varios grupos de jóvenes se arrinconaron contra la pared y lo único que pudieron comprar para hidratarse fueron cervezas, a $12.000 cada una. Aunque todavía no existe claridad sobre la causa de la muerte de Ricardo Rojas, se habla de una posible ingesta de drogas, una versión que no ha sido confirmada por Medicina Legal. Sin embargo, más allá de las causas de su deceso, las condiciones en las que pasó su última noche fueron determinantes para el fatal desenlace.

En cualquier caso, Ricardo Rojas constituye el rostro reciente de las víctimas que dejan las fiestas clandestinas que ganan terreno en el país. Por el afán de operar, los organizadores evaden controles de las autoridades y no brindan espacios seguros a los asistentes. El pasado 21 de mayo, esta vez en el Baum Festival, un evento que contaba con todos los permisos, una joven perdió la vida. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud, esa misma noche, otras 13 personas fueron atendidas por diversas afectaciones originadas en el consumo desmedido de estupefacientes.

En agosto de 2021, en un evento ilegal realizado en Itagüí (Antioquia), dos jóvenes de 14 y 15 años fallecieron por posible intoxicación a causa del consumo de sustancias psicoactivas. Según el Ministerio de Justicia, durante el período de 2013 a 2020 se encontraron 28.541 personas que, al momento de su fallecimiento, arrojaron resultado positivo de por lo menos una sustancia psicoactiva en su cuerpo. El estudio, además, estableció que el alcohol se identificó en mayor número, con 24.723 casos, seguido por la cocaína, con 3.469.

El fracaso de las políticas de prohibición

El Informe Mundial de Drogas establece que alrededor de 269 millones de personas, entre los 15 y 64 años, consumieron drogas ilícitas en el último año (2021). Además, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), advierte que medio millón de muertes ocurridas en 2019 se atribuyen al consumo de drogas. Incluso, un estudio del Observatorio de Drogas de Colombia (ODC), sobre ingesta de sustancias psicoactivas en población universitaria, mostró que el 38,7 % de los estudiantes encuestados han consumido drogas ilícitas alguna vez en la vida. El 22,4 % lo hizo en el último año.

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Pablo Zuleta, director del área de consumo de drogas, salud pública y educación del Cesed, de la Universidad de los Andes, asegura que en Colombia “el temor de los gobiernos y los ciudadanos a la despenalización genera políticas poco flexibles, incluso cuando la evidencia no ha mostrado que disminuir la prohibición sea una causa de mayor consumo”. Zuleta explica que en los últimos años cada vez son más los políticos que entienden el prohibicionismo como un arma de doble filo que “no permite humanizar el problema ni tratarlo según políticas de salud pública que tengan verdadero impacto positivo”.

Vanesa Morris, coordinadora del colectivo Échele cabeza cuando se dé en la cabeza, un proyecto de reducción de riesgos y daños que les brinda información a las personas que consumen sustancias psicoactivas, explica que el país lleva años prohibiendo sustancias psicoactivas y que, en realidad, no se ve un impacto positivo con estas medidas. “El consumo aumenta, aparecen nuevas sustancias, nuevos riesgos y esto es culpa de la prohibición”.

Morris también resalta que las iniciativas como Échele cabeza, que hacen pedagogía sobre el tema, “no promueven el consumo de drogas, como lo hacen ver los prohibicionistas, sino que brindan información confiable basada en evidencias para que las personas tomen decisiones claras sobre su cuerpo. El consumo es una realidad y tenemos que asumirla”, insiste la coordinadora del colectivo. En consecuencia, propone un modelo de regulación de sustancias a manos del Estado para mitigar los posibles daños.

Según la experiencia del equipo de Échele cabeza, Vanesa Morris, además de la pedagogía y de las estrategias de mitigación de riesgos, es fundamental crear una mayor responsabilidad por parte de los organizadores de eventos. “El acceso al mínimo vital de agua es algo sumamente importante. Además, es necesario que haya personal médico en todos los eventos y que se mejore la ventilación. La prohibición da pie para que se realicen fiestas clandestinas que no cumplen con estos requisitos mínimos”.

Una opinión similar tiene Yalesa Echeverría, productora de eventos de espectáculos públicos desde hace 28 años, quien propone que, pese a que los eventos clandestinos en las grandes ciudades siempre van a existir, eso no quiere decir que se tenga que normalizar el uso desmedido de estupefacientes y las muertes por falta de garantías. “La responsabilidad del empresario, sea legal o ilegal, debe ser prioritariamente velar por la vida de las personas que está convocando de manera masiva”.

Respecto a las políticas públicas y a la lucha contra las drogas, la empresaria manifestó que, si bien no habla por todo el gremio, cree que coincide con su sector cuando señala que al estar en un país en donde el cubrimiento de salud pública no atiende el dilema de la drogadicción, ya hay un problema serio no atendido. Asimismo, destaca que si bien cada persona es responsable de sus acciones, tampoco se puede dar la espalda al consumidor, por lo que habla de que existe una corresponsabilidad en esos espacios.

“No podemos decir que los organizadores sean promotores del consumo de drogas, eso sería irrespetuoso, porque claramente las drogas las están consumiendo en el andén, al frente de tu casa o en cualquier parte de la ciudad. Lo que hay que hacer es preguntarnos como sociedad cómo estás preparado para responder a esa situación, entendiendo que estás generando un espacio donde hay presencia de psicoactivos”, recalca Yalesa Echavarría.

“Por otra parte, creo que no es responsabilidad del organizador controlar las drogas. La responsabilidad del organizador es minimizar que haya esas situaciones (de sobredosis) y además tener cómo responder en términos de atención de salud. Si el mismo Gobierno no puede controlarlas, no podemos pretender que un empresario lo haga”, concluye la promotora de eventos.

En relación con el caso en el que falleció Ricardo Rojas, en Bogotá, la Secretaría de Gobierno anunció que interpuso denuncia ante la Fiscalía para que investigue los hechos y determine si existe responsabilidad de los dueños del establecimiento y los promotores de la fiesta. Los requisitos para estos eventos en la capital plantean que los organizadores deben solicitar permisos en el Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones (SUGA), de la Alcaldía de Bogotá, aspecto que obviaron los encargados de Red Room 2. Ese hecho les podría acarrear una multa de cerca de 800 salarios mínimos.

Si bien parece que con esta decisión el Distrito está tomando medidas frente a la clandestinidad de los eventos, solo queda esperar que la regulación no resulte en un decreto de prohibición, insisten los asistentes. La comunidad que ha crecido alrededor de los espacios musicales insiste en que llegó la hora de hablar de reducción de riesgos y de pedagogía que permita fiestas seguras para todos. Sin embargo, lejos de la prohibición que fue la respuesta fracasada en tiempos recientes, “criminalizar nunca será la respuesta”.