Freno en seco al expediente del hijo de Luis Alfredo Ramos

Tras una investigación de más de dos años, con pruebas técnicas y documentales, el pasado 18 de agosto fue convocada una audiencia virtual ante un juez de Medellín para imputarle el delito de cohecho a Esteban Ramos Maya, hijo menor del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos. A la misma diligencia también fueron llamados a imputación de cargos la esposa de Ramos, Alejandra González Chavarriaga, y el fiscal José Umbarila. Ramos Maya y su esposa están en la mira de la Fiscalía por la presunta compra irregular de un tiquete aéreo para el fiscal Umbarila, quien entonces investigaba a un exparamilitar que había declarado contra Luis Alfredo Ramos en la Corte Suprema de Justicia. Fue justamente ese alto tribunal el que le pidió a la Fiscalía investigar este tema.

Y aunque todo estaba dispuesto para realizar la diligencia, varias cosas extrañas sucedieron. La primera es que el abogado de Ramos Maya presentó una excusa, por lo cual ese día su cliente no fue imputado por cohecho. En cambio, su esposa y el fiscal Umbarila sí comparecieron y aunque no aceptaron cargos, quedaron vinculados oficialmente a este expediente. La segunda es que varias fuentes le confirmaron a El Espectador que hubo presiones de un alto funcionario de la Fiscalía para que dicha diligencia no se realizara. No obstante, como la audiencia ya estaba en curso, eso no fue posible. Pero vendrían más cosas. El 24 de agosto pasado, es decir, seis días después de la imputación a la esposa de Ramos Maya y al fiscal Umbarila, el fiscal Francisco Barbosa pidió revisar el caso.

A través de la resolución 00978, Barbosa designó a su jefe de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes Durán, para que convocara un comité técnico jurídico para evaluar cómo estaba siendo llevado ese proceso. De acuerdo con el documento, en poder de este diario, dicha decisión fue tomada por el fiscal Barbosa porque ese mismo 24 de agosto recibió un escrito de Esteban Ramos Maya y Alejandra González en el que solicitaron un comité de fiscales que revisara su caso “toda vez que en su criterio procede el archivo de la actuación y no se dan los requisitos legales para que se formule imputación de cargos en su contra”. En dicha resolución, Barbosa advirtió que la ley lo facultaba para convocar este tipo de comités cuando lo considerara necesario.

Por eso, Barbosa dispuso que Gabriel Jaimes organizara ese comité y que también debían asistir el fiscal del caso Daniel Cardona Soto y los fiscales de apoyo, Alberto Ortiz Coral y Andrés Felipe Orjuela, “a fin de que se estudie la situación planteada por los solicitantes y se garanticen los principios de unidad de gestión y jerarquía dentro de la Fiscalía, sin perjuicio de la autonomía e independencia de los fiscales”. Varios penalistas consultados mostraron su extrañeza por la velocidad con la que actuó el fiscal Barbosa en este proceso. “Es probable que sea la primera vez en la historia de la Fiscalía donde los investigados solicitan este tipo de comités y el fiscal general ese mismo día les concede esa petición. Es algo completamente fuera de lo normal”, conceptuó una de las fuentes consultadas.

Cuatro días después, el 28 de agosto, el fiscal Gabriel Jaimes Durán firmó un segundo documento que envió al equipo encargado del expediente de Esteban Ramos Maya. Allí, Jaimes les hizo una advertencia: “Me permito indicar a usted de manera respetuosa, se abstenga de realizar cualquier actuación de fondo o de impulso en la mencionada noticia (la de Ramos Maya) hasta tanto no se lleve a cabo el citado comité”. De esta manera, el caso quedó congelado. Con otra particularidad: argumentando necesidades del servicio, el fiscal Daniel Cardona Soto fue trasladado a Nariño. El Espectador pudo confirmar que rechazó el traslado y que renunció en los últimos días. Cardona no quiso hablar con este diario, pues está atravesando una grave situación familiar.

El proceso

La génesis de este proceso se remonta al 16 de febrero de 2018. Ese día la Corte Suprema de Justicia archivó la investigación que adelantaba contra el senador Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos y ordenó investigar por ese mismo delito a su denunciante, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. En esa decisión, el alto tribunal le pidió a la Fiscalía que indagara las conductas del fiscal José Umbarila, quien investigó al exparamilitar Carlos Enrique Areiza. Se trata de uno de los testigos claves en el proceso de Ramos por parapolítica y quien en abril de 2018 fue asesinado. Areiza declaró en su momento en la Corte y los abogados de Luis Alfredo Ramos lo denunciaron por falso testimonio. Los defensores de Ramos eran Gustavo Moreno y Leonardo Pinilla, protagonistas del cartel de la toga.

El caso del fiscal Umbarila le correspondió al fiscal Daniel Cardona y pronto sus investigadores dieron con una pista clave: el celular de Leonardo Pinilla, quien terminó extraditado a los Estados Unidos, contenía decenas de chats y correos sobre sus maniobras criminales. Allí, el CTI encontró una conversación de noviembre de 2016 con el fiscal José Umbarila. En esa charla, Umbarila le contó a Pinilla que tenía problemas logísticos para viajar a Medellín y que no iba a poder presentar un preacuerdo por falso testimonio con el exparamilitar Areiza. Pinilla inició gestiones de inmediato y Esteban Ramos le compró el tiquete al fiscal para que viajara de Pereira a Medellín. La compra la hizo con la tarjeta de crédito de su esposa.

Para la familia Ramos era de vital importancia que ese preacuerdo se concretara, pues demostraría que uno de los testigos en contra de Luis Alfredo Ramos era un mentiroso. No obstante, Areiza después le contó a la Corte que había aceptado ese preacuerdo con la Fiscalía porque fue presionado. Al margen de sus explicaciones, sobre las que no se pudo ahondar pues fue asesinado, la Fiscalía constató que el fiscal Umbarila recibió ese tiquete y que éste fue pagado por Esteban Ramos y su esposa. Por eso los llamó a interrogatorio. Allí ambos reconocieron lo que hicieron, pero aseguraron que no se trató de ningún delito, sino de un gasto procesal para defender a Luis Alfredo Ramos. La Fiscalía no creyó su versión y por eso, desde diciembre de 2019, solicitó audiencia de imputación.

Con algo más: se determinó que Umbarila mintió, pues cuando regresó de Medellín de esa diligencia con Areiza señaló que de su bolsillo había pagado el tiquete que, en realidad, le compraron a él. Por eso, cuando el ente investigador todavía estaba bajo el mandato de Fabio Espitia, el grupo de fiscales encabezados por Daniel Cardona intentó hacer una primera imputación a Ramos, su esposa y Umbarila en febrero pasado. Esa audiencia se realizó en los juzgados de Paloquemao en Bogotá, pero no tuvo mayores avances porque los investigados pidieron que el caso no se adelantara en la capital, sino en Medellín, pues los supuestos delitos habrían ocurrido en esa ciudad. La Corte Suprema determinó que, en efecto, el proceso tenía que adelantarse en Medellín.

Con el problema de la jurisdicción resuelto, los fiscales volvieron a pedir una audiencia de imputación de cargos. Pero, entonces, se atravesó la pandemia por el COVID-19, y los tiempos procesales se fueron alargando. Finalmente, a mediados de este año se convocó la audiencia de imputación, pero los abogados solicitaron aplazamiento. Finalmente, se volvió a programar esa diligencia virtual el pasado 18 de agosto. El fiscal que acudió a esa cita fue Alberto Ortiz, fiscal de apoyo de Daniel Cardona. Como ya se contó, en esa diligencia no se pudo imputar a Esteban Ramos Maya, pues su abogado presentó una excusa. En cambio, su esposa y el fiscal Umbarila sí resultaron vinculados formalmente. Hoy el caso está congelado por cuenta de la convocatoria del comité jurídico para mirar el proceso.

Además, tras la renuncia del fiscal Cardona, el expediente tiene un nuevo contratiempo. Fuentes consultadas para esta investigación llamaron la atención sobre tres puntos claves de este “frenazo” al expediente contra Esteban Ramos Maya. El primero de ellos tiene que ver con Carlos Enrique Areiza, un testigo clave en varios expedientes por parapolítica que ha sido seriamente cuestionado. Su testimonio fue la piedra angular de varias investigaciones, como la de Luis Alfredo Ramos, que arrancó hace ya más de 10 años en la Corte Suprema. Fue él precisamente el que acusó al exgobernador de haberse reunido con importantes jefes paramilitares de la época como Iván Roberto Duque, alias Ernesto Baéz, y Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar.

Al margen de sus señalamientos o las críticas por sus declaraciones, lo cierto es que su nombre salió a relucir en el expediente contra el expresidente Álvaro Uribe y la Corte Suprema advirtió una serie de irregularidades en el preacuerdo por falso testimonio que pactó con el fiscal José Umbarila. En marzo de 2018, Areiza salió de prisión a casa por cárcel, pero un mes después fue asesinado por sicarios en Bello (Antioquia). Con Daniel Cardona por fuera de la Fiscalía, no solo el caso del hijo de Ramos quedó bajo la dirección de Gabriel Jaimes, sino también la investigación que él mismo adelantaba por este episodio con el testigo Areiza. Con un detalle más: Jaimes es el mismo fiscal que hoy investiga a Álvaro Uribe y que pidió su libertad esta semana.

El segundo punto clave que resaltaron las fuentes al El Espectador es el contexto en el que se da el “frenazo” en el proceso de Ramos hijo. Todo coincidió con una situación similar en el expediente de Ramos padre. El pasado 28 de septiembre, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura –que aún existe a pesar de que una reforma a la justicia la eliminó en 2015–, ordenó que el magistrado Ariel Torres, ponente del proceso contra el exgobernador Ramos, sea separado del caso por la filtración del borrador del fallo en ese proceso. Dicha filtración fue divulgada por Noticias Uno en julio de este año. La decisión del Consejo de la Judicatura causó profundo malestar al interior de la Corte Suprema y, además, congeló el proceso pues, por ahora, Torres no puede seguir en el caso.

Al ser reasignado, el nuevo ponente deberá decidir si continúa el caso con el borrador de fallo que presentó Torres -el mismo que fue filtrado-, o si considera necesario elaborar uno nuevo. Decisiones todas que tomarán tiempo. El Espectador consultó al abogado de Ramos, pero no obtuvo respuesta. También preguntó en la Fiscalía si Gabriel Jaimes ya convocó al comité técnico en el caso de Ramos Maya y también preguntó si es normal que los investigados soliciten este tipo de reuniones. Sin embargo, al cierre de esta edición no fue posible obtener estas explicaciones. Por la preeminencia de la información, sigue abierto el espacio a las respuestas.

Actualización: Una vez publicada este artículo, la Fiscalía le hizo llegar a este diario esta respuesta:

La Corte Constitucional ha avalado la conformación y el funcionamiento al interior de la Fiscalía General de la Nación de Comités Técnico-Jurídicos de revisión de las situaciones y los casos, por considerar que se trata del ejercicio de la competencia atribuida constitucionalmente al Legislador para desarrollar el principio constitucional de unidad de gestión y jerarquía de la Fiscalía General de la Nación, sin perjuicio de la autonomía e independencia de los fiscales.

Esta herramienta de apoyo, seguimiento, evaluación y control fue creada mediante el Decreto Ley 016 de 2014, en donde se estableció para determinadas dependencias de la entidad la facultad de “organizar y adelantar los comités técnico jurídicos de revisión de las situaciones y los casos para la ejecución de acciones en el desarrollo efectivo y eficiente de las investigaciones penales de su competencia. Si el fiscal del caso se aparta de la decisión del comité, deberá motivar su posición, la cual será estudiada nuevamente por éste. En todo caso, en virtud de los principios de unidad de gestión y de jerarquía, prevalecerá el criterio y la posición de la Fiscalía señalada por el Comité, en aplicación del numeral 3 del artículo 251 de la Constitución”.

En la regulación interna de los Comités Técnicos-Jurídicos (Resolución 1053 de 2017), no se restringió a funcionarios o dependencias de la entidad la posibilidad de elevar solicitudes de conformación, por lo que se entiende que un particular con interés en el proceso puede solicitar su realización, pero su convocatoria y ejecución es discrecional (Inciso 2, artículo 4º). La dependencia con legitimidad para convocar (artículo 3º) evaluará en todo momento su viabilidad.

En el caso concreto, el pasado 18 de agosto el fiscal a cargo del caso, haciendo uso de su independencia y autonomía, formuló imputación a la señora Alejandra González, esposa de Esteban Ramos, y a José Ignacio Umbarila. Está pendiente la imputación al señor Esteban Ramos.

En el transcurso de esos eventos, se solicitó la realización de un Comité Técnico Jurídico a petición de un particular. Luego de revisada su viabilidad, se determinó su realización y está próxima su celebración.

Para el caso, la convocatoria y ejecución del Comité fue delegada a un Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, por lo tanto, el Fiscal General de la Nación no tiene injerencia en las decisiones que se desprendan del mismo.

Tras una investigación de más de dos años, con pruebas técnicas y documentales, el pasado 18 de agosto fue convocada una audiencia virtual ante un juez de Medellín para imputarle el delito de cohecho a Esteban Ramos Maya, hijo menor del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos. A la misma diligencia también fueron llamados a imputación de cargos la esposa de Ramos, Alejandra González Chavarriaga, y el fiscal José Umbarila. Ramos Maya y su esposa están en la mira de la Fiscalía por la presunta compra irregular de un tiquete aéreo para el fiscal Umbarila, quien entonces investigaba a un exparamilitar que había declarado contra Luis Alfredo Ramos en la Corte Suprema de Justicia. Fue justamente ese alto tribunal el que le pidió a la Fiscalía investigar este tema.

Y aunque todo estaba dispuesto para realizar la diligencia, varias cosas extrañas sucedieron. La primera es que el abogado de Ramos Maya presentó una excusa, por lo cual ese día su cliente no fue imputado por cohecho. En cambio, su esposa y el fiscal Umbarila sí comparecieron y aunque no aceptaron cargos, quedaron vinculados oficialmente a este expediente. La segunda es que varias fuentes le confirmaron a El Espectador que hubo presiones de un alto funcionario de la Fiscalía para que dicha diligencia no se realizara. No obstante, como la audiencia ya estaba en curso, eso no fue posible. Pero vendrían más cosas. El 24 de agosto pasado, es decir, seis días después de la imputación a la esposa de Ramos Maya y al fiscal Umbarila, el fiscal Francisco Barbosa pidió revisar el caso.

A través de la resolución 00978, Barbosa designó a su jefe de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes Durán, para que convocara un comité técnico jurídico para evaluar cómo estaba siendo llevado ese proceso. De acuerdo con el documento, en poder de este diario, dicha decisión fue tomada por el fiscal Barbosa porque ese mismo 24 de agosto recibió un escrito de Esteban Ramos Maya y Alejandra González en el que solicitaron un comité de fiscales que revisara su caso “toda vez que en su criterio procede el archivo de la actuación y no se dan los requisitos legales para que se formule imputación de cargos en su contra”. En dicha resolución, Barbosa advirtió que la ley lo facultaba para convocar este tipo de comités cuando lo considerara necesario.

Por eso, Barbosa dispuso que Gabriel Jaimes organizara ese comité y que también debían asistir el fiscal del caso Daniel Cardona Soto y los fiscales de apoyo, Alberto Ortiz Coral y Andrés Felipe Orjuela, “a fin de que se estudie la situación planteada por los solicitantes y se garanticen los principios de unidad de gestión y jerarquía dentro de la Fiscalía, sin perjuicio de la autonomía e independencia de los fiscales”. Varios penalistas consultados mostraron su extrañeza por la velocidad con la que actuó el fiscal Barbosa en este proceso. “Es probable que sea la primera vez en la historia de la Fiscalía donde los investigados solicitan este tipo de comités y el fiscal general ese mismo día les concede esa petición. Es algo completamente fuera de lo normal”, conceptuó una de las fuentes consultadas.

Cuatro días después, el 28 de agosto, el fiscal Gabriel Jaimes Durán firmó un segundo documento que envió al equipo encargado del expediente de Esteban Ramos Maya. Allí, Jaimes les hizo una advertencia: “Me permito indicar a usted de manera respetuosa, se abstenga de realizar cualquier actuación de fondo o de impulso en la mencionada noticia (la de Ramos Maya) hasta tanto no se lleve a cabo el citado comité”. De esta manera, el caso quedó congelado. Con otra particularidad: argumentando necesidades del servicio, el fiscal Daniel Cardona Soto fue trasladado a Nariño. El Espectador pudo confirmar que rechazó el traslado y que renunció en los últimos días. Cardona no quiso hablar con este diario, pues está atravesando una grave situación familiar.

El proceso

La génesis de este proceso se remonta al 16 de febrero de 2018. Ese día la Corte Suprema de Justicia archivó la investigación que adelantaba contra el senador Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos y ordenó investigar por ese mismo delito a su denunciante, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. En esa decisión, el alto tribunal le pidió a la Fiscalía que indagara las conductas del fiscal José Umbarila, quien investigó al exparamilitar Carlos Enrique Areiza. Se trata de uno de los testigos claves en el proceso de Ramos por parapolítica y quien en abril de 2018 fue asesinado. Areiza declaró en su momento en la Corte y los abogados de Luis Alfredo Ramos lo denunciaron por falso testimonio. Los defensores de Ramos eran Gustavo Moreno y Leonardo Pinilla, protagonistas del cartel de la toga.

El caso del fiscal Umbarila le correspondió al fiscal Daniel Cardona y pronto sus investigadores dieron con una pista clave: el celular de Leonardo Pinilla, quien terminó extraditado a los Estados Unidos, contenía decenas de chats y correos sobre sus maniobras criminales. Allí, el CTI encontró una conversación de noviembre de 2016 con el fiscal José Umbarila. En esa charla, Umbarila le contó a Pinilla que tenía problemas logísticos para viajar a Medellín y que no iba a poder presentar un preacuerdo por falso testimonio con el exparamilitar Areiza. Pinilla inició gestiones de inmediato y Esteban Ramos le compró el tiquete al fiscal para que viajara de Pereira a Medellín. La compra la hizo con la tarjeta de crédito de su esposa.

Para la familia Ramos era de vital importancia que ese preacuerdo se concretara, pues demostraría que uno de los testigos en contra de Luis Alfredo Ramos era un mentiroso. No obstante, Areiza después le contó a la Corte que había aceptado ese preacuerdo con la Fiscalía porque fue presionado. Al margen de sus explicaciones, sobre las que no se pudo ahondar pues fue asesinado, la Fiscalía constató que el fiscal Umbarila recibió ese tiquete y que éste fue pagado por Esteban Ramos y su esposa. Por eso los llamó a interrogatorio. Allí ambos reconocieron lo que hicieron, pero aseguraron que no se trató de ningún delito, sino de un gasto procesal para defender a Luis Alfredo Ramos. La Fiscalía no creyó su versión y por eso, desde diciembre de 2019, solicitó audiencia de imputación.

Con algo más: se determinó que Umbarila mintió, pues cuando regresó de Medellín de esa diligencia con Areiza señaló que de su bolsillo había pagado el tiquete que, en realidad, le compraron a él. Por eso, cuando el ente investigador todavía estaba bajo el mandato de Fabio Espitia, el grupo de fiscales encabezados por Daniel Cardona intentó hacer una primera imputación a Ramos, su esposa y Umbarila en febrero pasado. Esa audiencia se realizó en los juzgados de Paloquemao en Bogotá, pero no tuvo mayores avances porque los investigados pidieron que el caso no se adelantara en la capital, sino en Medellín, pues los supuestos delitos habrían ocurrido en esa ciudad. La Corte Suprema determinó que, en efecto, el proceso tenía que adelantarse en Medellín.

Con el problema de la jurisdicción resuelto, los fiscales volvieron a pedir una audiencia de imputación de cargos. Pero, entonces, se atravesó la pandemia por el COVID-19, y los tiempos procesales se fueron alargando. Finalmente, a mediados de este año se convocó la audiencia de imputación, pero los abogados solicitaron aplazamiento. Finalmente, se volvió a programar esa diligencia virtual el pasado 18 de agosto. El fiscal que acudió a esa cita fue Alberto Ortiz, fiscal de apoyo de Daniel Cardona. Como ya se contó, en esa diligencia no se pudo imputar a Esteban Ramos Maya, pues su abogado presentó una excusa. En cambio, su esposa y el fiscal Umbarila sí resultaron vinculados formalmente. Hoy el caso está congelado por cuenta de la convocatoria del comité jurídico para mirar el proceso.

Además, tras la renuncia del fiscal Cardona, el expediente tiene un nuevo contratiempo. Fuentes consultadas para esta investigación llamaron la atención sobre tres puntos claves de este “frenazo” al expediente contra Esteban Ramos Maya. El primero de ellos tiene que ver con Carlos Enrique Areiza, un testigo clave en varios expedientes por parapolítica que ha sido seriamente cuestionado. Su testimonio fue la piedra angular de varias investigaciones, como la de Luis Alfredo Ramos, que arrancó hace ya más de 10 años en la Corte Suprema. Fue él precisamente el que acusó al exgobernador de haberse reunido con importantes jefes paramilitares de la época como Iván Roberto Duque, alias Ernesto Baéz, y Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar.

Al margen de sus señalamientos o las críticas por sus declaraciones, lo cierto es que su nombre salió a relucir en el expediente contra el expresidente Álvaro Uribe y la Corte Suprema advirtió una serie de irregularidades en el preacuerdo por falso testimonio que pactó con el fiscal José Umbarila. En marzo de 2018, Areiza salió de prisión a casa por cárcel, pero un mes después fue asesinado por sicarios en Bello (Antioquia). Con Daniel Cardona por fuera de la Fiscalía, no solo el caso del hijo de Ramos quedó bajo la dirección de Gabriel Jaimes, sino también la investigación que él mismo adelantaba por este episodio con el testigo Areiza. Con un detalle más: Jaimes es el mismo fiscal que hoy investiga a Álvaro Uribe y que pidió su libertad esta semana.

El segundo punto clave que resaltaron las fuentes al El Espectador es el contexto en el que se da el “frenazo” en el proceso de Ramos hijo. Todo coincidió con una situación similar en el expediente de Ramos padre. El pasado 28 de septiembre, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura –que aún existe a pesar de que una reforma a la justicia la eliminó en 2015–, ordenó que el magistrado Ariel Torres, ponente del proceso contra el exgobernador Ramos, sea separado del caso por la filtración del borrador del fallo en ese proceso. Dicha filtración fue divulgada por Noticias Uno en julio de este año. La decisión del Consejo de la Judicatura causó profundo malestar al interior de la Corte Suprema y, además, congeló el proceso pues, por ahora, Torres no puede seguir en el caso.

Al ser reasignado, el nuevo ponente deberá decidir si continúa el caso con el borrador de fallo que presentó Torres -el mismo que fue filtrado-, o si considera necesario elaborar uno nuevo. Decisiones todas que tomarán tiempo. El Espectador consultó al abogado de Ramos, pero no obtuvo respuesta. También preguntó en la Fiscalía si Gabriel Jaimes ya convocó al comité técnico en el caso de Ramos Maya y también preguntó si es normal que los investigados soliciten este tipo de reuniones. Sin embargo, al cierre de esta edición no fue posible obtener estas explicaciones. Por la preeminencia de la información, sigue abierto el espacio a las respuestas.

Actualización: Una vez publicada este artículo, la Fiscalía le hizo llegar a este diario esta respuesta:

La Corte Constitucional ha avalado la conformación y el funcionamiento al interior de la Fiscalía General de la Nación de Comités Técnico-Jurídicos de revisión de las situaciones y los casos, por considerar que se trata del ejercicio de la competencia atribuida constitucionalmente al Legislador para desarrollar el principio constitucional de unidad de gestión y jerarquía de la Fiscalía General de la Nación, sin perjuicio de la autonomía e independencia de los fiscales.

Esta herramienta de apoyo, seguimiento, evaluación y control fue creada mediante el Decreto Ley 016 de 2014, en donde se estableció para determinadas dependencias de la entidad la facultad de “organizar y adelantar los comités técnico jurídicos de revisión de las situaciones y los casos para la ejecución de acciones en el desarrollo efectivo y eficiente de las investigaciones penales de su competencia. Si el fiscal del caso se aparta de la decisión del comité, deberá motivar su posición, la cual será estudiada nuevamente por éste. En todo caso, en virtud de los principios de unidad de gestión y de jerarquía, prevalecerá el criterio y la posición de la Fiscalía señalada por el Comité, en aplicación del numeral 3 del artículo 251 de la Constitución”.

En la regulación interna de los Comités Técnicos-Jurídicos (Resolución 1053 de 2017), no se restringió a funcionarios o dependencias de la entidad la posibilidad de elevar solicitudes de conformación, por lo que se entiende que un particular con interés en el proceso puede solicitar su realización, pero su convocatoria y ejecución es discrecional (Inciso 2, artículo 4º). La dependencia con legitimidad para convocar (artículo 3º) evaluará en todo momento su viabilidad.

En el caso concreto, el pasado 18 de agosto el fiscal a cargo del caso, haciendo uso de su independencia y autonomía, formuló imputación a la señora Alejandra González, esposa de Esteban Ramos, y a José Ignacio Umbarila. Está pendiente la imputación al señor Esteban Ramos.

En el transcurso de esos eventos, se solicitó la realización de un Comité Técnico Jurídico a petición de un particular. Luego de revisada su viabilidad, se determinó su realización y está próxima su celebración.

Para el caso, la convocatoria y ejecución del Comité fue delegada a un Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, por lo tanto, el Fiscal General de la Nación no tiene injerencia en las decisiones que se desprendan del mismo.