Grupos armados y los vínculos con la minería ilegal en Colombia, Brasil y Perú
El aumento de los precios del oro en el mercado internacional y la creciente demanda han provocado en los últimos años la expansión de la minería ilegal en Latinoamérica, pero principalmente en las zonas de la Amazonia próximas a las fronteras de Perú, Colombia y Brasil. En Colombia, los nuevos focos están en los ríos Putumayo, Cotuhé y Puré-Puré.
Rodrigo Pedroso
El aumento de los precios del oro en el mercado internacional y su creciente demanda han provocado en los últimos años la expansión de la minería ilegal en Latinoamérica, principalmente en las zonas de la Amazonia próximas a las fronteras de Perú, Colombia y Brasil. El oro ilegal circula entre los países sin mayor control y se está registrando una mayor presencia de grandes grupos vinculados al narcotráfico en el negocio de la extracción ilícita del metal. (Le recomendamos: Los vínculos de las comercializadoras de oro y la minería ilegal en la Amazonia colombiana)
Para esta investigación, un equipo de la Red Transfronteriza de OjoPúblico, habló con fuentes relacionadas con el tema en estos países —agentes de policía, investigadores, fiscales, autoridades de los gobiernos nacionales, investigadores académicos y miembros de la sociedad civil que trabajan en estas áreas—, y todos concluyeron que el crimen organizado está cruzando las fronteras en cooperación —y a veces, incluso, dominando con violencia— con actores locales para incrementar y diversificar su negocio ilegal. (Conozca la investigación completa en el especial “Las rutas del oro sucio”)
Los nuevos focos de minería ilegal en la Amazonia se concentran en los ríos Nanay (Perú), Juruá (Brasil) y, a ambos lados de la frontera, el Putumayo (Perú-Colombia), Cotuhé (Perú-Colombia), Madre de Dios (Perú-Bolivia) y Puré-Purué (Colombia-Brasil). Una parte de ese oro va, según las cifras oficiales de producción, hacia las capitales de estos países con el fin de ser incorporado en la cadena formal y ser exportado, pero otra parte, como revelan las incautaciones, cruza ilegalmente por las fronteras.
“Si en un lugar hay una vigilancia intensa, con operaciones (los mineros) migran a otras regiones (de la Amazonia). Y los que blanquean ese oro intentan llevarlo hacia donde es más fácil legalizarlo”, explica Humberto Freire, director del Departamento de Amazonia y Medio Ambiente de la Policía Federal brasileña, que trabaja desde 2023 vigilando las actividades ilegales y promoviendo una mayor cooperación entre las autoridades policiales de los países amazónicos.
Y eso se revela en los datos. A raíz del avance de la minería ilegal en la Amazonia, las exportaciones de oro de alta pureza se han incrementado en los países andinos amazónicos. Como parte de la serie “Las rutas del oro sucio”, los socios de la Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico —entre esos El Espectador— identificaron que las cifras de producción declaradas por Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia son menores a los volúmenes de oro que finalmente se exportan. La investigación revela que en la última década se exportaron por lo menos 3.089 toneladas métricas de oro de origen desconocido, lo que indica que se trata de un negocio altamente lucrativo.
No se sabe cuánto de ese total se extrae con exactitud de la Amazonia, pero los expertos afirman que la mayor parte de esta extracción no controlada proviene de la selva por la gran pureza del mineral. La débil aplicación de la ley y el elevado precio del oro en el mercado internacional —que ha subido un 56 % en los últimos cinco años— aumentan la rentabilidad del negocio ilegal en la Amazonia.
La manera con que se opera el negocio también han cambiado. Las técnicas para extraer oro ilegal en la Amazonia han dejado de ser en gran parte artesanales y ahora se usan herramientas más sofisticadas. Los mineros, financiados por los dueños de las dragas de extracción, usan la comunicación por internet, nuevas generaciones de motores y equipos mecánicos con más potencia para remover el lecho de los ríos, aumentando la productividad de las operaciones.
“Montar la minería ilegal es un negocio que requiere muchos recursos hoy en día. Las dragas (más grandes) pueden costar hasta US$1,5 millones, así como la logística para abastecer a los mineros de alimentos y pistas de aterrizaje en algunos lugares. Hay grupos vinculados al narcotráfico que cogen el dinero ganado en ese negocio y lo reinvierten en la minería ilegal, porque el beneficio aumenta al cabo de un tiempo y es más fácil blanquear el dinero vendiendo el oro”, explica el investigador Rodrigo Chagas, del Fórum de Brasileiro de Segurança Pública.
Tal movimiento también puede llegar a convertirse en transnacional con el tiempo. Un informe 2023 de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS-Perú) señala que al menos 32 distritos de cinco regiones amazónicas están afectados por la actividad.
Las cuencas de los ríos Putumayo y Cotuhé, en la frontera de Perú y Colombia, conforman una amplia zona de producción y tráfico de drogas y minería ilegal, en la que diferentes grupos se disputan el control de estas actividades.
En las regiones fronterizas de Colombia con Brasil y Perú, tras el acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016, se han instalado grupos disidentes, como Comandos de la Frontera o frente Carolina Ramírez (conocidos como Grupos Armados Organizados Residuales, GAOR), que se disputan territorios con el Clan del Golfo. También se han identificado que, del lado peruano de la frontera con el río Putumayo, operan grupos armados de origen colombiano dedicados a la producción y el tráfico de drogas y a la minería ilegal.
Y justamente por la alta rentabilidad del negocio, la minería ilegal se ha tornado una actividad estratégica para los grupos armados colombianos, complementando las actividades del narcotráfico. Uno de los documentos a los que accedió OjoPúblico menciona que en varias regiones de Colombia la minería ilícita es más lucrativa que el narcotráfico, representando más del 50% del total de sus ingresos.
Minería y grupos de crimen organizado de Colombia en la Amazonia brasileña
En 2021, un grupo disidente de las FARC llamado Comisión Miller Perdono realizaba extorsiones a cambio de proteger a mineros en el lado brasileño del río Purué, en la frontera con Colombia.
La minería en esta región de Brasil se ha disparado desde 2019, aprovechando el desmantelamiento de las inspecciones y las fuerzas de represión de los delitos ambientales en la Amazonia llevado a cabo por el Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022).
Un grupo de mineros brasileños con grandes inversionistas por detrás partieron de otras partes de la Amazonía con dirección al lado brasileño del río Purué con el fin de extraer oro. Ante la ausencia de fiscalización, el flujo de grandes dragas creció, atrayendo la atención de la disidencia de las FARC, que ya actuaba en el lado colombiano. Los colombianos bajaron el río cobrando extorsión a cambio de seguridad para operar y navegar por la zona, según la Policía Federal.
Los mineros brasileños solicitaron a las fuerzas de seguridad del país que sacaran a los colombianos del Purué. Un operativo del Ejército de Brasil junto con la Policía Federal logró expulsar a los disidentes de las FARC, que ejercieron control del territorio por algunos meses del 2021. El Ejército no ha confirmado públicamente la operación y la Policía Federal emitió un breve comunicado al respecto.
La toma del río Purué por parte de grupos criminales procedentes de Colombia también expuso la falta de control estatal en la zona, que corresponde a la cuenca hidrográfica Caquetá (Colombia)-Japurá (Brasil), una importante ruta del narcotráfico producido en Colombia para las mayores facciones criminales del Brasil como el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital (PCC).
El lecho del río Purué –en Brasil y Colombia– sigue siendo destruido por la minería ilegal, pero ahora bajo el dominio de grupos de mineros de Brasil, mientras que en Colombia siguen bajo la supervisión de grupos armados colombianos.
La porosidad de las fronteras, combinada con la internacionalización de los grupos criminales que invierten en la minería ilegal, ha dado lugar a algunas respuestas institucionales conjuntas. En abril comenzará a funcionar en Manaos, en la Amazonia brasileña, el Centro Internacional de Cooperación Policial, fruto del memorando firmado entre ocho países de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA).
El centro trabajará con las autoridades policiales de los países de la OTCA, los que intercambiarán información sobre la dinámica criminal en la Amazonia.
También, por primera vez, la Policía Federal brasileña está creando un inventario del oro en la Amazonia. La iniciativa pretende catalogar el “ADN” del oro de diferentes regiones, lo que ayudaría a demostrar el origen de la circulación de oro dentro y fuera de esta región.
*Este reportaje hace parte de la serie “Las Rutas del Oro Sucio de la Amazonia”, una investigación coordinada por la Red Transfronteriza de OjoPúblico, de la que El Espectador hizo parte.
*Esta es una versión más corta de la historia, editada por El Espectador. La versión original se encuentra en este enlace.
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El aumento de los precios del oro en el mercado internacional y su creciente demanda han provocado en los últimos años la expansión de la minería ilegal en Latinoamérica, principalmente en las zonas de la Amazonia próximas a las fronteras de Perú, Colombia y Brasil. El oro ilegal circula entre los países sin mayor control y se está registrando una mayor presencia de grandes grupos vinculados al narcotráfico en el negocio de la extracción ilícita del metal. (Le recomendamos: Los vínculos de las comercializadoras de oro y la minería ilegal en la Amazonia colombiana)
Para esta investigación, un equipo de la Red Transfronteriza de OjoPúblico, habló con fuentes relacionadas con el tema en estos países —agentes de policía, investigadores, fiscales, autoridades de los gobiernos nacionales, investigadores académicos y miembros de la sociedad civil que trabajan en estas áreas—, y todos concluyeron que el crimen organizado está cruzando las fronteras en cooperación —y a veces, incluso, dominando con violencia— con actores locales para incrementar y diversificar su negocio ilegal. (Conozca la investigación completa en el especial “Las rutas del oro sucio”)
Los nuevos focos de minería ilegal en la Amazonia se concentran en los ríos Nanay (Perú), Juruá (Brasil) y, a ambos lados de la frontera, el Putumayo (Perú-Colombia), Cotuhé (Perú-Colombia), Madre de Dios (Perú-Bolivia) y Puré-Purué (Colombia-Brasil). Una parte de ese oro va, según las cifras oficiales de producción, hacia las capitales de estos países con el fin de ser incorporado en la cadena formal y ser exportado, pero otra parte, como revelan las incautaciones, cruza ilegalmente por las fronteras.
“Si en un lugar hay una vigilancia intensa, con operaciones (los mineros) migran a otras regiones (de la Amazonia). Y los que blanquean ese oro intentan llevarlo hacia donde es más fácil legalizarlo”, explica Humberto Freire, director del Departamento de Amazonia y Medio Ambiente de la Policía Federal brasileña, que trabaja desde 2023 vigilando las actividades ilegales y promoviendo una mayor cooperación entre las autoridades policiales de los países amazónicos.
Y eso se revela en los datos. A raíz del avance de la minería ilegal en la Amazonia, las exportaciones de oro de alta pureza se han incrementado en los países andinos amazónicos. Como parte de la serie “Las rutas del oro sucio”, los socios de la Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico —entre esos El Espectador— identificaron que las cifras de producción declaradas por Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia son menores a los volúmenes de oro que finalmente se exportan. La investigación revela que en la última década se exportaron por lo menos 3.089 toneladas métricas de oro de origen desconocido, lo que indica que se trata de un negocio altamente lucrativo.
No se sabe cuánto de ese total se extrae con exactitud de la Amazonia, pero los expertos afirman que la mayor parte de esta extracción no controlada proviene de la selva por la gran pureza del mineral. La débil aplicación de la ley y el elevado precio del oro en el mercado internacional —que ha subido un 56 % en los últimos cinco años— aumentan la rentabilidad del negocio ilegal en la Amazonia.
La manera con que se opera el negocio también han cambiado. Las técnicas para extraer oro ilegal en la Amazonia han dejado de ser en gran parte artesanales y ahora se usan herramientas más sofisticadas. Los mineros, financiados por los dueños de las dragas de extracción, usan la comunicación por internet, nuevas generaciones de motores y equipos mecánicos con más potencia para remover el lecho de los ríos, aumentando la productividad de las operaciones.
“Montar la minería ilegal es un negocio que requiere muchos recursos hoy en día. Las dragas (más grandes) pueden costar hasta US$1,5 millones, así como la logística para abastecer a los mineros de alimentos y pistas de aterrizaje en algunos lugares. Hay grupos vinculados al narcotráfico que cogen el dinero ganado en ese negocio y lo reinvierten en la minería ilegal, porque el beneficio aumenta al cabo de un tiempo y es más fácil blanquear el dinero vendiendo el oro”, explica el investigador Rodrigo Chagas, del Fórum de Brasileiro de Segurança Pública.
Tal movimiento también puede llegar a convertirse en transnacional con el tiempo. Un informe 2023 de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS-Perú) señala que al menos 32 distritos de cinco regiones amazónicas están afectados por la actividad.
Las cuencas de los ríos Putumayo y Cotuhé, en la frontera de Perú y Colombia, conforman una amplia zona de producción y tráfico de drogas y minería ilegal, en la que diferentes grupos se disputan el control de estas actividades.
En las regiones fronterizas de Colombia con Brasil y Perú, tras el acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016, se han instalado grupos disidentes, como Comandos de la Frontera o frente Carolina Ramírez (conocidos como Grupos Armados Organizados Residuales, GAOR), que se disputan territorios con el Clan del Golfo. También se han identificado que, del lado peruano de la frontera con el río Putumayo, operan grupos armados de origen colombiano dedicados a la producción y el tráfico de drogas y a la minería ilegal.
Y justamente por la alta rentabilidad del negocio, la minería ilegal se ha tornado una actividad estratégica para los grupos armados colombianos, complementando las actividades del narcotráfico. Uno de los documentos a los que accedió OjoPúblico menciona que en varias regiones de Colombia la minería ilícita es más lucrativa que el narcotráfico, representando más del 50% del total de sus ingresos.
Minería y grupos de crimen organizado de Colombia en la Amazonia brasileña
En 2021, un grupo disidente de las FARC llamado Comisión Miller Perdono realizaba extorsiones a cambio de proteger a mineros en el lado brasileño del río Purué, en la frontera con Colombia.
La minería en esta región de Brasil se ha disparado desde 2019, aprovechando el desmantelamiento de las inspecciones y las fuerzas de represión de los delitos ambientales en la Amazonia llevado a cabo por el Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022).
Un grupo de mineros brasileños con grandes inversionistas por detrás partieron de otras partes de la Amazonía con dirección al lado brasileño del río Purué con el fin de extraer oro. Ante la ausencia de fiscalización, el flujo de grandes dragas creció, atrayendo la atención de la disidencia de las FARC, que ya actuaba en el lado colombiano. Los colombianos bajaron el río cobrando extorsión a cambio de seguridad para operar y navegar por la zona, según la Policía Federal.
Los mineros brasileños solicitaron a las fuerzas de seguridad del país que sacaran a los colombianos del Purué. Un operativo del Ejército de Brasil junto con la Policía Federal logró expulsar a los disidentes de las FARC, que ejercieron control del territorio por algunos meses del 2021. El Ejército no ha confirmado públicamente la operación y la Policía Federal emitió un breve comunicado al respecto.
La toma del río Purué por parte de grupos criminales procedentes de Colombia también expuso la falta de control estatal en la zona, que corresponde a la cuenca hidrográfica Caquetá (Colombia)-Japurá (Brasil), una importante ruta del narcotráfico producido en Colombia para las mayores facciones criminales del Brasil como el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital (PCC).
El lecho del río Purué –en Brasil y Colombia– sigue siendo destruido por la minería ilegal, pero ahora bajo el dominio de grupos de mineros de Brasil, mientras que en Colombia siguen bajo la supervisión de grupos armados colombianos.
La porosidad de las fronteras, combinada con la internacionalización de los grupos criminales que invierten en la minería ilegal, ha dado lugar a algunas respuestas institucionales conjuntas. En abril comenzará a funcionar en Manaos, en la Amazonia brasileña, el Centro Internacional de Cooperación Policial, fruto del memorando firmado entre ocho países de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA).
El centro trabajará con las autoridades policiales de los países de la OTCA, los que intercambiarán información sobre la dinámica criminal en la Amazonia.
También, por primera vez, la Policía Federal brasileña está creando un inventario del oro en la Amazonia. La iniciativa pretende catalogar el “ADN” del oro de diferentes regiones, lo que ayudaría a demostrar el origen de la circulación de oro dentro y fuera de esta región.
*Este reportaje hace parte de la serie “Las Rutas del Oro Sucio de la Amazonia”, una investigación coordinada por la Red Transfronteriza de OjoPúblico, de la que El Espectador hizo parte.
*Esta es una versión más corta de la historia, editada por El Espectador. La versión original se encuentra en este enlace.
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