Impunidad ronda caso de aportes de Odebrecht a campañas políticas
Se empiezan a vencer los términos para que el Consejo Nacional Electoral decida si investiga las campañas de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga por ingreso de dineros de la multinacional brasileña. Todo apunta a caducidad.
Norbey quevedo hernández
A finales de enero pasado se conoció que la multinacional brasileña Odebrecht aportó a la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga en 2014 mediante giros al publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, conocido como Duda Mendonça. Un mes y medio después sucedió lo propio con la campaña en 2010 de Juan Manuel Santos, al evidenciarse que la compañía pagó a través de una firma privada la elaboración de 400.000 afiches.
En medio del terremoto judicial y político que generaron los manejos oscuros en este caso y las 15 líneas de investigaciones penales que se derivaron de otros procesos en la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció el comienzo de la indagación preliminar correspondiente. Hoy, casi un semestre después de conocido el escándalo en la opinión pública, la investigación empieza a llegar a su final antes de tiempo, porque el asunto está ad portas de caducar en el organismo electoral. De tal manera que el asunto en los aportes de Odebebrecht a las campañas no pasará del escándalo, porque el CNE ya perdió su competencia para investigar el asunto.
Y es que con bombos y platillos, el pasado 31 de marzo, el presidente del CNE, Alexánder Vega, anunció el comienzo de la investigación. “Para tranquilidad de la opinión pública, el CNE tiene la competencia, pero además los medios reales y efectivos, como lo hemos hecho en anteriores veces, para investigar esta presunta falta sobre el régimen de financiación política”, agregó Vega en una concurrida rueda de prensa con los medios.
En ese evento el funcionario también anunció que el magistrado del Partido Conservador Carlos Camargo fue designado como investigador frente a la campaña de Óscar Iván Zuluaga. En el caso de la indagación por Juan Manuel Santos asumió la magistrada sustanciadora Ángela Hernández Sandoval, del Partido Conservador y cercana al exprocurador Alejandro Ordóñez Maldonado.
La indagación del CNE tenía como propósito establecer si hubo o no irregularidades administrativas en las campañas y se aspiraba a reforzar el trabajo que venía adelantando la Fiscalía desde finales del año pasado, cuando estalló el caso en Estados Unidos. Con resultados conducentes a una multa o prohibición para los partidos que avalaron a los aspirantes para inscribir candidatos a una nueva elección presidencial, se pretendía las máximas sanciones de ley.
Lo cierto es que en igual punto de partida los dos procesos en el CNE tienen hoy realidades disímiles. En el caso del proceso contra la campaña del candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, sus folios son cerca de mil, distribuidos en cinco cuadernos. En cuanto al expediente del candidato del Partido de la U, Juan Manuel Santos, los papeles y anexos del expediente son inferiores en folios, producto de un recaudo probatorio mínimo, si se tiene en cuenta la naturaleza del caso.
El asunto es que desde el 8 de febrero pasado, y atendiendo a una petición del Partido Centro Democrático, se inició la indagación contra la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Dos meses después, el magistrado Carlos Camargo presentó a la Sala Plena del CNE la ponencia mediante la cual pidió abrir formalmente investigación contra las principales dirigentes de la campaña “Zuluaga Presidente”.
Los argumentos esenciales que tuvo el magistrado investigador para presentar el documento de 79 páginas revelado por este diario, el pasado 20 de mayo, son en esencia que la compañía brasileña Odebrecht giró US$1,6 millones al publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, conocido como Duda Mendonça, para asesorar a la campaña, una versión que se conoció inicialmente por la publicación de la revista Veja de Brasil.
Al proceso se sumaron testimonios de ejecutivos de la multinacional en Colombia y en el país carioca, interrogatorios de directivos de la campaña, piezas procesales trasladadas de Fiscalía y Procuraduría, reporte de cuentas, revisión de los contratos y registros de inmigración, entre otras pruebas.
El 11 de mayo el proyecto de apertura fue presentado por el magistrado Camargo. Un proyecto que fue debatido en las salas plenas del 17 y 31 de mayo, así como del 6 y 7 de junio. En esta última sesión, la Sala consideró aplazar la votación argumentando la necesidad de nuevos documentos de la Fiscalía, la composición Societaria de algunas empresas extranjeras vinculadas a la indagación preliminar como Topsail y Opsail Holdings, y la obtención del testimonio ante el CNE de Duda Mendonça.
Entre tanto, y en privado, los magistrados seguían extrañados porque para el caso de la investigación de la campaña de Juan Manuel Santos aún no existía reporte alguno de su labor por parte de la magistrada sustanciadora Ángela Hernández.
En suma, no se ha logrado vincular que los pagos supuestamente gestionados por la empresa Odebrecht hayan sido con destino al publicista Mendonça. A ello se adiciona que tanto para la investigación contra las campañas Zuluaga como Santos tenían la expectativa de nueva información por acceso a 76 delaciones de testigos premiadas por la justicia en Brasil y otras piezas procesales. En este sentido Odebrecht y el Departamento de Justicia de Estados Unidos acordaron mantener la reserva hasta el 18 de junio de 2022.
En este contexto, las decisiones apremian. Para el caso de la campaña Zuluaga, según la visión de algunos magistrados del CNE, la caducidad de la facultad sancionatoria de la entidad vencerá a mediados de este mes. La razón es que se van a cumplir tres años de la entrega de las cuentas al organismo, que es el plazo señalado por la ley, como quiera que la segunda vuelta electoral fue el 15 de junio de 2014 y los informes deben presentarse máximo 30 días después. Es decir, vencerá el próximo 15 de julio.
En cuanto a la campaña Santos, la magistrada Hernández aún no registra proyecto alguno. En contraste, su colega Héctor Elí Rojas y la Sala Plena conceptuaron esta semana al responder una consulta del entonces ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que no es posible renunciar a la caducidad por los aportes que se hicieron hace siete años.
El ingreso de dineros de la cuestionada firma brasileña Odebrecht a las campañas Santos 2010 y Zuluaga 2014 parece que ya no será investigado. El asunto lo deben hacer oficial en Sala Plena por los magistrados del CNE dentro de poco. No parece existir otra fórmula por ahora. El publicitado capítulo de la multinacional sobornadora y la financiación electoral sólo va a quedar en alharaca mediática.
Pruebas claves en caso del candidato Zuluaga
El artículo periodístico de la revista “Veja”, en la que se menciona la participación de los publicistas José Eduardo Cavalcanti de Mendonça y João Cerqueira de Santana Filho, al parecer aquellos recibieron pagos de la empresa contratista Odebrecht, para cancelar los honorarios causados por la asesoría prestada a la campaña presidencial del ciudadano Óscar Iván Zuluaga Escobar.
Las declaraciones juramentadas del señor Eleuberto Antonio Martorelli, de fechas 23 de febrero y 27 de abril de 2017, trasladadas al Consejo Nacional Electoral por la Fiscalía General de la Nación.
La declaración juramentada del señor Luiz Antonio Mameri, de fecha 27 de abril de 2017, trasladada al Consejo Nacional Electoral por la Fiscalía General de la Nación.
La prueba trasladada por la Procuraduría General de la Nación el día 25 de abril de 2017, contentiva de los audios de las declaraciones adelantadas a exfuncionarios de la Multinacional Odebrecht, Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo da Rocha Soares.
La prueba trasladada por la fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, Fiscalía 80 Especializada - Dirección Nacional Anticorrupción, el día 1° de julio de 2017, contentiva del escrito suscrito por el abogado Vicente Emilio Gaviria Londoño, apoderado de Luiz Antonio Bueno Junior, Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo da Rocha Soares, dentro del proceso de colaboración con la justicia de la empresa Odebrecht.
Testimonio esencial en campaña Santos
Además de las entrevistas a directivos de la campaña Santos 2010, reportes financieros, testimonios de ejecutivos de la multinacional brasileña, en el expediente que maneja la magistrada sustanciadora Ángela Hernández aparecen pruebas solicitadas y trasladadas de la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación.
El pasado 20 de abril de 2017, Roberto Prieto, quien colaboró en la campaña de 2010 y para 2014 fue designado como gerente de la referida campaña entregó explicaciones al ente acusador sobre las actividades en las dos citas electorales. En el interrogatorio de once páginas el directivo explicó al detalle sus responsabilidades en las campañas, quiénes las manejaron, cual fue el rol de la empresa Sancho Publicidad, los negocios con Odebrecht, el caso de María Fernanda Valencia con el tema de los afiches para la campaña Santos. El eje del interrogatorio fue el manejo de recursos durante las campañas.
A finales de enero pasado se conoció que la multinacional brasileña Odebrecht aportó a la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga en 2014 mediante giros al publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, conocido como Duda Mendonça. Un mes y medio después sucedió lo propio con la campaña en 2010 de Juan Manuel Santos, al evidenciarse que la compañía pagó a través de una firma privada la elaboración de 400.000 afiches.
En medio del terremoto judicial y político que generaron los manejos oscuros en este caso y las 15 líneas de investigaciones penales que se derivaron de otros procesos en la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció el comienzo de la indagación preliminar correspondiente. Hoy, casi un semestre después de conocido el escándalo en la opinión pública, la investigación empieza a llegar a su final antes de tiempo, porque el asunto está ad portas de caducar en el organismo electoral. De tal manera que el asunto en los aportes de Odebebrecht a las campañas no pasará del escándalo, porque el CNE ya perdió su competencia para investigar el asunto.
Y es que con bombos y platillos, el pasado 31 de marzo, el presidente del CNE, Alexánder Vega, anunció el comienzo de la investigación. “Para tranquilidad de la opinión pública, el CNE tiene la competencia, pero además los medios reales y efectivos, como lo hemos hecho en anteriores veces, para investigar esta presunta falta sobre el régimen de financiación política”, agregó Vega en una concurrida rueda de prensa con los medios.
En ese evento el funcionario también anunció que el magistrado del Partido Conservador Carlos Camargo fue designado como investigador frente a la campaña de Óscar Iván Zuluaga. En el caso de la indagación por Juan Manuel Santos asumió la magistrada sustanciadora Ángela Hernández Sandoval, del Partido Conservador y cercana al exprocurador Alejandro Ordóñez Maldonado.
La indagación del CNE tenía como propósito establecer si hubo o no irregularidades administrativas en las campañas y se aspiraba a reforzar el trabajo que venía adelantando la Fiscalía desde finales del año pasado, cuando estalló el caso en Estados Unidos. Con resultados conducentes a una multa o prohibición para los partidos que avalaron a los aspirantes para inscribir candidatos a una nueva elección presidencial, se pretendía las máximas sanciones de ley.
Lo cierto es que en igual punto de partida los dos procesos en el CNE tienen hoy realidades disímiles. En el caso del proceso contra la campaña del candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, sus folios son cerca de mil, distribuidos en cinco cuadernos. En cuanto al expediente del candidato del Partido de la U, Juan Manuel Santos, los papeles y anexos del expediente son inferiores en folios, producto de un recaudo probatorio mínimo, si se tiene en cuenta la naturaleza del caso.
El asunto es que desde el 8 de febrero pasado, y atendiendo a una petición del Partido Centro Democrático, se inició la indagación contra la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Dos meses después, el magistrado Carlos Camargo presentó a la Sala Plena del CNE la ponencia mediante la cual pidió abrir formalmente investigación contra las principales dirigentes de la campaña “Zuluaga Presidente”.
Los argumentos esenciales que tuvo el magistrado investigador para presentar el documento de 79 páginas revelado por este diario, el pasado 20 de mayo, son en esencia que la compañía brasileña Odebrecht giró US$1,6 millones al publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, conocido como Duda Mendonça, para asesorar a la campaña, una versión que se conoció inicialmente por la publicación de la revista Veja de Brasil.
Al proceso se sumaron testimonios de ejecutivos de la multinacional en Colombia y en el país carioca, interrogatorios de directivos de la campaña, piezas procesales trasladadas de Fiscalía y Procuraduría, reporte de cuentas, revisión de los contratos y registros de inmigración, entre otras pruebas.
El 11 de mayo el proyecto de apertura fue presentado por el magistrado Camargo. Un proyecto que fue debatido en las salas plenas del 17 y 31 de mayo, así como del 6 y 7 de junio. En esta última sesión, la Sala consideró aplazar la votación argumentando la necesidad de nuevos documentos de la Fiscalía, la composición Societaria de algunas empresas extranjeras vinculadas a la indagación preliminar como Topsail y Opsail Holdings, y la obtención del testimonio ante el CNE de Duda Mendonça.
Entre tanto, y en privado, los magistrados seguían extrañados porque para el caso de la investigación de la campaña de Juan Manuel Santos aún no existía reporte alguno de su labor por parte de la magistrada sustanciadora Ángela Hernández.
En suma, no se ha logrado vincular que los pagos supuestamente gestionados por la empresa Odebrecht hayan sido con destino al publicista Mendonça. A ello se adiciona que tanto para la investigación contra las campañas Zuluaga como Santos tenían la expectativa de nueva información por acceso a 76 delaciones de testigos premiadas por la justicia en Brasil y otras piezas procesales. En este sentido Odebrecht y el Departamento de Justicia de Estados Unidos acordaron mantener la reserva hasta el 18 de junio de 2022.
En este contexto, las decisiones apremian. Para el caso de la campaña Zuluaga, según la visión de algunos magistrados del CNE, la caducidad de la facultad sancionatoria de la entidad vencerá a mediados de este mes. La razón es que se van a cumplir tres años de la entrega de las cuentas al organismo, que es el plazo señalado por la ley, como quiera que la segunda vuelta electoral fue el 15 de junio de 2014 y los informes deben presentarse máximo 30 días después. Es decir, vencerá el próximo 15 de julio.
En cuanto a la campaña Santos, la magistrada Hernández aún no registra proyecto alguno. En contraste, su colega Héctor Elí Rojas y la Sala Plena conceptuaron esta semana al responder una consulta del entonces ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que no es posible renunciar a la caducidad por los aportes que se hicieron hace siete años.
El ingreso de dineros de la cuestionada firma brasileña Odebrecht a las campañas Santos 2010 y Zuluaga 2014 parece que ya no será investigado. El asunto lo deben hacer oficial en Sala Plena por los magistrados del CNE dentro de poco. No parece existir otra fórmula por ahora. El publicitado capítulo de la multinacional sobornadora y la financiación electoral sólo va a quedar en alharaca mediática.
Pruebas claves en caso del candidato Zuluaga
El artículo periodístico de la revista “Veja”, en la que se menciona la participación de los publicistas José Eduardo Cavalcanti de Mendonça y João Cerqueira de Santana Filho, al parecer aquellos recibieron pagos de la empresa contratista Odebrecht, para cancelar los honorarios causados por la asesoría prestada a la campaña presidencial del ciudadano Óscar Iván Zuluaga Escobar.
Las declaraciones juramentadas del señor Eleuberto Antonio Martorelli, de fechas 23 de febrero y 27 de abril de 2017, trasladadas al Consejo Nacional Electoral por la Fiscalía General de la Nación.
La declaración juramentada del señor Luiz Antonio Mameri, de fecha 27 de abril de 2017, trasladada al Consejo Nacional Electoral por la Fiscalía General de la Nación.
La prueba trasladada por la Procuraduría General de la Nación el día 25 de abril de 2017, contentiva de los audios de las declaraciones adelantadas a exfuncionarios de la Multinacional Odebrecht, Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo da Rocha Soares.
La prueba trasladada por la fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, Fiscalía 80 Especializada - Dirección Nacional Anticorrupción, el día 1° de julio de 2017, contentiva del escrito suscrito por el abogado Vicente Emilio Gaviria Londoño, apoderado de Luiz Antonio Bueno Junior, Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo da Rocha Soares, dentro del proceso de colaboración con la justicia de la empresa Odebrecht.
Testimonio esencial en campaña Santos
Además de las entrevistas a directivos de la campaña Santos 2010, reportes financieros, testimonios de ejecutivos de la multinacional brasileña, en el expediente que maneja la magistrada sustanciadora Ángela Hernández aparecen pruebas solicitadas y trasladadas de la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación.
El pasado 20 de abril de 2017, Roberto Prieto, quien colaboró en la campaña de 2010 y para 2014 fue designado como gerente de la referida campaña entregó explicaciones al ente acusador sobre las actividades en las dos citas electorales. En el interrogatorio de once páginas el directivo explicó al detalle sus responsabilidades en las campañas, quiénes las manejaron, cual fue el rol de la empresa Sancho Publicidad, los negocios con Odebrecht, el caso de María Fernanda Valencia con el tema de los afiches para la campaña Santos. El eje del interrogatorio fue el manejo de recursos durante las campañas.