Jinetes encapuchados bloquean petroleras
Sin que trascienda mucho en las grandes capitales, en el Casanare se vive hoy una situación crítica por conflictos entre las petroleras y las comunidades. Pérdidas crecen.
Norbey Quevedo H.
El pasado miércoles 16 de mayo, un nutrido grupo del Esmad de la Policía tuvo que intervenir en zona rural de los municipios de San Luis de Palenque y Trinidad, en el departamento del Casanare, para poner fin a disturbios protagonizados por manifestantes en conflicto con la empresa petrolera de origen canadiense Alange Energy Corporation. La sorpresa sobrevino cuando unos 150 jinetes encapuchados entraron a la zona de la confrontación, alcanzaron a retener por varias horas a los policías, reforzaron los bloqueos y ordenaron al personal de la empresa evacuar la región so pena de represalias. Hasta hoy los choques no cesan.
En lo que va corrido de 2012, éste es el tercer bloqueo en la región, con la consecuente parálisis de las actividades petroleras y millonarias pérdidas hasta ahora calculadas en $21.000 millones. Una situación tan crítica que motivó a los directivos de Alange Energy Corporation a pedir la intervención de los ministerios de Defensa y del Interior, así como de la Fiscalía General de la Nación. Ya se intentó conciliar el conflicto a través de una mesa de negociación con participación del Gobierno, pero en un ambiente de denuncias, enfrentamientos, destrucción de vías o amenazas a los trabajadores y empresarios, el panorama en el Casanare es crítico.
Desde hace dos meses, el ministro Germán Vargas Lleras, entonces en la cartera del Interior, había prometido que el Gobierno no iba a tolerar vías de hecho durante las protestas de las comunidades en el Casanare y que, además, era increíble que después de un Acuerdo para la Prosperidad, en el que se concertaron acciones conjuntas de las autoridades, las petroleras y la comunidad, prevaleciera el conflicto. Sin embargo, desde el 1º de marzo impera en San Luis de Palenque y Trinidad el bloqueo, que ya comienza a expandirse hacia otras zonas del departamento. Por ahora, los 19 pozos de la empresa canadiense están inactivos y los retrasos son visibles.
Aunque la empresa Alange Energy Corporation inició operaciones de explotación petrolífera en el Casanare desde mediados de 2010, sólo hasta finales de 2011 empezaron a registrarse los problemas. En la región comenzó a circular un documento con peticiones de las comunidades de Trinidad y San Luis de Palenque, condicionando los trabajos en la petrolera a que, a través de la inversión social, se cumpla con la obligación de resarcir a la gente por el impacto de la industria extractiva del crudo. El documento de 14 páginas pide a la empresa que cumpla múltiples exigencias en materia económica, laboral y de protección de derechos.
Como las abundantes exigencias de la comunidad, relacionadas con aspectos de compensación por utilización de aguas, generación de espacios de debate público, derechos de participación política, fortalecimiento de la mediana empresa, compra de bienes a los comerciantes de los municipios, inscripción de proveedores para las empresas de las localidades, actualización de salarios, adecuación de espacios para la capacitación y hasta comité de reclamos para resolver conflictos con los trabajadores, entre otras, no podían resolverse de la noche a la mañana, el 28 de febrero empezaron los bloqueos. El 1º de marzo ya no había producción.
El argumento principal de los manifestantes en la primera fase de los bloqueos era protestar contra la Ley de Regalías y exigir a la empresa la pavimentación de algunas vías. El Esmad de la Policía intervino, despejó las vías y se recobró la normalidad. Pero la empresa decidió interponer denuncia contra tres de los promotores de los bloqueos y la situación se agravó. Ante la Fiscalía los acusó de obstruir las vías públicas impidiendo el transporte y la libre locomoción y circulación de los funcionarios, y causando enormes perjuicios económicos, riesgos ambientales, cierre de los pozos y desconocimiento de los derechos de los trabajadores.
La denuncia se radicó contra los directivos de la junta de acción comunal de la vereda El Convento, Aureliano Salamanca y Élber Muñoz, pero sobre todo contra Josué Zorro, un personaje que sin acreditar condición de concejal, diputado, presidente de alguna junta de acción comunal o empleado de la petrolera, ha sido el principal promotor de las protestas. Luego trascendió que a mediados de 2011, el mismo Josué Zorro había sido el gestor de varias acciones de protesta en la región de Barranca de Upía, también en el Casanare, responsabilizando a las empresas Petrominerales y Sismopetrol de afectar las fuentes hídricas del municipio.
En atención a la crisis, el Gobierno organizó una mesa de negociación con el concurso de voceros de cinco ministerios, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Corporinoquia, las alcaldías de San Luis de Palenque y Trinidad, cinco petroleras, la Gobernación del Casanare y los presidentes de las juntas de acción comunal. Fueron seis reuniones de trabajo con el liderazgo del viceministro del Interior Juan Fernando Londoño, en las cuales se alcanzaron a adelantar gestiones para asegurar recursos de avances viales. No obstante, los diálogos se interrumpieron ante la exigencia de la comunidad de retirar las denuncias interpuestas en la Fiscalía.
“La industria petrolera no está de acuerdo con desistir ni conciliar denuncias penales interpuestas por hechos que violen la ley de convivencia y seguridad ciudadana, además de atentar contra el normal desarrollo de las operaciones a través del bloqueo de vías”, quedó escrito en un documento de Alange Energy Corporation dirigido a los alcaldes de Trinidad y San Luis. No obstante, la empresa dejó en claro que en aras de restablecer las relaciones estaba dispuesta a interceder por los líderes de la vereda El Convento, pero no por Josué Zorro. La razón: su participación en otras protestas en el Casanare que derivaron en nuevas denuncias penales.
Ante la postura de la empresa, el 20 de abril volvieron los bloqueos. Las vías hacia las veredas El Tigre, La Venturosa y El Convento quedaron restringidas. Las obras civiles volvieron a paralizarse. Los pozos fueron cerrados. El suministro de agua quedó interrumpido. Alange Energy Corporation instó a los alcaldes de San Luis, Édgar Duarte, y de Trinidad, Jesús Cuevas, a interceder ante los manifestantes. Pero la situación se fue complicando. No fueron los bloqueos tradicionales con llantas, palos o árboles, sino con exigencias de evacuación del personal, amenazas de incendio y la súbita aparición de los intimidantes jinetes encapuchados.
El bloqueo duró 16 días y sólo pudo superarse el viernes 4 de mayo. La empresa aceptó volver a una mesa de negociación, pero esta vez la comunidad no pidió pavimentación de vías sino la aceptación de los términos laborales de la convención que hoy tiene la Unión Sindical Obrera con Ecopetrol. Ante la negativa de Alange Energy Corporation de incorporar esta convención a sus reglas laborales, el viernes 11 de mayo volvieron las dificultades: talanqueras para impedir la salida de crudo, prohibición al ingreso de alimentos o agua, daños en la infraestructura vial y choques permanentes que hasta el momento no cesan.
El horizonte en la segunda región más importante en materia petrolera no es halagüeño. Por eso, la empresa ha convocado a un consejo de seguridad y solicitado el traslado de los procesos instaurados en fiscalías de Yopal y Orocué a Bogotá, así como el acompañamiento del Ministerio de Defensa para evitar que el conflicto se convierta en una grave situación de orden público. El Espectador conoció que ya se está tomando cartas en el asunto, y se dispuso la participación de un cuerpo élite de reacción, a imagen y semejanza del plan Meteoro que en tiempos del presidente Uribe permitió consolidar sofisticadas operaciones de seguridad.
Una acción de Estado que tampoco descarta el diálogo, pero que urge a soluciones definitivas, porque el dilema que hoy se vive en San Luis y Trinidad respecto a los trabajos de Alange Energy Corporation, de alguna manera es el mismo que están afrontando otras compañías como Parex, Perenco, Lewis Oil y Petrominerales en otras zonas del Casanare. Y aún más, se trata de un tema que está tomando dimensiones nacionales, pues, como lo ha venido diciendo la Asociación Colombiana del Petróleo, el número de interrupciones al desarrollo de las actividades de la industria petrolera se está incrementando notoriamente en el país. Y el Casanare es una zona crítica.
Según registros de la citada asociación, en lo que va corrido de 2012 ya se han presentado 26 bloqueos, la mayoría de ellos a compañías pequeñas en el Casanare. A pesar de que hoy el Meta tiene una participación del 47,3% en la producción petrolera, sólo registra 16 episodios de bloqueo, es decir, 10 casos menos que en Casanare. El rumor creciente es que la Unión Sindical Obrera se ha reencauchado en las regiones de producción del oro negro y se está adueñando de la representación de las comunidades. No faltan también los argumentos sobre la ausencia de gobernabilidad en la región. Lo cierto es que el problema se está volviendo una bomba de tiempo.
La fiebre del oro negro en la región
Entre 1940 y 1980 varias compañías multinacionales empezaron a buscar petróleo en Casanare sin mucho éxito. Fue a finales de los años 80 y comienzos de los 90 que apareció el gran descubrimiento de los pozos de Cusiana y Cupiagua, que empezaron a ser explotados por la estatal Ecopetrol y la British Petroleum BP.
Según los ingenieros, el crudo de Casanare es de los mejores del país en razón a que no es tan pesado como ha resultado en otras regiones, como el departamento del Meta.
Posteriormente, la Agencia Nacional de Hidrocarburos adjudicó varios bloques petroleros y así aparecieron no menos de 20 nuevas compañías privadas internacionales que comenzaron a extraer el crudo.
En 2011 la BP vendió sus activos en Casanare para sufragar los millonarios gastos derivados del derrame de petróleo que se produjo en el golfo de México. Los compradores fueron Ecopetrol y la canadiense Talismán, que se asociaron con la empresa Equión, la más grande en la región.
Los argumentos de la Policía en el departamento
El comandante de la Policía del Casanare, coronel Narcizo Martínez, explicó que desde que se iniciaron los bloqueos en la zona en febrero pasado empezaron a aparecer junto a los interlocutores de la comunidad otras personas que no llevan mucho tiempo en la región y que al parecer tendrían la intención de obtener beneficios personales desinformando a la población.
El oficial Martínez reconoció que varios de los agentes del Esmad fueron retenidos por jinetes encapuchados y dijo que el asunto está en investigación. Además, no descartó que en los bloqueos a las petroleras pueda existir la infiltración de varios grupos armados ilegales. “Hacemos los controles legales respectivos y hay una constante en el Gobierno: su disposición al diálogo”, reitero Martínez.
El pasado miércoles 16 de mayo, un nutrido grupo del Esmad de la Policía tuvo que intervenir en zona rural de los municipios de San Luis de Palenque y Trinidad, en el departamento del Casanare, para poner fin a disturbios protagonizados por manifestantes en conflicto con la empresa petrolera de origen canadiense Alange Energy Corporation. La sorpresa sobrevino cuando unos 150 jinetes encapuchados entraron a la zona de la confrontación, alcanzaron a retener por varias horas a los policías, reforzaron los bloqueos y ordenaron al personal de la empresa evacuar la región so pena de represalias. Hasta hoy los choques no cesan.
En lo que va corrido de 2012, éste es el tercer bloqueo en la región, con la consecuente parálisis de las actividades petroleras y millonarias pérdidas hasta ahora calculadas en $21.000 millones. Una situación tan crítica que motivó a los directivos de Alange Energy Corporation a pedir la intervención de los ministerios de Defensa y del Interior, así como de la Fiscalía General de la Nación. Ya se intentó conciliar el conflicto a través de una mesa de negociación con participación del Gobierno, pero en un ambiente de denuncias, enfrentamientos, destrucción de vías o amenazas a los trabajadores y empresarios, el panorama en el Casanare es crítico.
Desde hace dos meses, el ministro Germán Vargas Lleras, entonces en la cartera del Interior, había prometido que el Gobierno no iba a tolerar vías de hecho durante las protestas de las comunidades en el Casanare y que, además, era increíble que después de un Acuerdo para la Prosperidad, en el que se concertaron acciones conjuntas de las autoridades, las petroleras y la comunidad, prevaleciera el conflicto. Sin embargo, desde el 1º de marzo impera en San Luis de Palenque y Trinidad el bloqueo, que ya comienza a expandirse hacia otras zonas del departamento. Por ahora, los 19 pozos de la empresa canadiense están inactivos y los retrasos son visibles.
Aunque la empresa Alange Energy Corporation inició operaciones de explotación petrolífera en el Casanare desde mediados de 2010, sólo hasta finales de 2011 empezaron a registrarse los problemas. En la región comenzó a circular un documento con peticiones de las comunidades de Trinidad y San Luis de Palenque, condicionando los trabajos en la petrolera a que, a través de la inversión social, se cumpla con la obligación de resarcir a la gente por el impacto de la industria extractiva del crudo. El documento de 14 páginas pide a la empresa que cumpla múltiples exigencias en materia económica, laboral y de protección de derechos.
Como las abundantes exigencias de la comunidad, relacionadas con aspectos de compensación por utilización de aguas, generación de espacios de debate público, derechos de participación política, fortalecimiento de la mediana empresa, compra de bienes a los comerciantes de los municipios, inscripción de proveedores para las empresas de las localidades, actualización de salarios, adecuación de espacios para la capacitación y hasta comité de reclamos para resolver conflictos con los trabajadores, entre otras, no podían resolverse de la noche a la mañana, el 28 de febrero empezaron los bloqueos. El 1º de marzo ya no había producción.
El argumento principal de los manifestantes en la primera fase de los bloqueos era protestar contra la Ley de Regalías y exigir a la empresa la pavimentación de algunas vías. El Esmad de la Policía intervino, despejó las vías y se recobró la normalidad. Pero la empresa decidió interponer denuncia contra tres de los promotores de los bloqueos y la situación se agravó. Ante la Fiscalía los acusó de obstruir las vías públicas impidiendo el transporte y la libre locomoción y circulación de los funcionarios, y causando enormes perjuicios económicos, riesgos ambientales, cierre de los pozos y desconocimiento de los derechos de los trabajadores.
La denuncia se radicó contra los directivos de la junta de acción comunal de la vereda El Convento, Aureliano Salamanca y Élber Muñoz, pero sobre todo contra Josué Zorro, un personaje que sin acreditar condición de concejal, diputado, presidente de alguna junta de acción comunal o empleado de la petrolera, ha sido el principal promotor de las protestas. Luego trascendió que a mediados de 2011, el mismo Josué Zorro había sido el gestor de varias acciones de protesta en la región de Barranca de Upía, también en el Casanare, responsabilizando a las empresas Petrominerales y Sismopetrol de afectar las fuentes hídricas del municipio.
En atención a la crisis, el Gobierno organizó una mesa de negociación con el concurso de voceros de cinco ministerios, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Corporinoquia, las alcaldías de San Luis de Palenque y Trinidad, cinco petroleras, la Gobernación del Casanare y los presidentes de las juntas de acción comunal. Fueron seis reuniones de trabajo con el liderazgo del viceministro del Interior Juan Fernando Londoño, en las cuales se alcanzaron a adelantar gestiones para asegurar recursos de avances viales. No obstante, los diálogos se interrumpieron ante la exigencia de la comunidad de retirar las denuncias interpuestas en la Fiscalía.
“La industria petrolera no está de acuerdo con desistir ni conciliar denuncias penales interpuestas por hechos que violen la ley de convivencia y seguridad ciudadana, además de atentar contra el normal desarrollo de las operaciones a través del bloqueo de vías”, quedó escrito en un documento de Alange Energy Corporation dirigido a los alcaldes de Trinidad y San Luis. No obstante, la empresa dejó en claro que en aras de restablecer las relaciones estaba dispuesta a interceder por los líderes de la vereda El Convento, pero no por Josué Zorro. La razón: su participación en otras protestas en el Casanare que derivaron en nuevas denuncias penales.
Ante la postura de la empresa, el 20 de abril volvieron los bloqueos. Las vías hacia las veredas El Tigre, La Venturosa y El Convento quedaron restringidas. Las obras civiles volvieron a paralizarse. Los pozos fueron cerrados. El suministro de agua quedó interrumpido. Alange Energy Corporation instó a los alcaldes de San Luis, Édgar Duarte, y de Trinidad, Jesús Cuevas, a interceder ante los manifestantes. Pero la situación se fue complicando. No fueron los bloqueos tradicionales con llantas, palos o árboles, sino con exigencias de evacuación del personal, amenazas de incendio y la súbita aparición de los intimidantes jinetes encapuchados.
El bloqueo duró 16 días y sólo pudo superarse el viernes 4 de mayo. La empresa aceptó volver a una mesa de negociación, pero esta vez la comunidad no pidió pavimentación de vías sino la aceptación de los términos laborales de la convención que hoy tiene la Unión Sindical Obrera con Ecopetrol. Ante la negativa de Alange Energy Corporation de incorporar esta convención a sus reglas laborales, el viernes 11 de mayo volvieron las dificultades: talanqueras para impedir la salida de crudo, prohibición al ingreso de alimentos o agua, daños en la infraestructura vial y choques permanentes que hasta el momento no cesan.
El horizonte en la segunda región más importante en materia petrolera no es halagüeño. Por eso, la empresa ha convocado a un consejo de seguridad y solicitado el traslado de los procesos instaurados en fiscalías de Yopal y Orocué a Bogotá, así como el acompañamiento del Ministerio de Defensa para evitar que el conflicto se convierta en una grave situación de orden público. El Espectador conoció que ya se está tomando cartas en el asunto, y se dispuso la participación de un cuerpo élite de reacción, a imagen y semejanza del plan Meteoro que en tiempos del presidente Uribe permitió consolidar sofisticadas operaciones de seguridad.
Una acción de Estado que tampoco descarta el diálogo, pero que urge a soluciones definitivas, porque el dilema que hoy se vive en San Luis y Trinidad respecto a los trabajos de Alange Energy Corporation, de alguna manera es el mismo que están afrontando otras compañías como Parex, Perenco, Lewis Oil y Petrominerales en otras zonas del Casanare. Y aún más, se trata de un tema que está tomando dimensiones nacionales, pues, como lo ha venido diciendo la Asociación Colombiana del Petróleo, el número de interrupciones al desarrollo de las actividades de la industria petrolera se está incrementando notoriamente en el país. Y el Casanare es una zona crítica.
Según registros de la citada asociación, en lo que va corrido de 2012 ya se han presentado 26 bloqueos, la mayoría de ellos a compañías pequeñas en el Casanare. A pesar de que hoy el Meta tiene una participación del 47,3% en la producción petrolera, sólo registra 16 episodios de bloqueo, es decir, 10 casos menos que en Casanare. El rumor creciente es que la Unión Sindical Obrera se ha reencauchado en las regiones de producción del oro negro y se está adueñando de la representación de las comunidades. No faltan también los argumentos sobre la ausencia de gobernabilidad en la región. Lo cierto es que el problema se está volviendo una bomba de tiempo.
La fiebre del oro negro en la región
Entre 1940 y 1980 varias compañías multinacionales empezaron a buscar petróleo en Casanare sin mucho éxito. Fue a finales de los años 80 y comienzos de los 90 que apareció el gran descubrimiento de los pozos de Cusiana y Cupiagua, que empezaron a ser explotados por la estatal Ecopetrol y la British Petroleum BP.
Según los ingenieros, el crudo de Casanare es de los mejores del país en razón a que no es tan pesado como ha resultado en otras regiones, como el departamento del Meta.
Posteriormente, la Agencia Nacional de Hidrocarburos adjudicó varios bloques petroleros y así aparecieron no menos de 20 nuevas compañías privadas internacionales que comenzaron a extraer el crudo.
En 2011 la BP vendió sus activos en Casanare para sufragar los millonarios gastos derivados del derrame de petróleo que se produjo en el golfo de México. Los compradores fueron Ecopetrol y la canadiense Talismán, que se asociaron con la empresa Equión, la más grande en la región.
Los argumentos de la Policía en el departamento
El comandante de la Policía del Casanare, coronel Narcizo Martínez, explicó que desde que se iniciaron los bloqueos en la zona en febrero pasado empezaron a aparecer junto a los interlocutores de la comunidad otras personas que no llevan mucho tiempo en la región y que al parecer tendrían la intención de obtener beneficios personales desinformando a la población.
El oficial Martínez reconoció que varios de los agentes del Esmad fueron retenidos por jinetes encapuchados y dijo que el asunto está en investigación. Además, no descartó que en los bloqueos a las petroleras pueda existir la infiltración de varios grupos armados ilegales. “Hacemos los controles legales respectivos y hay una constante en el Gobierno: su disposición al diálogo”, reitero Martínez.