La alianza entre Giorgio Sale y Mancuso

El 22 de noviembre de 2006, en desarrollo de la operación Internacional Tiburón Galloway, contra el narcotráfico y el lavado de activos, fue detenido el exitoso empresario italiano Giorgio Sale. Sus tres hijos, Cristian, Stéfano y David Sale, corrieron la misma suerte. Según las autoridades, simultáneamente, ese mismo día, cayeron 49 lavadores y narcotraficantes en Italia, España y Colombia. La acción judicial repercutió notablemente en el país, porque uno de los mayores beneficiarios del ilícito resultó ser el desmovilizado jefe paramilitar Salvatore Mancuso.

Dos semanas atrás, con la captura de los congresistas Álvaro García, Jairo Merlano y Éric Morris, estalló el proceso de la parapolítica. Por eso, la noticia de la captura de Giorgio Sale estaba pasando desapercibida, hasta que los medios de comunicación destacaron que el empresario italiano era un influyente hombre de negocios en Colombia, reconocido en los más altos círculos sociales. Pero el asunto que le dio ribetes de escándalo fue que entre los agasajados por Sale figuraban varios dignatarios de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura.

Desde entonces han pasado 19 meses y la parapolítica tiene 32 congresistas en la cárcel, pero las especulaciones contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por el asunto Giorgio Sale aún persisten. En su momento, el Alto Tribunal aceptó que el empresario italiano estuvo en varios eventos sociales donde participaron los magistrados, pero siempre ha rechazado que Giorgio Sale o sus hijos hubieran intervenido en asuntos judiciales. Hoy, cada vez que regresan los rumores, los magistrados los atribuyen a intentos por desprestigiar la Corte y por tratar de frenar el expediente de la parapolítica.

El Espectador decidió indagar en las fuentes nacionales e internacionales del caso Sale y la primera conclusión es que de un voluminoso expediente judicial italiano con varias investigaciones anexas, donde se relaciona en calidad de sospechosos, colaboradores o testigos a 31 personas de nacionalidad colombiana, menos de la tercera parte están vinculados a procesos judiciales en Colombia. El único capítulo resuelto por la justicia mediante sentencia anticipada corresponde a la condena de dos de los implicados en el caso: el médico veterinario Celso Alfredo Salazar Castañeda y el ingeniero textil Francisco Javier Obando Mejía.

Después de que los dos acusados aceptaron los cargos imputados, el pasado 28 de marzo, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá los condenó por el delito de lavado de activos. A Celso Salazar Castañeda, por la calidad de agravado, se le impuso una pena de 81 meses de prisión, es decir, casi siete años. A Francisco Obando Mejía, de 49 meses, es decir, cuatro años. La providencia de 55 folios resume el papel cumplido por los dos sentenciados: Salazar era el enlace de Salvatore Mancuso con Giorgio Sale y Obando el hombre que desarrollaba las instrucciones del empresario italiano.

Cuando ambos individuos fueron capturados en 2006, se dijo que podían poner en aprietos al jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Hoy, la sentencia en su contra lo que ratifica es que Salvatore Mancuso nunca dejó de traficar cocaína y lavar dinero mientras estuvo sometido a la Ley de Justicia y Paz. Ya no lo afecta en Colombia porque fue extraditado a Estados Unidos el 13 de mayo, pero las autoridades norteamericanas tienen un argumento más para juzgarlo por narcotráfico: la gigantesca operación de lavado de activos que montó con el empresario Giorgio Sale.

La providencia es esclarecedora, pero salvo algunas colaboraciones de los dos procesados, casi en su totalidad está basada en el proceso italiano. En términos generales, Francisco Javier Obando Mejía se ocupaba de las sociedades y los movimientos financieros de Giorgio Sale y, según el Juez Cuarto Especializado, era tal la confianza entre las partes que “también mantenía relaciones con autoridades locales, a propósito de las investigaciones surtidas por las autoridades judiciales, por las numerosas y sospechosas actividades comerciales del grupo, así como del control ejercido a cuentas corrientes que se consideraban en conexión con el lavado de activos”.

En desarrollo de interceptaciones telefónicas se demostró que Francisco Obando y Giorgio Sale, cuando querían hablar de millones de euros para lavar, hablaban de “camisas y pantalones”. Un caso particular resultó ser una operación de lavado de 140 mil euros, recibidos en el exterior por el sujeto Andrés Rodríguez, que se tradujeron en la orden de Sale a Obando para

La situación de Celso Salazar es más grave. Ni más ni menos, “era el delegado de Salvatore Mancuso en Europa para realizar cuantiosas operaciones de reciclaje de dinero producto del narcotráfico, que a su vez era utilizado para financiar la estructura paramilitar. También lo representó en el 50% de las cuotas del restaurante Enoteca Atlántico Ltda., ubicado en Barranquilla, donde Mancuso invirtió 5.675 millones de pesos, en una sociedad de la que también hicieron parte Giorgio y Stefano Sale, que a la postre resultó ser actividad de simple fachada para justificar grandes sumas de dinero.

Según la justicia, Celso Salazar viajó a Italia, se hospedó en la casa de Giorgio Sale y con éste atendieron varias citas con agentes inmobiliarios para que Salvatore Mancuso fuera adquiriendo importantes inmuebles en suelo italiano. Pero no sólo hacía negocios, también solucionaba problemas. De las interceptaciones telefónicas se deduce que en una oportunidad a él mismo lo cogieron con $200 millones en el aeropuerto de Montería y armó una patraña para decir que era un dinero para pagar un secuestro. La coartada se la ayudó a solucionar un ganadero llamado Jaime Aroso y las autoridades terminaron ofreciéndole disculpas.

La sentencia contra Salazar y Obando tiene otro coletazo: la Dirección de Estupefacientes adelanta proceso de extinción de dominio de las empresas del clan Sale y, al margen de La Enoteca, Made In Italy, Vinería Italiana o Inculsol, se incluyen predios urbanos, edificios, locales y 30 cuentas bancarias. Dos de esas empresas pasaron a la Superintendencia de Sociedades, que ordenó su liquidación. Aunque en principio la medida afectó a la firma Crisaltex, propietaria de la marca Gino Pascalli, la Fiscalía ordenó la devolución de estos bienes. El caso está en apelación.

En apariencia, salvo que las doce maletas que dejó encaletadas Mancuso en Montería y que encontró la Policía la semana anterior comprometan a ganaderos y empresarios de Córdoba, el caso Mancuso-Sale sería un asunto resuelto. Pero regresando al origen de la investigación, es de tales dimensiones la conexión entre estos dos personajes que, como lo reseña el proceso, se extiende a Estados Unidos, México, Venezuela, Panamá, Bolivia, Argentina, España, Holanda, Grecia, Chipre, Alemania, Bulgaria, Italia, Inglaterra, la isla de Curazao y, por supuesto, Colombia.

Con el apoyo de allegados al proceso en Italia, El Espectador tuvo acceso a la investigación original del Tribunal de Reggio Calabria, dividido en un cuerpo principal de 19.000 folios y tres anexos de proporciones parecidas. La conclusión es contundente: lo que se sabe en Colombia o han logrado investigar las autoridades, no es ni la tercera parte. Básicamente, después de las operaciones Tiburón e Igres, las autoridades italianas, a partir de 2001, desarrollaron una paciente investigación de cuatro años con centenares de interceptaciones telefónicas y ambientales que no dejan dudas sobre la conexión Giorgio Sale-Mancuso.

Aunque inicialmente las pesquisas muestran los contactos mayores con la mafia calabresa y sus extensiones internacionales, el primer elemento clave del capítulo colombiano ocurre el 16 de octubre de 2003, cuando Giorgio Sale, desde el Hotel Pratesi de Roma, envía un correo electrónico a Salvatore Mancuso. El segundo paso es más íntimo. Cinco días después Stefano Sale, hijo de Giorgio, le deja un mensaje de texto a su padre manifestándole que no está de acuerdo con el nexo con este peligroso personaje y que él cree que puede llegar un momento mejor para ellos.

Después el mensaje es del propio Mancuso: “Te habla tu amigo de Montería con el que haremos la transacción del restaurante, estoy listo, espero tu llamada”. A partir de este vínculo, Giorgio Sale habla con su administradora en Colombia, Tatiana Tatis, y le pide el indicativo de Montería. Las autoridades italianas persisten en sus seguimientos e investigaciones y a mediados de 2004 ya tienen claro quiénes son los personajes que representan a los dos capos: el contacto de Mancuso es Celso Alfredo Salazar y el hombre de Giorgio Sale, Francisco Javier Obando Mejía.

Son incontables las conversaciones, pero poco a poco se descubre cuál es el móvil de la operación de lavado de activos. De hecho, se la confirma el propio Giorgio Sale a su hijo David: “Él (Mancuso) está al final del proceso de paz, seguramente después le darán un par de años preso y luego se viene a Italia”. Y más adelante agrega: “Él debe preparar la casa, tenemos una gran oportunidad... pero yo no puedo trabajar gratis”. Y después manifiesta que hay que acordar los porcentajes con él. Por eso, Salazar y Obando adquieren una importancia primordial, y el principal protagonista termina siendo David Sale.

Obviamente, en medio de conversaciones íntimas y coloquiales y los millonarios procesos de lavado de activos detectados por la justicia italiana, salta a la vista que también surgen problemas judiciales. Pero Giorgio y David Sale los enfrentan con los servicios legales de un prestigioso abogado: Alfonso Gómez Méndez. En interceptaciones telefónicas de diciembre de 2004, lo admite Giorgio Sale en conversación con Alfredo Salazar cuando, hablándole de un problema, dice que Gómez Méndez está presentando una denuncia. Días después refiere que no pudo hacer nada.

Y más adelante surge un problema mayor. Desde el 10 de febrero de 2002, en el aeropuerto El Dorado habían sido detenidos

En otro diálogo, fechado en febrero de 2004, David Sale conversa con el encartado Di Bitetto y le manifiesta que la Fiscalía presentó apelación y que el caso va a casación, a pesar de que Sarabanda (abogado) le había dicho que todo estaba bien, aunque el abogado Montes le insiste que no hay problemas porque se violaron los términos y es una demanda que da risa. Di Bitetto pregunta si él puede viajar y Sale le dice que sólo al día siguiente le puede responder, pero que trate de hablar directamente con los abogados. Y añade que Montes es más gentil que Sarabanda, porque éste siempre está de prisa y no le gusta hablar por teléfono, en cambio con Montes se puede preguntar lo que se quiera.

En otras interceptaciones, el abogado Henry Montes le explica a David Sale los términos de la defensa legal y cómo confía en que el caso se resuelva. En términos históricos el caso se falló favorablemente. El Juzgado Segundo Penal del Circuito dictó sentencia absolutoria. El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la medida. Y la Corte Suprema de Justicia, el 9 de 2005, ratificó la absolución. Cuando estalló el escándalo Sale, se quiso enrostrar a la Corte esta decisión y, en su momento, el magistrado Alfredo Gómez Quintero la defendió legalmente. La razón: el principio in dubio pro reo, es decir, la duda se resuelve en favor del procesado.

Sin embargo, en el proceso italiano hay una conversación entre David Sale y Angela Piersanti, interceptada mientras viajan en un carro, en la cual Sale dice a su interlocutora que él le dijo a Cristian que había que pagarle al juez y que su padre Giorgio les dijo: “Ni lo intenten, porque les corto las manos”. Pero que después Giorgio salió para Italia y él tomó la decisión. Angela le replica: “¿Y ahora tendrás que arreglar cuentas con tu papá?”. Y David Sale agregó: “Cuando volvió mi papá, bajó la cabeza y me dijo: ‘Lo sabía’”. Segundos después David Sale replica: “pero han salido, los soltaron, están absueltos, ¿sí o no? Otra vez pasó la misma cosa”.

En el mismo diálogo, David Sale puntualizó: “Cuando yo me pongo a razonar con mi cabeza, yo no me equivoco, hp... Yo no me voy en contra de él. Yo digo, carajo, para que liberen tres personas, porque estaban para condenar. Yo por un derecho que es mío, no quería irme contra él, no me quiero imponer a la fuerza, pero tampoco a mí me funciona por otro lado, Angela, ni siquiera una vez, pero dejémoslo así, él va a razonar”. Y en otro diálogo con la misma Angela, David Sale insiste: “Estas cosas se resuelven sólo con dinero, se lo dije a mi papá (...) esos le dan cinco millones al sustanciador y se termina la práctica (...) ellos lo que quieren es dinero, allá todo se mueve así”.

Los diálogos no acusan a magistrados, pero comprometen a la justicia. Y no son los únicos. En otra conversación se habla de un personaje que un cercano de David Sale conoció en la cárcel porque estaba acusado de narcotráfico y que gracias a los contactos de un tío obtuvo la domiciliaria, donde siguió el negocio. En un diálogo más, David Sale le pregunta a un tal Jaime Castillo que si todavía tienen los amigos comunes en el Tribunal. En términos generales, lo que sale a relucir de las conversaciones interceptadas por la justicia italiana es que la organización de Giorgio Sale había filtrado a todo el Estado, incluso a la justicia.

Hace 19 meses que Giorgio Sale está preso. Su socio en el millonario lavado, Salvatore Mancuso, hoy está en una cárcel de Estados Unidos. En un solo negocio, La Enoteca de Barranquilla, que en julio de 2007 el propio Mancuso presentó como bien para reparar víctimas, Sale y el jefe paramilitar lavaron 600 mil euros. Sus principales testaferros, Celso Salazar y Francisco Obando, ya están condenados. Otros apenas sienten el rigor de la justicia. Pero los descubrimientos del Tribunal de Calabria entre 2001 y 2005 podrían abrir un escándalo en Colombia tan grande como el 8.000 o la parapolítica. Con una diferencia: todo se hizo con las buenas maneras y los agasajos de Giorgio Sale.

La Ndrangheta italiana

Durante años, en Italia, los vasos comunicantes del delito terminaban en un nombre: la Cosa Nostra, legendaria mafia siciliana. Hoy, la Comisión Antimafia y los Servicios Secretos de la Unión Europea sostienen que la mafia calabresa, denominada Ndrangheta, superó a su rival. La región de Calabria es la punta de la bota italiana y está separada de la isla de Sicilia por el Estrecho de Messina. Según estudiosos, se trata de una estructura horizontal y su poder se extiende a Europa, África y Australia.

El 22 de noviembre de 2006, en desarrollo de la operación Internacional Tiburón Galloway, contra el narcotráfico y el lavado de activos, fue detenido el exitoso empresario italiano Giorgio Sale. Sus tres hijos, Cristian, Stéfano y David Sale, corrieron la misma suerte. Según las autoridades, simultáneamente, ese mismo día, cayeron 49 lavadores y narcotraficantes en Italia, España y Colombia. La acción judicial repercutió notablemente en el país, porque uno de los mayores beneficiarios del ilícito resultó ser el desmovilizado jefe paramilitar Salvatore Mancuso.

Dos semanas atrás, con la captura de los congresistas Álvaro García, Jairo Merlano y Éric Morris, estalló el proceso de la parapolítica. Por eso, la noticia de la captura de Giorgio Sale estaba pasando desapercibida, hasta que los medios de comunicación destacaron que el empresario italiano era un influyente hombre de negocios en Colombia, reconocido en los más altos círculos sociales. Pero el asunto que le dio ribetes de escándalo fue que entre los agasajados por Sale figuraban varios dignatarios de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura.

Desde entonces han pasado 19 meses y la parapolítica tiene 32 congresistas en la cárcel, pero las especulaciones contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por el asunto Giorgio Sale aún persisten. En su momento, el Alto Tribunal aceptó que el empresario italiano estuvo en varios eventos sociales donde participaron los magistrados, pero siempre ha rechazado que Giorgio Sale o sus hijos hubieran intervenido en asuntos judiciales. Hoy, cada vez que regresan los rumores, los magistrados los atribuyen a intentos por desprestigiar la Corte y por tratar de frenar el expediente de la parapolítica.

El Espectador decidió indagar en las fuentes nacionales e internacionales del caso Sale y la primera conclusión es que de un voluminoso expediente judicial italiano con varias investigaciones anexas, donde se relaciona en calidad de sospechosos, colaboradores o testigos a 31 personas de nacionalidad colombiana, menos de la tercera parte están vinculados a procesos judiciales en Colombia. El único capítulo resuelto por la justicia mediante sentencia anticipada corresponde a la condena de dos de los implicados en el caso: el médico veterinario Celso Alfredo Salazar Castañeda y el ingeniero textil Francisco Javier Obando Mejía.

Después de que los dos acusados aceptaron los cargos imputados, el pasado 28 de marzo, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá los condenó por el delito de lavado de activos. A Celso Salazar Castañeda, por la calidad de agravado, se le impuso una pena de 81 meses de prisión, es decir, casi siete años. A Francisco Obando Mejía, de 49 meses, es decir, cuatro años. La providencia de 55 folios resume el papel cumplido por los dos sentenciados: Salazar era el enlace de Salvatore Mancuso con Giorgio Sale y Obando el hombre que desarrollaba las instrucciones del empresario italiano.

Cuando ambos individuos fueron capturados en 2006, se dijo que podían poner en aprietos al jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Hoy, la sentencia en su contra lo que ratifica es que Salvatore Mancuso nunca dejó de traficar cocaína y lavar dinero mientras estuvo sometido a la Ley de Justicia y Paz. Ya no lo afecta en Colombia porque fue extraditado a Estados Unidos el 13 de mayo, pero las autoridades norteamericanas tienen un argumento más para juzgarlo por narcotráfico: la gigantesca operación de lavado de activos que montó con el empresario Giorgio Sale.

La providencia es esclarecedora, pero salvo algunas colaboraciones de los dos procesados, casi en su totalidad está basada en el proceso italiano. En términos generales, Francisco Javier Obando Mejía se ocupaba de las sociedades y los movimientos financieros de Giorgio Sale y, según el Juez Cuarto Especializado, era tal la confianza entre las partes que “también mantenía relaciones con autoridades locales, a propósito de las investigaciones surtidas por las autoridades judiciales, por las numerosas y sospechosas actividades comerciales del grupo, así como del control ejercido a cuentas corrientes que se consideraban en conexión con el lavado de activos”.

En desarrollo de interceptaciones telefónicas se demostró que Francisco Obando y Giorgio Sale, cuando querían hablar de millones de euros para lavar, hablaban de “camisas y pantalones”. Un caso particular resultó ser una operación de lavado de 140 mil euros, recibidos en el exterior por el sujeto Andrés Rodríguez, que se tradujeron en la orden de Sale a Obando para

La situación de Celso Salazar es más grave. Ni más ni menos, “era el delegado de Salvatore Mancuso en Europa para realizar cuantiosas operaciones de reciclaje de dinero producto del narcotráfico, que a su vez era utilizado para financiar la estructura paramilitar. También lo representó en el 50% de las cuotas del restaurante Enoteca Atlántico Ltda., ubicado en Barranquilla, donde Mancuso invirtió 5.675 millones de pesos, en una sociedad de la que también hicieron parte Giorgio y Stefano Sale, que a la postre resultó ser actividad de simple fachada para justificar grandes sumas de dinero.

Según la justicia, Celso Salazar viajó a Italia, se hospedó en la casa de Giorgio Sale y con éste atendieron varias citas con agentes inmobiliarios para que Salvatore Mancuso fuera adquiriendo importantes inmuebles en suelo italiano. Pero no sólo hacía negocios, también solucionaba problemas. De las interceptaciones telefónicas se deduce que en una oportunidad a él mismo lo cogieron con $200 millones en el aeropuerto de Montería y armó una patraña para decir que era un dinero para pagar un secuestro. La coartada se la ayudó a solucionar un ganadero llamado Jaime Aroso y las autoridades terminaron ofreciéndole disculpas.

La sentencia contra Salazar y Obando tiene otro coletazo: la Dirección de Estupefacientes adelanta proceso de extinción de dominio de las empresas del clan Sale y, al margen de La Enoteca, Made In Italy, Vinería Italiana o Inculsol, se incluyen predios urbanos, edificios, locales y 30 cuentas bancarias. Dos de esas empresas pasaron a la Superintendencia de Sociedades, que ordenó su liquidación. Aunque en principio la medida afectó a la firma Crisaltex, propietaria de la marca Gino Pascalli, la Fiscalía ordenó la devolución de estos bienes. El caso está en apelación.

En apariencia, salvo que las doce maletas que dejó encaletadas Mancuso en Montería y que encontró la Policía la semana anterior comprometan a ganaderos y empresarios de Córdoba, el caso Mancuso-Sale sería un asunto resuelto. Pero regresando al origen de la investigación, es de tales dimensiones la conexión entre estos dos personajes que, como lo reseña el proceso, se extiende a Estados Unidos, México, Venezuela, Panamá, Bolivia, Argentina, España, Holanda, Grecia, Chipre, Alemania, Bulgaria, Italia, Inglaterra, la isla de Curazao y, por supuesto, Colombia.

Con el apoyo de allegados al proceso en Italia, El Espectador tuvo acceso a la investigación original del Tribunal de Reggio Calabria, dividido en un cuerpo principal de 19.000 folios y tres anexos de proporciones parecidas. La conclusión es contundente: lo que se sabe en Colombia o han logrado investigar las autoridades, no es ni la tercera parte. Básicamente, después de las operaciones Tiburón e Igres, las autoridades italianas, a partir de 2001, desarrollaron una paciente investigación de cuatro años con centenares de interceptaciones telefónicas y ambientales que no dejan dudas sobre la conexión Giorgio Sale-Mancuso.

Aunque inicialmente las pesquisas muestran los contactos mayores con la mafia calabresa y sus extensiones internacionales, el primer elemento clave del capítulo colombiano ocurre el 16 de octubre de 2003, cuando Giorgio Sale, desde el Hotel Pratesi de Roma, envía un correo electrónico a Salvatore Mancuso. El segundo paso es más íntimo. Cinco días después Stefano Sale, hijo de Giorgio, le deja un mensaje de texto a su padre manifestándole que no está de acuerdo con el nexo con este peligroso personaje y que él cree que puede llegar un momento mejor para ellos.

Después el mensaje es del propio Mancuso: “Te habla tu amigo de Montería con el que haremos la transacción del restaurante, estoy listo, espero tu llamada”. A partir de este vínculo, Giorgio Sale habla con su administradora en Colombia, Tatiana Tatis, y le pide el indicativo de Montería. Las autoridades italianas persisten en sus seguimientos e investigaciones y a mediados de 2004 ya tienen claro quiénes son los personajes que representan a los dos capos: el contacto de Mancuso es Celso Alfredo Salazar y el hombre de Giorgio Sale, Francisco Javier Obando Mejía.

Son incontables las conversaciones, pero poco a poco se descubre cuál es el móvil de la operación de lavado de activos. De hecho, se la confirma el propio Giorgio Sale a su hijo David: “Él (Mancuso) está al final del proceso de paz, seguramente después le darán un par de años preso y luego se viene a Italia”. Y más adelante agrega: “Él debe preparar la casa, tenemos una gran oportunidad... pero yo no puedo trabajar gratis”. Y después manifiesta que hay que acordar los porcentajes con él. Por eso, Salazar y Obando adquieren una importancia primordial, y el principal protagonista termina siendo David Sale.

Obviamente, en medio de conversaciones íntimas y coloquiales y los millonarios procesos de lavado de activos detectados por la justicia italiana, salta a la vista que también surgen problemas judiciales. Pero Giorgio y David Sale los enfrentan con los servicios legales de un prestigioso abogado: Alfonso Gómez Méndez. En interceptaciones telefónicas de diciembre de 2004, lo admite Giorgio Sale en conversación con Alfredo Salazar cuando, hablándole de un problema, dice que Gómez Méndez está presentando una denuncia. Días después refiere que no pudo hacer nada.

Y más adelante surge un problema mayor. Desde el 10 de febrero de 2002, en el aeropuerto El Dorado habían sido detenidos

En otro diálogo, fechado en febrero de 2004, David Sale conversa con el encartado Di Bitetto y le manifiesta que la Fiscalía presentó apelación y que el caso va a casación, a pesar de que Sarabanda (abogado) le había dicho que todo estaba bien, aunque el abogado Montes le insiste que no hay problemas porque se violaron los términos y es una demanda que da risa. Di Bitetto pregunta si él puede viajar y Sale le dice que sólo al día siguiente le puede responder, pero que trate de hablar directamente con los abogados. Y añade que Montes es más gentil que Sarabanda, porque éste siempre está de prisa y no le gusta hablar por teléfono, en cambio con Montes se puede preguntar lo que se quiera.

En otras interceptaciones, el abogado Henry Montes le explica a David Sale los términos de la defensa legal y cómo confía en que el caso se resuelva. En términos históricos el caso se falló favorablemente. El Juzgado Segundo Penal del Circuito dictó sentencia absolutoria. El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la medida. Y la Corte Suprema de Justicia, el 9 de 2005, ratificó la absolución. Cuando estalló el escándalo Sale, se quiso enrostrar a la Corte esta decisión y, en su momento, el magistrado Alfredo Gómez Quintero la defendió legalmente. La razón: el principio in dubio pro reo, es decir, la duda se resuelve en favor del procesado.

Sin embargo, en el proceso italiano hay una conversación entre David Sale y Angela Piersanti, interceptada mientras viajan en un carro, en la cual Sale dice a su interlocutora que él le dijo a Cristian que había que pagarle al juez y que su padre Giorgio les dijo: “Ni lo intenten, porque les corto las manos”. Pero que después Giorgio salió para Italia y él tomó la decisión. Angela le replica: “¿Y ahora tendrás que arreglar cuentas con tu papá?”. Y David Sale agregó: “Cuando volvió mi papá, bajó la cabeza y me dijo: ‘Lo sabía’”. Segundos después David Sale replica: “pero han salido, los soltaron, están absueltos, ¿sí o no? Otra vez pasó la misma cosa”.

En el mismo diálogo, David Sale puntualizó: “Cuando yo me pongo a razonar con mi cabeza, yo no me equivoco, hp... Yo no me voy en contra de él. Yo digo, carajo, para que liberen tres personas, porque estaban para condenar. Yo por un derecho que es mío, no quería irme contra él, no me quiero imponer a la fuerza, pero tampoco a mí me funciona por otro lado, Angela, ni siquiera una vez, pero dejémoslo así, él va a razonar”. Y en otro diálogo con la misma Angela, David Sale insiste: “Estas cosas se resuelven sólo con dinero, se lo dije a mi papá (...) esos le dan cinco millones al sustanciador y se termina la práctica (...) ellos lo que quieren es dinero, allá todo se mueve así”.

Los diálogos no acusan a magistrados, pero comprometen a la justicia. Y no son los únicos. En otra conversación se habla de un personaje que un cercano de David Sale conoció en la cárcel porque estaba acusado de narcotráfico y que gracias a los contactos de un tío obtuvo la domiciliaria, donde siguió el negocio. En un diálogo más, David Sale le pregunta a un tal Jaime Castillo que si todavía tienen los amigos comunes en el Tribunal. En términos generales, lo que sale a relucir de las conversaciones interceptadas por la justicia italiana es que la organización de Giorgio Sale había filtrado a todo el Estado, incluso a la justicia.

Hace 19 meses que Giorgio Sale está preso. Su socio en el millonario lavado, Salvatore Mancuso, hoy está en una cárcel de Estados Unidos. En un solo negocio, La Enoteca de Barranquilla, que en julio de 2007 el propio Mancuso presentó como bien para reparar víctimas, Sale y el jefe paramilitar lavaron 600 mil euros. Sus principales testaferros, Celso Salazar y Francisco Obando, ya están condenados. Otros apenas sienten el rigor de la justicia. Pero los descubrimientos del Tribunal de Calabria entre 2001 y 2005 podrían abrir un escándalo en Colombia tan grande como el 8.000 o la parapolítica. Con una diferencia: todo se hizo con las buenas maneras y los agasajos de Giorgio Sale.

La Ndrangheta italiana

Durante años, en Italia, los vasos comunicantes del delito terminaban en un nombre: la Cosa Nostra, legendaria mafia siciliana. Hoy, la Comisión Antimafia y los Servicios Secretos de la Unión Europea sostienen que la mafia calabresa, denominada Ndrangheta, superó a su rival. La región de Calabria es la punta de la bota italiana y está separada de la isla de Sicilia por el Estrecho de Messina. Según estudiosos, se trata de una estructura horizontal y su poder se extiende a Europa, África y Australia.