La batalla legal de 17 años para ser médica

“Los negros tienen la médula espinal más larga que los blancos porque aún no tienen cola debido a que no han evolucionado”: fue la afirmación de un profesor de anatomía de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín (UPB), durante una clase en la Facultad de Medicina en el año 2000, que marcó el sendero académico de Leibniz Jirleza Mosquera Ordóñez. Hoy, 17 años después, esa expresión es el origen de una intensa batalla jurídica que enfrentan a la estudiante Mosquera con el alma mater. Un litigio con el que busca su reintegro a la universidad y obtener grado de médica, luego de ser expulsada de la institución pese a que cursó 13 semestres de carrera y cuando le restaban cuatro semanas para obtener su título profesional.

Originaria de Quibdó (Chocó) y de escasos recursos, desde niña Leibniz Jirleza Mosquera tenía claro que quería ser médica. Primero con sus muñecas, después con su familia y luego con sus amigos jugaba a cumplir su sueño de vida. Estudiante destacada de colegio público, emigró a Medellín en busca de un mejor futuro. Sus buenas notas de colegio público, más destacado puntaje en las pruebas del Icfes, le facilitaron en 1999, cuando tenía sólo 17 años de edad, su ingreso a la Facultad de Medicina de una de las universidades privadas más prestigiosas del país, la UMB.

En el primer semestre de ese año, en la universidad Mosquera hizo un premédico. Los resultados fueron satisfactorios y cumplió los requisitos académicos que le permitieron en el segundo semestre iniciar formalmente su carrera de medicina. Como primípara lo hizo bien y sacó su semestre adelante.

Al año siguiente comenzaron sus líos. Cuando cursaba segundo semestre el comentario del profesor de anatomía frente a estudiantes, mestizos en su mayoría, sobre la médula espinal de los negros, causó gracia, al punto que se volvió un eslogan para bromas durante el resto de la carrera. Leibniza Mosquera afirma que no soportó el bullying y conminó sin éxito a las directivas a solucionarlo. El asunto tuvo un efecto contrario, indica que empezó a percibir que las cargas académicas eran más pesadas que las de sus demás compañeros de clase. Entonces entró en depresión y comenzó a recibir tratamiento psicológico y psiquiátrico.

Pese a su situación médica, siguió adelante con sus estudios. Entre diciembre de 2008 a octubre de 2009 empezó su internado rotatorio o práctica médica. Faltaba poco para cumplir su meta, tan sólo un mes, cuando fue notificada por la universidad de la cancelación de su matrícula. Según un reporte firmado por Julio Jairo Ceballos, rector de la universidad: “La estudiante incurrió en una conducta consistente en el uso indebido de la papelería de la clínica universitaria de la UPB, donde expidió una incapacidad a una amiga suya, utilizando un sello con su nombre, donde se identificó como médico de la UPB sin haber sido titulada”.

Desde entonces se inició una enconada batalla legal. La estudiante señala que le violaron el debido proceso con la expulsión y que en el caso se evidenció una intención arbitraria de sacarla. En 2011 contrató a un abogado que interpuso una acción de tutela en un juzgado de Medellín que le fue negada. Sin embargo, al año siguiente, otro juzgado de esa ciudad, al resolver la apelación, amparó los derechos a la educación y al debido proceso, y ordenó en febrero de 2012 a la UPB el reintegro de la estudiante y determinó finalizar el internado que había sido suspendido en las mismas condiciones.

La estudiante fue reintegrada y argumenta que esperaba cursar el mes de internado que le faltaba. Pero, según sus abogados, le impusieron la carga académica, que aceptó para graduarse, de cursar de nuevo las etapas del internado que ya había superado. En cambio la universidad argumentó que en el segundo semestre de 2013 la estudiante obtuvo un promedio inferior a 3.00 y perdió su calidad de estudiante por segunda suspensión. Leibniz Jirleza Mosquera señala que fue discriminada y acosada por algunos docentes y médicos calificadores del internado, quienes fueron advertidos de las acciones legales que emprendió contra la UPB. “En las notas apreciativas me iba mal, en las formales mi rendimiento era ejemplar”, destacó la estudiante.

En 2014 la alumna reingresó a efectuar sus prácticas de urgencias. Dice la universidad que con bajo desempeño y ausencias reiteradas. Pero el 3 de octubre vendría un nuevo incidente. El rector Ceballos contó que Mosquera debía presentar dos pruebas escritas, pero que sólo hizo una que intentó destruir comiéndosela. De paso señaló que en el forcejeo con la secretaria académica le ocasionó lesiones personales. Por eso le fue cancelada la matrícula por 10 años.

Entonces Mosquera reanudó la disputa legal en nuevas instancias. En el Ministerio de Educación por persecución, en el Ministerio del Interior por racismo, en la Presidencia de la República por discriminación racial, en la Defensoría del Pueblo por actos injustificados que llevaron a impedir su graduación como médica y en la gerencia de negritudes de la Gobernación de Antioquia por racismo. En todos los casos los esfuerzos de la estudiante fueron infructuosos.

También acudió a un juzgado en Medellín por posible desacato de la universidad, pero fue declarado improcedente. En octubre de 2014 insistió en el desacato y el juez de conocimiento se abstuvo. El año pasado la gestión fue ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que falló en favor de la universidad. Ante la situación la UPB señaló que han transcurrido varios años de un hecho de cosa juzgada y que Mosquera con su acción desgastó a los entes judiciales, administrativos y a la propia alma mater. Según el rector Ceballos en comunicación a la Defensoría del Pueblo, que es inaudito el cúmulo de quejas y denuncias de la estudiante en contra de la universidad carentes de veracidad, “colocando una cortina de humo sobre una desidia académica que no tiene precedentes en la institución”.

En contraste, El Espectador revisó algunas evaluaciones de las prácticas que la estudiante Mosquera realizó en al menos 10 instituciones, incluidas algunas especialidades en la clínica de la UPB. Además, en la Clínica León XIII, en el Hospital San Juan de Dios de Yarumal, en el Hospital Infantil Concejo de Medellín y en la Clínica Noel, en donde los docentes califican a la alumna. “Muy bien”, “interesada por los pacientes”, “se le notó el esfuerzo”, “estudiosa, puntual, responsable”, “colaboradora, interesada, responsable”, “excelente actitud”, “felicitaciones, buen manejo historia clínica, buena relación médico-paciente, buen perfil quirúrgico”.

Hernán Luna, coordinador médico del club de fútbol Atlético Nacional, conceptuó sobre la rotación en medicina deportiva que hizo la estudiante: “Durante el período de rotación demostró un comportamiento ético, profesional, disciplinado, decoroso, sin tacha, a la altura de su condición profesional” y la calificó con el 100%, según acordó con el director y el grupo médico del club.

La disputa legal crece y llegó al ámbito penal. Leibniz Jirleza Mosquera Ordóñez entabló dos denuncias penales en la Fiscalía contra los directivos de la UPB por fraude procesal, actos de discriminación racial y falsedad en documento público. La universidad ripostó y también denunció a la estudiante en la Fiscalía por lesiones personales contra la secretaria académica y una segunda por delitos contra el patrimonio económico y la fe pública.

Con 35 años de edad, Leibniz Jirleza sigue en pie luego de 17 años de lucha para lograr su título como médica. Se siente víctima del racismo. Considera que ha perdido muchas batallas, pero no la guerra. Ha intentado en otras universidades, pero no homologan sus asignaturas y se niegan porque varias tienen convenios con la UPB. Recientemente contrató al abogado Abelardo de la Espriella, experto en enfrentar causas que parecen pérdidas, quien va a interponer nuevas acciones de tutela. Entre tanto, la universidad ratifica que forma profesionales íntegros y altamente calificados para dar cumplimiento a los preceptos constitucionales de ejercer una profesión como la medicina, que genera alto riesgo si se incumplen. La disputa judicial continúa.

“Aquí el objetivo no es que se le regale el título a nadie”: De La Espriella

El abogado Abelardo De La Espriella, es el representante jurídico de la estudiante Leibniz Jirleza Mosquera. Al respecto del caso habló con El Espectador.

¿Cuál es el estado del proceso en que se busca que Leibniz Mosquera se pueda graduar como médica?

Han sido varias las acciones legales que ella ha intentado con el fin de lograr que la universidad le otorgue un trato igualitario con el de los demás estudiantes de la carrera, entre las que se encuentran acciones de tutela, quejas ante el Ministerio de Educación y la Defensoría del Pueblo; sin embargo la institución y sus funcionarios se han encargado de negar los actos de discriminación en su contra, generando que por ninguna de esas vías ella haya conseguido su cometido.
Actualmente se encuentran en curso dos investigaciones penales en contra de los docentes de la universidad y sus directivos, que han sido los autores de todas las trabas y ataques sufridos por esta estudiante; la primera por los delitos de ACTOS DE RACISMO Y DISCRIMINACIÓN y FRAUDE A RESOLUCIÓN JUDICIAL, así como otra por FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO en virtud de certificados de inasistencia a las rotaciones de medicina, en las que la universidad faltó a la verdad.

¿Qué instancias judiciales quedan en el caso?

Ahora lo procedente es agotar las etapas procesales de los procesos penales que le mencioné, estableciendo las responsabilidades de cada una de estas personas involucradas. Igualmente se analiza la posibilidad de interponer nuevas acciones de tutela con fundamento en otras violaciones a derechos fundamentales, distintas a las que ya han sido analizadas en esa instancia hasta al momento.
Debe resaltarse que se en esta serie de actuaciones se solicitará el acompañamiento y vigilancia especial del Ministerio Público, de la Gerencia de Negritudes de Antioquia y demás organizaciones a nivel nacional e internacional dedicadas a impedir que este tipo de situaciones del siglo pasado se sigan produciendo.

Pero igual, la estudiante fue denunciada penalmente por la universidad…

La denuncia interpuesta por parte de la universidad es otra simple artimaña realizada con el fin de perjudicar a Leibniz, la animadversión que han demostrado los directivos de la institución en su contra es tan grande que han trascendido el ámbito meramente académico-disciplinario, pasando al contexto penal. Sin duda, el simple hecho que ella se haya cansado de ser victimizada y haya decidido enfrentarse a la universidad, provocó que los odios y prejuicios se acrecentaran, ocasionando esta denuncia carente de fundamento probatorio. Sin embargo, se demostrará en ese proceso que los hechos ahí denunciados no ocurrieron en la forma señalada por ellos y se conseguirá que la justicia caiga sobre aquellos en los que debe recaer.

¿Por qué decidió asumir como abogado de la estudiante?

Porque en este caso no solo se está luchando en contra de una Universidad, se está luchando contra los prejuicios e ideas retrogradas que impiden el desarrollo de una sociedad. Comportamientos discriminatorios como estos, propios de épocas lejanas, deben ser fuertemente repudiados por una sociedad moderna. Por eso, cuando tuve conocimiento del caso no dudé en asumirlo, pues considero que tiene gran relevancia social

¿Este no es el caso de una estudiante que no cumple con sus obligaciones académicas y por vía judicial quiere beneficios?

Aquí el objetivo no es que se le regale el título a nadie, jamás me prestaría para ello; aquí lo que se pretende es garantizar el derecho a la igualdad de mi representada, quien siempre ha alcanzado los requisitos exigidos y ha tenido un desempeño optimo en las prácticas profesionales realizadas hasta el momento. Se pretende evitar que sus aspiraciones profesionales sigan siendo frenadas en virtud de injusticias e ilegalidades.

¿Entonces es un caso de racismo?

Este se trata de un caso de matoneo constante y sistemático en contra de una estudiante, por parte de los mismos docentes y funcionarios de la universidad, quienes la insultaban y humillaban en razón de su raza, manifestando incluso que las personas de raza negra “no se encuentran evolucionados”; un caso en el que a una estudiante se le realizaban exámenes que sus compañeros no estaban obligados a desarrollar; un caso en que se profirieron sanciones disciplinarias en clara contradicción del material probatorio existente y en el que en todo momento se creó un ambiente hostil en contra de mi representada, a quien se le pusieron sobrenombres y calificativos que ahora no voy a repetir, todos en razón de su color de piel. De tal manera la respuesta es sí, este es un caso claro de racismo.

¿Qué concluye de este caso?

De este caso concluyo que mi representada ha sido objeto de diversas violaciones a sus derecho fundamentales, tales como la Igualdad, la Dignidad Humana y la Educación, lo cual ha conllevado a que no haya podido desarrollar su carrera en condiciones normales, y por consiguiente que haya encontrado trabas ilegítimas, motivadas por odios y prejuicios personales de personas con poder al interior de la universidad. Recalco, no se persigue que se le regale el título sino que se le permita terminar su carrera con las garantías a que tiene derecho.

La posición de la universidad

En la comunicación que el presbítero Julio Jairo Ceballos, rector de la Universidad Pontificia Bolivariana, dirigió a Sergio Mazo, de la Defensoría del Pueblo, explicó los antecedentes académicos de la estudiante Leibniz Jirleza Mosquera. Destaca que ingresó a la Facultad de Medicina en 1999 y debió culminar sus estudios en el año 2006, pero su desempeño académico fue bajo y los problemas disciplinarios no le han posibilitado terminar su carrera.

El directivo indicó, además, que en el primer semestre de 2005 la estudiante ya tenía advertencia académica porque obtuvo un crédito promedio inferior a 3.00, nota que le permitió continuar los estudios sin solicitar reingreso al Consejo de Facultad. Destaca que en el primer semestre de 2007 pasó similar situación y quedó en suspensión académica. El rector Ceballos reiteró que no hay racismo en la institución y que todo obedece a desidia académica de la estudiante.

Nota del Editor: Una vez publicado este artículo surgieron versiones contrarias que llevaron a hacer un artículo de seguimiento al caso.

“Los negros tienen la médula espinal más larga que los blancos porque aún no tienen cola debido a que no han evolucionado”: fue la afirmación de un profesor de anatomía de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín (UPB), durante una clase en la Facultad de Medicina en el año 2000, que marcó el sendero académico de Leibniz Jirleza Mosquera Ordóñez. Hoy, 17 años después, esa expresión es el origen de una intensa batalla jurídica que enfrentan a la estudiante Mosquera con el alma mater. Un litigio con el que busca su reintegro a la universidad y obtener grado de médica, luego de ser expulsada de la institución pese a que cursó 13 semestres de carrera y cuando le restaban cuatro semanas para obtener su título profesional.

Originaria de Quibdó (Chocó) y de escasos recursos, desde niña Leibniz Jirleza Mosquera tenía claro que quería ser médica. Primero con sus muñecas, después con su familia y luego con sus amigos jugaba a cumplir su sueño de vida. Estudiante destacada de colegio público, emigró a Medellín en busca de un mejor futuro. Sus buenas notas de colegio público, más destacado puntaje en las pruebas del Icfes, le facilitaron en 1999, cuando tenía sólo 17 años de edad, su ingreso a la Facultad de Medicina de una de las universidades privadas más prestigiosas del país, la UMB.

En el primer semestre de ese año, en la universidad Mosquera hizo un premédico. Los resultados fueron satisfactorios y cumplió los requisitos académicos que le permitieron en el segundo semestre iniciar formalmente su carrera de medicina. Como primípara lo hizo bien y sacó su semestre adelante.

Al año siguiente comenzaron sus líos. Cuando cursaba segundo semestre el comentario del profesor de anatomía frente a estudiantes, mestizos en su mayoría, sobre la médula espinal de los negros, causó gracia, al punto que se volvió un eslogan para bromas durante el resto de la carrera. Leibniza Mosquera afirma que no soportó el bullying y conminó sin éxito a las directivas a solucionarlo. El asunto tuvo un efecto contrario, indica que empezó a percibir que las cargas académicas eran más pesadas que las de sus demás compañeros de clase. Entonces entró en depresión y comenzó a recibir tratamiento psicológico y psiquiátrico.

Pese a su situación médica, siguió adelante con sus estudios. Entre diciembre de 2008 a octubre de 2009 empezó su internado rotatorio o práctica médica. Faltaba poco para cumplir su meta, tan sólo un mes, cuando fue notificada por la universidad de la cancelación de su matrícula. Según un reporte firmado por Julio Jairo Ceballos, rector de la universidad: “La estudiante incurrió en una conducta consistente en el uso indebido de la papelería de la clínica universitaria de la UPB, donde expidió una incapacidad a una amiga suya, utilizando un sello con su nombre, donde se identificó como médico de la UPB sin haber sido titulada”.

Desde entonces se inició una enconada batalla legal. La estudiante señala que le violaron el debido proceso con la expulsión y que en el caso se evidenció una intención arbitraria de sacarla. En 2011 contrató a un abogado que interpuso una acción de tutela en un juzgado de Medellín que le fue negada. Sin embargo, al año siguiente, otro juzgado de esa ciudad, al resolver la apelación, amparó los derechos a la educación y al debido proceso, y ordenó en febrero de 2012 a la UPB el reintegro de la estudiante y determinó finalizar el internado que había sido suspendido en las mismas condiciones.

La estudiante fue reintegrada y argumenta que esperaba cursar el mes de internado que le faltaba. Pero, según sus abogados, le impusieron la carga académica, que aceptó para graduarse, de cursar de nuevo las etapas del internado que ya había superado. En cambio la universidad argumentó que en el segundo semestre de 2013 la estudiante obtuvo un promedio inferior a 3.00 y perdió su calidad de estudiante por segunda suspensión. Leibniz Jirleza Mosquera señala que fue discriminada y acosada por algunos docentes y médicos calificadores del internado, quienes fueron advertidos de las acciones legales que emprendió contra la UPB. “En las notas apreciativas me iba mal, en las formales mi rendimiento era ejemplar”, destacó la estudiante.

En 2014 la alumna reingresó a efectuar sus prácticas de urgencias. Dice la universidad que con bajo desempeño y ausencias reiteradas. Pero el 3 de octubre vendría un nuevo incidente. El rector Ceballos contó que Mosquera debía presentar dos pruebas escritas, pero que sólo hizo una que intentó destruir comiéndosela. De paso señaló que en el forcejeo con la secretaria académica le ocasionó lesiones personales. Por eso le fue cancelada la matrícula por 10 años.

Entonces Mosquera reanudó la disputa legal en nuevas instancias. En el Ministerio de Educación por persecución, en el Ministerio del Interior por racismo, en la Presidencia de la República por discriminación racial, en la Defensoría del Pueblo por actos injustificados que llevaron a impedir su graduación como médica y en la gerencia de negritudes de la Gobernación de Antioquia por racismo. En todos los casos los esfuerzos de la estudiante fueron infructuosos.

También acudió a un juzgado en Medellín por posible desacato de la universidad, pero fue declarado improcedente. En octubre de 2014 insistió en el desacato y el juez de conocimiento se abstuvo. El año pasado la gestión fue ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que falló en favor de la universidad. Ante la situación la UPB señaló que han transcurrido varios años de un hecho de cosa juzgada y que Mosquera con su acción desgastó a los entes judiciales, administrativos y a la propia alma mater. Según el rector Ceballos en comunicación a la Defensoría del Pueblo, que es inaudito el cúmulo de quejas y denuncias de la estudiante en contra de la universidad carentes de veracidad, “colocando una cortina de humo sobre una desidia académica que no tiene precedentes en la institución”.

En contraste, El Espectador revisó algunas evaluaciones de las prácticas que la estudiante Mosquera realizó en al menos 10 instituciones, incluidas algunas especialidades en la clínica de la UPB. Además, en la Clínica León XIII, en el Hospital San Juan de Dios de Yarumal, en el Hospital Infantil Concejo de Medellín y en la Clínica Noel, en donde los docentes califican a la alumna. “Muy bien”, “interesada por los pacientes”, “se le notó el esfuerzo”, “estudiosa, puntual, responsable”, “colaboradora, interesada, responsable”, “excelente actitud”, “felicitaciones, buen manejo historia clínica, buena relación médico-paciente, buen perfil quirúrgico”.

Hernán Luna, coordinador médico del club de fútbol Atlético Nacional, conceptuó sobre la rotación en medicina deportiva que hizo la estudiante: “Durante el período de rotación demostró un comportamiento ético, profesional, disciplinado, decoroso, sin tacha, a la altura de su condición profesional” y la calificó con el 100%, según acordó con el director y el grupo médico del club.

La disputa legal crece y llegó al ámbito penal. Leibniz Jirleza Mosquera Ordóñez entabló dos denuncias penales en la Fiscalía contra los directivos de la UPB por fraude procesal, actos de discriminación racial y falsedad en documento público. La universidad ripostó y también denunció a la estudiante en la Fiscalía por lesiones personales contra la secretaria académica y una segunda por delitos contra el patrimonio económico y la fe pública.

Con 35 años de edad, Leibniz Jirleza sigue en pie luego de 17 años de lucha para lograr su título como médica. Se siente víctima del racismo. Considera que ha perdido muchas batallas, pero no la guerra. Ha intentado en otras universidades, pero no homologan sus asignaturas y se niegan porque varias tienen convenios con la UPB. Recientemente contrató al abogado Abelardo de la Espriella, experto en enfrentar causas que parecen pérdidas, quien va a interponer nuevas acciones de tutela. Entre tanto, la universidad ratifica que forma profesionales íntegros y altamente calificados para dar cumplimiento a los preceptos constitucionales de ejercer una profesión como la medicina, que genera alto riesgo si se incumplen. La disputa judicial continúa.

“Aquí el objetivo no es que se le regale el título a nadie”: De La Espriella

El abogado Abelardo De La Espriella, es el representante jurídico de la estudiante Leibniz Jirleza Mosquera. Al respecto del caso habló con El Espectador.

¿Cuál es el estado del proceso en que se busca que Leibniz Mosquera se pueda graduar como médica?

Han sido varias las acciones legales que ella ha intentado con el fin de lograr que la universidad le otorgue un trato igualitario con el de los demás estudiantes de la carrera, entre las que se encuentran acciones de tutela, quejas ante el Ministerio de Educación y la Defensoría del Pueblo; sin embargo la institución y sus funcionarios se han encargado de negar los actos de discriminación en su contra, generando que por ninguna de esas vías ella haya conseguido su cometido.
Actualmente se encuentran en curso dos investigaciones penales en contra de los docentes de la universidad y sus directivos, que han sido los autores de todas las trabas y ataques sufridos por esta estudiante; la primera por los delitos de ACTOS DE RACISMO Y DISCRIMINACIÓN y FRAUDE A RESOLUCIÓN JUDICIAL, así como otra por FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO en virtud de certificados de inasistencia a las rotaciones de medicina, en las que la universidad faltó a la verdad.

¿Qué instancias judiciales quedan en el caso?

Ahora lo procedente es agotar las etapas procesales de los procesos penales que le mencioné, estableciendo las responsabilidades de cada una de estas personas involucradas. Igualmente se analiza la posibilidad de interponer nuevas acciones de tutela con fundamento en otras violaciones a derechos fundamentales, distintas a las que ya han sido analizadas en esa instancia hasta al momento.
Debe resaltarse que se en esta serie de actuaciones se solicitará el acompañamiento y vigilancia especial del Ministerio Público, de la Gerencia de Negritudes de Antioquia y demás organizaciones a nivel nacional e internacional dedicadas a impedir que este tipo de situaciones del siglo pasado se sigan produciendo.

Pero igual, la estudiante fue denunciada penalmente por la universidad…

La denuncia interpuesta por parte de la universidad es otra simple artimaña realizada con el fin de perjudicar a Leibniz, la animadversión que han demostrado los directivos de la institución en su contra es tan grande que han trascendido el ámbito meramente académico-disciplinario, pasando al contexto penal. Sin duda, el simple hecho que ella se haya cansado de ser victimizada y haya decidido enfrentarse a la universidad, provocó que los odios y prejuicios se acrecentaran, ocasionando esta denuncia carente de fundamento probatorio. Sin embargo, se demostrará en ese proceso que los hechos ahí denunciados no ocurrieron en la forma señalada por ellos y se conseguirá que la justicia caiga sobre aquellos en los que debe recaer.

¿Por qué decidió asumir como abogado de la estudiante?

Porque en este caso no solo se está luchando en contra de una Universidad, se está luchando contra los prejuicios e ideas retrogradas que impiden el desarrollo de una sociedad. Comportamientos discriminatorios como estos, propios de épocas lejanas, deben ser fuertemente repudiados por una sociedad moderna. Por eso, cuando tuve conocimiento del caso no dudé en asumirlo, pues considero que tiene gran relevancia social

¿Este no es el caso de una estudiante que no cumple con sus obligaciones académicas y por vía judicial quiere beneficios?

Aquí el objetivo no es que se le regale el título a nadie, jamás me prestaría para ello; aquí lo que se pretende es garantizar el derecho a la igualdad de mi representada, quien siempre ha alcanzado los requisitos exigidos y ha tenido un desempeño optimo en las prácticas profesionales realizadas hasta el momento. Se pretende evitar que sus aspiraciones profesionales sigan siendo frenadas en virtud de injusticias e ilegalidades.

¿Entonces es un caso de racismo?

Este se trata de un caso de matoneo constante y sistemático en contra de una estudiante, por parte de los mismos docentes y funcionarios de la universidad, quienes la insultaban y humillaban en razón de su raza, manifestando incluso que las personas de raza negra “no se encuentran evolucionados”; un caso en el que a una estudiante se le realizaban exámenes que sus compañeros no estaban obligados a desarrollar; un caso en que se profirieron sanciones disciplinarias en clara contradicción del material probatorio existente y en el que en todo momento se creó un ambiente hostil en contra de mi representada, a quien se le pusieron sobrenombres y calificativos que ahora no voy a repetir, todos en razón de su color de piel. De tal manera la respuesta es sí, este es un caso claro de racismo.

¿Qué concluye de este caso?

De este caso concluyo que mi representada ha sido objeto de diversas violaciones a sus derecho fundamentales, tales como la Igualdad, la Dignidad Humana y la Educación, lo cual ha conllevado a que no haya podido desarrollar su carrera en condiciones normales, y por consiguiente que haya encontrado trabas ilegítimas, motivadas por odios y prejuicios personales de personas con poder al interior de la universidad. Recalco, no se persigue que se le regale el título sino que se le permita terminar su carrera con las garantías a que tiene derecho.

La posición de la universidad

En la comunicación que el presbítero Julio Jairo Ceballos, rector de la Universidad Pontificia Bolivariana, dirigió a Sergio Mazo, de la Defensoría del Pueblo, explicó los antecedentes académicos de la estudiante Leibniz Jirleza Mosquera. Destaca que ingresó a la Facultad de Medicina en 1999 y debió culminar sus estudios en el año 2006, pero su desempeño académico fue bajo y los problemas disciplinarios no le han posibilitado terminar su carrera.

El directivo indicó, además, que en el primer semestre de 2005 la estudiante ya tenía advertencia académica porque obtuvo un crédito promedio inferior a 3.00, nota que le permitió continuar los estudios sin solicitar reingreso al Consejo de Facultad. Destaca que en el primer semestre de 2007 pasó similar situación y quedó en suspensión académica. El rector Ceballos reiteró que no hay racismo en la institución y que todo obedece a desidia académica de la estudiante.

Nota del Editor: Una vez publicado este artículo surgieron versiones contrarias que llevaron a hacer un artículo de seguimiento al caso.